Un impuesto europeo

Encarna Hernández

Los cocineros económicos de Bruselas siguen dándole vueltas a las posibles recetas que se pueden aplicar para que la UE emprenda el camino de la salida de la crisis, pero haciéndolo de una manera reforzada, logrando mayor independencia frente a los Estados y más capacidad de maniobra presupuestaria. Sobre todo, este mes de agosto, las cuestiones fiscales y presupuestarias han añadido algo de picante a la receta de la recuperación económica: en medio del debate sobre la necesidad de austeridad en el próximo presupuesto de los 27, la propuesta del comisario Lewandowski de crear un nuevo impuesto europeo, que iría directamente a las arcas del presupuesto de Bruselas, ha desatado la polémica y el rechazo frontal de algunos Estados miembros. Otra vez más, la resistencia de las soberanías europeas a ceder competencias en materias clave, tales como las tributarias, choca con la idea de una auténtica gobernanza económica europea, en definitiva, con la utopía de “Más Europa”.

Un impuesto paneuropeo. La propuesta de la Comisión, que se concretará en septiembre, no es otra que un nuevo régimen fiscal que consistiría en que se recaudaría el dinero para el presupuesto comunitario de forma directa y específica. Las opciones de recaudación serían, entre otras, un impuesto sobre el transporte aéreo, otro sobre las transacciones financieras, así como otra cantidad derivada de la subasta de emisiones de CO2. ¿Dónde irían a parar esos impuestos? Pues en tres direcciones de financiación: la lucha contra el cambio climático, desarrollo internacional y futuros e hipotéticos rescates bancarios. Y, en realidad, lo que está en el trasfondo de todo este asunto no es otra cosa que la manida y vieja cuestión de los “recursos propios”, toda vez que la UE, en la actualidad, se financia en cerca de unas tres cuartas partes con las aportaciones directas que los Estados miembros realizan al presupuesto comunitario. En un principio, parecería que los países contribuyentes netos de la UE podrían estar a favor  de este tipo de medidas, de cara a reducir su contribución, pero un Estado como Alemania ya ha anunciado su frontal oposición. Tema delicado el de la transferencia de competencias soberanas en este tema.

¿Cómo se financia la UE? ¿De qué hablamos cuando hacemos alusión al tema de los recursos propios? Podríamos comenzar a explicarlo con un paralelismo, muy relacionado con la evolución en los poderes presupuestarios de una institución como el Parlamento Europeo. Tan sencillo como que en los años 70 la reforma del sistema de financiación de la Comunidad fue el momento preciso para dotar al PE de competencias en el proceso de adopción del presupuesto de la CE. Hasta 1970, la CE se financia a través de las contribuciones de los Estados miembros, aunque en el propio Tratado de Roma ya se prevé un periodo de transición hacia un sistema de “recursos propios” (art. 201 del Tratado CEE). A su vez, los Tratados presupuestarios de Luxemburgo (1970) y Bruselas (1975) establecen, respectivamente: la institucionalización de un sistema de “recursos propios” y la dotación de competencias presupuestarias al PE para la enmienda de los gastos de tipo “no obligatorio”, así como la consolidación del rol de la Cámara en el proceso presupuestario, al otorgarle cuatro poderes más, tres relacionados con la adopción del presupuesto y otro sobre su implementación.

En una Decisión de 21 de abril de 1970, el Consejo de Ministros decide la financiación autónoma de la CEE mediante recursos propios “tradicionales” (derechos de aduana, recursos de origen agrícola y cotizaciones del azúcar) y recursos basados en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En 1988, el Consejo añade otro recurso basado en el PNB, que posteriormente se sustituye por el del RNB.

El pequeño presupuesto comunitario ( supone el 1 % del GNI de toda la UE), tiene, sin embargo, una gran repercusión en lo que se refiere al gasto en el sector agrícola y en fondos estructurales. La creación de un sistema de “recursos propios” es el corolario ineludible para hacer posible una Política Agrícola Común, reclamada sobre todo por una Francia que, irónicamente, es reacia en su momento a aceptar la otra forzosa consecuencia de la introducción de la PAC: dotar al Parlamento Europeo de ciertos poderes presupuestarios. El establecimiento de las “own resources” abre el debate acerca del control sobre la adopción e implementación del presupuesto comunitario, toda vez que los Parlamentos nacionales han perdido todo el poder sobre la distribución del mismo.

