La agenda del Parlamento Europeo, desde la óptica de los eurodiputados españoles

Encarna Hernández

De sobra son conocidas las prioridades que se ha marcado la presidencia española de la Unión Europea para los próximos meses: impulsar la recuperación económica; desarrollar una Europa social y de los ciudadanos (con la igualdad como eje central); fortalecer la posición de la UE como actor global; lucha contra el cambio climático; dar plena aplicación al Tratado de Lisboa… Pero, ¿cómo se interpretan y, lo más importante, cómo se abordarán, estos objetivos por parte del Parlamento Europeo, y en concreto, desde la óptica de los eurodiputados españoles? En una Eurocámara reforzada de poderes legislativos, presupuestarios, y de control político y democrático tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la agenda política en el marco de la presidencia española se abordará en primer lugar desde las comisiones parlamentarias. En todas ellas hay representación española, por lo que resulta más que interesante conocer la perspectiva de los eurodiputados españoles sobre cuáles son los temas prioritarios y cómo abordarlos. A este objetivo responde una publicación elaborada por el servicio de prensa del Parlamento Europeo, en la que nuestros eurorepresentantes han contestado a la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las prioridades de la comisión parlamentaria de la que es miembro para la presidencia española?”

En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la búsqueda de una salida a la crisis financiera está en el centro de todas las preocupaciones. La presidencia española ya anunció que para salir de la crisis económica se apuesta por la coordinación interna, la contribución a la gobernanza financiera y su supervisión, un mercado único de servicios financieros, la creación de empleo de calidad, la educación y el medio ambiente, todo ello en el marco de la nueva Estrategia Europea de crecimiento sostenible para el horizonte de 2020. En esta línea se enmarca la visión del eurodiputado español Antolín Sánchez (S&D). Para Ramón Tremosa (ALDE) el asunto principal a tratar debe ser la legislación sobre supervisión financiera, con el objetivo de evitar futuras crisis.  Para Tremosa, España debería promover la reforma del mercado laboral para actuar contra el paro, así como cambiar el ancho de vía de los trenes españoles para lograr una mayor integración en el mercado único.

Empleo y derechos de la mujer son otras dos importantes piedras de toque, dado el acuciante problema del desempleo, especialmente en España, y toda vez que la igualdad de género es una prioridad fundamental de la presidencia española. En materia de empleo, Alejandro Cercas (S&D) entiende que su comisión debe centrar sus esfuerzos en el desarrollo/revisión de varias directivas: promoción de la seguridad y la salud en el trabajo de las mujeres embarazadas; igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ejercicio de una actividad autónoma; permiso parental; discapacidad; tiempo de trabajo en sectores como el transporte por carretera. Así como la revisión de la estrategia de Lisboa en el objetivo de la innovación. Por su parte, Teresa Jiménez-Becerril (PPE) e Iratxe García (S&D), miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer, coinciden en algunos puntos: conciliación de la vida familiar y laboral para las mujeres (legislación europea sobre permisos de maternidad, ayudas sociales, asistencia médica, etc.); protección para las víctimas de violencia de género (número de teléfono de emergencia europeo, orden europea de alejamineto, etc.). La socialista Iratxe García precisa algunas propuestas más de su grupo y de la presidencia española: la elaboración de una carta de derechos de las mujeres y la creación de un observatorio europeo de la violencia de género, respectivamente.

En materia de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Juan Fernando López Aguilar (S&D) recuerda que corresponderá a la presidencia española elaborar el plan de acción del Programa de Estocolmo, en la línea de mantener como prioridades principales el refuerzo de los derechos de los ciudadanos, la cooperación judicial, la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Teresa Jiménez-Berrecil, del PPE, cita algunas propuestas interesantes: es el momento de armonizar las legislaciones de los Estados miembros para que los delitos terroristas no prescriban, considerándolos como crímenes contra la humanidad. Asimismo, propone aproximar las legislaciones sobre los derechos de las víctimas del terrorismo o, cuanto menos, adoptar una Carta europea que reconozca estos derechos.

La Agricultura y la Pesca también tendrán que afrontar revisones fundamentales en los próximos meses. Tanto populares como socialistas entienden que el futuro de la PAC y la reforma de la Política Pesquera Común serán temas fundamentales.

Energía y medio ambiente son temas de vital trascendencia para el futuro de la Unión. Los miembros españoles de la Comisión de Industria, Investigación y Energía tienen claro que es necesario aprovechar el impulso de Lisboa (que aporta nuevas bases jurídicas) para avanzar hacia una política energética común, una ausencia histórica que en los tiempos que corren no sólo tiene que acometerse con celeridad, sino avanzar, inevitablemente, de forma paralela a los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático. El popular Alejo Vidal-Quadras insiste en que no sólo es necesario coordinar (añadamos diversificar) el mercado interior de la energía, sino también garantizar la seguridad del suministro exterior (dada la excesiva dependencia europea, y para evitar situaciones como las ocurridas en pasado invierno con la crisis del gas entre Rusia y Ucrania). La socialista Teresa Riera habla de integrar investigación, innovación y energía: es lógico, el modelo energético en el que se debe (y puede) basar Europa tiene que estar sustentado en estos vectores para ser competitiva y sostenible. Francisco Sosa Wagner (NI) reconoce que Europa es pionera en protección del medio ambiente (sus objetivos en materia de reducción de emisiones son los más ambiciosos), pero ello tiene que complementarse con el impulso de una política energética común. Sosa Wagner habla de un “sueño”: impulsar una política de creación de redes de distribución que conecte las redes existentes para conformar una amplia red europea. ¿Un sueño? “Sí, pero sin sueños no existiría hoy la UE”. Y tiene mucha razón. El eurodiputado español reivindica también promover en mayor medida un tipo de investigación no conectada directamente a las empresas; un tipo de saber, de innovación, que puede parecer “inútil” y que no encuentra apoyos ni financiación en los programas marco de la UE.

En materia de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, el socialista Andrés Perelló nos recuerda que su comisión trabajará en los próximos meses para delimitar el objetivo a partir de 2011 en relación a la biodiversidad, y que se debe presentar en la Asamblea General de la ONU después del verano. La Comisión de Medio Ambiente debe coordinar sus esfuerzos con la de Industria para implantar las medidas y cumplir los objetivos recogidos en el paquete “Energía-Clima“.

