Un impuesto europeo

Encarna Hernández

Los cocineros económicos de Bruselas siguen dándole vueltas a las posibles recetas que se pueden aplicar para que la UE emprenda el camino de la salida de la crisis, pero haciéndolo de una manera reforzada, logrando mayor independencia frente a los Estados y más capacidad de maniobra presupuestaria. Sobre todo, este mes de agosto, las cuestiones fiscales y presupuestarias han añadido algo de picante a la receta de la recuperación económica: en medio del debate sobre la necesidad de austeridad en el próximo presupuesto de los 27, la propuesta del comisario Lewandowski de crear un nuevo impuesto europeo, que iría directamente a las arcas del presupuesto de Bruselas, ha desatado la polémica y el rechazo frontal de algunos Estados miembros. Otra vez más, la resistencia de las soberanías europeas a ceder competencias en materias clave, tales como las tributarias, choca con la idea de una auténtica gobernanza económica europea, en definitiva, con la utopía de «Más Europa».

Un impuesto paneuropeo. La propuesta de la Comisión, que se concretará en septiembre, no es otra que un nuevo régimen fiscal que consistiría en que se recaudaría el dinero para el presupuesto comunitario de forma directa y específica. Las opciones de recaudación serían, entre otras, un impuesto sobre el transporte aéreo, otro sobre las transacciones financieras, así como otra cantidad derivada de la subasta de emisiones de CO2. ¿Dónde irían a parar esos impuestos? Pues en tres direcciones de financiación: la lucha contra el cambio climático, desarrollo internacional y futuros e hipotéticos rescates bancarios. Y, en realidad, lo que está en el trasfondo de todo este asunto no es otra cosa que la manida y vieja cuestión de los «recursos propios», toda vez que la UE, en la actualidad, se financia en cerca de unas tres cuartas partes con las aportaciones directas que los Estados miembros realizan al presupuesto comunitario. En un principio, parecería que los países contribuyentes netos de la UE podrían estar a favor  de este tipo de medidas, de cara a reducir su contribución, pero un Estado como Alemania ya ha anunciado su frontal oposición. Tema delicado el de la transferencia de competencias soberanas en este tema.

¿Cómo se financia la UE? ¿De qué hablamos cuando hacemos alusión al tema de los recursos propios? Podríamos comenzar a explicarlo con un paralelismo, muy relacionado con la evolución en los poderes presupuestarios de una institución como el Parlamento Europeo. Tan sencillo como que en los años 70 la reforma del sistema de financiación de la Comunidad fue el momento preciso para dotar al PE de competencias en el proceso de adopción del presupuesto de la CE. Hasta 1970, la CE se financia a través de las contribuciones de los Estados miembros, aunque en el propio Tratado de Roma ya se prevé un periodo de transición hacia un sistema de «recursos propios» (art. 201 del Tratado CEE). A su vez, los Tratados presupuestarios de Luxemburgo (1970) y Bruselas (1975) establecen, respectivamente: la institucionalización de un sistema de «recursos propios» y la dotación de competencias presupuestarias al PE para la enmienda de los gastos de tipo «no obligatorio», así como la consolidación del rol de la Cámara en el proceso presupuestario, al otorgarle cuatro poderes más, tres relacionados con la adopción del presupuesto y otro sobre su implementación.

En una Decisión de 21 de abril de 1970, el Consejo de Ministros decide la financiación autónoma de la CEE mediante recursos propios “tradicionales” (derechos de aduana, recursos de origen agrícola y cotizaciones del azúcar) y recursos basados en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En 1988, el Consejo añade otro recurso basado en el PNB, que posteriormente se sustituye por el del RNB.

El pequeño presupuesto comunitario ( supone el 1 % del GNI de toda la UE), tiene, sin embargo, una gran repercusión en lo que se refiere al gasto en el sector agrícola y en fondos estructurales. La creación de un sistema de “recursos propios” es el corolario ineludible para hacer posible una Política Agrícola Común, reclamada sobre todo por una Francia que, irónicamente, es reacia en su momento a aceptar la otra forzosa consecuencia de la introducción de la PAC: dotar al Parlamento Europeo de ciertos poderes presupuestarios. El establecimiento de las “own resources” abre el debate acerca del control sobre la adopción e implementación del presupuesto comunitario, toda vez que los Parlamentos nacionales han perdido todo el poder sobre la distribución del mismo.

Finalmente, es la distinción introducida por Francia entre gastos “obligatorios” y “no obligatorios” la que marca el límite de los poderes presupuestarios del PE. Sobre los gastos “obligatorios” (aquellos que se derivan obligatoriamente del Tratado o de la normativa derivada de éste), el Parlamento sólo puede presentar propuestas de modificaciones, siendo el Consejo el que decide en última instancia. La Cámara tiene, por el contrario, poder de enmienda sobre los gastos “no obligatorios” (otros gastos, entre los que se incluye el gasto administrativo). La naturaleza de los gastos determina así el reparto de poder entre las dos Instituciones que constituyen la autoridad presupuestaria, dejando bajo control parlamentario alrededor de la mitad de la décima parte del gasto anual comunitario.

Con el proyecto de Constitución europea, y finalmente con el Tratado de Lisboa, se materializa la reforma del procedimiento presupuestario para eliminar la distinción entre gastos “obligatorios” (el Consejo tiene la última palabra) y “no obligatorios” (el Parlamento Europeo decide en última instancia), lo que determina, a su vez, la definitiva atribución a la Cámara de competencias de decisión sobre la totalidad del presupuesto anual. Y este esquema es el que primará para decidir sobre el presupuesto de 2011, sobre el que también hay desatada cierta polémica….

La crisis aprieta el cinturón del presupuesto comunitario. En un momento en el que los 27 se esfuerzan por implementar «espartanos» planes de ahorro para recortar del déficit, la propuesta de la Comisión de aumentar en un 5,7 % el presupuesto comunitario para 2011 no cayó muy bien entre los Estados miembros, especialmente entre un grupo de países, entre ellos Reino Unido, Holanda, Suecia o Dinamarca. Aunque aún debe debatirse en el Parlamento Europeo en otoño, los Estados pretenden que el presupuesto comunitario sólo se engorde, o incluso menos, en un 2,9 % más respecto del ejercicio anterior, lo que supone 3.600 millones de euros menos de lo propuesto por la Comisión, estancando el presupuesto de la UE en un total de 126.527 millones de euros.

Los recortes afectarán muy especialmente a dos de las principales partidas presupuestarias: los fondos de cohesión y la agricultura, precisamente en un momento en el que está sobre la mesa la futura revisión de ambas financiaciones. Los gastos administrativos, que suponen una ínfima parte del gasto comunitario, también sufrirán un importante recorte, algo que arroja aún más dudas sobre la puesta en marcha del servicio europeo de acción exterior.

Una cosa está clara: la UE debe apretarse el cinturón. El problema es cómo encajar esta premisa con la necesidad de acometer la aplicación de las previsiones de Lisboa y emprender la reforma en la financiación de la PAC (se habla de posible cofinanciación con ayudas directas), del mismo modo que la reformulación de la nueva política regional para que las ayudas lleguen más rápido a las regiones y su implementación sea más eficaz en tiempos de crisis. Como se suele decir: es el pez que se muerde la cola.

Más información:

EU Budget

Presupuesto de la UE

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