2014 ¿Las primeras elecciones “europeas”?

Este martes, la Comisión Europea nos sorprendía con el anuncio de una recomendación dirigida a los partidos políticos europeos en la que les pedía que designaran a su candidato a presidente de la Comisión en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en mayo de 2014. Barroso, actual jefe del Ejecutivo comunitario, hacía de este modo una interpretación amplía del art. 17.7 del Tratado de la Unión Europea, enmendado en la reforma de Lisboa, que establece una relación directa entre el resultado de las elecciones europeas y la elección del candidato a la presidencia de la Comisión.

European Commission President Barroso holds a news conference on the financial crisis in Brussels

Lo cierto es que ese artículo lo que aportaba, en principio, era una mayor intervención de la Eurocámara en el nombramiento del presidente de la Comisión, que no es “elegido” en sentido estricto por la Cámara, ya que es propuesto por los Estados miembros en el Consejo Europeo, teniendo que pasar el trámite del visto bueno de los eurodiputados. Pero, de algún, modo, este mecanismo reforzaba la legitimidad de su designación, al ser investido por la reelegida mayoría del Parlamento Europeo.

Con este anuncio, se da un paso más hacia el objetivo, siempre presente, de que sean los ciudadanos quienes elijan directamente al presidente del “Gobierno” de la UE. Con ello, se pretende, esencialmente, aumentar el atractivo y participación de los ciudadanos en una elección mermada por el escaso interés que despierta entre la ciudadanía. Todo ello en unos momentos especialmente difíciles como los que se viven en la UE, cuyas decisiones precisan más que nunca de la legitimidad que debe otorgarles la voluntad popular.

Unas elecciones de “segundo orden” 

La baja participación testada en sucesivas elecciones al Parlamento Europeo ha sido interpretada en relación a la propia naturaleza y características de estos comicios. La literatura sobre el tema es extensa (Weiler, Haltern & Mayer, 1995; Reif y Schmitt, 1980; Reif, 1985) y nos habla de una elección determinada tradicionalmente por la agenda política nacional; una suerte de examen a medio plazo para el partido nacional de turno que está en el poder. Es por ello que se las conoce como unas elecciones de “segundo orden”, es decir, de importancia menor a ojos de los partidos (que prefieren centrar la campaña en discursos más nacionales que de nivel europeo), de los medios de comunicación y del electorado, en comparación con las de “primer orden”, las elecciones nacionales.

La alta abstención que se registra en las elecciones europeas viene determinada, principalmente, porque sus resultados han tenido escasas consecuencias en el proceso político europeo, ya que no suponen un reparto de poder, es decir, la expectativa imprescindible de cambiar un Gobierno por otro o, como lo expresan Weiler y sus colegas: “to throw the scoundrels out”. La idea de alternancia es esencial en el juego democrático. Ello no ha existido en la UE. ¿Hasta ahora?

¿Las primeras elecciones “europeas” ?

No le falta a razón al Ejecutivo comunitario, cuando destaca que las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 “serán especialmente importantes para la UE”, porque la crisis económica y financiera precisa de una respuesta europea, así como avanzar para solventar los desajustes entre la política monetaria común y las políticas fiscales, avanzando hacia una Gobernanza Económica común. Pero, por fin los líderes europeos son conscientes de que todo avance hacia una mayor integración requerirá el apoyo y la participación de los ciudadanos. Los números rojos de la legitimidad democrática de la UE, antaño sorteados con acuerdos entre élites políticas ante el consenso pasivo de la ciudadanía, son ya insalvables en la situación actual.

Resulta curioso, en este punto, indagar en algunos estudios de opinión de citas electorales pasadas para darnos cuenta de en qué medida ha cambiado la situación en la UE en todo lo que concierne a las preocupaciones de los ciudadanos y su relación con los asuntos que se manejan desde Bruselas. Un Eurobarómetro pre-electoral del verano de 2004 nos mostraba que los ciudadanos europeos percibían un escaso impacto de las actividades de la UE en sus vidas, algo que, sin duda, restaba trascendencia a estos comicios, influyendo en la decisión de ir o no a votar. De dicho estudio se desprendía que la actividad y políticas de las instituciones nacionales, en primer lugar, seguidas de las regionales y locales, tenían un mayor impacto en la vida de los ciudadanos visiblemente por encima de la UE en su conjunto. Está claro que la crisis económica y la respuesta de la UE a esta crisis ha fulminado tales percepciones.

