Los españoles, “más europeos” a pesar de la crisis

En un momento en el que en nuestro país crece el descontento hacia una situación económica que toca fondo, mientras de forma paralela se endurecen las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno; la profunda desafección hacia las instituciones políticas; el descontento hacia la gestión de la crisis, y el pesimismo sobre nuestro futuro, contrastan con el sentir de unos ciudadanos españoles que siguen viendo la Unión Europea en gran medida como parte de la solución a sus problemas. “El hecho de pertenecer a la UE continúa siendo un pilar importante para la ciudadanía española” y, como veremos más adelante, especialmente desde el prisma económico y social. Tal es la conclusión a la que llega la “perspectiva española” del último informe del Eurobarómetro, cuyos datos fueron recogidos en el otoño de 2012, y que se acaba de hacer público.

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No es de extrañar que las prioridades que manifiesta la ciudadanía española en el contexto europeo tengan que ver especialmente con aspectos sociales y económicos. Según el informe de la Comisión Europea, casi la mitad de las familias encuestadas reconoce tener casi siempre u ocasionalmente problemas para llegar a fin de mes, un dato que nos sitúa cinco puntos por encima de la media europea.

De hecho, entre las cuestiones que los ciudadanos de nuestro país valoran más de la UE están, en primer lugar, la libre circulación de personas, bienes y servicios (45%), después de la paz (35 %), pero en menor medida que en otros países. Por el contrario, damos más importancia que el resto de europeos a posibilidades que nos ofrece la UE como los intercambios estudiantiles en el marco del programa Erasmus (25% frente al 22% de la media UE27); así como a la protección social en el contexto de la Unión  en ámbitos como la sanidad,  la educación y las pensiones (20 % frente a 18%). Por su parte, damos valor al euro entre estos “logros” en igual medida que el resto de europeos (25% de los encuestados).

Los ciudadanos españoles manifiestan interés por conocer los derechos que otorga el estatus de ciudadano de la UE, en especial, en lo que respecta a la posibilidad de vivir, estudiar, trabajar y recibir asistencia médica en otro Estado miembro. A pesar de este interés, solo el 9% de los españoles encuestados reconoce tener un alto grado de conocimiento de estos derechos y lo que implican. El 40% conoce “algo”, mientras que el dato más preocupante lo observamos en el 51% que afirma no conocer nada en absoluto sobre la ciudadanía europea y su contenido.

En estos datos tiene mucho que ver el escaso nivel de información sobre los asuntos europeos que manifiestan los españoles. El 78% se considera desinformado, diez puntos por encima de la media europea. Lo que sí resulta interesante de estos datos es que Internet se consolida como el segundo medio de comunicación más usado para la  información en temas europeos (30%), por debajo de la TV (50%), y superando a la prensa diaria (24%). A su vez, las redes sociales son ya el segundo medio Web preferido (37%). En el resto de la UE, las redes sociales tienen mucho menos peso que en España.

Esta tendencia nos hace ser optimistas ante la posibilidad de una ciudadanía española más informada y activa en el contexto europeo, sin lugar a dudas unos de los retos para el futuro de la UE.

Con todo, la forma en la que los ciudadanos españoles sienten, viven y se relacionan con Europa continúa teniendo rasgos esenciales que permanecen en el tiempo: la ciudadanía europea “española” es por lo general desinformada, ciertamente pasiva, necesitada de más experiencias directas, pero consciente de la importancia de la pertenencia de su país a la UE. España siempre se ha destacado por su sentimiento “europeísta”, y seguimos pensando en Europa, como decíamos al principio de este artículo, más como parte de la solución que como parte del problema.

Esta última oleada del Eurobarómetro confirma que nos sentimos más europeos que el resto de la UE27 (a excepción de casos como el de Luxemburgo, Malta y Alemania). Y además, aún (o precisamente) con el recrudecimiento de la crisis, se observa que este “sentimiento europeo” crece respecto a estudios anteriores. Y ello, a pesar, como se apuntaba antes, de encontramos menos “vínculos” con el resto de países de la UE en aspectos como el uso de idiomas, la movilidad hacia otros países de la UE, relaciones con otros ciudadanos europeos, etc.

Por último, somos pesimistas respecto a la Iniciativa Ciudadana Europea, uno de los instrumentos introducidos en el Tratado de Lisboa para dotar de una mayor democracia a las instituciones comunitarias, fomentar la participación ciudadana, e impulsar el crecimiento de una sociedad civil europea. El 71 % de los encuestados ve poco o nada probable que vaya a participar en esta iniciativa, aunque sí vemos interesante, en el caso de usarla, que se proponga legislación en ámbitos como el empleo, la educación, los impuestos y las pensiones.

Actualmente, existen ya varias Iniciativas abiertas, que necesitan recabar un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete países distintos de la UE. La ciudadanía europea busca promover legislación comunitaria en ámbitos como la educación, el medio ambiente, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, o el agua/saneamiento.

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Profundizar en la dimensión territorial de la integración europea: la hora de la verdad para el Comité de las Regiones

Encarna Hernández

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa inaugura una nueva era para el trabajo del Comité de las Regiones en su labor de ejercer de guardián del principio de subsidiariedad en buena parte del proceso legislativo comunitario. Con poderes reforzados, esta institución de la UE, que probablemente es de las más desconocidas para los ciudadanos, tiene la ingente labor de controlar que, precisamente, las decisiones se tomen desde Bruselas de la forma más práctica y próxima al ciudadano, lo que se traduce en una UE a su vez más cercana a la ciudadanía. La reforma de la política de cohesión será una de las principales y duras piedras de toque que tendrá que abordar el Comité en su nueva legislatura: reforzar el papel de los entes locales y regionales en su implementación tiene que traducirse también en una Europa más cercana a los ciudadanos, profundizando definitivamente en la dimensión territorial de la Unión.

¿Qué es el Comité de las Regiones?

El Comité de las Regiones (CdR) es la asamblea política donde están representados los entes locales y regionales de la Unión Europea. Está integrado por 344 miembros, designados por el Consejo a propuesta de los Estados Miembros, en su mayoría representantes electos (presidentes regionales, alcaldes, etc.) de instituciones locales y regionales de la UE. Se creó en 1994, al abrigo del principio de subsidiariedad constitucionalizado definitivamente en Maastricht.

La misión fundamental del CdR es, precisamente, facilitar que en el proceso legislativo comunitario se escuche la opinión de los representantes locales y regionales, niveles de gobierno más próximos que sin duda facilitan acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones en la UE, y que estas decisiones se tomen en el nivel más práctico y cercano al ciudadano.

La hora de la verdad para el Comité de las Regiones

Después de ir aumentando sus poderes en el proceso legislativo, así como los ámbitos en los que es susceptible de ser consultado, en las sucesivas reformas de los Tratados, finalmente, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el CdR y las autoridades locales y regionales han ganado gran protagonismo en la nueva arquitectura institucional y proceso decisorio introducida por el nuevo Tratado.

Para empezar, un aspecto fundamental ha sido la propia extensión de poderes del Parlamento Europeo (muchos más ámbitos bajo el proceso de “codecisión”, entre ellos la cohesión territorial, que abordaremos enseguida), así como el refuerzo y mayor control por parte de los parlamentos nacionales y regionales de un principio que es la razón de ser del CdR: la “subsidiariedad”.

El CdR va a poder ahora controlar todo el proceso decisorio ya desde la fase prelegislativa. La consulta es obligatoria para la Comisión, pero también para el Parlamento Europeo, que debe solicitar dictamen al CdR sobre cualquier modificación introducida por la Eurocámara en el proceso legislativo. El CdR puede incluso solicitar una segunda consulta y, en casos más extremos, tiene la potestad de acudir al Tribunal de Justicia si considera que la Comisión, la Eurocámara o el Consejo no le han consultado pertinentemente.

La consulta es, por tanto, obligada en todos aquellos ámbitos que le afectan, y que abarcan un gran abanico de políticas: la cohesión económica y social, sanidad, educación y cultura, redes e infraestructuras transeuropeas, empleo, política social, medio ambiente, formación profesional, transporte, protección civil, cambio climático y energía.

