¿Quién será el próximo Ombudsman europeo?

Por Encarna Hernández

Continúa el baile de nombramientos en la nueva Europa del Tratado de Lisboa. Ahora le toca el turno al Defensor del Pueblo Europeo, que será elegido por los eurodiputados, mediante votación secreta, el próximo 18 de enero de 2010. Hablamos de una institución europea creada en Maastricht bajo el paraguas de la ciudadanía de la Unión, y cuya labor es atender las reclamaciones de los ciudadanos europeos en casos susceptibles de revestir una mala administración por parte de las instituciones y órganos de la UE. El pasado 30 de noviembre tuvieron lugar las audiencias de los distintos candidatos con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Tal Comisión es la encargada de decidir sobre la admisión de las candidaturas presentadas, además de constituirse como un órgano que debe trabajar en estrecha colaboración con el Defensor a la hora de tratar las quejas de los ciudadanos.

Tres candidatos, un italiano, un griego y un belga, aspiran a convertirse en el próximo Ombudsman europeo. Sobre la mesa, tres cuestiones fundamentales que deben acometerse en su próximo mandato: mejorar la transparencia en el trabajo de la Administración de la UE; reforzar la cooperación con la Eurocámara, especialmente con el Comité de Peticiones; y comunicar a los ciudadanos de una forma comprensible y eficaz la labor y las competencias del Defensor. ¿Les apetece conocer a los tres candidatos y sus propuestas? ¿Desean conocer más detalles sobre esta institución de la UE?

El programa de los tres candidatos

Comenzó la carrera para elegir un nuevo Defensor del Pueblo de la UE, y los tres candidatos lo hicieron exponiendo sus prioridades y respondiendo a las preguntas de los eurodiputados en la Comisión de Peticiones. En virtud de la transparencia de la que deben hacer gala las instituciones europeas en todo proceso de nombramiento, se ha habilitado un espacio web para que eurodiputados y ciudadanos puedan seguir todas las fases del procedimiento.

Si aún siguen aquí, y no han pinchado directamente en el link, el propósito de las siguientes líneas es exponer de una forma simplificada las líneas maestras de las tres candidaturas que optan a convertirse en el Ombudsman europeo para los próximos cinco años. Tres candidatos, dos de ellos, un italiano y un belga, optan a ser elegidos por primera vez, el tercero, el actual defensor del pueblo, el griego Diamandouros, aspira a su reelección.

V. Bottoli

Vittorio Bottoli (Italia) ha sido defensor del pueblo de la región de Véneto durante cerca de una década. Enfoca sus prioridades en tres aspectos clave: la protección de los derechos fundamentales, la mejora del conocimiento de la institución por parte de los ciudadanos europeos, y el refuerzo la cooperación con los defensores del pueblo nacionales y regionales. En sus años como defensor en Véneto, su oficina experimentó un increíble crecimiento del número de reclamaciones (desde 800 en 2001 hasta 11.000 en 2008), todo ello gracias a iniciativas relacionadas con la publicitación de la institución a través de distintos medios de comunicación. Bottoli considera que se podría mejorar el funcionamiento de la institución, modificando incluso el Estatuto de ésta. El italiano se refiere, en concreto, al artículo 5 de dicho Estatuto, que afirma que el Defensor puede colaborar con el resto de autoridades análogas de los Estados miembros, así como con las instituciones encargadas del fomento y protección de los Derechos Fundamentales. Bottoli apuesta por pasar de un rol «cooperativo» hacia un principio de «promoción activa» en todo lo que respecta a la transmisión de la cultura de los DF. Ello incluiría potestades para el Ombudsman europeo de supervisión y recomendación hacia las autoridades competentes de los Estados miembros. Ello se complementaría con un dictamen obligatorio del Comité de Peticiones, como órgano colegiado y con autoridad. Todo ello haría ganar a la figura del Defensor en autoridad y eficacia. La propuesta es sin duda interesante ¿no les parece?