Finalmente, es la distinción introducida por Francia entre gastos “obligatorios” y “no obligatorios” la que marca el límite de los poderes presupuestarios del PE. Sobre los gastos “obligatorios” (aquellos que se derivan obligatoriamente del Tratado o de la normativa derivada de éste), el Parlamento sólo puede presentar propuestas de modificaciones, siendo el Consejo el que decide en última instancia. La Cámara tiene, por el contrario, poder de enmienda sobre los gastos “no obligatorios” (otros gastos, entre los que se incluye el gasto administrativo). La naturaleza de los gastos determina así el reparto de poder entre las dos Instituciones que constituyen la autoridad presupuestaria, dejando bajo control parlamentario alrededor de la mitad de la décima parte del gasto anual comunitario.

Con el proyecto de Constitución europea, y finalmente con el Tratado de Lisboa, se materializa la reforma del procedimiento presupuestario para eliminar la distinción entre gastos “obligatorios” (el Consejo tiene la última palabra) y “no obligatorios” (el Parlamento Europeo decide en última instancia), lo que determina, a su vez, la definitiva atribución a la Cámara de competencias de decisión sobre la totalidad del presupuesto anual. Y este esquema es el que primará para decidir sobre el presupuesto de 2011, sobre el que también hay desatada cierta polémica….

La crisis aprieta el cinturón del presupuesto comunitario. En un momento en el que los 27 se esfuerzan por implementar “espartanos” planes de ahorro para recortar del déficit, la propuesta de la Comisión de aumentar en un 5,7 % el presupuesto comunitario para 2011 no cayó muy bien entre los Estados miembros, especialmente entre un grupo de países, entre ellos Reino Unido, Holanda, Suecia o Dinamarca. Aunque aún debe debatirse en el Parlamento Europeo en otoño, los Estados pretenden que el presupuesto comunitario sólo se engorde, o incluso menos, en un 2,9 % más respecto del ejercicio anterior, lo que supone 3.600 millones de euros menos de lo propuesto por la Comisión, estancando el presupuesto de la UE en un total de 126.527 millones de euros.

Los recortes afectarán muy especialmente a dos de las principales partidas presupuestarias: los fondos de cohesión y la agricultura, precisamente en un momento en el que está sobre la mesa la futura revisión de ambas financiaciones. Los gastos administrativos, que suponen una ínfima parte del gasto comunitario, también sufrirán un importante recorte, algo que arroja aún más dudas sobre la puesta en marcha del servicio europeo de acción exterior.

Una cosa está clara: la UE debe apretarse el cinturón. El problema es cómo encajar esta premisa con la necesidad de acometer la aplicación de las previsiones de Lisboa y emprender la reforma en la financiación de la PAC (se habla de posible cofinanciación con ayudas directas), del mismo modo que la reformulación de la nueva política regional para que las ayudas lleguen más rápido a las regiones y su implementación sea más eficaz en tiempos de crisis. Como se suele decir: es el pez que se muerde la cola.

Más información:

EU Budget

Presupuesto de la UE

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Veinticinco años construyendo Europa

Encarna Hernández

Hace ahora 25 años, el Salón de las Columnas del Palacio Real de Madrid acogió la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE. Un hecho histórico para un país que aspiraba a hacerse un hueco en el escenario europeo y mundial tras décadas de aislamiento internacional. Para los españoles, subirse al tren de Europa era subirse al tren de la prosperidad y del crecimiento económico, al tren de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad. Europa era el tren de las oportunidades

No deja de ser curioso que compartamos conmemoración con Portugal. Ambos estamos ahora en el punto de mira, 25 años después, en la más grave crisis económica que se recuerda desde que se puso en marcha la integración europea. La crisis de la zona euro ha provocado muchos interrogantes: ¿ha reaccionado tarde la UE? ¿ha habido falta de previsión? ¿existe una solidaridad europea? ¿hay desajustes entre la integración económica y la política? ¿han fallado los mecanismos de supervisión? Y así hasta un sinfín de preguntas.