Gobernanza multinivel

Contemplar la participación de los entes locales y regionales en toma de decisiones en la UE es uno de los grandes potenciales de un diseño de la gobernanza europea basada en el gobierno multinivel. Este concepto (que tiene su raíz en la aplicación de la teoría de la “nueva gobernanza” al contexto de la UE, y en el marco global de una teoría de la gobernanza centrada de forma especial en la cuestión del gobierno “más allá del Estado”) es el resultado de la multiplicidad de actores y procesos en los distintos niveles de gobierno que se dan cita en una gobernanza como la comunitaria.

Tal tipo de gobernanza descentralizada geográficamente comienza a cobrar relevancia como práctica comunitaria en los años ochenta, siendo la PAC un buen ejemplo, y las políticas de cohesión dirigidas a las regiones más atrasadas su estrategia política más característica. A su vez, el objetivo de reforzar la dimensión regional y local de la UE en torno a la idea de un gobierno articulado y coordinado en múltiples niveles se conforma como uno de los ejes centrales en el proceso de preparación del Libro Blanco de la Gobernanza Europea, aprobado por la Comisión en 2001.

El futuro de la política de cohesión

En virtud del Tratado de Lisboa, la cohesión territorial ha sido reconocida entre los objetivos de la integración europea, así como la tercera dimensión de la política regional (además de la social y la económica). La política de cohesión será a partir de ahora aprobada por codecisión entre el PE y el Consejo, a lo que hay que sumar la obligada consulta al CdR. Coordinar la postura de la Eurocámara y trabajar en estrecha colaboración con el CdR será la labor de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Euopeo (REGI), presidida, nada menos, que por la ex comisaria de política regional, la polaca Danuta Hübner.

El futuro de la política de cohesión a partir de 2013 y su inserción en el nuevo marco presupuestario será una de las principales tareas que tendrá que abordar el CdR y la Comisión parlamentaria. Sobre la mesa, las polémicas intenciones de la Comisión Europea de renacionalizar esta política y de convertirla en una política redistributiva dirigida esencialmente a regiones con un PIB pobre. Esta visión no gusta a los europarlamentarios, ni tampoco al CdR.

Hübner ya ha avisado de que la prioridad de la REGI es reforzar el papel de los entes locales y regionales en la implementación de la política de cohesión, frente al papel marginal que le reserva la Comisión Europea. Otro aviso: Hübner espera una REGI muy activa y combativa, pues el 80 por ciento de sus miembros son nuevos eurodiputados electos.

La configuración de esta política es de suma importancia para la UE: hablamos de un ámbito que se lleva más de una tercera parte del presupuesto comunitario. Estamos además, en un momento de crisis económica, donde debe ser esencial simplificar los procedimientos para asegurar que las ayudas lleguen rápido a las regiones y a sus ciudadanos. Queda por determinar cómo será la fase de transición desde el objetivo 1 (Convergencia) para muchas regiones; qué participación se otorgará a las regiones en la gestión de los fondos; la necesidad de atender a las regiones ultraperiféricas. La política de cohesión se encuentra en una encrucijada.

Mercedes Bresso, la nueva presidenta del CdR, también ha lanzado un aviso a la Comisión: la propuesta del Ejecutivo comunitario para reformar los fondos entra en contradicción con los principios introducidos en Lisboa, además de contradecir la idea de una política comunitaria basada en la solidaridad entre las regiones, y tira por tierra el gran potencial de la gobernanza multinivel.

¿Qué Europa de las Regiones tendremos en el horizonte de 2020?


Nota sobre el artículo: colaboración para Eurolocal

La Comisión Europea, el gigante burocrático

Encarna Hernández

La Comisión Europea, conocida como la “guardiana de los Tratados”, órgano supranacional, independiente y tecnocrático por excelencia entre las Instituciones de la Unión Europea. Desde que fuera creada por el Tratado de la CECA, a partir de su primigenio antecedente, la Alta Autoridad, se ha desarrollado en el marco institucional de las Comunidades como un auténtico gigante burocrático. Poseedora del cuasi-monopolio de la iniciativa legislativa comunitaria, y como brazo ejecutor de las políticas de la UE, la cuestión del control democrático de su actividad y de su batallón de funcionarios está en el epicentro de la polémica legitimidad democrática de la UE. El siguiente vídeo (que nos ofrece la web Hablamos de Europa) nos acerca un poco a su compleja actividad, aunque después profundizamos un poco más…

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De la Alta Autoridad de la CECA a la Comisión Europea

Con la firma del Tratado de la CECA (18 de abril de 1951) comienza la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad de la CECA, institución de carácter ejecutivo y compuesta por personalidades independientes nombradas por los gobiernos nacionales, encargada de asegurar la consecución de los objetivos previstos en el Tratado y de actuar en el interés general de la Comunidad, y dotada de poder de decisión obligatoria, tanto de carácter normativo como administrativo, decisiones que adopta a través del procedimiento mayoritario. Se configura de este modo como la máxima Institución política de la Comunidad y como su órgano técnico supremo.

Es por las características anteriormente citadas que en la Alta Autoridad se concentra esencialmente el carácter federal y supranacional de la CECA, dentro de un marco institucional que se configura ya a grandes rasgos como el que se conoce en nuestros días: el control político de la Alta Autoridad –germen de la actual Comisión- se encomienda a una Asamblea Común, con capacidad para censurar la actividad del órgano ejecutivo pero sin poder legislativo; un Consejo Especial de Ministros, órgano de naturaleza intergubernamental, compuesto por los representantes de los Estados miembros y cuya misión es garantizar una acción armoniosa de la Alta Autoridad en relación con los gobiernos nacionales; y un Tribunal de Justicia, encargado de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado y los actos derivados de éste.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de fusión de los ejecutivos, el 1 de julio de 1967, una Comisión única asume las funciones de la Alta Autoridad de la CECA y de las Comisiones de los Tratados CEE y Euratom.

El triángulo institucional y el método comunitario

Las cuatro instituciones originarias representan, como nos recuerda G. Isaac, cada una de ellas un principio determinado, a la par que poseen en cada caso una raíz política determinada y expresan una legitimidad propia.

La Comisión está compuesta por miembros designados por los gobiernos de los Estados miembros, aunque los Tratados garantizan su independencia funcional. En su papel de “guardiana de los Tratados”, la Comisión representa los intereses de la Comunidad. A su vez, monopoliza el poder de iniciativa legislativa, y se configura como el órgano ejecutivo de la UE: es responsable de aplicar las políticas, de ejecutar los programas de acción y de gestionar los fondos comunitarios.

El Consejo, compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, representa los intereses de los Estados miembros, pero actúa también como órgano comunitario colegiado. El Tratado le otorga la misión de “garantizar la consecución de los fines establecidos en el (…) Tratado”, mediante la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros y el poder de decisión legislativa, que comparte con el Parlamento Europeo en aquellos ámbitos en los que se aplica el procedimiento de codecisión. El Consejo tiene una presidencia rotatoria por cada Estado miembro por un periodo de seis meses.

El Parlamento Europeo, por su parte, está compuesto por representantes de los pueblos de los Estados miembros, elegidos por sufragio universal directo desde junio de 1979, y representa los intereses de la Comunidad y de tales pueblos. La Cámara ejerce el poder de control político a través de la moción de censura a la Comisión, interviniendo a su vez en el nombramiento de sus miembros, y comparte con el Consejo los poderes legislativo y presupuestario. Su rol en el proceso de toma de decisiones se ve aumentado a través de las modificaciones de los Tratados, especialmente a partir del AUE y el TUE, que introducen los procedimientos de cooperación y codecisión.

El TJCE, como auténtico órgano judicial de la Comunidad, ejerce el control jurisdiccional, en representación de los intereses del Derecho comunitario, sobre las acciones u omisiones de las Instituciones de la Unión, estando los Estados miembros y los particulares igualmente bajo su jurisdicción.