En lo que respecta a las tres líneas de acción que fueron expuestas por los MEPs en la audiencia del pasado 30 de noviembre, Bottoli se expresó en los siguientes términos. Sobre cómo mejorar la transparencia en el trabajo de las instituciones europeas, el italiano señaló el acceso a los documentos de las instituciones como una de sus prioridades, y resaltó que el Defensor tiene el derecho a solicitar acceso a cualquier documento sin violar su confidencialidad. Incrementar la cooperación con el Parlamento Europeo, en concreto con el Comité de Peticiones, es otro de los puntos clave de su programa, como hemos podido comprobar. Por su parte, la comunicación como los ciudadanos sobre la labor de la institución sería también una piedra de toque importante en su mandato como Ombudsman de la UE, como lo fue en sus años como Defensor de Véneto: «los ciudadanos deben saber (concluyó) que se trata de un servicio sin costes y rápido, por lo que hay que asegurar que se conozca su existencia y sus competencias».

N. Diamandouros

Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo Europeo desde 2003, y anteriormente Defensor del Pueblo de Grecia, es el segundo candidato. Sus prioridades, si sale reelegido, se centran en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la adaptación a la reforma de Lisboa, con los beneficios que recoge para los ciudadanos y, en este sentido, los esfuerzos dirigidos a: aplicar activamente e interpretar el derecho a una buena administración recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE; garantizar que el derecho de los ciudadanos a entablar diálogo con las instituciones europeas sera plenamente respetado; promover y cooperar con los defensores nacionales y regionales, con los comités de peticiones, y, a través de ellos, con los parlamentos nacionales y regionales, para asegurar que se puedan proteger los derechos de los ciudadanos bajo el Derecho comunitario en estos niveles. En segundo lugar, continuar fortaleciendo el diálogo constructivo con las instituciones y órganos de la UE, profundizando en una cultura de servicio a través de la administración pública europea. En tercer lugar, mejorar el servicio a la ciudadanía incrementando la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos de la administración.

Respecto a los tres temas prioritarios planteados por el Comité de Peticiones, Diamandouros recuerda que la exigencia de una mayor transparencia en los trabajos del Consejo ha sido recogida en Lisboa, y al Defensor compete, precisamente, asegurar que los ciudadanos se beneficien de estas mejoras. La cooperación con la Eurocámara será igualmente esencial en su mandato, como lo será la comunicación con los ciudadanos, y recordó, en este sentido, el desarrollo de una guía interactiva para la ciudadanía, así como la cooperación realizada en este punto con los centros de Europe Direct.

Definitivamente, la opción del griego se traduce en apostar por la continuidad. Le avala el trabajo realizado en estos cinco años, y los esfuerzos por acercarse al ciudadano y aclararle su labor y sus competencias. La cuestión es: ¿el esfuerzo ha sido el suficiente? Como veremos más adelante, son muchas las reclamaciones que llegan al Defensor de la UE y que no le competen. Este hecho refleja un fallo en la estrategia de comunicación, sin duda mejorable, por no hablar de los solapamientos que se producen entre su ámbito competencias y el de otras instancias, tales como el comité de peticiones, todo consecuencia del desconocimiento de los ámbitos concretos en los que el defensor puede actuar. Si la eficacia es una prioridad, se debe evitar que se haga un doble trabajo (para el ciudadano y para las instituciones) a la hora de tramitar y resolver una reclamación.

