Europa se la juega en la negociación presupuestaria

Por Encarna Hernández

Foto: ©BELGA_imagebroker_Michaela Begsteiger

No hubo acuerdo. Los Gobiernos de los 27 y el Parlamento Europeo dieron por “rotas” las negociaciones sobre el presupuesto de la UE para 2011. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Suena algo frívolo, pero no podemos sino recurrir a la típica expresión de “se veía venir”. Se veía venir porque un bloque de Estados ya había manifestado su frontal oposición a algunos de los factores clave que se dan cita en esta nueva negociación presupuestaria.  Hablamos, en concreto, del nuevo papel jugado por el Parlamento Europeo tras Lisboa, y que reclama también su parte de protagonismo en la elaboración de marco presupuestario plurianual (2014-2020); de la necesidad o no de incrementar el presupuesto, y en qué cuantía; y, por último, de la polémica sobre la creación de impuestos “europeos” para asegurar la capacidad de movimiento y la autonomía de la UE.

No hubo acuerdo, pero, ¿podía haberlo? ¿Podía, puede, haber un punto medio entre dos visiones antagónicas del futuro de la integración europea? Por un lado, Más Europa, una UE con más autonomía, con más medios, donde el Parlamento Europeo (representante de la soberanía popular europea) y la Comisión (garante del interés común) sean los protagonistas e impulsen y tomen la decisiones. Frente a esa quimera, la cruda realidad: la Europa de los Estados, la Europa de las resistencias soberanistas, la Europa que no puede caminar con pasos comunes, ni hablar con una sola voz. La Europa de máximos frente a la Europa de mínimos.

Pero, pongámonos en situación. La polémica saltó en el mes de agosto cuando, el comisario Lewandowski adelantó la propuesta de la Comisión de crear nuevos impuestos “europeos” que irían directamente a las arcas del presupuesto de Bruselas. La Comisión era partidaria de un nuevo régimen fiscal que consistiría en que se recaudaría el dinero para el presupuesto comunitario de forma directa y específica. Las opciones de recaudación serían, entre otras, un impuesto sobre el transporte aéreo, otro sobre las transacciones financieras, así como otra cantidad derivada de la subasta de emisiones de CO2. La cuestión es simple: la UE precisa de más “recurso propios” para tener más capacidad de movimiento y más autonomía respecto a los Estados miembros, que son los que financian, a través de sus contribuciones, las tres cuartas partes del presupuesto comunitario.

David Cameron. Foto: EFE

También por estas fechas veraniegas se debatía sobre la propuesta de la Comisión de aumentar el presupuesto de 2011 en casi un 6% respecto al año anterior, algo que no gustó a algunos Estados, especialmente a Reino Unido, Holanda, Suecia o Dinamarca. Estos países defendían un mayor estancamiento presupuestario, en un momento en el que los 27 se esfuerzan por implementar “espartanos” planes de ahorro para recortar del déficit. Sin embargo, estos recortes tendrían serias consecuencias en la capacidad de la UE para implementar sus políticas y afectaría muy especialmente a la Política de Cohesión y a la PAC , así como nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior.

Pues bien, con estos antecedentes, llegó el debate otoñal en el Parlamento Europeo, y pasó lo que tenía que pasar: no hay acuerdo entre la Eurocámara y el Consejo. El citado bloque de países, se niega a considerar que la UE aumente sus recursos propios a través de impuestos “paneuropeos”, y tampoco acepta que el PE sea protagonista en la elaboración del nuevo marco presupuestario plurianual.

¿Qué consecuencias puede tener esta ruptura de negociaciones? Se habla incluso de ir prorrogando el presupuesto de la UE de forma mensual. Es decir, a través de acuerdos de mínimos. La clave, a partir del próximo lunes, cuando se reanudarán las negociaciones, es que el Consejo acepte, a cambio de la cesión del PE de congelar el gasto, un papel más activo de esta institución a la hora de negociar el marco presupuestario a partir de 2013.

La postura del Parlamento es más que lógica: reivindicar, de una vez por todas, en papel menos residual en las negociaciones donde se toman las grandes decisiones y estrategias de futuro de la Unión. Esto es dar verdadero poder a los ciudadanos, a través de los representantes que han elegido de forma directa y democrática. Esto es avanzar de verdad hacia la Europa de los Ciudadanos. Colocar al ciudadano, definitivamente, en el centro de todas y cada una de las políticas europeas.