Se conforma de este modo un equilibrio de intereses y de poderes, dentro de un sistema de “pesos y contrapesos” (“checks and balances”), y que se integran en dos conceptos básicos del sistema político europeo: el denominado “método comunitario” y el supuesto de “equilibrio institucional”.

Dentro de la lógica del proceso funcionalista de integración, el denominado “método comunitario” es considerado por buena parte de la doctrina como la “fórmula magistral” y clave del éxito de la construcción europea. El “método” arbitra ente los distintos intereses que se integran en el contexto comunitario: el interés general de la Comunidad (representado por la Comisión) y los intereses de los Estados miembros y de los ciudadanos (representados democráticamente de forma indirecta a través del Consejo y de forma directa a través del Parlamento Europeo).

La dinámica del “triángulo” institucional se desarrolla mediante el monopolio de derecho de iniciativa de la Comisión, el reparto de la autoridad legislativa y presupuestaria entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y el recurso general al voto por mayoría cualificada en el Consejo, fundamental para asegurar la eficacia “método”. En última instancia, el Tribunal de Justicia tiene jurisdicción para garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación el Derecho comunitario.

Tal sistema de “pesos y contrapesos”, integrado por múltiples intereses, genera una compleja dinámica que exige el diálogo y la negociación entre el “triángulo” institucional decisorio. Este “triálogo” está en la base de un principio comunitario imprescindible: el “equilibrio institucional” (“institutional balance”). Tal “equilibrio” es la esencia donde reside el reparto de “funciones” (que no de poderes) entre las tres Instituciones definido por el “método comunitario” o, lo que es lo mismo, el ejercicio por parte de las Instituciones de las competencias que les atribuye el Tratado.

El sistema comunitario no reproduce la clásica división de poderes bajo el cuadro estatal heredado de Montesquieu. Al contrario, las funciones de decisión y de control se reparten entre las cinco Instituciones, representando a su vez cada una de ellas poderes diferentes. En la función ejecutiva intervienen la Comisión, el Consejo y los Estados miembros (estos últimos en la ejecución de una buena parte de las políticas y normativas). La función legislativa se divide entre las dos autoridades decisorias (Consejo y Parlamento Europeo) y la Comisión (poder de iniciativa). La función jurisdiccional se la reparten el TJCE y las cortes nacionales.

Por su parte, el poder de control se disemina en la arquitectura institucional de la siguiente manera: el Parlamento Europeo ejerce el control político sobre la Comisión y el Consejo, y este último controla a su vez a los dos primeros. El Tribunal de Justicia ejerce su jurisdicción sobre las tres Instituciones, sobre los Estados miembros y sobre los particulares, mientras que el Tribunal de Cuentas tiene poder sobre las Instituciones y los Estados miembros. La Comisión, por su parte, vela por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Tratado sobre los Estados miembros y, en determinados casos, sobre los particulares.

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La Comisión y el déficit democrático

La actividad legislativa de la UE es el parámetro central en el que se basan las aproximaciones normativas para el estudio tanto del rango y número de competencias que se manejan a nivel comunitario, como de la valoración de las políticas europeas, y del denominado “desequilibrio institucional” en la gobernanza europea. La interacción y reparto de poderes entre las tres principales instituciones de la Unión determina la forma en que se desarrolla el proceso de toma de decisiones, en base a un “método comunitario” que, tal y como se define en los años sesenta, desprovee al Parlamento Europeo de las clásicas funciones legislativas con las que se reviste a los Parlamentos nacionales. Este “desequilibrio” de poderes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y la ruptura con el ideal de democracia parlamentaria están en la base de la teoría sobre el “déficit democrático” de la Unión Europea.

Fundado sobre una lógica funcionalista-integracionista, y aplicado a las políticas que integran el primer pilar de la UE, el “método comunitario” otorga a la Comisión el monopolio en la iniciativa política y legislativa, y el poder de ejecución de las políticas, que comparte con los Estados miembros. La Comisión decide si la Comunidad debe actuar, bajo qué forma legal, y qué contenido e implementación seguirá. Por su parte, el poderoso rol del Consejo se configura a través de la negociación estratégica, los convenios generales, y su capacidad como primera autoridad legislativa, recurriendo generalmente al voto por mayoría cualificada. El primigenio Parlamento Europeo goza de limitadas oportunidades de acción, articuladas en torno a su función de control y censura de la Comisión, y los poderes de consulta y deliberación. Por su parte el Tribunal del Justicia debe garantizar la uniforme interpretación del Derecho comunitario.

El “método comunitario” puede resumirse así en la siguiente máxima: “la Comisión propone y el Consejo dispone”. Del mismo modo, el papel otorgado a la Comisión, y el hecho de que ni el Consejo ni el Parlamento ni los Estados miembros puedan obligar al Ejecutivo europeo a legislar, supone una manifiesta quiebra para con el principio de separación de poderes y de democracia parlamentaria.

El gobierno de los expertos

Las distintas aproximaciones de la Ciencia política de cara a determinar las transformaciones de la gobernanza en la Europa occidental durante el transcurso del último medio siglo se desarrollan en torno al concepto de “nuevo institucionalismo” del análisis organizacional. La teoría de la delegación en “Instituciones no-mayoritarias”, está dominada por la aproximación del “Principal-Agent”: los políticos deciden delegar ciertas funciones en “Agentes” sólo si los beneficios esperados de la delegación exceden a los costes.

La lógica funcional de la delegación se centra en una serie de beneficios que los políticos esperan conseguir a través de transferir cierta autoridad a los agentes independientes. Thatcher y Stone Sweet identifican cuatro categorías de beneficios evaluados racionalmente: en primer lugar, los relacionados con la credibilidad de las promesas realizadas a los ciudadanos (problemas de compromiso); seguidamente, la necesidad de políticas de expertos que resuelvan las asimetrías de información en áreas técnicas de la gobernanza; de igual forma, los resultados serían más eficientes, a través de la creación de normas que resuelvan problemas específicos; por último, las políticas de los agentes (no responsables ante la ciudadanía) maximizarían objetivos políticos a través de políticas impopulares para ciertos sectores de la sociedad.

A nivel comunitario, se añade la complicación de una delegación que tiene lugar a nivel externo (transferencia de poderes de decisión a cuerpos exteriores, incluyendo los Estados miembros, y hacia órganos diferentes de la Instituciones europeas y no nombrados en los Tratados), y a nivel interno (delegación de poderes ejecutivos, de implementación de las normas, desde el Consejo hacia la Comisión).

En el nivel supranacional de la UE, un sistema integrado por bancos centrales aislados del control político directo elabora la política monetaria. Desde Bruselas, la Comisión propone la legislación y se encarga de hacer cumplir la extensa regulación europea. Mientras, en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia controla el cumplimiento de la legalidad comunitaria por parte de Instituciones, gobiernos y administraciones. Las agencias especializadas de la UE se dividen en un amplio espectro: agencias comunitarias; agencias de la PESC; agencias de la CPJP, y agencias ejecutivas.

Una parte de la crítica del “déficit democrático” de la UE se acoge precisamente al desarrollo de una “tecnocracia” en Bruselas a modo de Estado despótico, caracterizado por la rápida acumulación y centralización del poder: un “gobierno de extranjeros”, sin la presencia de elementos culturales comunes (religión, lenguaje y cultura legal), y donde el gobierno del pueblo se sustituye por “la administración de las cosas” (véase la crítica de Siedentop, 2001, La democracia en Europa, y la respuesta de Moravcsik, 2001, Despotism in Brussels? Misreading the European Union, en Foreign Affairs).

Después de Lisboa…

La posibilidad de que se impulse una iniciativa legislativa popular (un millón de firmas de ciudadanos de la UE), el mayor control que se otorga a los parlamentos nacionales y regionales para el control y seguimiento de la subsidiariedad (protocolos anejos al Tratado) y la extensión de la codecisión como “procedimiento legislativo ordinario”, se presentan como algunos “correctivos” al monopolio de iniciativa de la Comisión y al poder legislativo del Consejo. ¿Son suficientes para hablar de una gobernanza definitivamente sometida al control democrático?