Puente sobre el Río Nalon, Langreo, Asturias. Con fodos FEDER. Foto: Comisión Europea

En estos 25 años también han tenido lugar un sinfín de hitos, cosas por las que, como afirmaba ayer el ex presidente González, “Europa mereció la pena”. Se me ocurren algunas ahora, y seguro que me dejo muchas otras. Cosas como poder votar a nuestros representantes en el Parlamento Europeo; poder viajar por Europa sin pasaporte; estudiar o trabajar en otro país con una beca Erasmus o Leonardo; la prosperidad que han traído los más de 100.000 millones de euros (aún somos beneficiario neto) de los fondos estructurales y de cohesión, gracias a los que disponemos de mejores estructuras, servicios y más puestos de trabajo; la moneda única; disfrutar de protección diplomática de cualquier embajada de un país miembro fuera de las fronteras de la UE; los muchísimos avances que ha embebido nuestra legislación en materias como la protección del medio ambiente o los derechos de los consumidores desde los reglamentos o las directivas europeas; sin olvidar las otras tres libertades, de mercancías, servicios y capitales.

Quería centrarme en los derechos porque si algo nos ha ofrecido la UE a los ciudadanos de los Estados miembros, y por ende a los españoles, es precisamente un abanico de derechos asociados al estatus de ciudadano de la Unión. Precisamente, la configuración definitiva del haz de derechos que componen actualmente la Ciudadanía de la Unión Europea recibió un impulso clave con la propuesta realizada por la delegación española en las negociaciones de Maastricht, previa carta del presidente González al presidente del Consejo. Quizá éste es uno de los hitos de nuestra aportación a la integración europea, por lo que merece la pena recordarlo en este 25 aniversario, toda vez que materializa con una propuesta específica y completa para incluir en el Tratado toda una serie de intentos y avances anteriores.

Se puede ya hablar de “germen” de derechos de ciudadanía europea con el Tratado de Roma, que introduce la libre circulación de personas, aunque se trata de derechos y libertades asociados al acceso al Mercado Común, y por tanto, las personas aún son contempladas en el derecho comunitario como sujetos económicos. Después, durante los años 70, comienza a gestarse la idea de forma más sólida: se prevé la creación de un pasaporte común (al final se quedó, tras su puesta en circulación en 1985, en un diseño uniforme), se formulan algunos de los entonces denominados “derechos especiales” y se viene insistiendo en la necesidad de establecer el sufragio universal para la elección del Parlamento Europeo. De los 70 data también el famoso Informe Tindemans (1975) que esboza ya algunos derechos que integrarían el estatus de la ciudadanía de la Unión. Y sería el 1976 cuando se establece el sufragio universal directo para las elecciones al PE (Acta Electoral de 20 de septiembre).

Imagen de archivo de Spinelli en el Parlamento Europeo. Foto: PE

Los años 80 recibirían el impulso decisivo del Comité liderado por Adonnino (People’s Europe). En el informe presenteado en el Consejo Europeo de Milán, en junio de 1985, anticipa ya algunos derechos como la libre circulación generalizada a todos los ciudadanos, el derecho de voto activo y pasivo, o la protección diplomática y consular. Un año antes, el proyecto de Tratado sobre la Unión Europea (Proyecto Spinelli, 14 de ferbero 1984) propone crear una ciudadanía de la UE sujeta a la nacionalidad de un Estado miembro. El proyecto, aprobado en la Eurocámara, fue tumbado por el Consejo.

Después llegaron las directivas de los 90 sobre movilidad de personas inactivas laborales (estudiantes, jubilados, etc), y finalmente, la propuesta española en la conferencia política de Maastricht. El memorando español, titulado “Hacía una ciudadanía europea” (Ver el documento publicado en 1991 en Revista de Instituciones Europeas) propone un concepto de ciudadanía “dinámico y evolutivo”, en consonancia con un proceso de integración europea también dinámico y que avanza hacia un “objetivo final”. Ese objetivo final no puede ser otro que la Unión Política Europea.

