Un impuesto europeo

Encarna Hernández

Los cocineros económicos de Bruselas siguen dándole vueltas a las posibles recetas que se pueden aplicar para que la UE emprenda el camino de la salida de la crisis, pero haciéndolo de una manera reforzada, logrando mayor independencia frente a los Estados y más capacidad de maniobra presupuestaria. Sobre todo, este mes de agosto, las cuestiones fiscales y presupuestarias han añadido algo de picante a la receta de la recuperación económica: en medio del debate sobre la necesidad de austeridad en el próximo presupuesto de los 27, la propuesta del comisario Lewandowski de crear un nuevo impuesto europeo, que iría directamente a las arcas del presupuesto de Bruselas, ha desatado la polémica y el rechazo frontal de algunos Estados miembros. Otra vez más, la resistencia de las soberanías europeas a ceder competencias en materias clave, tales como las tributarias, choca con la idea de una auténtica gobernanza económica europea, en definitiva, con la utopía de “Más Europa”.

Un impuesto paneuropeo. La propuesta de la Comisión, que se concretará en septiembre, no es otra que un nuevo régimen fiscal que consistiría en que se recaudaría el dinero para el presupuesto comunitario de forma directa y específica. Las opciones de recaudación serían, entre otras, un impuesto sobre el transporte aéreo, otro sobre las transacciones financieras, así como otra cantidad derivada de la subasta de emisiones de CO2. ¿Dónde irían a parar esos impuestos? Pues en tres direcciones de financiación: la lucha contra el cambio climático, desarrollo internacional y futuros e hipotéticos rescates bancarios. Y, en realidad, lo que está en el trasfondo de todo este asunto no es otra cosa que la manida y vieja cuestión de los “recursos propios”, toda vez que la UE, en la actualidad, se financia en cerca de unas tres cuartas partes con las aportaciones directas que los Estados miembros realizan al presupuesto comunitario. En un principio, parecería que los países contribuyentes netos de la UE podrían estar a favor  de este tipo de medidas, de cara a reducir su contribución, pero un Estado como Alemania ya ha anunciado su frontal oposición. Tema delicado el de la transferencia de competencias soberanas en este tema.

¿Cómo se financia la UE? ¿De qué hablamos cuando hacemos alusión al tema de los recursos propios? Podríamos comenzar a explicarlo con un paralelismo, muy relacionado con la evolución en los poderes presupuestarios de una institución como el Parlamento Europeo. Tan sencillo como que en los años 70 la reforma del sistema de financiación de la Comunidad fue el momento preciso para dotar al PE de competencias en el proceso de adopción del presupuesto de la CE. Hasta 1970, la CE se financia a través de las contribuciones de los Estados miembros, aunque en el propio Tratado de Roma ya se prevé un periodo de transición hacia un sistema de “recursos propios” (art. 201 del Tratado CEE). A su vez, los Tratados presupuestarios de Luxemburgo (1970) y Bruselas (1975) establecen, respectivamente: la institucionalización de un sistema de “recursos propios” y la dotación de competencias presupuestarias al PE para la enmienda de los gastos de tipo “no obligatorio”, así como la consolidación del rol de la Cámara en el proceso presupuestario, al otorgarle cuatro poderes más, tres relacionados con la adopción del presupuesto y otro sobre su implementación.

En una Decisión de 21 de abril de 1970, el Consejo de Ministros decide la financiación autónoma de la CEE mediante recursos propios “tradicionales” (derechos de aduana, recursos de origen agrícola y cotizaciones del azúcar) y recursos basados en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En 1988, el Consejo añade otro recurso basado en el PNB, que posteriormente se sustituye por el del RNB.

