2014 ¿Las primeras elecciones “europeas”?

Este martes, la Comisión Europea nos sorprendía con el anuncio de una recomendación dirigida a los partidos políticos europeos en la que les pedía que designaran a su candidato a presidente de la Comisión en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en mayo de 2014. Barroso, actual jefe del Ejecutivo comunitario, hacía de este modo una interpretación amplía del art. 17.7 del Tratado de la Unión Europea, enmendado en la reforma de Lisboa, que establece una relación directa entre el resultado de las elecciones europeas y la elección del candidato a la presidencia de la Comisión.

European Commission President Barroso holds a news conference on the financial crisis in Brussels

Lo cierto es que ese artículo lo que aportaba, en principio, era una mayor intervención de la Eurocámara en el nombramiento del presidente de la Comisión, que no es “elegido” en sentido estricto por la Cámara, ya que es propuesto por los Estados miembros en el Consejo Europeo, teniendo que pasar el trámite del visto bueno de los eurodiputados. Pero, de algún, modo, este mecanismo reforzaba la legitimidad de su designación, al ser investido por la reelegida mayoría del Parlamento Europeo.

Con este anuncio, se da un paso más hacia el objetivo, siempre presente, de que sean los ciudadanos quienes elijan directamente al presidente del “Gobierno” de la UE. Con ello, se pretende, esencialmente, aumentar el atractivo y participación de los ciudadanos en una elección mermada por el escaso interés que despierta entre la ciudadanía. Todo ello en unos momentos especialmente difíciles como los que se viven en la UE, cuyas decisiones precisan más que nunca de la legitimidad que debe otorgarles la voluntad popular.

Unas elecciones de “segundo orden” 

La baja participación testada en sucesivas elecciones al Parlamento Europeo ha sido interpretada en relación a la propia naturaleza y características de estos comicios. La literatura sobre el tema es extensa (Weiler, Haltern & Mayer, 1995; Reif y Schmitt, 1980; Reif, 1985) y nos habla de una elección determinada tradicionalmente por la agenda política nacional; una suerte de examen a medio plazo para el partido nacional de turno que está en el poder. Es por ello que se las conoce como unas elecciones de “segundo orden”, es decir, de importancia menor a ojos de los partidos (que prefieren centrar la campaña en discursos más nacionales que de nivel europeo), de los medios de comunicación y del electorado, en comparación con las de “primer orden”, las elecciones nacionales.

La alta abstención que se registra en las elecciones europeas viene determinada, principalmente, porque sus resultados han tenido escasas consecuencias en el proceso político europeo, ya que no suponen un reparto de poder, es decir, la expectativa imprescindible de cambiar un Gobierno por otro o, como lo expresan Weiler y sus colegas: “to throw the scoundrels out”. La idea de alternancia es esencial en el juego democrático. Ello no ha existido en la UE. ¿Hasta ahora?

¿Las primeras elecciones “europeas” ?

No le falta a razón al Ejecutivo comunitario, cuando destaca que las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 “serán especialmente importantes para la UE”, porque la crisis económica y financiera precisa de una respuesta europea, así como avanzar para solventar los desajustes entre la política monetaria común y las políticas fiscales, avanzando hacia una Gobernanza Económica común. Pero, por fin los líderes europeos son conscientes de que todo avance hacia una mayor integración requerirá el apoyo y la participación de los ciudadanos. Los números rojos de la legitimidad democrática de la UE, antaño sorteados con acuerdos entre élites políticas ante el consenso pasivo de la ciudadanía, son ya insalvables en la situación actual.

Resulta curioso, en este punto, indagar en algunos estudios de opinión de citas electorales pasadas para darnos cuenta de en qué medida ha cambiado la situación en la UE en todo lo que concierne a las preocupaciones de los ciudadanos y su relación con los asuntos que se manejan desde Bruselas. Un Eurobarómetro pre-electoral del verano de 2004 nos mostraba que los ciudadanos europeos percibían un escaso impacto de las actividades de la UE en sus vidas, algo que, sin duda, restaba trascendencia a estos comicios, influyendo en la decisión de ir o no a votar. De dicho estudio se desprendía que la actividad y políticas de las instituciones nacionales, en primer lugar, seguidas de las regionales y locales, tenían un mayor impacto en la vida de los ciudadanos visiblemente por encima de la UE en su conjunto. Está claro que la crisis económica y la respuesta de la UE a esta crisis ha fulminado tales percepciones.

964091

Otro factor a tener en cuenta es que estamos ante los primeros comicios tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que incorporó reformas institucionales reseñables en lo que respecta a la democratización del proceso de toma de decisiones, con un Parlamento Europeo erigido por fin como poder legislativo a la altura del Consejo, con la extensión de la codecisión como “procedimiento legislativo ordinario”. Aunque lo cierto es que la experiencia nos ha enseñado que las consecuencias de estas reformas tienen sus “límites” si las analizamos desde la óptica de la percepción ciudadana.

A mayores poderes del Parlamento Europeo, mayor abstención 

Históricamente, la legitimidad que un Parlamento electo y reforzado en sus poderes en las sucesivas modificaciones de los Tratados ha  aportado al conjunto del sistema institucional comunitario está sin duda mermada por la baja participación en sucesivas citas electorales, un hecho ligado al escaso conocimiento que la ciudadanía en general ha tenido, y tiene, de tales avances “democráticos”. Lo cierto es que desde 1979 (fecha en que se elige por primera vez por sufragio universal la Eurocámara) hasta la fecha, las elecciones al Parlamento Europeo no hacen sino confirmar la negativa correlación entre el aumento de facultades del Parlamento y la progresiva baja participación en los comicios.

Paradójicamente, lejos de aquella idea que colocaba al Parlamento Europeo y su “empoderamiento” como el factor clave para aumentar la legitimidad de la UE, las elecciones europeas no han hecho sino aumentar la visibilidad del déficit democrático.

En 1979, cuando el Parlamento Europeo está dotado apenas con poderes de supervisión sobre la Alta Autoridad de la CECA y el derecho a enmendar una mínima parte del gasto comunitario, la participación llega al 63%. En el 89, después de que el Acta Única Europea introdujera los procedimientos de cooperación y de dictamen conforme y favorece el rol consultivo de la Cámara, la participación desciende dos puntos y medio respecto a las del 84, situándose en el 58,5%.

Las primeras elecciones tras el Tratado de Maastricht, celebradas en 1994, confirman la tendencia a la baja (56,8%), a pesar de ser la primera reforma de los Tratados en la que se decide equiparar la autoridad legislativa del Parlamento con la del Consejo en las quince materias a las que se aplica la codecisión. Aquí hay un elemento fundamental a tener en cuenta, que se explicita muy bien en los estudios europeos de opinión pública. En un Eurobarómetro posterior a la cita electoral, se recoge que solo el 37 % de los encuestados  conoce que el citado Tratado ha aumentado los poderes del Parlamento Europeo.

Las jornadas electorales de 1999, 2004 y 2009 ratifican la desconexión con la ciudadanía: la participación cae ya por debajo del umbral del 50 %.

¿Podemos esperar, entonces, que la reforma de Lisboa influya en alguna medida para aumentar la participación? Difícil poder afirmarlo, teniendo en cuenta, además, que el último Eurobarómetro confirma el desconocimiento persistente de los ciudadanos europeos, sin ir más lejos, sobre sus propios derechos de participación política, o de otro tipo, ligados al estatus de la Ciudadanía de la Unión.

Por lo tanto, cabe esperar que, a la hora de aumentar el interés por las elecciones europeas sea más importante pensar que estas elecciones pueden ser trascendentes para elegir al presidente de la Comisión Europea, y, por descontado, para decidir el modelo europeo de respuesta a la crisis económica, que, por primera vez, estará en la agenda de los partidos en la campaña, por encima de las clásicas disputas y circunstancias meramente nacionales.