En la propuesta española, el status civitatis de la ciudadanía de la Unión debía incluir: los derechos especiales básicos (libre circulación plena, libre elección de residencia y participación política en el lugar de residencia); en segundo lugar, aquellos derechos que se derivan del desarrollo dinámico de la Unión (es decir, de nuevas competencias transferidas a la Comunidad en materias como sanidad, la educación, la cultura, el consumo, el medio ambiente…); en tercer lugar, los derechos del ciudadano fuera de las fronteras de la UE (protección diplomática y consular), así como la denominada tutela de los ciudadanos (el derecho a acudir al defensor del pueblo europeo en casos de mala administración por parte de una institución u órgano de la UE).

Y así, básicamente, quedó configurada la ciudadanía de la UE en el Tratado de Maastricht, y así la conocemos hoy, con la salvedad de la pequeña modificación incorporada en Amsterdam en 1997, cuando se aclara que se trata de una ciudadanía “complementaria” y no “sustitutiva” de la ciudadanía nacional, y cuando además se añade el derecho a acceder a los documentos de las instituciones europeas. El Tratado de Lisboa no introdujo modificaciones a este estatus, aunque queda pendiente mejorar el acceso a los derechos políticos de los residentes extracomunitarios.

En definitiva, los españoles podemos sentirnos orgullosos de haber aportado un grano de arena importante para crear la ciudadanía de la UE, y de formar parte de un proyecto que nos ha ayudado a prosperar y a profundizar en nuestra democracia y en los derechos de las personas.

Las conmemoraciones sirven, como afirmaba antes, para repasar y hacer balance, y la balanza se inclina, sin duda, hacia el lado positivo. Todo ello a pesar de la crisis, y de que ese “a pesar” pese mucho. Felipe González afirmó ayer, ante la pregunta de un periodista, que aún en momentos de crisis, “queremos más y mejor Europa”. No podemos estar más de acuerdo. Ojalá los líderes europeos estén también de acuerdo y se pongan el mono de trabajo.

60 Aniversario de la Declaración Schuman

Un 9 de mayo, hace ahora 60 años, los políticos franceses Jean Monnet y Robert Schuman, leían en el Salón del Reloj del edificio que alberga el Ministerio de Asuntos Exteriores galo una declaración de intenciones que cambiaría para siempre el destino del Continente europeo. La Declaración Schuman fue el pistoletazo de salida a la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter supranacional, en la que por primera vez los Estados soberanos cedían competencias a un órgano de nuevo cuño: la primigenia Comisión Europea.

El próximo domingo se celebra el 60 aniversario del aquel hecho histórico. La maquinaria de la integración no ha parado desde entonces: 27 Estados miembros que han cedido cada vez más soberanía, 500 millones de habitantes, un Parlamento con amplios poderes legislativos, elegido democráticamente en la mayor elección transnacional conocida, y unos valores que persisten en el tiempo: la paz, la prosperidad, la democracia, los derechos humanos…

El plan de Monnet y Schuman trazaba las líneas maestras de la reconciliación y de la prosperidad europea: avanzar en la cooperación a través de pequeños pasos, en áreas concretas, a través de una integración pausada, inteligente y con un horizonte común: la Europa federal. Ambos se ganaron a pulso ser considerados los “Padres de Europa” y, la conmemoración de aquella fecha, 9 de mayo, jornada de celebración para todos los europeos.

Como la ocasión bien lo merece, antes de dejaros algunos vídeos conmemorativos al final del post, reproduzco aquí un pequeño texto sobre la Declaración Schuman, en clave de análisis histórico y político, que escribí hace algún tiempo. Los hechos que precedieron a la declaración Schuman y los intríngulis de dicho texto son de sobra conocidos por muchos ciudadanos, pero nunca está demás recordarlos, pues la esencia de dicha declaración alumbra todavía el devenir y los objetivos de la construcción europea.