Queda también por determinar, las consecuencias de la congelación del gasto para el futuro de políticas como la cohesión (cuya reforma a partir de 2014 es inminente) o para la puesta en marcha del nuevo cuerpo diplomático de la UE, sobre el que se ciernen serias dudas para su efectivo desarrollo sin la necesaria financiación. La conclusión es lógica: si la UE se propone unos objetivos ambiciosos de aquí a 2020, el presupuesto, los métodos de financiación y la capacidad de maniobra de la UE también deben ser vistos desde un prisma ambicioso. De lo contrario, la Europa 2020 y e incluso 2030 se quedarán en pura retórica. Europa se la juega en la negociación presupuestaria.

Más Información:

Comisión Europea – Presupuesto Link

Parlamento Europeo – Guía Básica sobre el Presupuesto de la UE Link

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Un impuesto europeo

Encarna Hernández

Los cocineros económicos de Bruselas siguen dándole vueltas a las posibles recetas que se pueden aplicar para que la UE emprenda el camino de la salida de la crisis, pero haciéndolo de una manera reforzada, logrando mayor independencia frente a los Estados y más capacidad de maniobra presupuestaria. Sobre todo, este mes de agosto, las cuestiones fiscales y presupuestarias han añadido algo de picante a la receta de la recuperación económica: en medio del debate sobre la necesidad de austeridad en el próximo presupuesto de los 27, la propuesta del comisario Lewandowski de crear un nuevo impuesto europeo, que iría directamente a las arcas del presupuesto de Bruselas, ha desatado la polémica y el rechazo frontal de algunos Estados miembros. Otra vez más, la resistencia de las soberanías europeas a ceder competencias en materias clave, tales como las tributarias, choca con la idea de una auténtica gobernanza económica europea, en definitiva, con la utopía de “Más Europa”.

Un impuesto paneuropeo. La propuesta de la Comisión, que se concretará en septiembre, no es otra que un nuevo régimen fiscal que consistiría en que se recaudaría el dinero para el presupuesto comunitario de forma directa y específica. Las opciones de recaudación serían, entre otras, un impuesto sobre el transporte aéreo, otro sobre las transacciones financieras, así como otra cantidad derivada de la subasta de emisiones de CO2. ¿Dónde irían a parar esos impuestos? Pues en tres direcciones de financiación: la lucha contra el cambio climático, desarrollo internacional y futuros e hipotéticos rescates bancarios. Y, en realidad, lo que está en el trasfondo de todo este asunto no es otra cosa que la manida y vieja cuestión de los “recursos propios”, toda vez que la UE, en la actualidad, se financia en cerca de unas tres cuartas partes con las aportaciones directas que los Estados miembros realizan al presupuesto comunitario. En un principio, parecería que los países contribuyentes netos de la UE podrían estar a favor  de este tipo de medidas, de cara a reducir su contribución, pero un Estado como Alemania ya ha anunciado su frontal oposición. Tema delicado el de la transferencia de competencias soberanas en este tema.

¿Cómo se financia la UE? ¿De qué hablamos cuando hacemos alusión al tema de los recursos propios? Podríamos comenzar a explicarlo con un paralelismo, muy relacionado con la evolución en los poderes presupuestarios de una institución como el Parlamento Europeo. Tan sencillo como que en los años 70 la reforma del sistema de financiación de la Comunidad fue el momento preciso para dotar al PE de competencias en el proceso de adopción del presupuesto de la CE. Hasta 1970, la CE se financia a través de las contribuciones de los Estados miembros, aunque en el propio Tratado de Roma ya se prevé un periodo de transición hacia un sistema de “recursos propios” (art. 201 del Tratado CEE). A su vez, los Tratados presupuestarios de Luxemburgo (1970) y Bruselas (1975) establecen, respectivamente: la institucionalización de un sistema de “recursos propios” y la dotación de competencias presupuestarias al PE para la enmienda de los gastos de tipo “no obligatorio”, así como la consolidación del rol de la Cámara en el proceso presupuestario, al otorgarle cuatro poderes más, tres relacionados con la adopción del presupuesto y otro sobre su implementación.