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Otro factor a tener en cuenta es que estamos ante los primeros comicios tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que incorporó reformas institucionales reseñables en lo que respecta a la democratización del proceso de toma de decisiones, con un Parlamento Europeo erigido por fin como poder legislativo a la altura del Consejo, con la extensión de la codecisión como “procedimiento legislativo ordinario”. Aunque lo cierto es que la experiencia nos ha enseñado que las consecuencias de estas reformas tienen sus “límites” si las analizamos desde la óptica de la percepción ciudadana.

A mayores poderes del Parlamento Europeo, mayor abstención 

Históricamente, la legitimidad que un Parlamento electo y reforzado en sus poderes en las sucesivas modificaciones de los Tratados ha  aportado al conjunto del sistema institucional comunitario está sin duda mermada por la baja participación en sucesivas citas electorales, un hecho ligado al escaso conocimiento que la ciudadanía en general ha tenido, y tiene, de tales avances “democráticos”. Lo cierto es que desde 1979 (fecha en que se elige por primera vez por sufragio universal la Eurocámara) hasta la fecha, las elecciones al Parlamento Europeo no hacen sino confirmar la negativa correlación entre el aumento de facultades del Parlamento y la progresiva baja participación en los comicios.

Paradójicamente, lejos de aquella idea que colocaba al Parlamento Europeo y su “empoderamiento” como el factor clave para aumentar la legitimidad de la UE, las elecciones europeas no han hecho sino aumentar la visibilidad del déficit democrático.

En 1979, cuando el Parlamento Europeo está dotado apenas con poderes de supervisión sobre la Alta Autoridad de la CECA y el derecho a enmendar una mínima parte del gasto comunitario, la participación llega al 63%. En el 89, después de que el Acta Única Europea introdujera los procedimientos de cooperación y de dictamen conforme y favorece el rol consultivo de la Cámara, la participación desciende dos puntos y medio respecto a las del 84, situándose en el 58,5%.

Las primeras elecciones tras el Tratado de Maastricht, celebradas en 1994, confirman la tendencia a la baja (56,8%), a pesar de ser la primera reforma de los Tratados en la que se decide equiparar la autoridad legislativa del Parlamento con la del Consejo en las quince materias a las que se aplica la codecisión. Aquí hay un elemento fundamental a tener en cuenta, que se explicita muy bien en los estudios europeos de opinión pública. En un Eurobarómetro posterior a la cita electoral, se recoge que solo el 37 % de los encuestados  conoce que el citado Tratado ha aumentado los poderes del Parlamento Europeo.

Las jornadas electorales de 1999, 2004 y 2009 ratifican la desconexión con la ciudadanía: la participación cae ya por debajo del umbral del 50 %.

¿Podemos esperar, entonces, que la reforma de Lisboa influya en alguna medida para aumentar la participación? Difícil poder afirmarlo, teniendo en cuenta, además, que el último Eurobarómetro confirma el desconocimiento persistente de los ciudadanos europeos, sin ir más lejos, sobre sus propios derechos de participación política, o de otro tipo, ligados al estatus de la Ciudadanía de la Unión.

Por lo tanto, cabe esperar que, a la hora de aumentar el interés por las elecciones europeas sea más importante pensar que estas elecciones pueden ser trascendentes para elegir al presidente de la Comisión Europea, y, por descontado, para decidir el modelo europeo de respuesta a la crisis económica, que, por primera vez, estará en la agenda de los partidos en la campaña, por encima de las clásicas disputas y circunstancias meramente nacionales.

Hablando de partidos políticos…

El “déficit” de partidos políticos europeos 

El desarrollo de partidos políticos verdaderamente transnacionales ha sido difícil dadas las circunstancias en las que se ha movido el proceso de integración y de toma de decisiones en la UE, donde ha primado el modelo intergubernamental, ya sea a través de las CIG o dentro del Consejo de Ministros. Ello ha tenido como resultado el refuerzo del papel de los Ejecutivos nacionales a costa del poder de influencia y de control de los parlamentos y de los partidos políticos. Ha faltado en este punto que los partidos ejerzan como vehículo para impulsar una genuina elección “europea” (véase en este mismo blog “Partidos políticos europeos, democracia y participación).