Para saber más:

Web Comisión Europea

Nueva Comisión 2010-2014

Presidente de la Comisión: Funciones y Poderes

Antiguos presidentes

Estados Unidos y Europa ¿Sueños rotos?

Encarna Hernández

Si hay algo por lo que los europeos recordamos la presidencia de George W. Bush jr. al frente de la Casa Blanca fue por las horas bajas que vivió durante este periodo la relación transatlántica. Cuando muchos analistas políticos se preguntaban si seguía existiendo “Occidente” como tal (al menos esa visión que se tenía de Occidente en la Guerra Fría) o incluso si ya no habría otra generación de políticos norteamericanos impulsores de la cohesión de Occidente, en ese justo momento, fue cuando emergió la figura de Barack Hussein Obama.

Para los norteamericanos, hastiados de las aventuras militares en el extranjero y del fracaso económico y social de Bush, Obama representaba el deseo de cambio. Por su parte, los europeos atisbaban en este hombre y en su talante internacional el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales y transatlánticas. ¿Había llegado ese líder capaz de unir otra vez los destinos de Occidente? Mientras los europeos reinterpretaban la relación transatlántica en clave de romanticismo, los americanos, fieles al realismo político, analizaban el mundo de la posguerra fría, el mundo de las nuevas amenazas y alianzas globales, en clave pragmática. Emergen otros centros de poder, y es posible que “Occidente” simplemente ya no exista como lo conocíamos, es decir, en su posición dominante.

A estas alturas, Europa, la Unión Europea, ahonda en su afán de ser un interlocutor válido y vital para Washington, el viejo aliado fiel, dependiente, y que se desdibuja en materia de defensa y política exterior. El último “desaire”: la ausencia del presidente norteamericano en la Cumbre con la UE. ¿A quién puede sorprender que Europa no esté en la agenda de la estrategia global de los Estados Unidos en un puesto alto del ranking?

Es cierto que hay una clave interna para interpretar la ausencia, por primera vez desde hace 17 años, de un presidente norteamericano en una cumbre EEUU-UE. Así lo recogía The Wall Street Journal, el primer medio en hacerse eco de la noticia: el presidente necesita focalizar sus esfuerzos en la política interna (la pérdida del escaño en Massachusetts, las próximas elecciones legislativas, con la mayoría de las dos cámaras en juego, el empleo, la reforma sanitaria…) y recortar su agenda de política exterior. Sin embargo, desde la Casa Blanca se reconoce abiertamente que viajar en primavera a Europa nunca estuvo en los planes de Washington.

El país anfitrión, con Zapatero como presidente de turno, o el propio Barroso, no podían ocultar su decepción. The New York Times hablaba de “egos europeos fuertemente heridos”; The Guardian dibuja una Europa “desairada” por el plantón de Obama. Era la señal definitiva de que la promesa de un enfoque más internacional de EEUU con Obama estaba definitivamente siendo relegada por los acuciantes problemas internos. No era la primea señal. Recientemente, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente demócrata había dedicado un escueto apartado a la política exterior, dirigiéndolo esencialmente hacia el consumo interno. En realidad, no había ningún asunto en el orden del día de la Cumbre con la UE del que Obama pudiera sacar rédito a nivel doméstico.

Decíamos que no era el primer signo. Los europeos ya habían podido advertir que el despegue de la relación transatlántica y el nuevo talante del inquilino de la Casa Blanca no se ajustaban a la euforia inicial. Obama no estuvo en Berlín, en el 20th aniversario de la caída del Muro. Las negociaciones en la cumbre del Clima de Copenhague lo confirmaron. En el discurso sobre el Estado de la Unión llovía ya, de hecho, sobre mojado. Y la guinda del pastel sería su ausencia en la cumbre de la primavera.

Atrás quedó lo que en su día fue calificado como la “obamamanía europea”, justo después de la llegada de Obama a la presidencia. Se hablaba de oportunidad para abordar las relaciones transatlánticas desde una nueva óptica (el entonces presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering); divisábamos una UE esperanzada ante la renovación de los lazos transatlánticos para afrontar retos unidos (presidente de la Comisión de asuntos Exteriores del PE, Jacek Saryusz-Wolski); incluso de la contribución de la figura de Obama para mejorar la percepción sobre EEUU en la  opinión pública europea (presidente de la delegación de la Eurocámara en EEUU, Jonathan Evans). Y todavía más allá, un entusiasmo que hacía abrigar sueños a Europa de encontrar su Madison, su Obama (eso sí, tendría que poder ser elegido por los ciudadanos).

Llaman ahora la atención unas declaraciones del eurodiputado de Los Verdes Daniel Cohn-Bendit: “la esperanza está ahí, pero hay que esperar a ver los resultados”. El tiempo le ha dado parte de razón. Pero tampoco Europa ha hecho mucho por quitársela. La ausencia de Obama alimenta los temores (fundados) de que EEUU ve a la UE como un socio irrelevante. ¿Quiere decir esto que la “culpa” es de Europa? En parte sí. El propio subsecretario de Estado norteamericano habló de un periodo de adaptación a la nueva estructura de la política exterior de la UE tras Lisboa. En este sentido, The Guardian interpreta que la Unión ha fallado su primer gran test de los nuevos acuerdos en política exterior introducidos en la última reforma de los Tratados.

Ya imaginarán a qué nos estamos refiriendo: a la llamada “cacofonía” europea en materia de política exterior, alimentada por las múltiples cabezas que cohabitan por obra y gracia de la reforma de Lisboa: Presidente permanente del Consejo; Alta Representante; presidente de la Comisión; y presidencia de turno. ¿Es la política exterior de la UE un auténtico proteo? Afirma Andreu Missé, para El País, que “Europa pierde peso en la escena mundial” porque no colma, en concreto, las expectativas de la Casa Blanca como interlocutor coherente, unido y colectivo (en resumen, una sola voz) cuando se trata de política exterior. Para LLuís Bassets, Obama no ha hecho otra cosa que dar una  “patada al hormiguero europeo”.

En el ojo del huracán de este “hormiguero” está precisamente la nueva Alta Representante para la política exterior de la UE. De Ashton se ha criticado su falta de experiencia en política foránea, su gestión poco visible de la intervención europea con motivo del terremoto en Haití, sus dudas a la hora de implantar el nuevo servicio europeo de acción exterior. Afirma Charlemagne en The Economist que Lady Ashton es un síntoma de la disminución de las ambiciones de Europa, no la causa. ¿Quién no podría darle parte de razón?

Quizá haya llegado la hora de que Europa se replantee el lugar y la posición que puede ocupar como actor global (de un modo realista), se afirma en The New York Times, haciéndose cargo de su seguridad y buscando un equilibrio entre el anhelo de protección transatlántico (dependencia) y su afán y posibilidades de ser un actor global por derecho propio. Estados Unidos ya lo ha hecho: hablamos de redefinir papeles en la era de la postguerra fría, pero también en la era de una “Europa post-americana”.

Jeremy Shapiro y Nick Witney, en un artículo publicado recientemente en Política Exterior, hablan de la relación transatlántica (o de sus desajustes) no tanto como una cuestión de estructura institucional de la UE sino como de “psicología”. Es decir: de la forma en la que los europeos consideran la relación con EEUU, un “fetichismo transatlántico” planteado de forma sentimental y no pragmática. Más allá de quien presida Estados Unidos, lo cierto es que la nueva redistribución del poder en la era global hace que americanos y europeos vean su relación bilateral de forma muy distinta.

¿Será que se han intercambiado los papeles, y los estadounidenses han hecho suyo el planteamiento bismarkiano de la política exterior, mientras que los europeos parecen los herederos del idealismo wilsoniano? No cabe duda que existen planteamientos bien diferentes en cuanto a las estrategias de seguridad: vean si no la última estocada de la cooperación en materia antiterrorista, el acuerdo conocido como Swift, de intercambio de datos bancarios, y que ha sido tumbado por el Parlamento Europeo. Definitivamente, en Europa se anteponen derechos fundamentales a seguridad. Al menos no a cualquier precio. Europa necesita sus pausas.