Hablando de partidos políticos…

El “déficit” de partidos políticos europeos 

El desarrollo de partidos políticos verdaderamente transnacionales ha sido difícil dadas las circunstancias en las que se ha movido el proceso de integración y de toma de decisiones en la UE, donde ha primado el modelo intergubernamental, ya sea a través de las CIG o dentro del Consejo de Ministros. Ello ha tenido como resultado el refuerzo del papel de los Ejecutivos nacionales a costa del poder de influencia y de control de los parlamentos y de los partidos políticos. Ha faltado en este punto que los partidos ejerzan como vehículo para impulsar una genuina elección “europea” (véase en este mismo blog “Partidos políticos europeos, democracia y participación).

Partidos_europeos_logosOK_Kexp

El estatuto de los partidos políticos europeos está regulado por una norma de 2004, cuya renovación se viene impulsando desde el Parlamento Europeo con el objetivo de reforzar su marco legal en la legislación comunitaria, para dar mayor autenticidad a la condición transnacional de estos partidos, e impulsar un debate político verdaderamente europeo.

Precisamente en el día de ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo debatía un informe sobre este asunto, con las elecciones de 2014 en el punto de mira. El objetivo es que los partidos de la Eurocámara dejen de ser meros “paraguas” de sus matrices nacionales, dotándolos de personalidad jurídica en base al Derecho comunitario, con financiación más flexible y transparente, y un campo de actuación mayor, pudiendo participar en campañas de referendum sobre cuestiones que atañen a la UE.

¿Serán suficientes todos estos “impulsos” para que en 2014 podamos hablar, por primera vez, de elecciones “europeas”? 

Tendrán que confluir varios factores:

-La expectativa de alternancia política, con una verdadera correlación entre la voluntad popular expresada en las urnas y el presidente de la Comisión que junto a su equipo salga refrendado de la mayoría electa del Parlamento Europeo.

-El desarrollo de una campaña de dimensión europea centrada en cuestiones comunes que nos atañen a todos los europeos. Debate europeo frente a las clásicas riñas “domésticas”. En España, por ejemplo, lo comicios no deberían ser un examen para el Gobierno de Rajoy, sino para la visión de ajustes, recortes y contención del gasto impuesta desde Bruselas. Votamos por un modelo europeo para salir de la crisis, que debe ser el eje esencial del discurso de los partidos en la campaña. Los partidos políticos europeos deben pasar, por ello, el examen de su discurso y alcance transnacional.

-Por último, que, si se dan estos factores, los europeos seamos capaces de ver la trascendencia de nuestro voto para el desarrollo de nuestras vidas, eligiendo un modelo de Europa que se reflejará en las políticas que implementarán nuestros Gobiernos.

voting

Anuncios

Partidos políticos europeos, democracia y participación

Hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo © Parlement Européen © Architecte

¿Qué es un partido político “europeo”? Responder a esta pregunta implica algo más que conocer las condiciones jurídicas, políticas y relativas a la financiación que recoge el que hasta ahora es el único marco legal sobre la cuestión: el Reglamento de 2004. Implica algo más porque no se trata sólo de conocer las condiciones legales para poder ser reconocido como partido “europeo”, porque en realidad los partidos están en el epicentro de un debate más amplio y de mucho mayor calado y que tiene que ver esencialmente con la democracia europea y con la necesidad de impulsar y facilitar la participación ciudadana. Responder a esta pregunta significa, por tanto, preguntarse muchas otras cosas, como, por ejemplo, qué podrían llegar a ser los partidos “europeos” dentro del entramado institucional comunitario, qué podrían aportar a la democracia europea, como auténticos vehículos que transportan la voluntad popular y canalizadores, junto con la sociedad civil, de la participación y el activismo público ciudadano.

Según el Reglamento que entró en vigor en 2004, por el que se aprobó el estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala comunitaria, pueden constituirse como partidos políticos europeos todos aquellos que tengan personalidad jurídica en el Estado miembro en el que tienen su sede, así como tener representación en el Parlamento Europeo o en los parlamentos nacionales o regionales como mínimo en una cuarta parte de los Estados miembros y, además, haber obtenido como mínimo un 3% de los votos en las últimas elecciones al Parlamento Europeo en cada uno de dichos Estados miembros. Evidentemente, estos partidos deben respetar los principios de la UE, condición que se exige, como es lógico, a cualquier miembro del club europeo.

El pasado 26 de enero, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo debatió sobre la posibilidad y la conveniencia de reforzar este marco legal a nivel europeo para dar mayor autenticidad a la condición transnacional de estos partidos, y sin obviar, como decíamos antes, abordar un debate de mucho mayor calado: la democracia europea y la participación ciudadana a escala europea.

Es evidente que los partidos políticos han sido tradicionalmente un vehículo esencial de la participación ciudadana y del activismo político y social ciudadano, pero no es menos evidente que el declive de los partidos a nivel nacional y la desconfianza de la ciudadanía hacia ellos y la política en general, han hecho que los índices de militancia se sitúen en niveles bastante bajos, especialmente entre los jóvenes. Tampoco es menos evidente que la regeneración de la crisis de la democracia debe comenzar con la regeneración de los propios partidos en lo que concierne a su funcionamiento interno y a su forma de autogobernarse. La democracia interna de los partidos es el primer paso para revitalizar la democracia y animar a la participación de la ciudadanía dentro de sus filas.

Guy VERHOFSTADT, líder de la Alianza de los Demócratas y de los Liberales para Europa (ADLE) © European Union 2011 PE-EP

La democracia europea tiene también y de forma esencial, un debate obligatorio en torno a los partidos, al papel que juegan en la toma de decisiones, en la elección del “Gobierno europeo” y en la consecución de un verdadero perfil “transnacional” de la política europea. Mientras los partidos representados en el Parlamento Europeo no puedan, entre otras cosas, presentar candidatos y elegir al presidente de la Comisión Europea, difícilmente la ciudadanía tendrá la sensación de que algo importante se decide en las elecciones al Parlamento Europeo, por mucho que se le explique que el poder legislativo de la Eurocámara ha sido ampliado considerablemente. Eso determina en buena medida la decisión de ir o no a votar, y si tampoco hay listas transnacionales, el carácter “europeo” de la elección se acaba perdiendo en el debate nacional de turno, y el “color” del voto [1], atiende a cuestiones y coyunturas puramente domésticas.

De hecho, la crítica del “déficit democrático” de la UE tiende a relacionar la baja participación en las elecciones al Parlamento Europeo con la propia naturaleza y características que tienen estos comicios. Ya en las primeras elecciones al Parlamento Europeo, un famoso ensayo las calificó como  “second-order national elections” [2], es decir, unas elecciones determinadas por la agenda política nacional y una suerte de examen a medio-plazo para el partido nacional en el poder. En realidad, en la elección de “primer orden” (la nacional) hay mucho más en juego, mientras que en el “segundo orden” no existe la expectativa de que el voto vaya a tener una incidencia en el proceso político europeo, vaya a influir en un reparto de poder o se pueda cambiar un gobierno por otro, sin auténticos partidos transnacionales, sin listas transnacionales, sin liderazgo europeo y sin que el Parlamento Europeo pueda elegir al presidente del Gobierno europeo. Es lo que Weiler y sus colegas [3] definieron como la idea de “to throw the scoundrels out”. La expectativa de alternancia política es esencial en el juego democrático.

El denominado “party deficit” [4] de la Unión Europea es, por tanto, un aspecto esencial para mejorar democracia europea, y se sitúa en el centro de un debate con muchas cosas en juego, la más importante, lo que otorga de verdad salud a cualquier democracia, sea del tamaño que sea: la participación ciudadana.