El pequeño presupuesto comunitario ( supone el 1 % del GNI de toda la UE), tiene, sin embargo, una gran repercusión en lo que se refiere al gasto en el sector agrícola y en fondos estructurales. La creación de un sistema de “recursos propios” es el corolario ineludible para hacer posible una Política Agrícola Común, reclamada sobre todo por una Francia que, irónicamente, es reacia en su momento a aceptar la otra forzosa consecuencia de la introducción de la PAC: dotar al Parlamento Europeo de ciertos poderes presupuestarios. El establecimiento de las “own resources” abre el debate acerca del control sobre la adopción e implementación del presupuesto comunitario, toda vez que los Parlamentos nacionales han perdido todo el poder sobre la distribución del mismo.

Finalmente, es la distinción introducida por Francia entre gastos “obligatorios” y “no obligatorios” la que marca el límite de los poderes presupuestarios del PE. Sobre los gastos “obligatorios” (aquellos que se derivan obligatoriamente del Tratado o de la normativa derivada de éste), el Parlamento sólo puede presentar propuestas de modificaciones, siendo el Consejo el que decide en última instancia. La Cámara tiene, por el contrario, poder de enmienda sobre los gastos “no obligatorios” (otros gastos, entre los que se incluye el gasto administrativo). La naturaleza de los gastos determina así el reparto de poder entre las dos Instituciones que constituyen la autoridad presupuestaria, dejando bajo control parlamentario alrededor de la mitad de la décima parte del gasto anual comunitario.

Con el proyecto de Constitución europea, y finalmente con el Tratado de Lisboa, se materializa la reforma del procedimiento presupuestario para eliminar la distinción entre gastos “obligatorios” (el Consejo tiene la última palabra) y “no obligatorios” (el Parlamento Europeo decide en última instancia), lo que determina, a su vez, la definitiva atribución a la Cámara de competencias de decisión sobre la totalidad del presupuesto anual. Y este esquema es el que primará para decidir sobre el presupuesto de 2011, sobre el que también hay desatada cierta polémica….

La crisis aprieta el cinturón del presupuesto comunitario. En un momento en el que los 27 se esfuerzan por implementar “espartanos” planes de ahorro para recortar del déficit, la propuesta de la Comisión de aumentar en un 5,7 % el presupuesto comunitario para 2011 no cayó muy bien entre los Estados miembros, especialmente entre un grupo de países, entre ellos Reino Unido, Holanda, Suecia o Dinamarca. Aunque aún debe debatirse en el Parlamento Europeo en otoño, los Estados pretenden que el presupuesto comunitario sólo se engorde, o incluso menos, en un 2,9 % más respecto del ejercicio anterior, lo que supone 3.600 millones de euros menos de lo propuesto por la Comisión, estancando el presupuesto de la UE en un total de 126.527 millones de euros.

Los recortes afectarán muy especialmente a dos de las principales partidas presupuestarias: los fondos de cohesión y la agricultura, precisamente en un momento en el que está sobre la mesa la futura revisión de ambas financiaciones. Los gastos administrativos, que suponen una ínfima parte del gasto comunitario, también sufrirán un importante recorte, algo que arroja aún más dudas sobre la puesta en marcha del servicio europeo de acción exterior.

Una cosa está clara: la UE debe apretarse el cinturón. El problema es cómo encajar esta premisa con la necesidad de acometer la aplicación de las previsiones de Lisboa y emprender la reforma en la financiación de la PAC (se habla de posible cofinanciación con ayudas directas), del mismo modo que la reformulación de la nueva política regional para que las ayudas lleguen más rápido a las regiones y su implementación sea más eficaz en tiempos de crisis. Como se suele decir: es el pez que se muerde la cola.

