Este martes, la Comisión Europea nos sorprendía con el anuncio de una recomendación dirigida a los partidos políticos europeos en la que les pedía que designaran a su candidato a presidente de la Comisión en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en mayo de 2014. Barroso, actual jefe del Ejecutivo comunitario, hacía de este modo una interpretación amplía del art. 17.7 del Tratado de la Unión Europea, enmendado en la reforma de Lisboa, que establece una relación directa entre el resultado de las elecciones europeas y la elección del candidato a la presidencia de la Comisión.
Lo cierto es que ese artículo lo que aportaba, en principio, era una mayor intervención de la Eurocámara en el nombramiento del presidente de la Comisión, que no es «elegido» en sentido estricto por la Cámara, ya que es propuesto por los Estados miembros en el Consejo Europeo, teniendo que pasar el trámite del visto bueno de los eurodiputados. Pero, de algún, modo, este mecanismo reforzaba la legitimidad de su designación, al ser investido por la reelegida mayoría del Parlamento Europeo.
Con este anuncio, se da un paso más hacia el objetivo, siempre presente, de que sean los ciudadanos quienes elijan directamente al presidente del «Gobierno» de la UE. Con ello, se pretende, esencialmente, aumentar el atractivo y participación de los ciudadanos en una elección mermada por el escaso interés que despierta entre la ciudadanía. Todo ello en unos momentos especialmente difíciles como los que se viven en la UE, cuyas decisiones precisan más que nunca de la legitimidad que debe otorgarles la voluntad popular.
Unas elecciones de «segundo orden»
La baja participación testada en sucesivas elecciones al Parlamento Europeo ha sido interpretada en relación a la propia naturaleza y características de estos comicios. La literatura sobre el tema es extensa (Weiler, Haltern & Mayer, 1995; Reif y Schmitt, 1980; Reif, 1985) y nos habla de una elección determinada tradicionalmente por la agenda política nacional; una suerte de examen a medio plazo para el partido nacional de turno que está en el poder. Es por ello que se las conoce como unas elecciones de «segundo orden», es decir, de importancia menor a ojos de los partidos (que prefieren centrar la campaña en discursos más nacionales que de nivel europeo), de los medios de comunicación y del electorado, en comparación con las de «primer orden», las elecciones nacionales.
La alta abstención que se registra en las elecciones europeas viene determinada, principalmente, porque sus resultados han tenido escasas consecuencias en el proceso político europeo, ya que no suponen un reparto de poder, es decir, la expectativa imprescindible de cambiar un Gobierno por otro o, como lo expresan Weiler y sus colegas: «to throw the scoundrels out». La idea de alternancia es esencial en el juego democrático. Ello no ha existido en la UE. ¿Hasta ahora?
¿Las primeras elecciones «europeas» ?
No le falta a razón al Ejecutivo comunitario, cuando destaca que las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 «serán especialmente importantes para la UE», porque la crisis económica y financiera precisa de una respuesta europea, así como avanzar para solventar los desajustes entre la política monetaria común y las políticas fiscales, avanzando hacia una Gobernanza Económica común. Pero, por fin los líderes europeos son conscientes de que todo avance hacia una mayor integración requerirá el apoyo y la participación de los ciudadanos. Los números rojos de la legitimidad democrática de la UE, antaño sorteados con acuerdos entre élites políticas ante el consenso pasivo de la ciudadanía, son ya insalvables en la situación actual.
Resulta curioso, en este punto, indagar en algunos estudios de opinión de citas electorales pasadas para darnos cuenta de en qué medida ha cambiado la situación en la UE en todo lo que concierne a las preocupaciones de los ciudadanos y su relación con los asuntos que se manejan desde Bruselas. Un Eurobarómetro pre-electoral del verano de 2004 nos mostraba que los ciudadanos europeos percibían un escaso impacto de las actividades de la UE en sus vidas, algo que, sin duda, restaba trascendencia a estos comicios, influyendo en la decisión de ir o no a votar. De dicho estudio se desprendía que la actividad y políticas de las instituciones nacionales, en primer lugar, seguidas de las regionales y locales, tenían un mayor impacto en la vida de los ciudadanos visiblemente por encima de la UE en su conjunto. Está claro que la crisis económica y la respuesta de la UE a esta crisis ha fulminado tales percepciones.
Otro factor a tener en cuenta es que estamos ante los primeros comicios tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que incorporó reformas institucionales reseñables en lo que respecta a la democratización del proceso de toma de decisiones, con un Parlamento Europeo erigido por fin como poder legislativo a la altura del Consejo, con la extensión de la codecisión como «procedimiento legislativo ordinario». Aunque lo cierto es que la experiencia nos ha enseñado que las consecuencias de estas reformas tienen sus «límites» si las analizamos desde la óptica de la percepción ciudadana.
A mayores poderes del Parlamento Europeo, mayor abstención
Históricamente, la legitimidad que un Parlamento electo y reforzado en sus poderes en las sucesivas modificaciones de los Tratados ha aportado al conjunto del sistema institucional comunitario está sin duda mermada por la baja participación en sucesivas citas electorales, un hecho ligado al escaso conocimiento que la ciudadanía en general ha tenido, y tiene, de tales avances «democráticos». Lo cierto es que desde 1979 (fecha en que se elige por primera vez por sufragio universal la Eurocámara) hasta la fecha, las elecciones al Parlamento Europeo no hacen sino confirmar la negativa correlación entre el aumento de facultades del Parlamento y la progresiva baja participación en los comicios.