…………

[1] Sobre la trascendencia del “color político” del voto de los ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo, véase Del Río Villar, S. (2009). Comunicar, clave para aumentar la participación en las elecciones europeas de 2009: nuevos espacios, proyectos ciudadanos y plan de acción informativa del Parlamento Europeo (2ª Parte) ARI 90/2009, 02/06/2009. Disponible en: http://ec.europa.eu/spain/images/team_europe/articulo_team_europe_rio1.pdf

[2] Reif, K., & Schmitt, H. (1980). Nine second-order elections: a conceptual framework for the analysis of European election results. European Journal of Political Research, 8(1), 3-44.

[3] Weiler, J. H. H., Haltern, U., & Mayer, F. (1995). European democracy and its critique: Five uneasy pieces. Jean Monnet Working Paper No. 1/95.  New York: Jean Monnet Center, NYU School of Law. Disponible en: http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/95/9501ind.html.

[4] Smith, G. (2003). The Decline of Party? En J. Hayward & A. Menon (Eds.), Governing Europe (pp. 179-191). Oxford: Oxford University Press.

La Comisión Europea, el gigante burocrático

Encarna Hernández

La Comisión Europea, conocida como la “guardiana de los Tratados”, órgano supranacional, independiente y tecnocrático por excelencia entre las Instituciones de la Unión Europea. Desde que fuera creada por el Tratado de la CECA, a partir de su primigenio antecedente, la Alta Autoridad, se ha desarrollado en el marco institucional de las Comunidades como un auténtico gigante burocrático. Poseedora del cuasi-monopolio de la iniciativa legislativa comunitaria, y como brazo ejecutor de las políticas de la UE, la cuestión del control democrático de su actividad y de su batallón de funcionarios está en el epicentro de la polémica legitimidad democrática de la UE. El siguiente vídeo (que nos ofrece la web Hablamos de Europa) nos acerca un poco a su compleja actividad, aunque después profundizamos un poco más…

Vodpod videos no longer available.

more about “Hablamos de Europa“, posted with vodpod

De la Alta Autoridad de la CECA a la Comisión Europea

Con la firma del Tratado de la CECA (18 de abril de 1951) comienza la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad de la CECA, institución de carácter ejecutivo y compuesta por personalidades independientes nombradas por los gobiernos nacionales, encargada de asegurar la consecución de los objetivos previstos en el Tratado y de actuar en el interés general de la Comunidad, y dotada de poder de decisión obligatoria, tanto de carácter normativo como administrativo, decisiones que adopta a través del procedimiento mayoritario. Se configura de este modo como la máxima Institución política de la Comunidad y como su órgano técnico supremo.

Es por las características anteriormente citadas que en la Alta Autoridad se concentra esencialmente el carácter federal y supranacional de la CECA, dentro de un marco institucional que se configura ya a grandes rasgos como el que se conoce en nuestros días: el control político de la Alta Autoridad –germen de la actual Comisión- se encomienda a una Asamblea Común, con capacidad para censurar la actividad del órgano ejecutivo pero sin poder legislativo; un Consejo Especial de Ministros, órgano de naturaleza intergubernamental, compuesto por los representantes de los Estados miembros y cuya misión es garantizar una acción armoniosa de la Alta Autoridad en relación con los gobiernos nacionales; y un Tribunal de Justicia, encargado de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado y los actos derivados de éste.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de fusión de los ejecutivos, el 1 de julio de 1967, una Comisión única asume las funciones de la Alta Autoridad de la CECA y de las Comisiones de los Tratados CEE y Euratom.

El triángulo institucional y el método comunitario

Las cuatro instituciones originarias representan, como nos recuerda G. Isaac, cada una de ellas un principio determinado, a la par que poseen en cada caso una raíz política determinada y expresan una legitimidad propia.

La Comisión está compuesta por miembros designados por los gobiernos de los Estados miembros, aunque los Tratados garantizan su independencia funcional. En su papel de “guardiana de los Tratados”, la Comisión representa los intereses de la Comunidad. A su vez, monopoliza el poder de iniciativa legislativa, y se configura como el órgano ejecutivo de la UE: es responsable de aplicar las políticas, de ejecutar los programas de acción y de gestionar los fondos comunitarios.

El Consejo, compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, representa los intereses de los Estados miembros, pero actúa también como órgano comunitario colegiado. El Tratado le otorga la misión de “garantizar la consecución de los fines establecidos en el (…) Tratado”, mediante la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros y el poder de decisión legislativa, que comparte con el Parlamento Europeo en aquellos ámbitos en los que se aplica el procedimiento de codecisión. El Consejo tiene una presidencia rotatoria por cada Estado miembro por un periodo de seis meses.

El Parlamento Europeo, por su parte, está compuesto por representantes de los pueblos de los Estados miembros, elegidos por sufragio universal directo desde junio de 1979, y representa los intereses de la Comunidad y de tales pueblos. La Cámara ejerce el poder de control político a través de la moción de censura a la Comisión, interviniendo a su vez en el nombramiento de sus miembros, y comparte con el Consejo los poderes legislativo y presupuestario. Su rol en el proceso de toma de decisiones se ve aumentado a través de las modificaciones de los Tratados, especialmente a partir del AUE y el TUE, que introducen los procedimientos de cooperación y codecisión.

El TJCE, como auténtico órgano judicial de la Comunidad, ejerce el control jurisdiccional, en representación de los intereses del Derecho comunitario, sobre las acciones u omisiones de las Instituciones de la Unión, estando los Estados miembros y los particulares igualmente bajo su jurisdicción.

Se conforma de este modo un equilibrio de intereses y de poderes, dentro de un sistema de “pesos y contrapesos” (“checks and balances”), y que se integran en dos conceptos básicos del sistema político europeo: el denominado “método comunitario” y el supuesto de “equilibrio institucional”.

Dentro de la lógica del proceso funcionalista de integración, el denominado “método comunitario” es considerado por buena parte de la doctrina como la “fórmula magistral” y clave del éxito de la construcción europea. El “método” arbitra ente los distintos intereses que se integran en el contexto comunitario: el interés general de la Comunidad (representado por la Comisión) y los intereses de los Estados miembros y de los ciudadanos (representados democráticamente de forma indirecta a través del Consejo y de forma directa a través del Parlamento Europeo).

La dinámica del “triángulo” institucional se desarrolla mediante el monopolio de derecho de iniciativa de la Comisión, el reparto de la autoridad legislativa y presupuestaria entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y el recurso general al voto por mayoría cualificada en el Consejo, fundamental para asegurar la eficacia “método”. En última instancia, el Tribunal de Justicia tiene jurisdicción para garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación el Derecho comunitario.

Tal sistema de “pesos y contrapesos”, integrado por múltiples intereses, genera una compleja dinámica que exige el diálogo y la negociación entre el “triángulo” institucional decisorio. Este “triálogo” está en la base de un principio comunitario imprescindible: el “equilibrio institucional” (“institutional balance”). Tal “equilibrio” es la esencia donde reside el reparto de “funciones” (que no de poderes) entre las tres Instituciones definido por el “método comunitario” o, lo que es lo mismo, el ejercicio por parte de las Instituciones de las competencias que les atribuye el Tratado.

El sistema comunitario no reproduce la clásica división de poderes bajo el cuadro estatal heredado de Montesquieu. Al contrario, las funciones de decisión y de control se reparten entre las cinco Instituciones, representando a su vez cada una de ellas poderes diferentes. En la función ejecutiva intervienen la Comisión, el Consejo y los Estados miembros (estos últimos en la ejecución de una buena parte de las políticas y normativas). La función legislativa se divide entre las dos autoridades decisorias (Consejo y Parlamento Europeo) y la Comisión (poder de iniciativa). La función jurisdiccional se la reparten el TJCE y las cortes nacionales.