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El estatuto de los partidos políticos europeos está regulado por una norma de 2004, cuya renovación se viene impulsando desde el Parlamento Europeo con el objetivo de reforzar su marco legal en la legislación comunitaria, para dar mayor autenticidad a la condición transnacional de estos partidos, e impulsar un debate político verdaderamente europeo.

Precisamente en el día de ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo debatía un informe sobre este asunto, con las elecciones de 2014 en el punto de mira. El objetivo es que los partidos de la Eurocámara dejen de ser meros “paraguas” de sus matrices nacionales, dotándolos de personalidad jurídica en base al Derecho comunitario, con financiación más flexible y transparente, y un campo de actuación mayor, pudiendo participar en campañas de referendum sobre cuestiones que atañen a la UE.

¿Serán suficientes todos estos “impulsos” para que en 2014 podamos hablar, por primera vez, de elecciones “europeas”? 

Tendrán que confluir varios factores:

-La expectativa de alternancia política, con una verdadera correlación entre la voluntad popular expresada en las urnas y el presidente de la Comisión que junto a su equipo salga refrendado de la mayoría electa del Parlamento Europeo.

-El desarrollo de una campaña de dimensión europea centrada en cuestiones comunes que nos atañen a todos los europeos. Debate europeo frente a las clásicas riñas “domésticas”. En España, por ejemplo, lo comicios no deberían ser un examen para el Gobierno de Rajoy, sino para la visión de ajustes, recortes y contención del gasto impuesta desde Bruselas. Votamos por un modelo europeo para salir de la crisis, que debe ser el eje esencial del discurso de los partidos en la campaña. Los partidos políticos europeos deben pasar, por ello, el examen de su discurso y alcance transnacional.

-Por último, que, si se dan estos factores, los europeos seamos capaces de ver la trascendencia de nuestro voto para el desarrollo de nuestras vidas, eligiendo un modelo de Europa que se reflejará en las políticas que implementarán nuestros Gobiernos.

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El sí de Irlanda desde el prisma latinoamericano

Fuera de la UE hace mucho frío“. Así comienza un interesante artículo de Héctor Casanueva, Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE), y publicado en el diario chileno El Mostrador. La citada frase, que pertenece a un editorialista del diario El Mundo, es interpretada por el profesor Casanueva, al hilo del “sí” irlandés en segunda convocatoria, como la respuesta “a una toma de conciencia colectiva de la importancia de la integración en un mundo incierto, altamente competitivo y con nuevos desafíos globales“.

La unión latinoamericana también es objeto de análisis en el artículo. “¿Y cómo andamos por casa?” Se pregunta el articulista: pues aunque reconoce que no se pueden comparar ambos procesos por tratarse de realidades bien distintas, sí que se reconoce la necesidad de afrontar los mismos desafíos, retos que convierten el camino de la integración en “una necesidad evidente“.

La integración latinoamericana no tiene necesariamente que seguir el modelo comunitario, pero sí su ejemplo. Un ejemplo y unos avatares y acontecimientos que, como la ratificación de Lisboa en Irlanda, “no son en absoluto lejanos y deberían ser fuente de reflexión por estos lados“.

Tendremos tiempo de debatir más ampliamente estas cuestiones con el profesor Casanueva, ya que nos ha prometido una entrevista para este blog. Mientras tanto, y a modo de aperitivo, os invito a leer su excelente artículo: El sí de Irlanda y nuestra integración

Irlanda: el precio de un “Sí”

ENCARNA HERNÁNDEZ

¿Más soberanía o más Europa?
¿Más soberanía o más Europa?

Entre el Tratado de Maastricht y la reforma de Lisboa existen una serie de parecidos razonables. El primer paralelismo lo encontramos en la demora en la fecha de entrada en vigor del texto: ambos con más de un año de retraso. El segundo, relacionado con el primero, son una serie de obstáculos que trabaron la ratificación: los “noes” en dos referendos populares en sendos países miembros. El parecido más que razonable se corona con el precio de un “Sí” que se traduce en las denominadas “cláusulas de exención” (“opt-out”). El resultado, inevitable: una Unión en la que sus Estados miembros caminan a distintas velocidades en su grado de integración y cooperación, de solidaridad interestatal, de sacrificio compartido y de solidaridad mutua.