La política de Desarrollo Regional se encuentra también en un momento crucial de su historia. Populares y socialistas en el PE coinciden en que su diseño de cara al futuro será clave: habrá que ahondar en la dimensión territorial de la Unión, así como en una participación más activa de la regiones (incluida la gestión de los fondos); se prestará especial atención a las regiones ultraperiféricas, para fortalecer la cohesión. Rosa Estarás (PPE) afirma que será prioritaria la reforma del Fondo de Solidaridad (recogido en la reforma de Lisboa), de cara a garantizar que la ayuda comunitaria llegue rápida y eficazmente ante cualquier catástrofe natural. Ricardo Cortés (S&D) reafirma que en el actual momento de crisis económica, será esencial simplificar los procedimientos para asegurar que los fondos europeos lleguen a las regiones y a los ciudadanos lo más pronto posible. Habla también de garantizar periodos de transición adecuados. Hay que tener en cuenta que muchas regiones españolas se encuentran en la denominada “fase de salida” del Objetivo 1 de los fondos estructurales de aquí a 2013, por lo que debe ser una piedra de toque importante para la presidencia española.

A la presidencia española le corresponderá, en el contexto de dar plena aplicación al Tratado de Lisboa, poner en marcha las disposiciones financieras y presupuestarias. Hay que recordar que ahora el PE tiene mayor peso para aprobar y controlar el presupuesto comunitario, con la desaparición de la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. Como nos recuerda el eurodiputado de la Comisión de Presupuestos Salvador Garriga (PPE), habrá que enfrentarse a una revisión de la financiación de la PAC (con la posible cofinanciación de las ayudas directas), así como del Reglamento Financiero, sin olvidar que hay que acometer presupuestariamente los gastos que derivarán de la puesta en marcha del nuevo servicio de acción exterior de la UE. Por su parte, Eider Gardiazábal (S&D), remarca que el PE está reclamando la revisión de las cifras del actual Marco Financiero, ya que la UE se enfrenta a la escasez de créditos para hacer frente a las nuevas políticas que debe financiar, pero el Consejo se muestra reacio a aumentar los créditos del presupuesto comunitario.

Presupuesto de 2009

Presupuesto 2010 - Click para ampliar

La política exterior de la UE es otro tema vital, prioritario para la presidencia española, en realidad, marcado con fluoerescente en la agenda desde hace una década. Reforzar la posición de la UE como actor internacional era uno de los objetivos de la reforma de Lisboa (lo era desde Laeken y seguidamente con la reforma constitucional). Para ello, precisamente, se crearon nuevos altos cargos como el presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante (una especie de ministro de Asuntos Exteriores). ¿Será posible hablar con una sola voz? Ya hay quien (me incluyo) habla de una UE con múltiples cabezas que dificultan una coherente y unificada posición de cara al exterior. Pero también es cierto que, ahora mismo, la maquinaria no acaba sino de arrancar, y habrá que esperar a que las piezas se acoplen en el complejo puzzle de la política Exterior.

¿Cuáles son las prioridades para la Comisión de Asuntos Exteriores? Está claro que hay que avanzar en la política de vecindad, especialmente con el Sur del Mediterráneo, así como relanzar las relaciones bilaterales con América Latina y, cómo no, afianzar la relación estratégica con Estados Unidos. El eurodiputado de la Izquierda (GUE) Willy Meyer aporta dos puntualizaciones que resultan interesantes: los tres pilares que deben sostener los acuerdos de asociación con regiones más desfavorecidas deben ser el diálogo político, la cooperación al desarrollo y el comercio justo. Es decir, nada que se parezca a los acuerdos de libre comercio que lleva a cabo EEUU en zonas del Sur y Centro del continente americano. Otra apreciación importante: el estatuto de Marruecos como socio avanzado de la UE. Para Meyer, esto no puede ser posible mientras el Reino marroquí siga violando sistemáticamente los derechos humanos. Tenemos un ejemplo reciente: el caso de la activista saharaui Aminetou Haidar.

En la Comisión de Desarrollo encontramos al español Enrique Guerrero (S&D), y aquí la UE tiene un par de citas importantes: la revisión del acuerdo de asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonou), así como de los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, prevista para el próximo  otoño.

Quedan por citar algunas prioridades en materia de Seguridad y Defensa, cuyo desarrollo político e institucional está recogido en el Tratado de Lisboa. Aquí entran en juego figuras como la de la Alta Representante, los ministros de Defensa de la UE, cuyas reuniones habrá que fortalecer. La Agencia Europea de Defensa deberá también recibir un impulso, como habrá que dárselo a la asociación con la OTAN. Una política europea de Defensa, otro viejo anhelo…

La subcomisón de Derechos Humanos tendrá igualmente trascendentales retos por delante: combatir el aumento de la trata de seres humanos; luchar contra la violencia ejercida contra la mujer en todas partes del mundo; reconocer esta violencia como un delito contra la integridad física y moral de la mujer, etc. Importante será erradicar los esteriotipos y conductas sociales que discriminan a la mujer, usando la herramienta más eficaz que puede haber: la educación (ver noticia).

La igualdad de género está siendo motiv0 ya de debate en el Parlamento Europeo, el informe presentado por la Comisión de Derechos de la mujer se debatió ayer en el Pleno de la Eurocámara y será votado mañana. Entre otras cuestiones, se decidirá sobre el permiso de paternidad a escala europea o un acceso más fácil al aborto y a los anticonceptivos para las mujeres, y, en general, que éstas tengan un mayor control sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Seguridad o derechos fundamentales?