Por su parte, el poder de control se disemina en la arquitectura institucional de la siguiente manera: el Parlamento Europeo ejerce el control político sobre la Comisión y el Consejo, y este último controla a su vez a los dos primeros. El Tribunal de Justicia ejerce su jurisdicción sobre las tres Instituciones, sobre los Estados miembros y sobre los particulares, mientras que el Tribunal de Cuentas tiene poder sobre las Instituciones y los Estados miembros. La Comisión, por su parte, vela por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Tratado sobre los Estados miembros y, en determinados casos, sobre los particulares.

Trabajo con otras instituciones. Click...

La Comisión y el déficit democrático

La actividad legislativa de la UE es el parámetro central en el que se basan las aproximaciones normativas para el estudio tanto del rango y número de competencias que se manejan a nivel comunitario, como de la valoración de las políticas europeas, y del denominado “desequilibrio institucional” en la gobernanza europea. La interacción y reparto de poderes entre las tres principales instituciones de la Unión determina la forma en que se desarrolla el proceso de toma de decisiones, en base a un “método comunitario” que, tal y como se define en los años sesenta, desprovee al Parlamento Europeo de las clásicas funciones legislativas con las que se reviste a los Parlamentos nacionales. Este “desequilibrio” de poderes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y la ruptura con el ideal de democracia parlamentaria están en la base de la teoría sobre el “déficit democrático” de la Unión Europea.

Fundado sobre una lógica funcionalista-integracionista, y aplicado a las políticas que integran el primer pilar de la UE, el “método comunitario” otorga a la Comisión el monopolio en la iniciativa política y legislativa, y el poder de ejecución de las políticas, que comparte con los Estados miembros. La Comisión decide si la Comunidad debe actuar, bajo qué forma legal, y qué contenido e implementación seguirá. Por su parte, el poderoso rol del Consejo se configura a través de la negociación estratégica, los convenios generales, y su capacidad como primera autoridad legislativa, recurriendo generalmente al voto por mayoría cualificada. El primigenio Parlamento Europeo goza de limitadas oportunidades de acción, articuladas en torno a su función de control y censura de la Comisión, y los poderes de consulta y deliberación. Por su parte el Tribunal del Justicia debe garantizar la uniforme interpretación del Derecho comunitario.

El “método comunitario” puede resumirse así en la siguiente máxima: “la Comisión propone y el Consejo dispone”. Del mismo modo, el papel otorgado a la Comisión, y el hecho de que ni el Consejo ni el Parlamento ni los Estados miembros puedan obligar al Ejecutivo europeo a legislar, supone una manifiesta quiebra para con el principio de separación de poderes y de democracia parlamentaria.

El gobierno de los expertos

Las distintas aproximaciones de la Ciencia política de cara a determinar las transformaciones de la gobernanza en la Europa occidental durante el transcurso del último medio siglo se desarrollan en torno al concepto de “nuevo institucionalismo” del análisis organizacional. La teoría de la delegación en “Instituciones no-mayoritarias”, está dominada por la aproximación del “Principal-Agent”: los políticos deciden delegar ciertas funciones en “Agentes” sólo si los beneficios esperados de la delegación exceden a los costes.

La lógica funcional de la delegación se centra en una serie de beneficios que los políticos esperan conseguir a través de transferir cierta autoridad a los agentes independientes. Thatcher y Stone Sweet identifican cuatro categorías de beneficios evaluados racionalmente: en primer lugar, los relacionados con la credibilidad de las promesas realizadas a los ciudadanos (problemas de compromiso); seguidamente, la necesidad de políticas de expertos que resuelvan las asimetrías de información en áreas técnicas de la gobernanza; de igual forma, los resultados serían más eficientes, a través de la creación de normas que resuelvan problemas específicos; por último, las políticas de los agentes (no responsables ante la ciudadanía) maximizarían objetivos políticos a través de políticas impopulares para ciertos sectores de la sociedad.

A nivel comunitario, se añade la complicación de una delegación que tiene lugar a nivel externo (transferencia de poderes de decisión a cuerpos exteriores, incluyendo los Estados miembros, y hacia órganos diferentes de la Instituciones europeas y no nombrados en los Tratados), y a nivel interno (delegación de poderes ejecutivos, de implementación de las normas, desde el Consejo hacia la Comisión).

En el nivel supranacional de la UE, un sistema integrado por bancos centrales aislados del control político directo elabora la política monetaria. Desde Bruselas, la Comisión propone la legislación y se encarga de hacer cumplir la extensa regulación europea. Mientras, en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia controla el cumplimiento de la legalidad comunitaria por parte de Instituciones, gobiernos y administraciones. Las agencias especializadas de la UE se dividen en un amplio espectro: agencias comunitarias; agencias de la PESC; agencias de la CPJP, y agencias ejecutivas.

Una parte de la crítica del “déficit democrático” de la UE se acoge precisamente al desarrollo de una “tecnocracia” en Bruselas a modo de Estado despótico, caracterizado por la rápida acumulación y centralización del poder: un “gobierno de extranjeros”, sin la presencia de elementos culturales comunes (religión, lenguaje y cultura legal), y donde el gobierno del pueblo se sustituye por “la administración de las cosas” (véase la crítica de Siedentop, 2001, La democracia en Europa, y la respuesta de Moravcsik, 2001, Despotism in Brussels? Misreading the European Union, en Foreign Affairs).

Después de Lisboa…

La posibilidad de que se impulse una iniciativa legislativa popular (un millón de firmas de ciudadanos de la UE), el mayor control que se otorga a los parlamentos nacionales y regionales para el control y seguimiento de la subsidiariedad (protocolos anejos al Tratado) y la extensión de la codecisión como “procedimiento legislativo ordinario”, se presentan como algunos “correctivos” al monopolio de iniciativa de la Comisión y al poder legislativo del Consejo. ¿Son suficientes para hablar de una gobernanza definitivamente sometida al control democrático?

Para saber más:

Web Comisión Europea

Nueva Comisión 2010-2014

Presidente de la Comisión: Funciones y Poderes

Antiguos presidentes

¿Es posible una democracia transnacional?

Encarna Hernández

En 1863, Abraham Lincoln, en su famoso “Gettysburg address”, enumera las ya clásicas tres condiciones de la legitimidad democrática: el gobierno “of the people, by the people, for the people” garantiza las ideas democráticas básicas de la “representación”, la “participación” y la “resolución de problemas” acuciantes para cada sociedad. En el caso de la Unión Europea los procesos de toma de decisiones avanzan sin la necesaria referencia a la legitimidad de origen. La ausencia de una identidad colectiva, de un demos europeo, integra así buena parte del cuestionamiento de la democracia comunitaria.

El concepto de “legitimidad política”, asociado de forma esencial a la idea de democracia, se configura como un concepto crítico en la teoría y la práctica política. Ello se debe a que se sitúa en el corazón mismo del requerimiento normativo realizado por un Gobierno, un Estado, o un Poder, que debería ser obedecido o respetado de forma “voluntaria” por el conjunto de los ciudadanos. Se relaciona de este modo con otras nociones clave de la Ciencia política como “poder”, “autoridad”, “derechos”, “obligaciones”, “soberanía”, “Estado”, y un largo etcétera.

Una divergencia fundamental en la aproximación doctrinal del concepto puede establecerse a partir de las visiones “normativa” y “empírica”. Desde un punto de vista normativo, la legitimidad es entendida como cualidad o posesión del Gobierno. En este sentido, los filósofos políticos utilizan la “cualidad” de la legitimidad para identificar los estándares por los cuales un régimen o actividad política deben ser considerados como legítimos. Se trata de una pregunta clásica: “Why should the government be obeyed?” Este enfoque busca detectar aquellas condiciones bajo las cuales la autoridad aparece legitimada, y por las cuales los ciudadanos deberían obedecer. La idea de “consentimiento” es aquí el criterio central que convierte en legítimo a un poder: en ausencia de consentimiento, como defiende Simmons, no existe compulsión moral hacia la obediencia.