La agenda del Parlamento Europeo, desde la óptica de los eurodiputados españoles

Encarna Hernández

De sobra son conocidas las prioridades que se ha marcado la presidencia española de la Unión Europea para los próximos meses: impulsar la recuperación económica; desarrollar una Europa social y de los ciudadanos (con la igualdad como eje central); fortalecer la posición de la UE como actor global; lucha contra el cambio climático; dar plena aplicación al Tratado de Lisboa… Pero, ¿cómo se interpretan y, lo más importante, cómo se abordarán, estos objetivos por parte del Parlamento Europeo, y en concreto, desde la óptica de los eurodiputados españoles? En una Eurocámara reforzada de poderes legislativos, presupuestarios, y de control político y democrático tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la agenda política en el marco de la presidencia española se abordará en primer lugar desde las comisiones parlamentarias. En todas ellas hay representación española, por lo que resulta más que interesante conocer la perspectiva de los eurodiputados españoles sobre cuáles son los temas prioritarios y cómo abordarlos. A este objetivo responde una publicación elaborada por el servicio de prensa del Parlamento Europeo, en la que nuestros eurorepresentantes han contestado a la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las prioridades de la comisión parlamentaria de la que es miembro para la presidencia española?”

En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la búsqueda de una salida a la crisis financiera está en el centro de todas las preocupaciones. La presidencia española ya anunció que para salir de la crisis económica se apuesta por la coordinación interna, la contribución a la gobernanza financiera y su supervisión, un mercado único de servicios financieros, la creación de empleo de calidad, la educación y el medio ambiente, todo ello en el marco de la nueva Estrategia Europea de crecimiento sostenible para el horizonte de 2020. En esta línea se enmarca la visión del eurodiputado español Antolín Sánchez (S&D). Para Ramón Tremosa (ALDE) el asunto principal a tratar debe ser la legislación sobre supervisión financiera, con el objetivo de evitar futuras crisis.  Para Tremosa, España debería promover la reforma del mercado laboral para actuar contra el paro, así como cambiar el ancho de vía de los trenes españoles para lograr una mayor integración en el mercado único.

Empleo y derechos de la mujer son otras dos importantes piedras de toque, dado el acuciante problema del desempleo, especialmente en España, y toda vez que la igualdad de género es una prioridad fundamental de la presidencia española. En materia de empleo, Alejandro Cercas (S&D) entiende que su comisión debe centrar sus esfuerzos en el desarrollo/revisión de varias directivas: promoción de la seguridad y la salud en el trabajo de las mujeres embarazadas; igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ejercicio de una actividad autónoma; permiso parental; discapacidad; tiempo de trabajo en sectores como el transporte por carretera. Así como la revisión de la estrategia de Lisboa en el objetivo de la innovación. Por su parte, Teresa Jiménez-Becerril (PPE) e Iratxe García (S&D), miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer, coinciden en algunos puntos: conciliación de la vida familiar y laboral para las mujeres (legislación europea sobre permisos de maternidad, ayudas sociales, asistencia médica, etc.); protección para las víctimas de violencia de género (número de teléfono de emergencia europeo, orden europea de alejamineto, etc.). La socialista Iratxe García precisa algunas propuestas más de su grupo y de la presidencia española: la elaboración de una carta de derechos de las mujeres y la creación de un observatorio europeo de la violencia de género, respectivamente.

En materia de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Juan Fernando López Aguilar (S&D) recuerda que corresponderá a la presidencia española elaborar el plan de acción del Programa de Estocolmo, en la línea de mantener como prioridades principales el refuerzo de los derechos de los ciudadanos, la cooperación judicial, la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Teresa Jiménez-Berrecil, del PPE, cita algunas propuestas interesantes: es el momento de armonizar las legislaciones de los Estados miembros para que los delitos terroristas no prescriban, considerándolos como crímenes contra la humanidad. Asimismo, propone aproximar las legislaciones sobre los derechos de las víctimas del terrorismo o, cuanto menos, adoptar una Carta europea que reconozca estos derechos.

La Agricultura y la Pesca también tendrán que afrontar revisones fundamentales en los próximos meses. Tanto populares como socialistas entienden que el futuro de la PAC y la reforma de la Política Pesquera Común serán temas fundamentales.

Energía y medio ambiente son temas de vital trascendencia para el futuro de la Unión. Los miembros españoles de la Comisión de Industria, Investigación y Energía tienen claro que es necesario aprovechar el impulso de Lisboa (que aporta nuevas bases jurídicas) para avanzar hacia una política energética común, una ausencia histórica que en los tiempos que corren no sólo tiene que acometerse con celeridad, sino avanzar, inevitablemente, de forma paralela a los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático. El popular Alejo Vidal-Quadras insiste en que no sólo es necesario coordinar (añadamos diversificar) el mercado interior de la energía, sino también garantizar la seguridad del suministro exterior (dada la excesiva dependencia europea, y para evitar situaciones como las ocurridas en pasado invierno con la crisis del gas entre Rusia y Ucrania). La socialista Teresa Riera habla de integrar investigación, innovación y energía: es lógico, el modelo energético en el que se debe (y puede) basar Europa tiene que estar sustentado en estos vectores para ser competitiva y sostenible. Francisco Sosa Wagner (NI) reconoce que Europa es pionera en protección del medio ambiente (sus objetivos en materia de reducción de emisiones son los más ambiciosos), pero ello tiene que complementarse con el impulso de una política energética común. Sosa Wagner habla de un “sueño”: impulsar una política de creación de redes de distribución que conecte las redes existentes para conformar una amplia red europea. ¿Un sueño? “Sí, pero sin sueños no existiría hoy la UE”. Y tiene mucha razón. El eurodiputado español reivindica también promover en mayor medida un tipo de investigación no conectada directamente a las empresas; un tipo de saber, de innovación, que puede parecer “inútil” y que no encuentra apoyos ni financiación en los programas marco de la UE.

En materia de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, el socialista Andrés Perelló nos recuerda que su comisión trabajará en los próximos meses para delimitar el objetivo a partir de 2011 en relación a la biodiversidad, y que se debe presentar en la Asamblea General de la ONU después del verano. La Comisión de Medio Ambiente debe coordinar sus esfuerzos con la de Industria para implantar las medidas y cumplir los objetivos recogidos en el paquete “Energía-Clima.

La política de Desarrollo Regional se encuentra también en un momento crucial de su historia. Populares y socialistas en el PE coinciden en que su diseño de cara al futuro será clave: habrá que ahondar en la dimensión territorial de la Unión, así como en una participación más activa de la regiones (incluida la gestión de los fondos); se prestará especial atención a las regiones ultraperiféricas, para fortalecer la cohesión. Rosa Estarás (PPE) afirma que será prioritaria la reforma del Fondo de Solidaridad (recogido en la reforma de Lisboa), de cara a garantizar que la ayuda comunitaria llegue rápida y eficazmente ante cualquier catástrofe natural. Ricardo Cortés (S&D) reafirma que en el actual momento de crisis económica, será esencial simplificar los procedimientos para asegurar que los fondos europeos lleguen a las regiones y a los ciudadanos lo más pronto posible. Habla también de garantizar periodos de transición adecuados. Hay que tener en cuenta que muchas regiones españolas se encuentran en la denominada “fase de salida” del Objetivo 1 de los fondos estructurales de aquí a 2013, por lo que debe ser una piedra de toque importante para la presidencia española.

A la presidencia española le corresponderá, en el contexto de dar plena aplicación al Tratado de Lisboa, poner en marcha las disposiciones financieras y presupuestarias. Hay que recordar que ahora el PE tiene mayor peso para aprobar y controlar el presupuesto comunitario, con la desaparición de la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. Como nos recuerda el eurodiputado de la Comisión de Presupuestos Salvador Garriga (PPE), habrá que enfrentarse a una revisión de la financiación de la PAC (con la posible cofinanciación de las ayudas directas), así como del Reglamento Financiero, sin olvidar que hay que acometer presupuestariamente los gastos que derivarán de la puesta en marcha del nuevo servicio de acción exterior de la UE. Por su parte, Eider Gardiazábal (S&D), remarca que el PE está reclamando la revisión de las cifras del actual Marco Financiero, ya que la UE se enfrenta a la escasez de créditos para hacer frente a las nuevas políticas que debe financiar, pero el Consejo se muestra reacio a aumentar los créditos del presupuesto comunitario.