Encarna Hernández

El terrorismo internacional es una nueva amenaza que se puede combatir con viejas y nuevas herramientas. En este sentido, la tecnología se convierte en una importante y útil piedra de toque. Pero no dejan de aparecer viejos fantasmas: control, persecución, y una cierta “presunción de culpabilidad” del que se ve sometido a cualquier clase de registro en un ámbito de su intimidad, aunque sea a costa de su propia seguridad. En los últimos días, se ha reavivado en Europa la polémica de los llamados “escáneres corporales”, que está siendo sometida a una amplia consulta por parte de la Comisión Europea. El caso es que todo esto no puede sino hacerme recordar ciertos pasajes no muy lejanos de la historia de la seguridad nacional de los Estados Unidos ¿Se acuerdan de la Ley USA Patriot?

"Escáneres del desnudo". Copyright: BELGA/AFP PHOTO/PAUL ELLIS

El frustrado intento de atentado que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en un avión que partió desde Amsterdam con destino Detroit ha vuelto a poner sobre la mesa la amenaza terrorista en los desplazamientos en avión así como la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar, como en el caso del vuelo de Detroit, que un individuo pueda subir a un avión con un artefacto adherido a su cuerpo. Y, como no podía ser de otra forma, ha retornado también el debate sobre los llamados escáneres corporales. La cuestión, que ya pasó por el Pleno del Parlamento Europeo en 2008, volvió a ser debatida el pasado 27 de enero por los eurodiputados. No sólo se comentaron los aspectos técnicos o económicos de la implantación de estos escáneres en los aeropuertos, sino, fundamentalmente, su “coste” en materia de derechos y libertades fundamentales.

El debate de los escáneres fue tratado en el seno de las comisiones parlamentarias de Transportes y Libertades Civiles. Los eurodiputados, que se reunieron con el coordinador antiterrorista europeo, Gilles de Kerchove, plantearon no pocas inconveniencias a la posibilidad de instalar controles de seguridad de este tipo en los aeropuertos. Los escáneres temporales no convencen a los eurodiputados: se duda de su efectividad real para evitar casos como el frustrado atentado del vuelo de Detroit; se opone su elevado coste (cada uno de estos escáneres cuesta unos 115.000 euros, a lo que hay que añadir las reformas que serían necesarias en los aeropuertos para su instalación); y el quid principal, ¿dónde quedan los derechos de los pasajeros que tendrían que someterse a este dispositivo, conocido como el “escáner del desnudo” que deja totalmente sin ropa la imagen del escaneado?

Los eurodiputados ven en este hecho una clara violación de la dignidad de la persona, y ya en octubre de 2008, a través de una Resolución, solicitaron a la Comisión que realizara una consulta pública para evaluar el impacto de los escáneres en relación tanto a los derechos fundamentales (privacidad y dignidad humana) como a la protección de datos (que debe consultarse, entre otros organismos, con el Supervisor Europeo de Protección de Datos), así como en lo que respecta al impacto para la salud de esta tecnología y una evaluación de los costes y beneficios en el terreno económico. La consulta debe terminar a finales de este mes. Pero, como ya se ha adelantado, en la Eurocámara esta tecnología, simplemente, no convence.

La cuestión de fondo de todo esto que se viene relatando no es otra que la postura o la respuesta que la Unión Europea debe adoptar ante una pregunta esencial que pone en tela de juicio las libertades civiles del ciudadano y los derechos más elementales de la persona: ¿debemos anteponer seguridad a libertad? Hace algunos años, justo después de los atentados del 11 de septiembre, los dirigentes norteamericanos se hicieron la misma pregunta: la respuesta fue sí, anteponer seguridad a libertades individuales.

Nosotros, los europeos, que no acabamos de ver del todo mal eso de que nosotros somos de venus y los norteamericanos de marte (la frase se la debemos al analista neoconservador Robert Kagan), es decir, que desde el final de  la segunda guerra mundial y, paralelamente con el proyecto de la integración europea, nos hemos autodefinido como el adalid del “bill of rights”, aunque sea a expensas de oponer debilidad frente al poder de la fuerza militar, nos llevamos entonces la manos a la cabeza con la rotunda respuesta que divisamos al otro lado del Atlántico. Por cierto, que las relaciones transatlánticas estaban entonces en horas bajas, pero ese es otro tema.

Seguro que recordarán, y si no, al menos, les “sonará”, un texto llamado Ley USA Patriot. Fue aprobado en octubre de 2001 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cabe decirlo, por una amplia mayoría. La conocida como Ley USA Patriot tiene en realidad un nombre mucho más largo y explicativo: Ley para Unir y Fortalecer a Norteamérica mediante la Provisión de Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo. En resumidas cuentas, un paquete de medidas encaminadas a luchar contra el terrorismo y que provocaron una extensa y profunda polémica porque restringían notablemente las libertades individuales.

La Ley ampliaba los poderes del FBI y otras agencias estatales de seguridad; autorizaba al presidente a confiscar los bienes de toda persona involucrada en ataques contra los EEUU, y permitía a las autoridades policiales pinchar teléfonos, controlar la correspondencia y el correo electrónico de cualquier sospechoso de estar vinculado a actividades terroristas. El FBI estaba legitimado para inspeccionar los archivos de una biblioteca pública, para entrar en una iglesia o una mezquita, o para acceder al historial médico de cualquier presunto terrorista.

Aquello fue incluso calificado como un “nuevo maccarthismo”, una persecución contra los árabes y/o musulmanes comparable a la que sufrieron los comunistas en la época de MacCarthy, susceptibles de ser espiados, incluso detenidos sin cargos concretos. Como el destino es caprichoso y paradójico, a veces inexplicable, el proyecto había sido puesto en manos nada menos que de John Poindexter, me explico: un señor que había sido condenado en 1987 por conspiración y mentira ante el Congreso por su participación en el escándalo de la venta de armas a Irán para financiar a la “contra” nicaragüense en su guerra civil contra el Gobierno comunista. Y he aquí, que con estos antecedentes, se pone en sus manos lo que fue definido como un auténtico plan orwelliano de “vigilancia total” de la población (esta frase se la debemos a Philippe Riviere en un estupendo artículo publicado en Le Monde). Vigilancia total: viajes, cuentas bancarias, lecturas, registro de viviendas sin autorización judicial. Todo con el objetivo de detectar señales precursoras de actividades terroristas. Es decir: una verdadera “guerra preventiva” en suelo norteamericano.