La aproximación empírica busca explicar por qué o cuándo el pueblo obedece y respeta un régimen particular de gobierno; es decir: está más centrada en lo que de hecho ocurre que en lo que debería ocurrir. Desde la perspectiva inicial de Max Weber, centrada en las “creencias”, exponentes teóricos más recientes enfocan el estudio de la legitimidad a partir de las actitudes públicas de “apoyo” al sistema político y sus actores como base para el análisis y predicción de la estabilidad del régimen.

El concepto de “legitimidad” evoluciona progresivamente a través de pensadores posteriores a Weber como Lipset, Habermas, Rogowski  o Beetham. El giro fundamental está en el análisis de la legitimidad a partir del concepto de “apoyo político”, y se mide bien en términos racionales/instrumentales, bien en términos afectivos. Ahí están, en este sentido, los estudios de Almond y Verba, así como de D. Easton, a partir de mediados de los sesenta.

El concepto de “legitimación” (y “deslegitimación”), opuesto por la visión empírica a las propiedades estáticas representadas en las nociones de “legitimidad” y “legitimado”, hace referencia a procesos activos dentro de los cuales la legitimidad es creada y mantenida, erosionada o perdida. En este sentido, según  R. Barker, Weber no se refiere en su definición del Estado a la cualidad abstracta de la legitimidad, sino al reclamo, la actividad de “legitimación” que cultivan los gobernantes.

A partir del último tercio del siglo XX, el interés por la cuestión de la legitimidad política atrae sobremanera la atención de historiadores y científicos sociales y políticos. El desplome del Comunismo, la transición política en la Europa del Este y el desarrollo de nuevas formas de gobernanza transnacional –cuyo máximo exponente es la Unión Europea-, plantean la necesidad de replantear las condiciones bajo las cuales los regímenes se legitiman. Surgen así distintos estudios que abarcan la cuestión de la legitimidad en el nuevo contexto, bien bajo un punto de vista normativo , bien bajo la perspectiva empírica, especialmente en el nivel de la política transnacional.

Esta renovada literatura sobre la legitimidad en relación a los nuevos procesos de la política mundial supone una manifiesta ruptura con la teoría democrática de los siglos XIX y XX, que interpreta tradicionalmente el mundo a través del Estado-nación soberano y liberal: una entidad que, como recuerda D. Held, se gobierna a sí misma y que decide sobre su propio futuro.

Sin embargo, uno de los rasgos más notables del ejercicio del poder en las postrimerías del siglo XX es precisamente la tendencia hacia el declive en la capacidad del Estado-nación de ejercer su soberanía. La emergencia de asuntos que transcienden las fronteras nacionales (la regulación de la vida económica, el medio ambiente, la seguridad, etc.) y que son de este modo mejor manejados a nivel internacional o regional, se traduce en lo que Dahl denomina “cambios en la escala de la vida política” susceptibles de provocar una transformación en la democracia.

El debate doctrinal en torno a lo que se denomina “gobernanza global” se centra en buena parte en relación al problema de la legitimidad democrática de los nuevos procesos, organizaciones e instituciones que ejercen el poder en la política mundial. Hasta el punto de que las organizaciones internacionales se presentan, de partida, en palabras de A. Moravcsik, como “normativamente sospechosas”.

Siguiendo a Held, las instituciones y prácticas que integran la gobernanza transnacional suponen una ruptura con los cánones tradicionales que caracterizan a las entidades y procedimientos democráticos: una base popular definida por un sentimiento de “comunidad”; la participación ciudadana en el marco de una unidad democrática bien delimitada; y los mecanismos de responsabilidad –rendición de cuentas- y control sobre los actores políticos. En definitiva, los procesos de poder globales y regionales  trastornan la forma en que la democracia es entendida por la tradición democrática liberal desde el siglo XIX a partir de las ideas de “consentimiento” y “legitimidad.

La gobernanza global puede traducirse así en una fuente de tensiones si se tiene en cuenta que, en ausencia de un sentido denso de identidad colectiva, las minorías difícilmente aceptarán las decisiones de las mayorías. La respuesta a la pregunta de “¿quién es el pueblo?” es vital para clarificar los términos de una democracia que se asienta en una identidad política débil.

Las alusiones a la participación ciudadana, rendición de cuentas, atención al Estado del bienestar y protección de las libertades individuales se conforman, en definitiva, como un cuadro de críticas basadas en los ideales normativos de la democracia, representados a su vez en cuatro tradiciones democráticas: la “libertaria”: las críticas libertaria, pluralista, social democrática y deliberativa.

Pero estas críticas no sólo se reflejan en el debate político, mediático y doctrinal acerca de la legitimidad de la política transnacional. Lo que Weiler, Haltern, y Mayer denominan como la “versión estándar” de la crítica del “déficit democrático” de la Unión Europea se configura igualmente partir de estándares de legitimidad democrática que atienden fundamentalmente, y en primer lugar, a la problemática suscitada a partir de la atribución exclusiva o compartida de funciones de gobierno a la CE/UE: el proceso de la integración europea provoca una redefinición de las fronteras políticas donde se toman las decisiones de la vida pública, a partir de la cual, los canales tradicionales de control político y representación de intereses –los Parlamentos nacionales- y de control jurisdiccional –los tribunales nacionales- se debilitan, sin que el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia ofrezcan una sustitución efectiva.

La legitimidad de la Unión se mide en función de una serie de vectores (“standards”), basados en cinco modelos aportados por los analistas de la democracia europea y que se distribuyen entre: legitimidad indirecta o internacional; legitimidad federal o parlamentaria; legitimidad tecnocrática; legitimidad legal y procedimental; y legitimidad corporativa.

La interpretación de la legitimidad de la UE a partir de la representación de los ciudadanos de forma indirecta en el Consejo y en base a la cooperación intergubernamental está recogida especialmente en los ensayos de A. Moravcsik  y en la sentencia del Tribunal Federal alemán sobre Maastricht.

La visión de la legitimidad federal o parlamentaria, defendida por los comisarios y europarlamentarios europeos y por autores como J. Habermas, apuesta por estructuras representativas que deliberen e incorporen las preferencias, tanto nacionales como transnacionales, apostando para ello por un Parlamento Europeo con amplios poderes y por una Comisión electa erigida en gobierno federal.

Por su parte, la legitimidad tecnocrática, aproximación en la que destaca la figura de G. Majone, define una gobernanza basada en la extensa delegación en instituciones independientes, como único modo de obtener resultados óptimos en forma de políticas eficientes que reparten beneficios a partir de la identificación de necesidades públicas específicas.

Si bien la legitimidad legal de la UE está asegurada a partir de Tratados constitutivos que son signados de forma voluntaria por los Estados miembros, la legitimidad procedimental rellena en buena medida los huecos que deja la actividad de la burocracia. De esta forma, a la idea de control democrático se opone la observancia de ciertos procedimientos formales que tienen que ver con la transparencia o el equilibrio de intereses. En último lugar, la legitimidad corporativa destaca las prácticas que tienen lugar en el seno de la Comisión de cara a identificar a los afectados por sus políticas e incluirlos en su diseño.

Cada uno de los vectores descritos anteriormente se identifican en la teoría de la legitimidad de la UE que aporta F. W. Scharpf, bien en relación a la “legitimidad de origen” (“input”), bien desde el punto de vista de la “legitimidad de resultado” (“output”). Para Scharpf, la legitimidad de los sistemas políticos actuales depende esencialmente de la creencia en y del ejercicio de una “autodeterminación democrática” que garantiza un gobierno “por” el pueblo y “para” el pueblo.