Más información:

EU Budget

Presupuesto de la UE

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La agenda del Parlamento Europeo, desde la óptica de los eurodiputados españoles

Encarna Hernández

De sobra son conocidas las prioridades que se ha marcado la presidencia española de la Unión Europea para los próximos meses: impulsar la recuperación económica; desarrollar una Europa social y de los ciudadanos (con la igualdad como eje central); fortalecer la posición de la UE como actor global; lucha contra el cambio climático; dar plena aplicación al Tratado de Lisboa… Pero, ¿cómo se interpretan y, lo más importante, cómo se abordarán, estos objetivos por parte del Parlamento Europeo, y en concreto, desde la óptica de los eurodiputados españoles? En una Eurocámara reforzada de poderes legislativos, presupuestarios, y de control político y democrático tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la agenda política en el marco de la presidencia española se abordará en primer lugar desde las comisiones parlamentarias. En todas ellas hay representación española, por lo que resulta más que interesante conocer la perspectiva de los eurodiputados españoles sobre cuáles son los temas prioritarios y cómo abordarlos. A este objetivo responde una publicación elaborada por el servicio de prensa del Parlamento Europeo, en la que nuestros eurorepresentantes han contestado a la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las prioridades de la comisión parlamentaria de la que es miembro para la presidencia española?”

En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la búsqueda de una salida a la crisis financiera está en el centro de todas las preocupaciones. La presidencia española ya anunció que para salir de la crisis económica se apuesta por la coordinación interna, la contribución a la gobernanza financiera y su supervisión, un mercado único de servicios financieros, la creación de empleo de calidad, la educación y el medio ambiente, todo ello en el marco de la nueva Estrategia Europea de crecimiento sostenible para el horizonte de 2020. En esta línea se enmarca la visión del eurodiputado español Antolín Sánchez (S&D). Para Ramón Tremosa (ALDE) el asunto principal a tratar debe ser la legislación sobre supervisión financiera, con el objetivo de evitar futuras crisis.  Para Tremosa, España debería promover la reforma del mercado laboral para actuar contra el paro, así como cambiar el ancho de vía de los trenes españoles para lograr una mayor integración en el mercado único.

Empleo y derechos de la mujer son otras dos importantes piedras de toque, dado el acuciante problema del desempleo, especialmente en España, y toda vez que la igualdad de género es una prioridad fundamental de la presidencia española. En materia de empleo, Alejandro Cercas (S&D) entiende que su comisión debe centrar sus esfuerzos en el desarrollo/revisión de varias directivas: promoción de la seguridad y la salud en el trabajo de las mujeres embarazadas; igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ejercicio de una actividad autónoma; permiso parental; discapacidad; tiempo de trabajo en sectores como el transporte por carretera. Así como la revisión de la estrategia de Lisboa en el objetivo de la innovación. Por su parte, Teresa Jiménez-Becerril (PPE) e Iratxe García (S&D), miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer, coinciden en algunos puntos: conciliación de la vida familiar y laboral para las mujeres (legislación europea sobre permisos de maternidad, ayudas sociales, asistencia médica, etc.); protección para las víctimas de violencia de género (número de teléfono de emergencia europeo, orden europea de alejamineto, etc.). La socialista Iratxe García precisa algunas propuestas más de su grupo y de la presidencia española: la elaboración de una carta de derechos de las mujeres y la creación de un observatorio europeo de la violencia de género, respectivamente.

En materia de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Juan Fernando López Aguilar (S&D) recuerda que corresponderá a la presidencia española elaborar el plan de acción del Programa de Estocolmo, en la línea de mantener como prioridades principales el refuerzo de los derechos de los ciudadanos, la cooperación judicial, la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Teresa Jiménez-Berrecil, del PPE, cita algunas propuestas interesantes: es el momento de armonizar las legislaciones de los Estados miembros para que los delitos terroristas no prescriban, considerándolos como crímenes contra la humanidad. Asimismo, propone aproximar las legislaciones sobre los derechos de las víctimas del terrorismo o, cuanto menos, adoptar una Carta europea que reconozca estos derechos.

La Agricultura y la Pesca también tendrán que afrontar revisones fundamentales en los próximos meses. Tanto populares como socialistas entienden que el futuro de la PAC y la reforma de la Política Pesquera Común serán temas fundamentales.