Presupuesto 2009 - Click para ampliar
Presupuesto de 2009
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La política exterior de la UE es otro tema vital, prioritario para la presidencia española, en realidad, marcado con fluoerescente en la agenda desde hace una década. Reforzar la posición de la UE como actor internacional era uno de los objetivos de la reforma de Lisboa (lo era desde Laeken y seguidamente con la reforma constitucional). Para ello, precisamente, se crearon nuevos altos cargos como el presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante (una especie de ministro de Asuntos Exteriores). ¿Será posible hablar con una sola voz? Ya hay quien (me incluyo) habla de una UE con múltiples cabezas que dificultan una coherente y unificada posición de cara al exterior. Pero también es cierto que, ahora mismo, la maquinaria no acaba sino de arrancar, y habrá que esperar a que las piezas se acoplen en el complejo puzzle de la política Exterior.

¿Cuáles son las prioridades para la Comisión de Asuntos Exteriores? Está claro que hay que avanzar en la política de vecindad, especialmente con el Sur del Mediterráneo, así como relanzar las relaciones bilaterales con América Latina y, cómo no, afianzar la relación estratégica con Estados Unidos. El eurodiputado de la Izquierda (GUE) Willy Meyer aporta dos puntualizaciones que resultan interesantes: los tres pilares que deben sostener los acuerdos de asociación con regiones más desfavorecidas deben ser el diálogo político, la cooperación al desarrollo y el comercio justo. Es decir, nada que se parezca a los acuerdos de libre comercio que lleva a cabo EEUU en zonas del Sur y Centro del continente americano. Otra apreciación importante: el estatuto de Marruecos como socio avanzado de la UE. Para Meyer, esto no puede ser posible mientras el Reino marroquí siga violando sistemáticamente los derechos humanos. Tenemos un ejemplo reciente: el caso de la activista saharaui Aminetou Haidar.

En la Comisión de Desarrollo encontramos al español Enrique Guerrero (S&D), y aquí la UE tiene un par de citas importantes: la revisión del acuerdo de asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonou), así como de los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, prevista para el próximo  otoño.

Quedan por citar algunas prioridades en materia de Seguridad y Defensa, cuyo desarrollo político e institucional está recogido en el Tratado de Lisboa. Aquí entran en juego figuras como la de la Alta Representante, los ministros de Defensa de la UE, cuyas reuniones habrá que fortalecer. La Agencia Europea de Defensa deberá también recibir un impulso, como habrá que dárselo a la asociación con la OTAN. Una política europea de Defensa, otro viejo anhelo…

La subcomisón de Derechos Humanos tendrá igualmente trascendentales retos por delante: combatir el aumento de la trata de seres humanos; luchar contra la violencia ejercida contra la mujer en todas partes del mundo; reconocer esta violencia como un delito contra la integridad física y moral de la mujer, etc. Importante será erradicar los esteriotipos y conductas sociales que discriminan a la mujer, usando la herramienta más eficaz que puede haber: la educación (ver noticia).

La igualdad de género está siendo motiv0 ya de debate en el Parlamento Europeo, el informe presentado por la Comisión de Derechos de la mujer se debatió ayer en el Pleno de la Eurocámara y será votado mañana. Entre otras cuestiones, se decidirá sobre el permiso de paternidad a escala europea o un acceso más fácil al aborto y a los anticonceptivos para las mujeres, y, en general, que éstas tengan un mayor control sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Por qué no nos sentimos europeos?

Encarna Hernández

A cada estudio de opinión pública que ve la luz, nos volvemos a encontrar con la misma situación: la desafección, desinterés y desconocimiento de los ciudadanos para con la Unión Europea. El último barómetro del CIS, realizado además en el contexto de la presidencia española de la UE, nos deja un titular no menos demoledor por esperado: la mitad de los españoles no están interesados en la Unión Europea. Más del sesenta por ciento se considera poco o nada informado al respecto de estos asuntos. Sin embargo, ven con buenos ojos la pertenencia de nuestro país a la Unión, estimándolo como algo ventajoso.

Hablamos de datos que nos introducen en cuestiones que tienen que ver con lo que se ha venido a identificar como el desgaste del “consenso permisivo” de las opiniones públicas nacionales hacia el proceso de la integración europea. Este desgaste del consenso está intimamente relacionado con el descenso del apoyo popular hacia la UE, visible especialmente desde principios de los noventa. Hablamos, en todo caso, de un apoyo que tiene dos dimensiones: una de tipo “instrumental” y otra de cariz “identitario”.

Dicho de otra forma: los ciudadanos observan las ventajas de la pertenencia de su país a la UE, pero no existe la sensación de una necesaria solidaridad entre los Estados y los pueblos, en ausencia de un denso sentimiento de identidad colectiva. En resumidas cuentas, Europa se atisba como un “servicio”, como un “derecho”, pero sin que ello necesariamente tenga que conllevar ningún tipo de sacrificio u obligación. Pero, comencemos por el principio…

Hasta principios de los noventa, el proceso de la construcción europea está dirigido por las elites políticas pro-europeas del Continente y se lleva a cabo al margen de las opiniones públicas nacionales. Durante cuatro décadas, los gobiernos de los Estados miembros asumen una especie de “consenso tácito” de los ciudadanos europeos para con la maquinaria de integración. Se ponen en marcha iniciativas y políticas, y se toman decisiones en nombre de una ciudadanía que hasta entonces no participa en el proceso.

Aquel “consenso permisivo” (“permissive consensus”) de los ciudadanos para con la integración europea significa que el “consenso” no es explícitamente demandado, y se asume que existe por parte de unos Gobiernos nacionales que aún conservan altos niveles de legitimidad.

Jean Monnet: el "padre" del método

Los fundadores de Europa apuestan por un método de integración funcionalista (el conocido como método de los “pequeños pasos”, ideado por Monnet), tecnocrático y elitista, que permite así avanzar en el proceso de construcción europea. Esta estrategia, en las primeras décadas de la integración, se revela sin duda pragmática, aún a costa de minimizar el componente democrático del proyecto.

Sin embargo, el “pecado original” de la UE, el hecho de que no se consulte a los ciudadanos sobre su creación, se configura como una cuestión cada vez más compleja, en particular conforme la Unión amplia sus competencias sin que de forma paralela se  atienda a cuestiones relacionadas con la legitimidad democrática, especialmente en aquella que concierne a la representatividad y a la rendición de cuentas, y en el marco del laberinto burocrático que conforman las instituciones y órganos de la Comunidad Europea.

Es en los años setenta cuando aparece publicado el primer análisis serio sobre el apoyo popular a la integración europea en sus primeras décadas de vida, así como sus perspectivas de futuro. La tesis de Lindberg y Scheingold (1970) describe Europa como una empresa tecnocrática y elitista, y que se asocia desde el principio a la idea de planificación económica. Su centro de gravedad se extiende en torno al binomio económico y del bienestar, y en concreto al bienestar material. Los autores hablan de un proceso de integración económica que se asocia a una nueva forma de hacer negocios y a un nuevo estilo de vida.

Para ambos autores, que analizan datos de estudios de opinión pública publicados hasta finales de los sesenta, el apoyo que de forma cada vez más perceptible recibe el proceso de integración europea desde finales de la década de los cuarenta hasta finales de los sesenta obedece a incentivos de tipo económico: es decir, era un apoyo de tipo “utilitario”, basado en algunos intereses percibidos y relativamente concretos. Si para las elites participantes en la construcción europea ha sido relativamente fácil en el pasado movilizar apoyo para proyectos de tipo económico, las perspectivas para el futuro continúan siendo favorables si se extienden y asocian a la Comunidad los valores materialistas y de clase media.