Con la Ley en la mano, el fiscal del Estado, John Ashcroft, ordenó la detención de cerca de 5.000 inmigrantes, en su mayor parte procedentes de Oriente Medio, y que fueron retenidos por los servicios de seguridad estadounidenses sin haber presentado cargos contra ellos y negándoseles, además, asistencia jurídica o régimen de visitas. Las familias de  estos “desaparecidos” denunciaron estas detenciones arbitrarias y la negación de los derechos civiles de los presos. Sin embargo, en 2002, el Tribunal Supremo autorizaba al Gobierno a juzgar a puerta cerrada a los extranjeros detenidos tras el 11-S. La seguridad nacional, afirmaba un portavoz gubernamental, estaba por encima de cualquier derecho o libertad.

En julio de 2004, poco después de que la Ley USA Patriot se salvara por los pelos en la Cámara de Representantes por un empate en el voto, Asa Hutchison, defendía ante un grupo de importantes empresarios los beneficios de la Ley, apostillando finalmente que los norteamericanos, aún a pesar de la USA Patriot, “no hemos olvidado nuestras libertades civiles, ni hemos dejado a un lado nuestros valores y el carácter de este país”.

¿Nos hemos hecho los europeos esta pregunta? Me temo que ésta es la cuestión que debemos plantearnos, más allá de avatares técnicos o económicos. ¿Dónde está la Europa de los Valores? ¿Dónde queda la Europa de los Ciudadanos y de los Derechos Fundamentales? Me dirán, y es cierto, que los escáneres no son comparables a la Ley USA Patriot, pero miren, sería otro paso hacia atrás, y no sería el primero, y si no, echen un vistazo a la Directiva de Retorno de los inmigrantes ilegales…

UN PEQUEÑO INCISO AL HILO DE LA ACTUALIDAD…

Por cierto, que al tiempo que se escribía este post, el 2 de febrero, Daniel Basteiro, el corresponsal de Público, nos traía esta noticia desde Bruselas: “La eurocámara vetará el control de datos por EEUU”.

No ahondé, en mi escrito, en este aspecto concreto de la Ley USA Patriot, hablo del rastreo de las transferencias internacionales, pero viendo que se ha vuelto a poner de actualidad, me gustaría explicar de qué se trata exactamente. Precisamente, uno de los apartados importantes de la Ley era el dedicado a  la lucha de la Hacienda Pública contra el lavado internacional de dinero y la financiación del terrorismo. Era, concretamente, el Título III de la Ley, cuyos puntos más destacados serían:

1. Potenciar la cooperación entre instituciones financieras, sus autoridades reguladoras y las agencias de ejecución de la ley, de cara a compartir información relativa a individuos, entidades y organizaciones sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas o de lavado de dinero;

2. Distribución anual, entre las instituciones financieras, de un análisis detallado que identifique los patrones de actividades sospechosas;

3. Enmienda de la ley penal federal para incluir delitos de corrupción extranjera como delitos de lavado de dinero;

4. Regulación de unas normas mínimas para las instituciones financieras en relación a la identificación del cliente que abre una cuenta;

5. Exigencia para los extranjeros de proveer a las instituciones financieras de información apropiada y precisa sobre las operaciones que realizan, al tiempo que las identidades de dichos ciudadanos podrán ser verificadas recurriendo a organismos gubernamentales;

6. Enmienda a la ley del secreto bancario para revisar los requisitos de inmunidad de responsabilidad civil y autorizar la revelación por las actividades financieras de actividades sospechosas;

7. Enmienda a la ley de derecho de privacidad financiera para permitir la transferencia de registros financieros a los organismos gubernamentales si tales registros son relevantes para investigaciones de inteligencia sobre terrorismo internacional;

8. Se otorga jurisdicción extraterritorial a EEUU en los delitos cometidos fuera del territorio nacional y que involucren de alguna forma a alguna entidad dentro de la jurisdicción estadounidense.

Pues bien, esta vigilancia escrupulosa del rastro que sigue el dinero en Europa, y que, como bien afirma Basteiro, es uno de los pilares de la cooperación entre EEUU y la UE en la lucha contra el terrorismo, puede tener los días contados. La decisión estará en las manos de los Eurodiputados.

¿Es posible una democracia transnacional?

Encarna Hernández

En 1863, Abraham Lincoln, en su famoso “Gettysburg address”, enumera las ya clásicas tres condiciones de la legitimidad democrática: el gobierno “of the people, by the people, for the people” garantiza las ideas democráticas básicas de la “representación”, la “participación” y la “resolución de problemas” acuciantes para cada sociedad. En el caso de la Unión Europea los procesos de toma de decisiones avanzan sin la necesaria referencia a la legitimidad de origen. La ausencia de una identidad colectiva, de un demos europeo, integra así buena parte del cuestionamiento de la democracia comunitaria.

El concepto de “legitimidad política”, asociado de forma esencial a la idea de democracia, se configura como un concepto crítico en la teoría y la práctica política. Ello se debe a que se sitúa en el corazón mismo del requerimiento normativo realizado por un Gobierno, un Estado, o un Poder, que debería ser obedecido o respetado de forma “voluntaria” por el conjunto de los ciudadanos. Se relaciona de este modo con otras nociones clave de la Ciencia política como “poder”, “autoridad”, “derechos”, “obligaciones”, “soberanía”, “Estado”, y un largo etcétera.

Una divergencia fundamental en la aproximación doctrinal del concepto puede establecerse a partir de las visiones “normativa” y “empírica”. Desde un punto de vista normativo, la legitimidad es entendida como cualidad o posesión del Gobierno. En este sentido, los filósofos políticos utilizan la “cualidad” de la legitimidad para identificar los estándares por los cuales un régimen o actividad política deben ser considerados como legítimos. Se trata de una pregunta clásica: “Why should the government be obeyed?” Este enfoque busca detectar aquellas condiciones bajo las cuales la autoridad aparece legitimada, y por las cuales los ciudadanos deberían obedecer. La idea de “consentimiento” es aquí el criterio central que convierte en legítimo a un poder: en ausencia de consentimiento, como defiende Simmons, no existe compulsión moral hacia la obediencia.