P. Monette

Vayamos al tercer candidato. Pierre-Yves Monette. Ha sido Defensor del Pueblo de Bélgica y dispone de experiencia en peritación internacional en el sector de la Defensoría del Pueblo, de los Derechos Humanos, del Estado de Derecho y del buen gobierno. Sus propuestas son, tal vez, las más innovadoras, como veremos a continuación. Y precisamente, en su discurso, el belga habla de «renovar» e «innovar»: «un buen Defensor (afirma) debe saber defender los derechos tradicionales al tiempo que afronta nuevos desafíos». Su principal línea de acción es la transparencia en las instituciones y órganos de la UE, y para ello propone designar un «funcionario de la transparencia» para cada entidad. Interesante ¿verdad? Hay más. En materia de comunicación, intensificar la publicidad dirigida a los ciudadanos para informarles de su derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo. ¿Cómo? Habla de medidas concretas: campaña permanente de información; estrecha cooperación con los media; más conferencias, seminarios y publicaciones. Monette propone también crear una red descentralizada de delegados del Defensor europeo (sin coste adicional). Otro aspecto reseñable de su programa es introducir una indicación obligatoria del derecho a reclamar al Ombudsman en todas las decisiones administrativas. Para el candidato belga, se podría, asimismo, fortalecer la cooperación con el Parlamento Europeo fomentando que los eurodiputados usen su derecho a hacerse eco de las reclamaciones de los ciudadanos a los que representan llevándolas al defensor.

Otras medidas interesantes que propone Monette pasan por impulsar y controlar la total implementación del Código de Buena Conducta Administrativa por parte de los órganos comunitarios; proponer a la Eurocámara que la definición de mala administración se amplíe para incluir el incumplimiento de un principio de buena administración, y no sólo de una norma o principio vinculante. Por supuesto, su programa también contempla, como el resto de candidatos, intensificar la cooperación con los defensores nacionales y comités de peticiones para asegurar una mayor sinergia en la aplicación del Derecho comunitario.

¿Se optará por la opción de la continuidad o por la renovación? Cualquiera de los tres candidatos tiene puntos fuertes en su programa susceptibles de granjearse apoyos. Bajo mi percepción personal, y después de revisar las tres candidaturas y sus propuestas, la candidatura del belga Monette me parece la más valiente e innovadora. Es una apuesta personal ¿cuál es la suya?

¿De qué asuntos puede ocuparse el Ombudsman europeo?

Uno de los principales retos a los que tendrá que enfrentarse el nuevo Defensor del Pueblo Europeo es aclarar ante los ciudadanos los asuntos que son de su competencia. Desde la propia institución se reconoce que sólo la cuarta parte de las reclamaciones que recibe la Oficina del Ombudsman le competen directamente.

La labor de comunicación de la institución ha caminado en el sentido de ofrecer a los ciudadanos una información simplificada de los tipos de asuntos que puede tratar el Defensor y sobre cómo presentar una queja : guías interactivas, folletos y otro tipo de publicaciones. La cuestión es que esta información llegue efectivamente a los ciudadanos a través de los medios adecuados, labor en la que los Centros de Información de la UE regionales y locales (Europe Direct) deben jugar un papel primordial (distribución de publicaciones, campañas en la calle, encuentros con diversos colectivos, instituciones locales, sociedad civil, entidades educativas, etc.). Todo ello debe complementar la tarea de publicitación que se realiza a través de los canales interactivos. Los ciudadanos deben saber que existe esta institución, que pueden recurrir a ella en unos casos concretos, sin coste alguno, y a través de qué canales pueden realizar la reclamación.

El Defensor del Pueblo Europeo - En pocas palabras

Vayamos al grano: ¿qué asuntos son competencia del Ombudsman Europeo? Básicamente, su labor es investigar reclamaciones o quejas (aunque a veces lo hace a iniciativa propia) que se refieren a una mala administración por parte de las instituciones, órganos y agencias de la UE. Tan solo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instancia y la Corte de Función Pública, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no se someten al control del Defensor.

Codigo Europeo de Buena Conducta Administrativa

En resumidas cuentas: el Defensor del Pueblo de la UE no puede atender reclamaciones dirigidas contra autoridades nacionales, regionales o locales (ministerios, agencias estatales o ayuntamientos), por la sencilla razón de que no tiene jurisdicción sobre ellas. El Ombudsman europeo tampoco es un órgano de apelación ante decisiones que tomen los tribunales o defensores del pueblo nacionales o regionales. Por supuesto, tampoco puede atender quejas dirigidas contra empresas o particulares. En definitiva: es, esencialmente, una institución que controla el cumplimiento de la buena conducta administrativa de la UE, en el nivel supranacional, y que protege los derechos de los que los ciudadanos europeos son titulares en virtud de los Tratados en el contexto de esta práctica administrativa.