En el primer caso, el objetivo esencial es la justificación del gobierno mayoritario, por lo que se enfatiza la legitimidad de las elecciones políticas que reflejan la “voluntad popular”. Tales elecciones se toman a partir de las auténticas preferencias de los miembros de una comunidad, y la condición para su existencia es la creencia en una identidad colectiva densa. En el segundo caso, la promoción eficaz del bienestar común de la comunidad política a través de la resolución de problemas es lo que garantiza la legitimidad de las elecciones políticas. En definitiva, la primera está basada en la identidad y la segunda en el interés.

Las dos dimensiones de la legitimidad de Scharpf coinciden con las tres condiciones clásicas de la legitimidad democrática establecidas ya en 1863 por Abraham Lincoln en su famoso “Gettysburg address”: el gobierno “of the people, by the people, for the people” garantiza las ideas democráticas básicas de la “representación”, la “participación” y la “resolución de problemas” acuciantes para cada sociedad. En el caso de la Unión Europea los procesos de toma de decisiones avanzan sin la necesaria referencia a la legitimidad de origen. La ausencia de una identidad colectiva, de un demos europeo, integra así buena parte del cuestionamiento de la democracia comunitaria.

El principio de subsidiariedad: la evolución de una fórmula magistral

ENCARNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

La reforma de los Tratados operada en Lisboa es digna heredera del esfuerzo democratizador que recogía la malograda Constitución europea. Uno de los principales argumentos que utiliza la crítica del “déficit democrático” de la Unión es precisamente la nula capacidad de control que tienen las asambleas nacionales y regionales elegidas sobre las decisiones que se toman en Bruselas. En esta línea, Lisboa determina una contribución más activa de los Parlamentos Nacionales al buen funcionamiento de la Unión (art. 12 TUE ), previendo, además, su control al respeto de la subsidiariedad a través del denominado “sistema de alerta temprana”, recogido en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

¿El secreto del éxito?
¿El secreto del éxito?

Hablamos de un concepto, el de subsidiariedad, que ya está plenamente integrado en el acquis comunitario, pero que en su momento fue una de las aportaciones más trascendentes del Tratado de la Unión Europea de cara a forjar un mayor control democrático en la actividad de la UE. Aunque no es en el Tratado de Maastricht el primer texto donde encontramos un concepto que tampoco tiene su origen en el lenguaje comunitario ni en su tradición legal.

Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea en 1993, el principio de subsidiariedad se convierte en la norma general a la que se somete el ejercicio de las competencias por parte de la UE. El TUE asciende así a rango constitucional un principio que está ya en la base de los Tratados fundacionales de París y Roma, incluyéndolo ahora de forma expresa, y elevándolo definitivamente al nivel de los principios de la Comunidad.

El concepto aparece por primera vez en un texto oficial de las Comunidades Europeas en 1975, en un Informe de la Comisión sobre la Unión Europea. El citado texto alude a la subsidiarité como el principio de acuerdo con el cual la Unión adoptará responsabilidades sólo en aquellos ámbitos en los que los Estados miembros no sean capaces de actuar eficientemente de forma separada. La noción de subsidiariedad aparece ya aquí ligada a los ámbitos de competencia concurrente (o compartida) (Commission of the European Communities, 1975).

El 14 de febrero de 1984, el Parlamento Europeo aprueba una Resolución sobre el Proyecto de Tratado por el que se establece la Unión Europea (“Proyecto Spinelli”). El principio de subsidiariedad se incorpora en el artículo 12, apartado segundo, dentro de los ámbitos de acción de competencia concurrente conferidos por el Tratado a la Unión, en los que los Estados miembros actuarán mientras la Comunidad no ejerza su competencia legislativa.

El AUE introduce por primera vez en un Tratado la subsidiariedad, aunque de forma restringida a la política medioambiental (art. 130R, apartado 4). Es finalmente en Maastricht cuando se toma la decisión de incluir el principio de forma generalizada al conjunto de las competencias comunitarias compartidas, otorgándole de este modo un peso jurídicamente vinculante. En este sentido se expresa el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en junio de 1992, cuando hace referencia a la integración de este principio “as a new legally binding ground rule in the Treaty (…).” (European Council, 1992).

Más allá de que se le reconozca una repercusión legal, lo cierto es que la trascendencia principalmente política de la subsidiariedad es ampliamente reconocida. Para la Comisión, implica la aplicación del principio de “good sense” en el ejercicio de las competencias por parte de las instituciones comunitarias, además de relacionarse estrechamente con los objetivos de mayor control democrático y mayor transparencia en la actividad de la Unión. (Commission of the European Communities, 1992).

En cualquier caso, con la incorporación al TUE del principio de subsidiariedad se explicita un principio central en toda constitución de tipo federal en lo referente a la forma de regulación del ejercicio de competencias entre las distintas unidades que componen la unión. Como recuerda Habermas, la subsidiariedad se configura como el “principio fundacional que completa las necesidades de las unidades diversas y territorialmente distintas que integran una federación.” (Habermas, 2001: 22).

En realidad, la tradición legal de la que deriva el concepto de subsidiariedad es el Derecho canónico católico, y en su momento se aplica para, con dudosa eficacia, impedir la centralización del poder en la Iglesia Romana (Siedentop, 2000/2001: 34). Como recoge The HarperCollins Encyclopaedia of Catholicism, el principio de subsidiariedad se define como “la moderna enseñanza social católica”, la cual, según el Papa Pío XI, quién la articula inicialmente en Quadragesimo Anno (1931), se basa en la máxima “de que las mejores instituciones para responder a una determinada tarea social son las más próximas a ella.” (McBrien, 1995: 1227).

Este principio del deber de adoptar las decisiones en el nivel más próximo al ciudadano se recoge en el Preámbulo y en los artículos A y B del TUE (arts. 1 y 2 v.c.), cuando se hace referencia al establecimiento de “una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos.” (art. A TUE). De ello se deduce que la estructura federal debe actuar a modo de “ultimo recurso” (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 119), siempre en respeto del principio de subsidiariedad.

Así, el artículo 3B del TUE (art. 5 TCE v.c.), en su párrafo segundo, precisa que el principio de subsidiariedad regula el ejercicio de las competencias compartidas (no exclusivas), ámbitos en los que la Comunidad sólo actuará si los objetivos pueden lograrse mejor a escala comunitaria que a nivel nacional, “debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada.”

Tal párrafo segundo contiene, para la Comisión (Commission of the European Communities, 1992), una de las dos dimensiones que integran el concepto de subsidiariedad: la “necesidad” de acción. La otra dimensión legal la componte la “intensidad”, o lo que es lo mismo, la “proporcionalidad” de la acción que se lleva a cabo.

La Unión no sólo debe intervenir con carácter subsidiario en relación a las competencias compartidas, sino que también debe ajustarse con carácter general y en el ejercicio de toda clase de competencias al principio de proporcionalidad. El párrafo tercero del artículo 3B especifica que “ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.”

Es decir: antes de adoptar una reglamentación a nivel comunitario hay que plantearse la naturaleza e intensidad de tal medida (Borchardt, 2000: 29). Se explicita así el principio de proporcionalidad, que hasta el TUE se limita a ser un concepto aportado por la jurisprudencia del TJCE, y en relación a la protección de los operadores económicos (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 121; Borchardt, 2000: 29).

Fuera del marco legal del artículo 3B, otra noción que afecta al ejercicio de las competencias comunitarias se refiere al principio de suficiencia de medios, el cual dispone que “la Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas.” (art. F.3 TUE; art. 6.4 de la v.c.).