La aproximación empírica busca explicar por qué o cuándo el pueblo obedece y respeta un régimen particular de gobierno; es decir: está más centrada en lo que de hecho ocurre que en lo que debería ocurrir. Desde la perspectiva inicial de Max Weber, centrada en las “creencias”, exponentes teóricos más recientes enfocan el estudio de la legitimidad a partir de las actitudes públicas de “apoyo” al sistema político y sus actores como base para el análisis y predicción de la estabilidad del régimen.

El concepto de “legitimidad” evoluciona progresivamente a través de pensadores posteriores a Weber como Lipset, Habermas, Rogowski  o Beetham. El giro fundamental está en el análisis de la legitimidad a partir del concepto de “apoyo político”, y se mide bien en términos racionales/instrumentales, bien en términos afectivos. Ahí están, en este sentido, los estudios de Almond y Verba, así como de D. Easton, a partir de mediados de los sesenta.

El concepto de “legitimación” (y “deslegitimación”), opuesto por la visión empírica a las propiedades estáticas representadas en las nociones de “legitimidad” y “legitimado”, hace referencia a procesos activos dentro de los cuales la legitimidad es creada y mantenida, erosionada o perdida. En este sentido, según  R. Barker, Weber no se refiere en su definición del Estado a la cualidad abstracta de la legitimidad, sino al reclamo, la actividad de “legitimación” que cultivan los gobernantes.

A partir del último tercio del siglo XX, el interés por la cuestión de la legitimidad política atrae sobremanera la atención de historiadores y científicos sociales y políticos. El desplome del Comunismo, la transición política en la Europa del Este y el desarrollo de nuevas formas de gobernanza transnacional –cuyo máximo exponente es la Unión Europea-, plantean la necesidad de replantear las condiciones bajo las cuales los regímenes se legitiman. Surgen así distintos estudios que abarcan la cuestión de la legitimidad en el nuevo contexto, bien bajo un punto de vista normativo , bien bajo la perspectiva empírica, especialmente en el nivel de la política transnacional.

Esta renovada literatura sobre la legitimidad en relación a los nuevos procesos de la política mundial supone una manifiesta ruptura con la teoría democrática de los siglos XIX y XX, que interpreta tradicionalmente el mundo a través del Estado-nación soberano y liberal: una entidad que, como recuerda D. Held, se gobierna a sí misma y que decide sobre su propio futuro.

Sin embargo, uno de los rasgos más notables del ejercicio del poder en las postrimerías del siglo XX es precisamente la tendencia hacia el declive en la capacidad del Estado-nación de ejercer su soberanía. La emergencia de asuntos que transcienden las fronteras nacionales (la regulación de la vida económica, el medio ambiente, la seguridad, etc.) y que son de este modo mejor manejados a nivel internacional o regional, se traduce en lo que Dahl denomina “cambios en la escala de la vida política” susceptibles de provocar una transformación en la democracia.

El debate doctrinal en torno a lo que se denomina “gobernanza global” se centra en buena parte en relación al problema de la legitimidad democrática de los nuevos procesos, organizaciones e instituciones que ejercen el poder en la política mundial. Hasta el punto de que las organizaciones internacionales se presentan, de partida, en palabras de A. Moravcsik, como “normativamente sospechosas”.

Siguiendo a Held, las instituciones y prácticas que integran la gobernanza transnacional suponen una ruptura con los cánones tradicionales que caracterizan a las entidades y procedimientos democráticos: una base popular definida por un sentimiento de “comunidad”; la participación ciudadana en el marco de una unidad democrática bien delimitada; y los mecanismos de responsabilidad –rendición de cuentas- y control sobre los actores políticos. En definitiva, los procesos de poder globales y regionales  trastornan la forma en que la democracia es entendida por la tradición democrática liberal desde el siglo XIX a partir de las ideas de “consentimiento” y “legitimidad.

La gobernanza global puede traducirse así en una fuente de tensiones si se tiene en cuenta que, en ausencia de un sentido denso de identidad colectiva, las minorías difícilmente aceptarán las decisiones de las mayorías. La respuesta a la pregunta de “¿quién es el pueblo?” es vital para clarificar los términos de una democracia que se asienta en una identidad política débil.

Las alusiones a la participación ciudadana, rendición de cuentas, atención al Estado del bienestar y protección de las libertades individuales se conforman, en definitiva, como un cuadro de críticas basadas en los ideales normativos de la democracia, representados a su vez en cuatro tradiciones democráticas: la “libertaria”: las críticas libertaria, pluralista, social democrática y deliberativa.

Pero estas críticas no sólo se reflejan en el debate político, mediático y doctrinal acerca de la legitimidad de la política transnacional. Lo que Weiler, Haltern, y Mayer denominan como la “versión estándar” de la crítica del “déficit democrático” de la Unión Europea se configura igualmente partir de estándares de legitimidad democrática que atienden fundamentalmente, y en primer lugar, a la problemática suscitada a partir de la atribución exclusiva o compartida de funciones de gobierno a la CE/UE: el proceso de la integración europea provoca una redefinición de las fronteras políticas donde se toman las decisiones de la vida pública, a partir de la cual, los canales tradicionales de control político y representación de intereses –los Parlamentos nacionales- y de control jurisdiccional –los tribunales nacionales- se debilitan, sin que el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia ofrezcan una sustitución efectiva.

La legitimidad de la Unión se mide en función de una serie de vectores (“standards”), basados en cinco modelos aportados por los analistas de la democracia europea y que se distribuyen entre: legitimidad indirecta o internacional; legitimidad federal o parlamentaria; legitimidad tecnocrática; legitimidad legal y procedimental; y legitimidad corporativa.

La interpretación de la legitimidad de la UE a partir de la representación de los ciudadanos de forma indirecta en el Consejo y en base a la cooperación intergubernamental está recogida especialmente en los ensayos de A. Moravcsik  y en la sentencia del Tribunal Federal alemán sobre Maastricht.

La visión de la legitimidad federal o parlamentaria, defendida por los comisarios y europarlamentarios europeos y por autores como J. Habermas, apuesta por estructuras representativas que deliberen e incorporen las preferencias, tanto nacionales como transnacionales, apostando para ello por un Parlamento Europeo con amplios poderes y por una Comisión electa erigida en gobierno federal.