La Declaración Schuman: el giro definitivo hacia la “vía comunitaria”

Los primeros intentos de construir Europa según el modelo federal –en torno a la vieja idea de los “Estados Unidos de Europa”- resultan infructuosos[1]. También la espectacular Conferencia de la Haya, celebrada entre el 7 y el 10 de mayo de 1948, y conocida como el “Congreso de Europa”, está especialmente marcada por el desacuerdo entre la apuesta por una “Unión” o por una “Federación”. A pesar de que en los trabajos preparatorios del Congreso aparece por primera el concepto de “supranacionalidad” para referirse a la transferencia de derechos soberanos[2], el impulso del los movimientos federalistas[3] queda desvirtuado por la creación, el 5 de mayo de 1949, del Consejo de Europa. Tal organización, a la que si bien se le atribuye un papel importante en el marco de la acción europeísta, especialmente como “instrumento eficaz de la  promoción de un verdadero derecho común europeo”[4] (Truyol y Serra, 1999: 41), representa, sin embargo, un ejemplo de simple órgano de cooperación entre Estados, privado de poderes y perspectivas futuras reales (Isaac, 1983/1991: 15).

Como señala Truyol y Serra, el insatisfactorio resultado del Consejo de Europa y la resistencia británica –de verdadero “retroceso”- lleva a los europeístas más decididos a acotar al ámbito del proceso de integración europea: la “Europa Unida” tendrá que ser la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, construida a través de un método de integración “funcional” e integrada por instituciones “especializadas” (Truyol y Serra, 1999: 41). El Plan Schuman supone así la definitiva renovación en la forma en como se aborda hasta entonces la cuestión de la construcción europea, iniciando de forma definitiva la denominada “vía comunitaria” (Isaac, 1983/1991: 15).

Tal “giro” decisivo tiene lugar el 9 de mayo de 1950: en un verdadero ambiente de prestigio, el Salón del Reloj del edificio Quai d’Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores francés,  Robert Schuman[5] -que pone la voz a una declaración que pasará a la historia con su nombre- y Jean Monnet[6] -auténtico inspirador de aquel plan- comparecen ante más de 200 periodistas para hacer pública una declaración de intenciones que cambiará la historia del Continente europeo. Tras recordar, en primer lugar, que la paz mundial sólo podrá salvaguardarse con una Europa unida, Schuman dibuja la puesta en marcha de la maquinaria de la construcción europea, sobre la base del establecimiento de una solidaridad de hecho entre Francia y Alemania en el sector concreto del carbón y del acero:

El gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa. (…). La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra en Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible.” (Declaración Schuman, 1950).

La elección de un método “funcionalista” como mecanismo de integración responde a un “pragmatismo prudente” (Isaac, 1983/1991: 15-16) frente a la imposibilidad de concretar una unión política bajo la forma federal ante la resistencia de las soberanías nacionales: “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.” (Declaración Schuman, 1950).

La Declaración descarta una construcción global en pos de una integración por sectores, a la par que la integración política en pos de la integración económica, sentando primero unas bases comunes de desarrollo económico. Como recuerda Isaac, la unificación política se hará de forma implícita: “se desprendería de la solidaridad de hecho, de la fusión de intereses”. Así, el proceso de unificación económica arrastrará a las naciones dentro de un “sistema de engranaje” que camina hacia la Europa política (Isaac, 1983/1991: 16). Schuman y Monnet proponen de este modo “la creación de una comunidad económica” que “introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda”, estableciendo las “primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz.” (Declaración Schuman, 1950).

El “funcionalismo”, como técnica normativa antes que como teoría de la integración (Mattli, 1999: 23), responde así claramente a la lógica de “peace by pieces” (Schuman, 1954: 314): la cooperación funcional no comienza en el área política, sino desde lo que se denomina el área de “low-politics” en el terreno económico y social. La prosperidad alcanzada a través de la integración económica es la garantía de un sistema internacional estable y pacífico, en un proceso que conducirá en última instancia hacia la unificación política (Mattli, 1999: 22-23).

La proposición francesa es aceptada por cinco Estados[7] (Alemania, Italia y los tres del Benelux: Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), que comienzan a negociar un Tratado que se firma finalmente en París, el 18 de abril de 1951. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)[8] pone en marcha la creación de un “mercado común” para el carbón, el mineral de hierro, la chatarra y el acero, dentro de un marco de libre circulación y libre competencia.

Comienza así la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad de la CECA, germen de la actual Comisión Europea.