Paradójicamente, lejos de aquella idea que colocaba al Parlamento Europeo y su «empoderamiento» como el factor clave para aumentar la legitimidad de la UE, las elecciones europeas no han hecho sino aumentar la visibilidad del déficit democrático.
En 1979, cuando el Parlamento Europeo está dotado apenas con poderes de supervisión sobre la Alta Autoridad de la CECA y el derecho a enmendar una mínima parte del gasto comunitario, la participación llega al 63%. En el 89, después de que el Acta Única Europea introdujera los procedimientos de cooperación y de dictamen conforme y favorece el rol consultivo de la Cámara, la participación desciende dos puntos y medio respecto a las del 84, situándose en el 58,5%.
Las primeras elecciones tras el Tratado de Maastricht, celebradas en 1994, confirman la tendencia a la baja (56,8%), a pesar de ser la primera reforma de los Tratados en la que se decide equiparar la autoridad legislativa del Parlamento con la del Consejo en las quince materias a las que se aplica la codecisión. Aquí hay un elemento fundamental a tener en cuenta, que se explicita muy bien en los estudios europeos de opinión pública. En un Eurobarómetro posterior a la cita electoral, se recoge que solo el 37 % de los encuestados conoce que el citado Tratado ha aumentado los poderes del Parlamento Europeo.
Las jornadas electorales de 1999, 2004 y 2009 ratifican la desconexión con la ciudadanía: la participación cae ya por debajo del umbral del 50 %.
¿Podemos esperar, entonces, que la reforma de Lisboa influya en alguna medida para aumentar la participación? Difícil poder afirmarlo, teniendo en cuenta, además, que el último Eurobarómetro confirma el desconocimiento persistente de los ciudadanos europeos, sin ir más lejos, sobre sus propios derechos de participación política, o de otro tipo, ligados al estatus de la Ciudadanía de la Unión.
Por lo tanto, cabe esperar que, a la hora de aumentar el interés por las elecciones europeas sea más importante pensar que estas elecciones pueden ser trascendentes para elegir al presidente de la Comisión Europea, y, por descontado, para decidir el modelo europeo de respuesta a la crisis económica, que, por primera vez, estará en la agenda de los partidos en la campaña, por encima de las clásicas disputas y circunstancias meramente nacionales.
Hablando de partidos políticos…
El «déficit» de partidos políticos europeos
El desarrollo de partidos políticos verdaderamente transnacionales ha sido difícil dadas las circunstancias en las que se ha movido el proceso de integración y de toma de decisiones en la UE, donde ha primado el modelo intergubernamental, ya sea a través de las CIG o dentro del Consejo de Ministros. Ello ha tenido como resultado el refuerzo del papel de los Ejecutivos nacionales a costa del poder de influencia y de control de los parlamentos y de los partidos políticos. Ha faltado en este punto que los partidos ejerzan como vehículo para impulsar una genuina elección «europea» (véase en este mismo blog «Partidos políticos europeos, democracia y participación«).
El estatuto de los partidos políticos europeos está regulado por una norma de 2004, cuya renovación se viene impulsando desde el Parlamento Europeo con el objetivo de reforzar su marco legal en la legislación comunitaria, para dar mayor autenticidad a la condición transnacional de estos partidos, e impulsar un debate político verdaderamente europeo.
Precisamente en el día de ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo debatía un informe sobre este asunto, con las elecciones de 2014 en el punto de mira. El objetivo es que los partidos de la Eurocámara dejen de ser meros «paraguas» de sus matrices nacionales, dotándolos de personalidad jurídica en base al Derecho comunitario, con financiación más flexible y transparente, y un campo de actuación mayor, pudiendo participar en campañas de referendum sobre cuestiones que atañen a la UE.
¿Serán suficientes todos estos «impulsos» para que en 2014 podamos hablar, por primera vez, de elecciones «europeas»?
Tendrán que confluir varios factores:
-La expectativa de alternancia política, con una verdadera correlación entre la voluntad popular expresada en las urnas y el presidente de la Comisión que junto a su equipo salga refrendado de la mayoría electa del Parlamento Europeo.
-El desarrollo de una campaña de dimensión europea centrada en cuestiones comunes que nos atañen a todos los europeos. Debate europeo frente a las clásicas riñas «domésticas». En España, por ejemplo, lo comicios no deberían ser un examen para el Gobierno de Rajoy, sino para la visión de ajustes, recortes y contención del gasto impuesta desde Bruselas. Votamos por un modelo europeo para salir de la crisis, que debe ser el eje esencial del discurso de los partidos en la campaña. Los partidos políticos europeos deben pasar, por ello, el examen de su discurso y alcance transnacional.
-Por último, que, si se dan estos factores, los europeos seamos capaces de ver la trascendencia de nuestro voto para el desarrollo de nuestras vidas, eligiendo un modelo de Europa que se reflejará en las políticas que implementarán nuestros Gobiernos.
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