Para V. Constantinesco, el nivel de popularidad y polémica que alcanza el principio de subsidiariedad desde su incorporación al TUE se debe a su ambigüedad: responde tanto al temor a la pérdida de soberanía nacional por la extensión de las competencias de la Unión, como a la expectativa de un incremento legítimo de los ámbitos competencia comunitarios (Constantinesco, 1991: 440).

En efecto, en la subsidiariedad, tal y como está definida en el TUE, se detecta tanto una “vertiente positiva” –como motor para extender las competencias de la UE, en pos de una intervención comunitaria cuando los fines y objetivos de la acción se puedan alcanzar mejor a nivel europeo- y una “vertiente negativa” o “lectura restrictiva” del principio –interpretando que la Unión debe abstenerse de actuar si los objetivos de la acción son alcanzados suficientemente por los Estados- (Borchardt, 2000: 29).

Para Louis, si se concibe de cara a un “ejercicio óptimo de las competencias y con un espíritu de cooperación y solidaridad entre los distintos niveles de poderes”, el resultado es un principio inherente a toda constitución federal, más que una noción “ofensiva” hacia las competencias de la Unión (Louis, 1979/1995: 106).

Para algunos académicos, el principio de subsidiaridad responde al recelo hacia un modelo de integración europea que se construya sobre la centralización del poder[1]. Según L. Siedentop, la adopción de la subsidiariedad se plantea de forma precipitada entre los líderes europeos, obligados por el temor popular a un Estado centralizado en Bruselas y el debilitamiento del control democrático (Siedentop, 2000/2001: 34). Según G. Majone, hay una clara tendencia hacia formas descentralizadas de gobierno, sobre todo desde Maastricht, donde se realiza una nueva definición de competencias que, de hecho, limita su ejercicio por parte de las instituciones de la Comunidad. Para el citado autor, la subsidiariedad supone la anulación de un concepto de CE que “ensancha sin cesar los límites de su propia competencia (…) alejándose del modelo clásico de apropiación que implicaba la transferencia de una competencia exclusiva a sus manos” (Majone, 2002: 333).

En definitiva, el principio de subsidiariedad se revela como un arreglo precario que provoca una profunda polémica entre aquellos que lo ven como un freno al Gran Estado centralizado europeo y aquellos que lo interpretan como un legítimo y democrático punto de partida para una ampliación de las competencias de la Unión. Al fin y al cabo, el compromiso alcanzado en Maastricht sobre la subsidiariedad es un claro exponente de lo que se denomina “ambivalent agreement” (Magnette, 2003: 7); es decir, un acuerdo concreto, sobre mínimos, basado en preferencias y creencias distintas que se anulan unas a otras (Elster, 1998).

Precisamente por esta razón, la clarificación del reparto de competencias entre la UE y sus Estados miembros, y una interpretación más nítida de su aplicación, es decir, del principio de subsidiariedad, es una de las cuestiones principales que centra el debate sobre el “futuro de Europa” en el proceso constituyente iniciado en 2001.

Las novedades más relevantes que aporta el texto Constitucional a la cuestión competencial son la clasificación de las competencias (art. I-12) –que se articulan ahora en tres tipologías: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento– y, sobre todo, la introducción de un “sistema de alerta temprana” para el control por parte de los Parlamentos nacionales de la correcta aplicación del principio de subsidiariedad.

El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado, establece que la Comisión deberá remitir sus proyectos de actos legislativos a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, motivándolos en relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; a partir de entonces, los Parlamentos tienen un plazo de seis semanas (se amplía a ocho semanas en Lisboa) para emitir un dictamen motivado que exponga las razones por las que la propuesta de la Comisión vulnera el principio de subsidiariedad; cuando los dictámenes motivados que se remitan representen al menos un tercio del total de los votos atribuidos a los Parlamentos nacionales –cada Parlamento dispone de dos votos-, la Comisión está obligada a volver a estudiar su propuesta.

El citado Protocolo, junto con otro relativo al cometido de los Parlamentos nacionales en el proceso decisorio, responde al requerimiento de Niza y Laeken de clarificar su función en la estructura comunitaria, y redunda en el reclamo de un mayor control democrático de la toma de decisiones dentro de la Unión.

Como decía al comienzo, Lisboa es digna heredera del esfuerzo democratizador que recogía el texto constitucional. También lo es de la evolución del concepto de subsidiariedad a lo largo y ancho del acquis legal de las Comunidades y de la UE. También es un concepto fundamental desde el que abordar el debate sobre el “déficit democrático”. Cuestión amplia, compleja y profunda donde las haya. Lo dejamos, si os parece, para otra ocasión.

Referencias:

Borchardt, K. D. (2000). El ABC del Derecho Comunitario (5ª edición). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Commission of the European Communities. (1975). Report on European Union. (Bull. EC Suppl. N.º 5/75).

Commission of the European Communities. (1992). The principle of subsidiarity. Brussels, 27.10.1992. (SEC(92) 1990 final).

Elster, J. (1998). Deliberation and Constitution-Making. En J. Elster (Ed.), Deliberative Democracy (pp. 97-122). Cambridge: Cambridge University Press.

European Council. (1992). Conclusions of the Presidency, Lisbon, 26-27 June 1992 (Bull. EC 6-1992).

European Parliament. (1984). Resolution on the Draft Treaty establishing the European Union. (OJEC C 77, 19.03.1984, p. 53).

Habermas, J. (2001). ¿Por qué Europa necesita una constitución? New Left Review (edición española), No. 11, 5-25.

Louis, J.-V. (1995). El ordenamiento jurídico comunitario (5ª ed. corr. y aum.). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. (Trabajo original publicado en 1979).

Magnette, P. (2003). Does the process really matter? Some reflections on the “legitimating effect” of the European Convention. CES Working Paper Series #102. Cambridge, MA: Center for European Studies, Harvard University. Obtenido el 09.12.2006 desde http://www.ces.fas.harvard.edu/publications/docs/pdfs/Magnette2.pdf.

Majone, G. (2002). Evolución de las políticas e instituciones regulatorias en la Unión Europea. Foro Internacional, XLII(2), 331-349.

Mangas Martín, A., & Liñán Nogueras, D. J. (2006). Instituciones y Derecho de la Unión Europea (5ª ed. reimpr.). Madrid: Tecnos.

McBrien, R. P. (Ed.) (1995). The HarperCollins Encyclopaedia of Catholicism. New York: HarperCollins.

Siedentop, L. (2001). La democracia en Europa (A. Resines Rodríguez & H. Bevia Villalba, Trads.). Madrid: Siglo Veintiuno. (Trabajo original publicado en 2000).

Nota: Artículo reproducido en la Web de CELARE (Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa).

[1] La Comisión Europea se refiere al citado temor en su Informe sobre la Unión Europea de 1975: “No more than the the existing Communities have done so, European Union is not to give birth to a centralizing super-state. Consequently, and in accordance with the ‘principe de subsidiarité’, the Union will be given responsibility only for those matters which the Member States are no longer capable of dealing with efficiently.” (Commission of the European Communities, 1975).

Superar los déficits de información: primer escalón hacia la participación de la ciudadanía europea

Encarna Hernández Rodríguez

Servicio Audiovisual de la Comisión Europea
Logotipo del Servicio Audiovisual de la Comisión Europea

La construcción de la “Europa de los ciudadanos” pasa por ser un proceso de legitimación institucional a través de la apertura, el debate público, la inclusión social y la participación civil. El objetivo, en última instancia, es conseguir “implicar” a los ciudadanos europeos en un proyecto común que hasta ahora ha carecido en gran suma del interés y de la participación activa, consciente e informada de la ciudadanía comunitaria.

Las sucesivas encuestas de opinión llevadas a cabo por el Eurobarómetro durante las últimas décadas reflejan bajos niveles de auto-percibido conocimiento sobre la Unión en su conjunto, sobre los asuntos manejados a nivel europeo y sobre las propias Instituciones y órganos auxiliares que integran su sistema político. La falta de información es una barrera fundamental en lo que se refiere a la inclusión del ciudadano en el proceso de toma de decisiones.