Por su parte, la legitimidad tecnocrática, aproximación en la que destaca la figura de G. Majone, define una gobernanza basada en la extensa delegación en instituciones independientes, como único modo de obtener resultados óptimos en forma de políticas eficientes que reparten beneficios a partir de la identificación de necesidades públicas específicas.

Si bien la legitimidad legal de la UE está asegurada a partir de Tratados constitutivos que son signados de forma voluntaria por los Estados miembros, la legitimidad procedimental rellena en buena medida los huecos que deja la actividad de la burocracia. De esta forma, a la idea de control democrático se opone la observancia de ciertos procedimientos formales que tienen que ver con la transparencia o el equilibrio de intereses. En último lugar, la legitimidad corporativa destaca las prácticas que tienen lugar en el seno de la Comisión de cara a identificar a los afectados por sus políticas e incluirlos en su diseño.

Cada uno de los vectores descritos anteriormente se identifican en la teoría de la legitimidad de la UE que aporta F. W. Scharpf, bien en relación a la “legitimidad de origen” (“input”), bien desde el punto de vista de la “legitimidad de resultado” (“output”). Para Scharpf, la legitimidad de los sistemas políticos actuales depende esencialmente de la creencia en y del ejercicio de una “autodeterminación democrática” que garantiza un gobierno “por” el pueblo y “para” el pueblo.

En el primer caso, el objetivo esencial es la justificación del gobierno mayoritario, por lo que se enfatiza la legitimidad de las elecciones políticas que reflejan la “voluntad popular”. Tales elecciones se toman a partir de las auténticas preferencias de los miembros de una comunidad, y la condición para su existencia es la creencia en una identidad colectiva densa. En el segundo caso, la promoción eficaz del bienestar común de la comunidad política a través de la resolución de problemas es lo que garantiza la legitimidad de las elecciones políticas. En definitiva, la primera está basada en la identidad y la segunda en el interés.

Las dos dimensiones de la legitimidad de Scharpf coinciden con las tres condiciones clásicas de la legitimidad democrática establecidas ya en 1863 por Abraham Lincoln en su famoso “Gettysburg address”: el gobierno “of the people, by the people, for the people” garantiza las ideas democráticas básicas de la “representación”, la “participación” y la “resolución de problemas” acuciantes para cada sociedad. En el caso de la Unión Europea los procesos de toma de decisiones avanzan sin la necesaria referencia a la legitimidad de origen. La ausencia de una identidad colectiva, de un demos europeo, integra así buena parte del cuestionamiento de la democracia comunitaria.

Ya tenemos nuevo Defensor del Pueblo Europeo… o no tan nuevo

Encarna Hernández

Los eurodiputados han contestado hoy a la pregunta que nos hacíamos desde este blog hace poco más de un mes. ¿Quién será el próximo Ombudsman europeo? Pues será el griego Nikiforos Diamandouros, el hombre que hasta 2014 será el encargado de atender las reclamaciones de los ciudadanos europeos en todos aquellos casos susceptibles de revestir una mala administración por parte de las instituciones y órganos de la Unión Europea. Tres nombres se postulaban para ser el nuevo Ombudsman de la UE: Bottoli (italiano), Monette (belga) y el reelegido Diamandouros. El griego tendrá por delante la difícil tarea de superar los tres retos más inminentes de la institución: mejorar la transparencia en el trabajo de la Administración de la UE; reforzar la cooperación con la Eurocámara, especialmente con la Comisión de Peticiones; y comunicar a los ciudadanos de una forma comprensible y eficaz la labor y las competencias del Defensor. ¿Lo conseguirá?

En su día realizamos aquí un resumen del perfil  de los tres candidatos y de las principales propuestas de su programa. Tampoco ocultamos que Monette, el candidato más joven y con propuestas más innovadoras, era nuestro preferido. Sin embargo, los eurodiputados han apostado en su mayoría por la opción de la continuidad, representada en la figura y gestión de Diamandouros, que venía desempeñando la labor desde 2003. El candidato Monnet se ha quedado cerca, pero los 289 votos que ha recibido esta tarde en la Eurocámara no han sido suficientes: 51 votos le han separado del cargo.

A Diamandouros le ha avalado la gestión realizada durante los últimos cinco años, sin duda digna de reconocimiento, aunque no exenta de lagunas. Su principal reto no será otro que acercar la institución a los ciudadanos que tienen que recurrir a ella, aclarando su labor y sus competencias. Los ciudadanos tienen que saber que existe esta institución, que es gratuita, y en qué casos se puede recurrir a ella. Evitar que se produzca un solapamiento de competencias, sin ir más lejos, con la Comisión de Peticiones, debe ser un objetivo prioritario si se quiere mejorar la eficacia y aprovechar mejor los recursos disponibles. De hecho, la propia Oficina del Defensor ha reconocido que muchas de las reclamaciones que le llegan no le competen directamente. He aquí la que será la clave de su legislatura: mejorar la comunicación con la ciudadanía, y, con ello, la eficacia de la institución.

Son los retos del que será el hombre fuerte de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión en el marco del trabajo de la administración europea. Los eurodiputados han confiado en el programa que el griego les presentó en la audiencia del pasado 30 de noviembre (amén de los resultados del trabajo de su oficina desde 2003). Éste es el perfil y el programa del nuevo Defensor de la UE y que les adelantamos en este blog hace algo más de un mes. No está de más recordarlo, pues a partir de ahora toca poner en marcha la maquinaria y hacer realidad las intenciones que se plasmaron sobre el papel.