Energía y medio ambiente son temas de vital trascendencia para el futuro de la Unión. Los miembros españoles de la Comisión de Industria, Investigación y Energía tienen claro que es necesario aprovechar el impulso de Lisboa (que aporta nuevas bases jurídicas) para avanzar hacia una política energética común, una ausencia histórica que en los tiempos que corren no sólo tiene que acometerse con celeridad, sino avanzar, inevitablemente, de forma paralela a los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático. El popular Alejo Vidal-Quadras insiste en que no sólo es necesario coordinar (añadamos diversificar) el mercado interior de la energía, sino también garantizar la seguridad del suministro exterior (dada la excesiva dependencia europea, y para evitar situaciones como las ocurridas en pasado invierno con la crisis del gas entre Rusia y Ucrania). La socialista Teresa Riera habla de integrar investigación, innovación y energía: es lógico, el modelo energético en el que se debe (y puede) basar Europa tiene que estar sustentado en estos vectores para ser competitiva y sostenible. Francisco Sosa Wagner (NI) reconoce que Europa es pionera en protección del medio ambiente (sus objetivos en materia de reducción de emisiones son los más ambiciosos), pero ello tiene que complementarse con el impulso de una política energética común. Sosa Wagner habla de un “sueño”: impulsar una política de creación de redes de distribución que conecte las redes existentes para conformar una amplia red europea. ¿Un sueño? “Sí, pero sin sueños no existiría hoy la UE”. Y tiene mucha razón. El eurodiputado español reivindica también promover en mayor medida un tipo de investigación no conectada directamente a las empresas; un tipo de saber, de innovación, que puede parecer “inútil” y que no encuentra apoyos ni financiación en los programas marco de la UE.

En materia de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, el socialista Andrés Perelló nos recuerda que su comisión trabajará en los próximos meses para delimitar el objetivo a partir de 2011 en relación a la biodiversidad, y que se debe presentar en la Asamblea General de la ONU después del verano. La Comisión de Medio Ambiente debe coordinar sus esfuerzos con la de Industria para implantar las medidas y cumplir los objetivos recogidos en el paquete “Energía-Clima.

La política de Desarrollo Regional se encuentra también en un momento crucial de su historia. Populares y socialistas en el PE coinciden en que su diseño de cara al futuro será clave: habrá que ahondar en la dimensión territorial de la Unión, así como en una participación más activa de la regiones (incluida la gestión de los fondos); se prestará especial atención a las regiones ultraperiféricas, para fortalecer la cohesión. Rosa Estarás (PPE) afirma que será prioritaria la reforma del Fondo de Solidaridad (recogido en la reforma de Lisboa), de cara a garantizar que la ayuda comunitaria llegue rápida y eficazmente ante cualquier catástrofe natural. Ricardo Cortés (S&D) reafirma que en el actual momento de crisis económica, será esencial simplificar los procedimientos para asegurar que los fondos europeos lleguen a las regiones y a los ciudadanos lo más pronto posible. Habla también de garantizar periodos de transición adecuados. Hay que tener en cuenta que muchas regiones españolas se encuentran en la denominada “fase de salida” del Objetivo 1 de los fondos estructurales de aquí a 2013, por lo que debe ser una piedra de toque importante para la presidencia española.

A la presidencia española le corresponderá, en el contexto de dar plena aplicación al Tratado de Lisboa, poner en marcha las disposiciones financieras y presupuestarias. Hay que recordar que ahora el PE tiene mayor peso para aprobar y controlar el presupuesto comunitario, con la desaparición de la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. Como nos recuerda el eurodiputado de la Comisión de Presupuestos Salvador Garriga (PPE), habrá que enfrentarse a una revisión de la financiación de la PAC (con la posible cofinanciación de las ayudas directas), así como del Reglamento Financiero, sin olvidar que hay que acometer presupuestariamente los gastos que derivarán de la puesta en marcha del nuevo servicio de acción exterior de la UE. Por su parte, Eider Gardiazábal (S&D), remarca que el PE está reclamando la revisión de las cifras del actual Marco Financiero, ya que la UE se enfrenta a la escasez de créditos para hacer frente a las nuevas políticas que debe financiar, pero el Consejo se muestra reacio a aumentar los créditos del presupuesto comunitario.