En una Decisión de 21 de abril de 1970, el Consejo de Ministros decide la financiación autónoma de la CEE mediante recursos propios “tradicionales” (derechos de aduana, recursos de origen agrícola y cotizaciones del azúcar) y recursos basados en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En 1988, el Consejo añade otro recurso basado en el PNB, que posteriormente se sustituye por el del RNB.

El pequeño presupuesto comunitario ( supone el 1 % del GNI de toda la UE), tiene, sin embargo, una gran repercusión en lo que se refiere al gasto en el sector agrícola y en fondos estructurales. La creación de un sistema de “recursos propios” es el corolario ineludible para hacer posible una Política Agrícola Común, reclamada sobre todo por una Francia que, irónicamente, es reacia en su momento a aceptar la otra forzosa consecuencia de la introducción de la PAC: dotar al Parlamento Europeo de ciertos poderes presupuestarios. El establecimiento de las “own resources” abre el debate acerca del control sobre la adopción e implementación del presupuesto comunitario, toda vez que los Parlamentos nacionales han perdido todo el poder sobre la distribución del mismo.

Finalmente, es la distinción introducida por Francia entre gastos “obligatorios” y “no obligatorios” la que marca el límite de los poderes presupuestarios del PE. Sobre los gastos “obligatorios” (aquellos que se derivan obligatoriamente del Tratado o de la normativa derivada de éste), el Parlamento sólo puede presentar propuestas de modificaciones, siendo el Consejo el que decide en última instancia. La Cámara tiene, por el contrario, poder de enmienda sobre los gastos “no obligatorios” (otros gastos, entre los que se incluye el gasto administrativo). La naturaleza de los gastos determina así el reparto de poder entre las dos Instituciones que constituyen la autoridad presupuestaria, dejando bajo control parlamentario alrededor de la mitad de la décima parte del gasto anual comunitario.

Con el proyecto de Constitución europea, y finalmente con el Tratado de Lisboa, se materializa la reforma del procedimiento presupuestario para eliminar la distinción entre gastos “obligatorios” (el Consejo tiene la última palabra) y “no obligatorios” (el Parlamento Europeo decide en última instancia), lo que determina, a su vez, la definitiva atribución a la Cámara de competencias de decisión sobre la totalidad del presupuesto anual. Y este esquema es el que primará para decidir sobre el presupuesto de 2011, sobre el que también hay desatada cierta polémica….

La crisis aprieta el cinturón del presupuesto comunitario. En un momento en el que los 27 se esfuerzan por implementar “espartanos” planes de ahorro para recortar del déficit, la propuesta de la Comisión de aumentar en un 5,7 % el presupuesto comunitario para 2011 no cayó muy bien entre los Estados miembros, especialmente entre un grupo de países, entre ellos Reino Unido, Holanda, Suecia o Dinamarca. Aunque aún debe debatirse en el Parlamento Europeo en otoño, los Estados pretenden que el presupuesto comunitario sólo se engorde, o incluso menos, en un 2,9 % más respecto del ejercicio anterior, lo que supone 3.600 millones de euros menos de lo propuesto por la Comisión, estancando el presupuesto de la UE en un total de 126.527 millones de euros.

Los recortes afectarán muy especialmente a dos de las principales partidas presupuestarias: los fondos de cohesión y la agricultura, precisamente en un momento en el que está sobre la mesa la futura revisión de ambas financiaciones. Los gastos administrativos, que suponen una ínfima parte del gasto comunitario, también sufrirán un importante recorte, algo que arroja aún más dudas sobre la puesta en marcha del servicio europeo de acción exterior.

Una cosa está clara: la UE debe apretarse el cinturón. El problema es cómo encajar esta premisa con la necesidad de acometer la aplicación de las previsiones de Lisboa y emprender la reforma en la financiación de la PAC (se habla de posible cofinanciación con ayudas directas), del mismo modo que la reformulación de la nueva política regional para que las ayudas lleguen más rápido a las regiones y su implementación sea más eficaz en tiempos de crisis. Como se suele decir: es el pez que se muerde la cola.

Más información:

EU Budget

Presupuesto de la UE

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