Nikiforos Diamandouros. Defensor del Pueblo Europeo desde 2003, y anteriormente Defensor del Pueblo de Grecia. Sus prioridades para el próximo mandato se centran en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la adaptación a la reforma de Lisboa, con los beneficios que recoge para los ciudadanos y, en este sentido, los esfuerzos dirigidos a: aplicar activamente e interpretar el derecho a una buena administración recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE; garantizar que el derecho de los ciudadanos a entablar diálogo con las instituciones europeas sera plenamente respetado; promover y cooperar con los defensores nacionales y regionales, con los comités de peticiones, y, a través de ellos, con los parlamentos nacionales y regionales, para asegurar que se puedan proteger los derechos de los ciudadanos bajo el Derecho comunitario en estos niveles. En segundo lugar, continuar fortaleciendo el diálogo constructivo con las instituciones y órganos de la UE, profundizando en una cultura de servicio a través de la administración pública europea. En tercer lugar, mejorar el servicio a la ciudadanía incrementando la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos de la administración.

Respecto a los tres temas prioritarios planteados por el Comité de Peticiones, Diamandouros recuerda que la exigencia de una mayor transparencia en los trabajos del Consejo ha sido recogida en Lisboa, y al Defensor compete, precisamente, asegurar que los ciudadanos se beneficien de estas mejoras. La cooperación con la Eurocámara será igualmente esencial en su mandato, como lo será lacomunicación con los ciudadanos, y recordó, en este sentido, el desarrollo de una guía interactiva para la ciudadanía, así como la cooperación realizada en este punto con los centros de Europe Direct.

¿No está mal, verdad? Lo dicho: mucho trabajo por hacer. En 2014 será el momento de hacer balance y decidir si nuestros eurodiputados han elegido bien o no.

La Europa de los ciudadanos en un “click”

Encarna Hernández

Venimos demandándolo desde hace meses, a través de una causa de facebook, mediante un grupo de ciberactivismo europeísta en la Red Social Más Europa, a través de nuestros blogs, con quejas a la Defensora del Espectador de RTVE: una pestaña por derecho propio para la UE en la sección de noticias de rtve.es.

Debo reconocer que casi me caigo de la silla cuando veo en el día de ayer la pestaña de la discordia en la dichosa sección de noticias de rtve.es. Una “UE”, así, a secas. Creía que habíamos triunfado, que decenas de quejas a la Defensora habían hecho su efecto, de alguna forma.

Mas, cruda realidad, cuando pincho en la pestaña y entro a una sección titulada “Especial Presidencia Española de la UE”. Es decir, que la UE tendrá su pestaña, como la tuvo el “Caso Gürtel” o el “secuestro del Alakrana”. Y así, sin más, durante los próximos seis meses, hasta junio, “disfrutaremos” de la comprometida cobertura de nuestra radiotelevisión pública sobre los temas europeos.

Ya saben ustedes que esta línea informativa tan comprometida con la actividad comunitaria de rtve.es es la que antepone como prioridad informativa en la sección de la UE el jamón que nuestro presidente, Rodríguez Zapatero, le regaló en su día a Medvedev, su homólogo ruso, incluso por encima de las noticias relacionadas con la reelección de Barroso como presidente de la Comisión Europea. Ah sí, es que la UE ya tenía su sección, eso ya os lo conté en su día, cuando relaté la afanosa misión de encontrarla, después de que la Defensora me invitara a hacerlo en uno de sus mails de respuesta a mis quejas. Os invito a hacerlo, y os ahorro dos pasos, entrar en la sección “noticias” y después pinchar en “más temas”.  Realmente, hay que tener muchas ganas de informarse para perder el tiempo de esta forma.

Qué quieren que les diga. Voy a dejarme ya de intentar hilar finas ironías, porque me quedan más bien gruesas y no es lo mio. Así que voy a ir directa al grano, a decir lo que quiero decir desde el principio: que esperamos de nuestra televisión pública un compromiso permanente con la cobertura informativa de la UE, y no un espacio que durante seis meses tenga más un perfil propagandístico e institucional que informativo. Sinceramente, para esto ya tenemos la página oficial de la presidencia trío.

Los ciudadanos españoles necesitan algo más que “ráfagas” de información (algo más que un espectáculo luz y sonido sobre la Puerta del Sol) sobre una UE que no les afecta puntualmente o durante los seis meses que dure la presidencia española del Consejo, sino que tiene una importancia cada vez mayor en sus vidas cotidianas. Y los medios tienen un compromiso con la sociedad, un compromiso informativo y educativo, que se entiende aún mayor si hablamos de un medio de titularidad pública.

Resulta, además, que la necesidad es también a la inversa: la UE necesita una ciudadanía informada y consciente. Y la precisa para su propia supervivencia, como cualquier democracia que se precie de serlo. Necesita también una ciudadanía que se sienta europea, pero ningún sentimiento identitario puede surgir de algo que se desconoce, ignora y que, simplemente, no interesa. Y es por ello que esa “necesidad” ha sido también una “imposibilidad”: la necesaria, inevitable, y hasta ahora, imposible, construcción de la “Europa de los ciudadanos”. Una pestaña puede ser el primer “pequeño paso” hacia esa Europa que esperamos.

Podemos empezar con una operación tan sencilla como un “click”. Tan sencillo como dejar esa pestaña.

¿Por qué no nos sentimos europeos?

Encarna Hernández

A cada estudio de opinión pública que ve la luz, nos volvemos a encontrar con la misma situación: la desafección, desinterés y desconocimiento de los ciudadanos para con la Unión Europea. El último barómetro del CIS, realizado además en el contexto de la presidencia española de la UE, nos deja un titular no menos demoledor por esperado: la mitad de los españoles no están interesados en la Unión Europea. Más del sesenta por ciento se considera poco o nada informado al respecto de estos asuntos. Sin embargo, ven con buenos ojos la pertenencia de nuestro país a la Unión, estimándolo como algo ventajoso.

Hablamos de datos que nos introducen en cuestiones que tienen que ver con lo que se ha venido a identificar como el desgaste del “consenso permisivo” de las opiniones públicas nacionales hacia el proceso de la integración europea. Este desgaste del consenso está intimamente relacionado con el descenso del apoyo popular hacia la UE, visible especialmente desde principios de los noventa. Hablamos, en todo caso, de un apoyo que tiene dos dimensiones: una de tipo “instrumental” y otra de cariz “identitario”.