Documentos

Algunos vídeos sobre el aniversario…


[1] Recuérdese el famoso discurso de Aristide Briand ante la Sociedad de Naciones sobre un proyecto de Federación europea, el 5 de septiembre de 1929, y el posterior “Memorándum Briand” sobre la organización de una federación europea, de mayo de 1930.

[2] « Il s’agit d’une idée dans laquelle nous n’avons pas de confiance pour les mêmes raisons qui empêchèrent M. Churchill d’avoir confiance dans la S.d.N dès sa constitution et qui nous empêchent de considérer sérieusement des propositions pour l’unification des marchés, pour la limitation des armements, pour la création de tribunaux et d’une police internationale, lorsqu’elles ne sont pas en corrélation à des précises limitations de souverainetés nationales, par le transfert des pouvoirs correspondants à un organisme supranational ». (Mémorandum sur la préparation du Congrès de La Haye, 22 janvier 1948).

[3] Entre las Resoluciones emanadas de la Conferencia de la Haya véase especialmente el “Mensajes a los europeos”, preparado por el federalista suizo D. de Rougemont (Congress of Europe, 1948a), y la “Resolución de la Comisión Política” (Congress of Europe, 1948b), en las que se insta a los Estados europeos a transferir parte de sus derechos soberanos de cara a asegurar una acción económica y política común; igualmente se reclama la creación  de una Asamblea europea; la adopción de una Carta de Derechos Humanos, y el establecimiento de una Corte de Justicia que garantice la implementación de la Carta con las adecuadas sanciones.

[4] Sirvan como buenos ejemplos el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, sus Protocolos adicionales, o la Carta social europea, acordada en Turín el 18 de octubre de 1961.

[5] Ministro francés de Asuntos Exteriores.

[6] Encargado del Comisionado General de Planificación.

[7] Gran Bretaña, por el contrario, desestima el ofrecimiento.

[8] El Tratado de la CECA entra en vigor el 24 de julio de 1952, por un periodo de 50 años, que expira el 23 julio de 2002.

En los albores de la cooperación europea… I. La Conferencia de la Haya: “unionistas vs. federalistas”

European flag on metal scaffolding background CE | | P-002746/00-4 | 1999
Construyendo Europa

“‘United Europe’ is a phrase meaning many things to many men. To some it implies the creation of a full-fledged federation of the  independent States of Western Europe, either the Six of ‘Schumania’  or the Fifteen of the Council of Europe. To others the phrase means no more than the desirability of creating a loose concert or confederation.” (Haas, 1958: xi).

Con esta cita comienza el clásico ensayo de E. B. Haas sobre el proceso de la integración europea. Y en estas palabras se resume también una dicotomía que marca el desarrollo de la idea europeísta antes y después de las Guerras Mundiales. Algunos -continúa Haas-, ven en la “Europa unida” una garantía para el renacimiento político, económico y cultural del Viejo Continente, susceptible de ser eclipsado por los EEUU, el mundo soviético, y quizás por el árabe-asiático; mientras, otros identifican la unificación de Europa con la ruptura de los viejos patrones de la unidad-soberanía nacional. (ibid.).

Las realizaciones políticas del europeísmo desde la Segunda Guerra Mundial siguen dos trayectorias que delimitan la oposición entre las distintas visiones de Europa –entre “soberanistas”, “unionistas”, “confederalistas” o “intergubernamentalistas”, por un lado, y “federalistas”, “constitucionalistas” o “supranacionalistas”, por el otro-; entre lo que se viene a denominar la Europa “laxa”, basada en la cooperación clásica entre Estados soberanos, y la Europa “densa”, la “supranacional” o “supraestatal”, construida en torno a instituciones comunes, que limitan en mayor o menor grado las soberanías nacionales (Truyol y Serra, 1999: 43-44, 54).