Aunque la tesis más interesante de Lindberg y Scheingold gira en torno al desarrollo de un “consenso permisivo”, noción que simboliza un apoyo hacia la CE entre elites no participantes y público y que es asumido como una especie de factor constante. Los autores llegan a la conclusión de que la opinión pública no juega un rol fundamental en el proceso de integración. Más al contrario, la Comunidad  se considera como un sistema en el cual el crecimiento depende principalmente de la interacción entre las elites participantes.

En este sentido, el análisis del apoyo público hacia “Europa” y de la participación ciudadana en relación al concepto de “consenso permisivo” en la segunda mitad de los ochenta, lleva a la Comisión Europea a concluir que en la mayor parte de las ocasiones y en la mayoría de los Estados miembros, “el consenso sobre Europa o sobre la idea de más Europa, es más permisivo y benevolente que exigente y desafiante (Standard Eurobarometer 27, 1987, June). Estamos, pues, ante un apoyo público que se extiende, pero que se caracteriza por su inactividad-pasividad política.

Dos jóvenes parisinos celebran el "sí" a Maastricht

¿Está entonces la opinión pública europea condenada a jugar el rol pasivo que se asocia a un concepto como el de “consenso permisivo”? En realidad no, y los sucesivos procesos de ratificación de los Tratados a partir de los años noventa (Maastricht, Niza, la Constitución Europea) ponen sobre el tapete no sólo la erosión de ese “consenso” popular, sino también la importancia de las actitudes públicas para influenciar el proceso de la integración europea.

Lo cierto es que la investigación en teoría de las relaciones internacionales tarda muchos años en contemplar el factor “opinión pública”. El dominio de la elite en la perspectiva “neo-funcionalista” (dentro de la teoría de la integración política) continúa hasta la profunda revisión que tiene lugar a principios de los setenta. En una obra colectiva publicada en 1971 (Lindberg & Scheingold, 1971), Haas y Schmitter contribuyen ahora al redescubrimiento de la opinión pública. Ambos incluyen en esta ocasión las percepciones de las masas y referencias a datos de opinión pública para explicar el desarrollo de los procesos de integración. Actualmente, la idea de que la opinión pública y las actitudes de los ciudadanos codeterminan la velocidad de la integración europea y contribuyen a definir la naturaleza y forma de la unión política está más que asumida.

Como recuerda M. Gabel (1998), uno de los prominentes teóricos de la relación entre apoyo y factores económicos, la influencia de las actitudes públicas (en particular del apoyo) en el camino de la integración europea se puede apreciar de forma específica en los referendos celebrados en los Estados miembros: ¿Acaso el “no” danés de junio de 1992 no modifica y condiciona en última instancia la reforma institucional de la UE?

Sería un año antes de los ensayos revisionistas de Haas y Schmitter, cuando Lindberg y Scheingold (1970) publican el citado trabajo que realmente se concentra en el análisis del apoyo de la opinión pública hacia la integración europea, de forma paralela al estudio del crecimiento del propio sistema político comunitario. El estudio no sólo se concentra en el análisis de las orientaciones hacia el sistema político, sino que mide también los indicadores de solidaridad entre los pueblos. En concreto, lo que ellos denominan una segunda dimensión del apoyo, y que concierne al crecimiento de la comunidad social.

Los autores dividen en dos las dimensiones del apoyo: un apoyo de tipo “utilitario”, de carácter instrumental, hace así referencia a la evaluación por parte de los ciudadanos de la empresa comunitaria en términos de costes y beneficios de bienestar. Por el contrario, el concepto de apoyo de tipo “afectivo” se mide a través de sentimientos de identidad europea y de confianza entre los pueblos y hacia las instituciones comunitarias.

Estas dos dimensiones del apoyo se identifican con la división establecida por D. Easton (1965) entre “apoyo específico” y “apoyo difuso”. El “apoyo específico” está relacionado con las acciones y transformaciones del Gobierno o de las elites políticas, y supone un objeto-específico en dos sentidos: en primer lugar, porque normalmente se aplica a las evaluaciones de las autoridades políticas, y en menor medida al régimen y a la comunidad política; en segundo lugar, porque se basa en las políticas actuales y estilo general de las autoridades políticas. Por su parte, el “apoyo difuso” se sostiene “independientemente de las ventajas específicas que el miembro juzga que le reporta pertenecer al sistema.”

Los dos conceptos de apoyo a la CE aportados por Lindberg y Scheingold coinciden igualmente con las dos dimensiones de la legitimidad que establece F. W. Scharpf (2000). El “apoyo difuso” (o legitimidad orientada hacia el “proceso” democrático) quedaría excluido en la Unión Europea a partir de la ausencia de una “densa identidad colectiva”.

La conclusión a la que llegan Lindberg y Scheingold es que, a excepción de los vínculos utilitarios que sugieren los datos relativos al mercado, hay escasa evidencia de una solidaridad real entre los pueblos. Las perspectivas para el futuro son sin duda positivas: si prevalece un clima de armonía social y se extienden los valores de clase media, el apoyo debe con toda probabilidad continuar creciendo como lo ha hecho en el pasado.

El “consenso permisivo” puede, sin embargo, verse puesto en peligro en lo relacionado con la legitimidad y relevancia de las actividades de la Comunidad. La legitimidad se acumulará despacio y de forma irregular, mientras el refuerzo de la relevancia de las tareas manejadas a nivel europeo puede conducir a la movilización política de unas elites no participantes y un público de masas que adoptan un rol activo.

¿No es exactamente esta situación la que se vive en Maastricht o con la Constitución? Ambos Tratados aceleran de forma significativa la naturaleza del proceso de integración y las responsabilidades comunitarias ¿No alteran estas circunstancias los cálculos del público sobre los costes y beneficios de la pertenencia a la Comunidad?

Hasta que la llamada “crisis de Maastricht” sobreviene, las teorías utilitaristas copan las conclusiones de los estudios sobre el apoyo hacia la integración europea. Según estas teorías, el apoyo derivado de los factores económicos no se traduce en un deseo de realizar sacrificios por otros Estados miembros en lo que se refiere a las dificultades económicas, aunque las predicciones de cara al crecimiento del apoyo hacia la CE son sin duda favorables.

Nada más lejos de la realidad. Después de superar los difíciles años setenta, con dos crisis petroleras y el impacto interno que supone la primera ampliación, con el subsiguiente declive de la tendencia al alza del apoyo popular en la década anterior, la gradual recuperación que se observa en los distintos estudios del Eurobarómetro durante los ochenta comienza a truncarse en 1989. Por aquel entonces, los asuntos relacionados con el mercado único comienzan a acelerarse y a ser examinados y discutidos entre los distintos sectores de la economía y la industria.

Precisamente, un estudio de la Comisión Europea publicado en otoño de 1995 (Standard EB 43) aborda la cuestión de la constante erosión del “consenso permisivo” desde finales de los ochenta, en relación al “apoyo utilitario” (que integra la variable del beneficio “neto” de la pertenencia a la UE y las expectativas “netas” hacia el Mercado Único) y al “apoyo constitucional” (apoyo “neto” hacia la pertenencia a la UE y hacia un gobierno europeo).

Como se ha mencionado anteriormente, en 1989 comienzan a verse los primeros síntomas de la recesión del apoyo, aunque sólo de tipo “utilitario”. El apoyo “constitucional” continúa subiendo hasta la primavera de 1991, pero, a partir de esta fecha, se inicia una caída en ambos niveles de apoyo que se acelera y amplifica en la primavera y otoño de 1992, coincidiendo con la crisis de la ratificación de Maastricht.

La curva del apoyo es, sin duda, un fiel reflejo de los acontecimientos políticos que se desarrollan en la época. El apoyo comienza a caer en el verano de 1991, justo antes de la cumbre de Maastricht, pero también después de la Guerra del Golfo y el inicio de la recesión económica en muchos Estados miembros. El comienzo oficial del Mercado Único parece cerrado y el desplome del bloque comunista trae la incertidumbre al futuro de la Europa del Este. Con los referendos danés y francés en la primavera de 1992 (el último de ellos precedido por el denominado “miércoles negro”, con la retirada de la Libra Esterlina y de la Lira del mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo) los indicadores de apoyo caen a su punto más bajo.