Presupuesto 2009 - Click para ampliar
Presupuesto de 2009
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La política exterior de la UE es otro tema vital, prioritario para la presidencia española, en realidad, marcado con fluoerescente en la agenda desde hace una década. Reforzar la posición de la UE como actor internacional era uno de los objetivos de la reforma de Lisboa (lo era desde Laeken y seguidamente con la reforma constitucional). Para ello, precisamente, se crearon nuevos altos cargos como el presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante (una especie de ministro de Asuntos Exteriores). ¿Será posible hablar con una sola voz? Ya hay quien (me incluyo) habla de una UE con múltiples cabezas que dificultan una coherente y unificada posición de cara al exterior. Pero también es cierto que, ahora mismo, la maquinaria no acaba sino de arrancar, y habrá que esperar a que las piezas se acoplen en el complejo puzzle de la política Exterior.

¿Cuáles son las prioridades para la Comisión de Asuntos Exteriores? Está claro que hay que avanzar en la política de vecindad, especialmente con el Sur del Mediterráneo, así como relanzar las relaciones bilaterales con América Latina y, cómo no, afianzar la relación estratégica con Estados Unidos. El eurodiputado de la Izquierda (GUE) Willy Meyer aporta dos puntualizaciones que resultan interesantes: los tres pilares que deben sostener los acuerdos de asociación con regiones más desfavorecidas deben ser el diálogo político, la cooperación al desarrollo y el comercio justo. Es decir, nada que se parezca a los acuerdos de libre comercio que lleva a cabo EEUU en zonas del Sur y Centro del continente americano. Otra apreciación importante: el estatuto de Marruecos como socio avanzado de la UE. Para Meyer, esto no puede ser posible mientras el Reino marroquí siga violando sistemáticamente los derechos humanos. Tenemos un ejemplo reciente: el caso de la activista saharaui Aminetou Haidar.

En la Comisión de Desarrollo encontramos al español Enrique Guerrero (S&D), y aquí la UE tiene un par de citas importantes: la revisión del acuerdo de asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonou), así como de los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, prevista para el próximo  otoño.

Quedan por citar algunas prioridades en materia de Seguridad y Defensa, cuyo desarrollo político e institucional está recogido en el Tratado de Lisboa. Aquí entran en juego figuras como la de la Alta Representante, los ministros de Defensa de la UE, cuyas reuniones habrá que fortalecer. La Agencia Europea de Defensa deberá también recibir un impulso, como habrá que dárselo a la asociación con la OTAN. Una política europea de Defensa, otro viejo anhelo…

La subcomisón de Derechos Humanos tendrá igualmente trascendentales retos por delante: combatir el aumento de la trata de seres humanos; luchar contra la violencia ejercida contra la mujer en todas partes del mundo; reconocer esta violencia como un delito contra la integridad física y moral de la mujer, etc. Importante será erradicar los esteriotipos y conductas sociales que discriminan a la mujer, usando la herramienta más eficaz que puede haber: la educación (ver noticia).

La igualdad de género está siendo motiv0 ya de debate en el Parlamento Europeo, el informe presentado por la Comisión de Derechos de la mujer se debatió ayer en el Pleno de la Eurocámara y será votado mañana. Entre otras cuestiones, se decidirá sobre el permiso de paternidad a escala europea o un acceso más fácil al aborto y a los anticonceptivos para las mujeres, y, en general, que éstas tengan un mayor control sobre sus derechos sexuales y reproductivos.