Allá por mediados de diciembre de 1992, en el Consejo Europeo de Edimburgo, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Europa de los “Doce” tenían encima de la mesa de negociación la urgente tarea de encontrar una solución al “problema danés”. Tal problema no era otro que el “no” registrado en el referendo popular del 2 de junio de ese mismo año, cuando los ciudadanos daneses declinaron la ratificación del Tratado de Maastricht.

En Edimburgo se decide dar respuesta a una serie de disposiciones del TUE definidas como problemáticas por el propio Gobierno danés y que fueron recogidas en un documento titulado “Dinamarca en Europa”. Tales problemáticos preceptos de Maastricht eran principalmente los siguientes: la dimensión de la política de defensa; la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM); la ciudadanía de la Unión; la cooperación en los ámbitos de Justicia e Interior, y la efectiva aplicación del principio de subsidiariedad.

La concesión, el precio de un “Sí”, tuvo lugar en ese mismo Consejo de Edimburgo, concediéndose a Dinamarca la citada “cláusula de exención” en diferentes aspectos que afectan al Tratado. Para empezar, Dinamarca no participaría en la moneda única (tercera y última fase de las previstas para alcanzar la plena UEM), y conservaría sus competencias en materia de política monetaria. Además, la participación danesa en la política de defensa en el marco de la UEO también se ve matizada; mientras que se aclara que la ciudadanía de la Unión no se concibe como sustitutiva de la ciudadanía nacional, siendo cada Estado miembro el que determina la posesión de la nacionalidad en virtud de sus leyes internas.

Tras el acuerdo, y con cambio de Gobierno incluido, el 18 de mayo de 1993, en una segunda consulta, los ciudadanos daneses ratifican finalmente el Tratado de Maastricht, con casi el 57 por ciento de votos a favor. En septiembre de 2000 (tras la adopción de la moneda única por parte de once Estados miembros en enero de 1999), el “no” de Dinamarca al euro queda finiquitado mediante referendo popular.

Aunque Dinamarca no fue la única que se desligó del compromiso de entrar en la moneda única. Además del protocolo danés, se anejó al Tratado otro protocolo relativo al Reino Unido e Irlanda del Norte: mientras que el primero somete la incorporación a la tercera fase de la UEM a un referendo popular, en el segundo queda sometida a una decisión del Parlamento.

Tanto Reino Unido como Irlanda se abstuvieron igualmente de participar en el Protocolo sobre la política social anejo al TUE. Este protocolo suponía una continuación a la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, de finales de los ochenta, y explicitaba, entre otras cosas, la mejora de las condiciones laborales a través de una protección social adecuada, fomentando el diálogo social, desarrollando un nivel de empleo adecuado y estable, así como la lucha contra las exclusiones en el terreno laboral.

El “opt-out” británico al protocolo social causó cierta confusión en una parte de la clase política del país, especialmente entre el Partido Laborista, que reclamaba más Europa social. Finalmente, el sector conservador liderado por el primer ministro J. Mayor salió reforzado en las elecciones generales de abril de 1992. Un año después, durante el verano de 1993, la Cámara de los Comunes, primero, y la de los Lores, después, ratificaron el Tratado.

La Europa social y la moneda única fueron las grandes perjudicadas de los envites soberanistas que se dieron cita en la ratificación de Maastricht. Algo más de dos décadas después hemos vuelto a comprobar el precio de un “sí”. Esta vez ha sido en Irlanda, cuyos ciudadanos ya fueron los protagonistas del sonado “no” a Niza, y que en esta ocasión han mantenido en vilo a Europa tras el rechazo a la ratificación de la reforma de Lisboa en la primavera de 2008.

Han sido muchos meses de “tira y afloja”, hasta que el pasado junio, en la reunión del Consejo, se ofrecieron a Irlanda las garantías sociales, militares y fiscales necesarias para asegurar una victoria del “sí” en una próxima consulta. Además de asegurarse el mantenimiento de un comisario, se concedieron a Irlanda garantías jurídicamente vinculantes relacionadas con su legislación en temas como el aborto, su neutralidad militar, no sujeta a ninguna alianza defensiva, los derechos sociales y su autonomía fiscal.