Los primeros intentos de construir Europa según el modelo federal –en torno a la vieja idea de los “Estados Unidos de Europa”- resultan infructuosos[1]. También la espectacular Conferencia de la Haya, celebrada entre el 7 y el 10 de mayo de 1948, y conocida como el “Congreso de Europa”, está especialmente marcada por el desacuerdo entre la apuesta por una “Unión” o por una “Federación”. A pesar de que en los trabajos preparatorios del Congreso aparece por primera el concepto de “supranacionalidad” para referirse a la transferencia de derechos soberanos[2], el impulso del los movimientos federalistas[3] queda desvirtuado por la creación, el 5 de mayo de 1949, del Consejo de Europa. Tal organización, a la que si bien se le atribuye un papel importante en el marco de la acción europeísta, especialmente como “instrumento eficaz de la  promoción de un verdadero derecho común europeo”[4] (Truyol y Serra, 1999: 41), representa, sin embargo, un ejemplo de simple órgano de cooperación entre Estados, privado de poderes y perspectivas futuras reales (Isaac, 1983/1991: 15).

Como señala Truyol y Serra, el insatisfactorio resultado del Consejo de Europa y la resistencia británica –de verdadero “retroceso”- lleva a los europeístas más decididos a acotar al ámbito del proceso de integración europea: la “Europa Unida” tendrá que ser la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, construida a través de un método de integración “funcional” e integrada por instituciones “especializadas” (Truyol y Serra, 1999: 41). Los anteriores parámetros serían incluidos en su esencia en el Plan Schuman, que supone la definitiva renovación en la forma en como se aborda hasta entonces la cuestión de la construcción europea, iniciando de forma definitiva la denominada “vía comunitaria” (Isaac, 1983/1991: 15).

Encarna Hernández Rodríguez

Referencias:

  • Congress of Europe. (1948a). Message to Europeans. The Hague, May 1948: Resolutions. London-Paris: International Committee of the Movements for European Unity (s. d.), pp. 15-16. Obtenido el 4.12.2006, desde la base de datos ENA: http://www.ena.lu/mce.cfm.
  • Congress of Europe. (1948b). Political Resolution. The Hague, May 1948: Resolutions. London-Paris: International Committee of the Movements for European Unity (s. d.), pp. 5-7. Obtenido el 4.12.2006, desde la base de datos ENA: http://www.ena.lu/mce.cfm.
  • Haas, E. B. (1958). The uniting of Europe: Political, social and economical forces, 1950-1957. London: Stevens & Sons Limited.
  • Isaac, G. (1991). Manual de derecho comunitario general (2ª ed. aum. y puesta al día. G. L. Ramos Ruano, Trad.). Barcelona: Ariel Derecho. (Trabajo original publicado en 1983).
  • Truyol y Serra, A. (1999). La integración europea: Análisis histórico-institucional con textos y documentos. I. Génesis y desarrollo de la Comunidad Europea (1951-1979). Madrid: Tecnos.

[1] Recuérdese el famoso discurso de Aristide Briand ante la Sociedad de Naciones sobre un proyecto de Federación europea, el 5 de septiembre de 1929, y el posterior “Memorándum Briand” sobre la organización de una federación europea, de mayo de 1930.

[2] « Il s’agit d’une idée dans laquelle nous n’avons pas de confiance pour les mêmes raisons qui empêchèrent M. Churchill d’avoir confiance dans la S.d.N dès sa constitution et qui nous empêchent de considérer sérieusement des propositions pour l’unification des marchés, pour la limitation des armements, pour la création de tribunaux et d’une police internationale, lorsqu’elles ne sont pas en corrélation à des précises limitations de souverainetés nationales, par le transfert des pouvoirs correspondants à un organisme supranational ». (Mémorandum sur la préparation du Congrès de La Haye, 22 janvier 1948).

[3] Entre las Resoluciones emanadas de la Conferencia de la Haya véase especialmente el “Mensajes a los europeos”, preparado por el federalista suizo D. de Rougemont (Congress of Europe, 1948a), y la “Resolución de la Comisión Política” (Congress of Europe, 1948b), en las que se insta a los Estados europeos a transferir parte de sus derechos soberanos de cara a asegurar una acción económica y política común; igualmente se reclama la creación  de una Asamblea europea; la adopción de una Carta de Derechos Humanos, y el establecimiento de una Corte de Justicia que garantice la implementación de la Carta con las adecuadas sanciones.

[4] Sirvan como buenos ejemplos el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, sus Protocolos adicionales, o la Carta social europea, acordada en Turín el 18 de octubre de 1961.