Tras la tendencia al retroceso en los noventa, a partir de finales de la década se produce un repunte lento pero constante, y esta es la tendencia que domina durante lo que llevamos de siglo XXI.

Aunque los ciudadanos siguen mostrando un apoyo de tipo “utilitario” a la UE y ven las ventajas de la pertenencia de su país a la Unión, no se atisba un fortalecimiento de los lazos de solidaridad, aquellos que tienen que ver con el desarrollo de un denso sentimiento de identidad colectiva: persiste un alto porcentaje (que varía en pocas décimas de un Eurobarómetro a otro, pero que suele rondar el 40 por ciento) de ciudadanos de los Estados miembros que se sienten únicamente identificados con la identidad nacional. Crece además el desinterés y domina el desconocimiento, la pasividad.

Y, sin embargo, algunos procesos de ratificación de los Tratados (Maastricht, Constitución, Lisboa) muestran una opinión pública que puede parecer en cierta medida más activa y desafiante porque tiende al rechazo. Pero, hay que insistir en que lo que prima es el desconocimiento del texto y términos de los Tratados que se votan, ya se acepten o se rechacen.

No hablamos, más que probablemente, de un “disenso activo” informado, sino más bien de campañas orquestadas desde ciertos sectores del euroescepticismo que calan puntualmente en la opinión pública nacional, en determinados países, y que se insertan en un contexto político y/o económico puntualmente complicado, y medido en clave nacional. Estamos pues, como bien lo calificó el presidente de la Convención Constitucional para el futuro de Europa, ante “un no al contexto, y no al texto”.

¿Cuál es la solución ante todas estas cuestiones? No cabe duda que la comunicación y la educación. La Europa de los ciudadanos no deja de ser una quimera, una etiqueta vacía de contenido si no se la dota de las herramientas necesarias. Y esas herramientas no pueden estar sino en el impulso de una dimensión europea de la educación cuyos contenidos estén consensuados a nivel europeo y en mayor medida introducidos en los currículos nacionales en las distintas etapas educativas. Así como en el diseño y puesta en marcha de una política de comunicación eficaz en su forma, intensidad y niveles de actuación, y, por supuesto, centrada en los problemas reales y cercanos del ciudadano.

¿Podemos acaso comparar la visibilidad de que tuvo la campaña de las elecciones europeas organizada por el Parlamento Europeo con la repercusión obtenida por la campaña del “No”, por ejemplo, en Irlanda? En invertir estas tendencias está la clave. La repetición de datos similares de opinión pública desde hace décadas lejos debe estar de “anestesiarnos”: estamos ante un problema real que las instituciones europeas deben resolver con celeridad y firmeza.

El Derecho de Petición

Por Encarna Hernández

Qué mejor ocasión para hablar de derechos que hoy, cuando celebramos, en el marco de las Naciones Unidas, el Día de los Derechos Humanos. Como recordarán, les hablaba en el anterior post de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, entre cuyas competencias se encuentra establecer relaciones con el Defensor del Pueblo de la UE. Aunque su principal cometido no es otro que encargarse de tramitar las peticiones formuladas por los ciudadanos europeos. Este Derecho de Petición ante la Eurocámara, junto con el derecho a dirigirse al Ombudsman europeo, forma parte del abanico de derechos reconocidos a los ciudadanos y residentes de la UE bajo el paraguas del estatus civitatis de la Ciudadanía de la Unión. ¿En qué consiste el Derecho de Petición? ¿Quién puede presentarla y sobre qué asuntos? ¿Cómo presentarla? ¿Qué resultado se puede esperar? Como podrán comprobar enseguida, es muy sencillo.

El fundamento jurídico del Derecho de Petición se lo debemos al articulado incluido en la reforma de Maastricht sobre la Ciudadanía de la Unión (arts. 8D y 138D del TUE). Tales preceptos se incorporaron, tras la citada reforma, al Tratado constitutivo de la CE (TCE), concretamente en sus artículos 21 y 194. El Tratado de Lisboa reproduce el contenido de tales preceptos, con la salvedad de una nueva numeración para el articulado. De esta forma, el Derecho de Petición queda recogido en el nuevo Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en los artículos 24 y 227, así como en el artículo 191 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo.

Queda reconocido, por tanto, en el Tratado, el derecho de “cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga domicilio social en un Estado miembro (…) a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.” (art. 227 TFUE).

El contenido del artículo 227 ya adelanta las respuestas a algunas de las cuestiones que se planteaban al principio. Para empezar, ¿Quién puede formular una petición? Puede hacerlo un ciudadano de la UE así como cualquier residente, individualmente o en asociación (es decir, un grupo de ciudadanos), como también lo pueden hacer las asociaciones, empresas u otro tipo de organización, siempre que tengan su sede social en un Estado miembro.

Sobre un asunto que le afecte directamente, se afirma en el Tratado, y, lo más importante, que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE. ¿Sobre qué asuntos se puede presentar la petición? Son los siguientes: derechos como ciudadano de la Unión; medio ambiente; protección del consumidor; libre circulación de personas, bienes y servicios; mercado interior; empleo y política social; reconocimiento de cualificaciones profesionales; y otros problemas relacionados con la aplicación de la legislación de la UE. Y aún más importante (a diferencia de las competencias del Defensor del Pueblo Europeo): se trata de una queja dirigida contra un Estado miembro, autoridad local u otra institución.

¿Cómo presentarla? La petición se presenta bien a través de correo postal, bien mediante vía electrónica. Para ello, el Parlamento Europeo tiene habilitado un formulario electrónico, así como una ayuda en línea para orientar al ciudadano sobre el procedimiento a seguir.

¿Qué resultado se puede esperar? En primer lugar, la Comisión de Peticiones (PETI) tiene dar por admitida a trámite la petición. ¿Qué casos son susceptibles de no admisión? Para empezar, una cuestión simple: porque esa queja concreta se refiere a un caso de mala administración por parte de cualquier institución u órgano de la UE, y ya vimos que esto compete al Defensor del Pueblo Europeo. Otra cuestión sencilla: peticiones cuyo objeto no pertenece a ningún ámbito de actividad de la Unión. Tampoco una petición puede reclamar, lógicamente, que el Parlamento Europeo actúe a modo de autoridad judicial, es decir, que dicte sentencias o revoque decisiones de los tribunales nacionales.

Si, por el contrario, la petición es admitida, entonces puede seguir diferentes vías, según el caso. La Comisión de Peticiones, puede, por ejemplo, instar a la Comisión Europea a que realice una investigación preliminar para determinar si los hechos a los que se refiere la queja infringen o no el Derecho comunitario. También puede transmitir la petición a otras comisiones de la Eurocámara para que investiguen o inicien las acciones correspondientes. La PETI está habilitada para efectuar visitas a pie de campo para recabar información, así como para entrar en contacto con las autoridades nacionales para pedir su colaboración. En casos excepcionales, se puede elaborar un informe para elevar el asunto al Pleno, para que allí sea debatido y votado.

Todas las peticiones admitidas a trámite están sometidas al principio de publicidad, y, por ello, quedan recogidas en las Actas de las Sesiones Plenarias, que, a su vez, se incorporan al Diario Oficial de la UE.

Se pueden esperar grandes resultados a partir de la tramitación de una petición en el Parlamento Europeo. Tenemos casos en nuestro país, sin ir más lejos, sobre modificaciones en las leyes urbanísticas. Y, en definitiva, se trata de una herramienta más, de una protección activa más que redunda en un objetivo central de la integración europea: la protección de los derechos fundamentales del ciudadano, un principio recogido en la legislación comunitaria desde los Tratados constitutivos y reforzado en cada reforma, y muy especialmente con la definitiva vigencia legal y fuerza vinculante otorgada a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todos ellos, son pasos que se van recorriendo hacia la Europa de los Ciudadanos que tiene que constituirse en este siglo XXI.

Por cierto, no se pierdan el vídeo…


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