Bridget Laffan, of the Ireland For Europe campaign, celebrating the Yes side’s referendum victory in Dublin Castle on Saturday. Photograph: Brenda Fitzsimons
Bridget Laffan, of the Ireland For Europe campaign, celebrating the Yes side’s referendum victory in Dublin Castle on Saturday. Photograph: Brenda Fitzsimons

El “sí” llegó finalmente en el nuevo referendo celebrado el reciente 2 de octubre. ¿ Cuál es el precio de este “sí”? Tal vez, cuando dentro de unos años observemos este pasaje de la historia de la integración europea podamos ver las circunstancias que rodearon la ratificación de Lisboa desde una perspectiva más aventajada, como vemos hoy día la ratificación de Maastricht. Aunque nos tememos que el precio de un “sí” puede ser el mismo en Maastricht y en Lisboa: el objetivo, el ideal, de “más Europa”.

Tratado de Lisboa: una nueva Unión Europea

Encarna Hernández Rodríguez

El nuevo Tratado de reforma firmado en Lisboa el pasado 13 de diciembre de 2007, y que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2009 –previa ratificación en los Estados miembros-, modifica el Tratado de la Unión Europea (TUE), así como el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), que es renombrado como Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Las principales aportaciones que introduce la reforma operada en Lisboa tienen que ver con la configuración de una UE más democrática, con un funcionamiento institucional más eficaz, con mayor presencia en el mundo, con más solidaridad entre sus Estados miembros y con una definida estabilidad institucional. Nos encontramos también con una construcción europea que se consolida a partir de más derechos y libertades para los ciudadanos europeos, en un proyecto que se asienta sobre una serie de valores y principios comunes.

A la espera del segundo referendo en Irlanda, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, el objetivo de las siguientes líneas es hacer un somero repaso del contenido concreto de este nuevo paso histórico en la integración europea.

Placa conmemorativa de la firma del Tratado de Lisboa (13.12.2007) en el Monasterio de los Jerónimos de Belém (Lisboa)
Posando junto a la placa conmemorativa de la firma del Tratado de Lisboa (13.12.2007) en el Monasterio de los Jerónimos de Belém (Lisboa)

Principales aportaciones del nuevo Tratado: más democracia, más eficacia, mayor presencia en el mundo, solidaridad interestatal y estabilidad institucional

La configuración de una Unión Europea más democrática en Lisboa se asienta en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, se incrementan los poderes legislativos (papel de “co-legislador”, junto con el Consejo de la UE) y de control político, democrático y presupuestario del Parlamento Europeo: la codecisión se erige como “procedimiento legislativo ordinario” (art. 251 TFUE versión consolidada); a su vez, se determina una mayor intervención de la Eurocámara en el nombramiento de los miembros de la Comisión, estableciéndose, como principal novedad, una relación directa entre el resultado de las elecciones europeas y la elección del candidato a la presidencia de la Comisión, lo cual refuerza igualmente la legitimidad de su figura al ser investido por la reelegida mayoría en la Cámara.

En segundo término, se reconocen los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , que tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE), aunque su texto íntegro no se haya incluido en los mismos . En tercer lugar, favorece la democratización de la UE el hecho de que se determine una contribución más activa de los Parlamentos Nacionales al buen funcionamiento de la Unión (art. 12 TUE versión consolidada), previendo, además, su control al respeto de la Subsidiariedad a través del denominado “sistema de alerta temprana”, recogido en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad ; por último, se reconoce el derecho de iniciativa legislativa popular con la denominada iniciativa ciudadana europea, que requiere la firma de un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros (art. 11.4 TUE versión consolidada).

En Lisboa se decide también dotar de una mayor eficacia al funcionamiento institucional. Ello se ha conseguido a través de la extensión de la regla de la mayoría cualificada, con la denominada “Doble mayoría” (un total del 55% de los Estados Miembros y que representen al 65% de la población de la UE) a partir de 2014. Por otro lado, se establecen nuevas bases jurídicas para una política energética común, la lucha contra el cambio climático, la política espacial, la política de asilo e inmigración, así como las acciones para combatir el crimen y el terrorismo internacional (nuevos desafíos globales). Del mismo modo, la tan ansiada eficacia institucional pasa por la reducción de los miembros de la Comisión (el número de comisarios equivaldrá a dos tercios de los Estados miembros a partir de 2014). El Parlamento Europeo también verá reajustado su número de asientos en la próxima legislatura 2009-2014, con un máximo de 751 diputados, incluido el presidente de la Cámara.