Construir la “Europa de los ciudadanos” es una empresa que pasa por superar las barreras del “déficit de comunicación”: el debate sobre Europa debe basarse en un diálogo reforzado, a través de una comunicación centrada en el ciudadano y desde un punto de vista más descentralizado.

Tales axiomas son puestos en lid por la Comisión en 2006 a través del Libro Blanco sobre una política europea de comunicación, reivindicada como política comunitaria “por derecho propio”.

La Comisión establece en su Libro Blanco los principios fundamentales de una política de comunicación de la UE. La base de tal estrategia es el derecho de todos los ciudadanos europeos a tener acceso a una clara y completa información; tal información ha de estar ampliamente disponible, ser fácilmente accesible en todas las lenguas de la Unión y bajo una forma y contenidos comprensibles.

Del mismo modo, se afirma en el Libro Blanco, los procesos de decisión y la administración deben ser transparentes, abiertos y visibles tanto como sea posible. Los ciudadanos podrán, de este modo, ser capaces de escuchar y comparar diferentes opiniones y puntos de vista sobre los asuntos europeos. Por último, los ciudadanos y las asociaciones de la sociedad civil que les representan deberán disponer del derecho y de los medios para expresar sus puntos de vista y para que su voz sea escuchada.

Un estudio entre el público general realizado por el Eurobarómetro en 2006 (Flash EB 189a) concluye la existencia de un alto grado de consenso –que oscila entre el 96 % y el 98%- entre los ciudadanos comunitarios en torno a la necesidad de implementar cada uno de estos principios de la política europea de comunicación. El estudio mide igualmente las motivaciones que existen entre los ciudadanos de cara a ser informados sobre las políticas y asuntos de la UE. Como destacan los redactores del estudio, cualquier esfuerzo por incrementar el volumen de la información será inefectivo si de forma paralela no hay una audiencia receptiva.

El Libro Blanco de la Comisión hace hincapié no sólo en los principios que deben integrar una política europea de comunicación: tales principios suponen igualmente la base desde la que reforzar el debate y el diálogo dentro de una esfera pública europea.

El problema, como ya es sabido, es que no existe una esfera pública en la que se sustente la vida política europea más allá de las propias esferas nacionales. Los asuntos europeos son considerados por la mayor parte de la ciudadanía desde una perspectiva netamente nacional, en parte debido a la barrera lingüística, por lo que existen pocos foros de “encuentro” entre ciudadanos de diferentes Estados miembros en los que se discutan asuntos de “interés común”. Los redactores del texto insisten así en la idea de una Europa que encuentre “su lugar en las esferas públicas nacionales, regionales y locales existentes”, profundizando a su vez la discusión pública dentro de cada Estado miembro.

La necesidad de una esfera pública europea compartida constituye uno de los puntos de análisis del estudio del Eurobarómetro sobre la comunicación de la UE y los ciudadanos (Flash EB 189a, 2006). La medición se realiza a través de una lista de doce variables –“policy-relevant issues”- sobre las que los ciudadanos se muestran más o menos interesados en conocer si existen opiniones compartidas a tal efecto entre los ciudadanos de otros Estados miembros.

La conclusión a la que llega el estudio es que los ciudadanos europeos están especialmente interesados en que se desarrolle un debate a nivel europeo en torno a cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo (89 %),  por delante de otros tópicos como el suministro de energía, la creación de empleo o la tolerancia multicultural y la protección de los derechos humanos (84 %).

La correlación de los resultados obtenidos con otras variables relacionadas con las diferentes actitudes públicas hacia la Unión (apoyo, oposición e indecisión hacia la pertenencia a la UE; activa, mínima o ninguna participación política; valoración significativa o insignificante de la actividad de la UE en la vida cotidiana) muestra el importante rol jugado por estas últimas en relación a la mayor o menor intensidad del interés/necesidad por el desarrollo de una esfera comunicativa a nivel comunitario.

La cuestión de fondo de todo esto que venimos contando no es otra que un “déficit de información” que hace sin duda más visible y más profundo el archiconocido “déficit democrático” de la Unión. ¿Cómo pueden los ciudadanos determinar sus preferencias y realizar elecciones políticas a partir de la desinformación?

La medición realizada por el Eurobarómetro, a partir de datos subjetivos y objetivos, en relación al grado de conocimiento de los derechos que otorga el estatuto de la ciudadanía de la Unión, creado en Maastricht en 1992, nos ofrece una perspectiva poco optimista de una participación política “informada” en la arena comunitaria.

El balance de diez años de ciudadanía europea en la UE-15 que aporta el Eurobarómetro en 2002 (Flash EB 133) revela formidables brechas de conocimiento auto-percibido y evaluado de forma objetiva a través de porcentajes de respuestas correctas e incorrectas en relación a ítems verdaderos y falsos sobre la condición de ciudadano europeo y el haz de derechos que lleva aparejado.

En este sentido, aunque cerca del 90 % de los encuestados comprende la  noción de “ciudadanía dual”, es decir, conoce su condición de ciudadano europeo en adición a su propia nacionalidad, hay, sin embargo, cerca de un tercio de europeos que creen que es posible, si así lo desean, elegir no ser ciudadano de la UE.

El conocimiento de los derechos muestra síntomas deficitarios, especialmente en lo referente a una cierta confusión de los derechos políticos que otorga el estatus de la ciudadanía europea (en concreto, el derecho de voto/elegibilidad en las elecciones locales). En torno a un 40 % de los encuestados creen que otros ciudadanos europeos que residen en su país no pueden votar ni ser elegidos en las elecciones locales. Por su parte, alrededor de la mitad considera que la ciudadanía europea concede derechos en el ámbito electoral nacional. Por último, aunque cerca del 90 % de las respuestas aciertan en relación al derecho de los ciudadanos europeos a trabajar en cualquier Estado miembro de la UE, más de cuatro de cada diez encuestados creen que es necesario un permiso de trabajo para poder ejercer tal libertad.

En lo que se refiere a la percepción de la necesidad de información sobre tales derechos, un 76 % de los encuestados se considera poco o nada informado, mientras que el 22 % se considera suficientemente informado, aunque, dentro de ellos, el porcentaje de los que se sienten muy bien informados está próximo al cero (1%).

Tales datos muestran a las claras la realidad de una ciudadanía europea que a comienzos del siglo XXI es aún poco consciente de su condición, de sus derechos y de cómo y en qué arena ejercerlos.

¿Hemos mejorado desde entonces el conocimiento de nuestros derechos y deberes como ciudadanos europeos? Para comprobarlo, podemos echar un vistazo al último Eurobarómetro sobre la ciudadanía de la Unión (Flash EB Nº 213, 2008, February). Las conclusiones de este estudio determinan que, aunque la mayoría (cerca del 80 por ciento) de los ciudadanos comunitarios se muestra familiarizado con el concepto de “ciudadano de la UE”, tan sólo cerca de cada cuatro encuestados afirma conocer su significado, y menos de un tercio se considera bien informado acerca de sus derechos como ciudadano europeo.

En lo que se refiere a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, las brechas en el conocimiento son significativas: la mitad de los entrevistados nunca han oído hablar de ella. De poco sirve dar vigencia legal –como se ha hecho recientemente con la Carta en el Tratado de Lisboa- a nuevos instrumentos para la protección de los derechos fundamentales si éstos son absolutamente desconocidos para una gran parte de la ciudadanía.

Volvemos al principio: La construcción de la “Europa de los ciudadanos” pasa por ser un proceso de legitimación institucional a través de la apertura, el debate público, la inclusión social y la participación civil.