Veamos algunos ejemplos de mala administración: cualquier irregularidad administrativa; injusticia; discriminación de cualquier tipo; abuso de poder; falta de respuesta; denegación de acceso a la información o a los documentos públicos; retraso injustificado.

La queja puede presentarla, mediante correo postal, fax o vía electrónica, cualquier nacional o residente de un Estado miembro de la Unión, así como aquellas empresas u otro tipo de organismo o asociación que tenga su domicilio social en la UE.

¿Qué hace el Defensor del Pueblo cuando recibe la reclamación? En primer lugar, se pone en contacto con la institución u órgano en cuestión para transmitirle la queja, investiga si el demandante tiene o no razón, e intentar encontrar una solución amistosa y que la institución atienda sus recomendaciones. En caso contrario, el Defensor tiene potestad para transmitir la situación al Parlamento Europeo.

Algunos ejemplos de asuntos tratados por el Defensor

¿Les apetece conocer algunos de los asuntos resueltos por el Defensor en los últimos meses? Les resumo tres casos que me han parecido interesantes y que ejemplifican bien la variada competencia del Defensor en materia de mala administración.

Veamos en primer lugar un caso de supuesta discriminación por motivos de edad reclamada por un traductor del Consejo de la UE contra dicha institución. El demandante aceptó una oferta de trabajo del Consejo de un año de duración, para comenzar a trabajar a principios de 2007. Sin embargo, un mes antes de su incorporación, se le informó de que, en virtud de un artículo que hace referencia a las condiciones de empleo y que fija la edad de jubilación en 65 años, se le haría un nuevo contrato que expiraría en abril de 2007, dos días después de su 65 cumpleaños.

Las pesquisas del Defensor le llevaron a concluir que no había, en relación a la demanda, ni mala interpretación del artículo de referencia, así como tampoco discriminación por razón de edad. Pero el Consejo había actuado erróneamente al proponer al demandante un año de contrato conociendo previamente su edad, por lo que propuso a la institución una solución amistosa, concediendo al traductor una indemnización por las inconveniencias causadas. La institución aceptó.

Otro caso: presunta discriminación en las disposiciones de una convocatoria de oposición. El reclamante había participado, sin éxito, en una oposición de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), cuyos exámenes se realizan en las lenguas inglesa, francesa o alemana. El reclamo se refería a la disposición de la convocatoria relativa al conocimiento de lenguas, ya que los candidatos cuya lengua materna es cualquiera de las tres en las que se realizan las pruebas, pueden además declarar que ésta es también su segunda lengua, algo que no podían hacer los candidatos con otras lenguas maternas. ¿Era discriminatorio? ¿Se debía obligar a los candidatos cuya lengua materna era el ingles, el francés o el alemán a hacer el examen en una segunda lengua distinta? El Defensor el Pueblo coincidió con los argumentos de la EPSO: si se sustituye el término «lengua principal» por «lengua materna» (como solicitaba el demandante), ello obligaría de dejar de tener en consideración situaciones especiales de candidatos procedentes, por ejemplo, de familias multilingües o personas que han vivido o estudiado en un país distinto del de origen. No había, pues, caso de mala administración.

Otro asunto interesante: Revisión realizada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de su evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto de tren de alta velocidad que unirá Madrid con la Frontera francesa pasando por Barcelona. El demandante alegaba en este caso que el BEI no había actuado correctamente al financiar el proyecto, ya que no se había llevado a cabo una evaluación adecuada del impacto ambiental, así como tampoco se habían estudiado posibles tramos alternativos. Toda vez que el Defensor constató la ausencia de documentos que demostrasen que tal evaluación se había realizado, instó al BEI a documentar su revisión de la evaluación elaborada por las autoridades nacionales. Sugirió igualmente al BEI que mejorara el registro sistemático de sus evaluaciones del impacto ambiental. El BEI, por su parte, aceptó la recomendación del Defensor, accediendo a reflejar de manera formal en el expediente sus conclusiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos financiados.