Los líderes europeos apuestan definitivamente en Lisboa por una UE que tenga una mayor presencia en el mundo. Para ello se ha creado la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (denominado Ministro de Asuntos Exteriores en la Constitución europea). La dotación de personalidad jurídica única a la UE contribuirá también a este objetivo, refundiendo la estructura de “pilares” y, sobre todo, eliminando la dualidad entre CE/UE.

Por su parte, la “Cláusula de solidaridad” (art. 222 TFUE, versión consolidada) determina una Unión más solidaria entre sus miembros, con la obligación de solidaridad energética y en caso de ataque terrorista o catástrofe natural/humana.

El Tratado de reforma configura, a su vez, una arquitectura institucional más estable. Para empezar, se pone fin a las presidencias rotatorias del Consejo Europeo, previéndose unas presidencias estables por 2 años y medio , decidiéndose además la plena institucionalización del Consejo Europeo. Por su lado, el Alto Representante será el Jefe de la diplomacia europea, además de vice-presidente de la Comisión.

Una Unión de derechos, libertades y valores

La última reforma de los Tratados comunitarios operada en Lisboa consolida una visión de Europa constituida en derechos y valores, en la libertad de los ciudadanos europeos, la solidaridad entre los Estados miembros y en una mayor seguridad para todos.

En lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos, se amplían a través de la garantía de los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE –aprobada el 7 de diciembre de 2000-. La Carta, ya con equivalente valor legal que los Tratados (art. 6 TUE v.c.), dota a la Unión de un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Los derechos fundamentales son enunciados en los distintos capítulos de la Carta: dignidad humana; libertades; Igualdad; Solidaridad; Ciudadanía, y Justicia. Al mismo tiempo, el documento proclama otros derechos que no figuraban en el Convenio Europeo de 1950, tales como la protección de datos, la bioética y el derecho a una buena administración, además de consolidar todas aquellas medidas contra la discriminación de cualquier tipo.

Los valores fundamentales de la Unión Europea son proclamados en el artículo 2 del nuevo TUE:

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.”

El objetivo de la Unión es promover estos valores, además de la paz y el bienestar de sus pueblos (art. 3.1 TUE; ex art. 2), a los que se unen otros objetivos más específicos tales como el fomento de la justicia y la protección social, la lucha contra la exclusión social y la protección de los derechos del niño (art. 3.3 TUE, ex art. 2). La Unión apuesta también por elevar la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, en el marco de un crecimiento económico, progreso social, científico y técnico bajo los criterios de la sostenibilidad (ibid.).

A los citados valores democráticos y derechos de los ciudadanos se suma la consolidación de las cuatro libertades de los ciudadanos europeos; se establecen igualmente nuevos mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros, con la obligación de solidaridad energética y de actuación conjunta en caso de ataque terrorista o catástrofe natural o humana; se incide también en una mayor seguridad y protección de los ciudadanos frente a la delincuencia y el terrorismo, y en los campos de la protección civil, la ayuda humanitaria y la salud pública.

En lo que respecta a sus relaciones con el resto del mundo, la UE tiene por finalidad contribuir “a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional…” (art. 3.5 TUE, ex art. 2).

Tales fundamentos descritos en las líneas precedentes son los que inspiran a una Unión cuyos valores se han desarrollado a partir de la herencia cultural, religiosa y humanista europea hasta convertirse en universales. (Preámbulo TUE). Los derechos inviolables e inalienables de la persona, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho, son valores que se identifican con la herencia europea, pero que articulan también la mayoría de textos internacionales sobre derechos del Hombre, al tiempo que se convierten en vectores de legitimidad en la actuación de cualquier Gobierno de cualquier país del mundo.

Todos estos valores, principios, derechos y libertades alumbran un proyecto europeo que ha cumplido ya medio siglo en pos de una mayor prosperidad y libertad para las naciones y los ciudadanos europeos.

Lisboa debe suponer un gran paso adelante en el proyecto europeo: no es el paso decisivo que desde el punto de vista normativo –la definición explícita de esa “finalidad política” de la Unión- nos ofrecía el Tratado Constitucional, pero sí un “plan B” adecuado para que la maquinaria de la integración pueda seguir avanzando, y, por supuesto, para reformar un entramado institucional que fue diseñado para la “Pequeña Europa” de los Seis, pero que ahora debe servir eficazmente a una Unión de 27 Estados miembros y más de 500 millones de ciudadanos.