Dicho de otra forma: los ciudadanos observan las ventajas de la pertenencia de su país a la UE, pero no existe la sensación de una necesaria solidaridad entre los Estados y los pueblos, en ausencia de un denso sentimiento de identidad colectiva. En resumidas cuentas, Europa se atisba como un “servicio”, como un “derecho”, pero sin que ello necesariamente tenga que conllevar ningún tipo de sacrificio u obligación. Pero, comencemos por el principio…

Hasta principios de los noventa, el proceso de la construcción europea está dirigido por las elites políticas pro-europeas del Continente y se lleva a cabo al margen de las opiniones públicas nacionales. Durante cuatro décadas, los gobiernos de los Estados miembros asumen una especie de “consenso tácito” de los ciudadanos europeos para con la maquinaria de integración. Se ponen en marcha iniciativas y políticas, y se toman decisiones en nombre de una ciudadanía que hasta entonces no participa en el proceso.

Aquel “consenso permisivo” (“permissive consensus”) de los ciudadanos para con la integración europea significa que el “consenso” no es explícitamente demandado, y se asume que existe por parte de unos Gobiernos nacionales que aún conservan altos niveles de legitimidad.

Jean Monnet: el "padre" del método

Los fundadores de Europa apuestan por un método de integración funcionalista (el conocido como método de los “pequeños pasos”, ideado por Monnet), tecnocrático y elitista, que permite así avanzar en el proceso de construcción europea. Esta estrategia, en las primeras décadas de la integración, se revela sin duda pragmática, aún a costa de minimizar el componente democrático del proyecto.

Sin embargo, el “pecado original” de la UE, el hecho de que no se consulte a los ciudadanos sobre su creación, se configura como una cuestión cada vez más compleja, en particular conforme la Unión amplia sus competencias sin que de forma paralela se  atienda a cuestiones relacionadas con la legitimidad democrática, especialmente en aquella que concierne a la representatividad y a la rendición de cuentas, y en el marco del laberinto burocrático que conforman las instituciones y órganos de la Comunidad Europea.

Es en los años setenta cuando aparece publicado el primer análisis serio sobre el apoyo popular a la integración europea en sus primeras décadas de vida, así como sus perspectivas de futuro. La tesis de Lindberg y Scheingold (1970) describe Europa como una empresa tecnocrática y elitista, y que se asocia desde el principio a la idea de planificación económica. Su centro de gravedad se extiende en torno al binomio económico y del bienestar, y en concreto al bienestar material. Los autores hablan de un proceso de integración económica que se asocia a una nueva forma de hacer negocios y a un nuevo estilo de vida.

Para ambos autores, que analizan datos de estudios de opinión pública publicados hasta finales de los sesenta, el apoyo que de forma cada vez más perceptible recibe el proceso de integración europea desde finales de la década de los cuarenta hasta finales de los sesenta obedece a incentivos de tipo económico: es decir, era un apoyo de tipo “utilitario”, basado en algunos intereses percibidos y relativamente concretos. Si para las elites participantes en la construcción europea ha sido relativamente fácil en el pasado movilizar apoyo para proyectos de tipo económico, las perspectivas para el futuro continúan siendo favorables si se extienden y asocian a la Comunidad los valores materialistas y de clase media.

Aunque la tesis más interesante de Lindberg y Scheingold gira en torno al desarrollo de un “consenso permisivo”, noción que simboliza un apoyo hacia la CE entre elites no participantes y público y que es asumido como una especie de factor constante. Los autores llegan a la conclusión de que la opinión pública no juega un rol fundamental en el proceso de integración. Más al contrario, la Comunidad  se considera como un sistema en el cual el crecimiento depende principalmente de la interacción entre las elites participantes.

En este sentido, el análisis del apoyo público hacia “Europa” y de la participación ciudadana en relación al concepto de “consenso permisivo” en la segunda mitad de los ochenta, lleva a la Comisión Europea a concluir que en la mayor parte de las ocasiones y en la mayoría de los Estados miembros, “el consenso sobre Europa o sobre la idea de más Europa, es más permisivo y benevolente que exigente y desafiante (Standard Eurobarometer 27, 1987, June). Estamos, pues, ante un apoyo público que se extiende, pero que se caracteriza por su inactividad-pasividad política.

Dos jóvenes parisinos celebran el "sí" a Maastricht

¿Está entonces la opinión pública europea condenada a jugar el rol pasivo que se asocia a un concepto como el de “consenso permisivo”? En realidad no, y los sucesivos procesos de ratificación de los Tratados a partir de los años noventa (Maastricht, Niza, la Constitución Europea) ponen sobre el tapete no sólo la erosión de ese “consenso” popular, sino también la importancia de las actitudes públicas para influenciar el proceso de la integración europea.

Lo cierto es que la investigación en teoría de las relaciones internacionales tarda muchos años en contemplar el factor “opinión pública”. El dominio de la elite en la perspectiva “neo-funcionalista” (dentro de la teoría de la integración política) continúa hasta la profunda revisión que tiene lugar a principios de los setenta. En una obra colectiva publicada en 1971 (Lindberg & Scheingold, 1971), Haas y Schmitter contribuyen ahora al redescubrimiento de la opinión pública. Ambos incluyen en esta ocasión las percepciones de las masas y referencias a datos de opinión pública para explicar el desarrollo de los procesos de integración. Actualmente, la idea de que la opinión pública y las actitudes de los ciudadanos codeterminan la velocidad de la integración europea y contribuyen a definir la naturaleza y forma de la unión política está más que asumida.

Como recuerda M. Gabel (1998), uno de los prominentes teóricos de la relación entre apoyo y factores económicos, la influencia de las actitudes públicas (en particular del apoyo) en el camino de la integración europea se puede apreciar de forma específica en los referendos celebrados en los Estados miembros: ¿Acaso el “no” danés de junio de 1992 no modifica y condiciona en última instancia la reforma institucional de la UE?

Sería un año antes de los ensayos revisionistas de Haas y Schmitter, cuando Lindberg y Scheingold (1970) publican el citado trabajo que realmente se concentra en el análisis del apoyo de la opinión pública hacia la integración europea, de forma paralela al estudio del crecimiento del propio sistema político comunitario. El estudio no sólo se concentra en el análisis de las orientaciones hacia el sistema político, sino que mide también los indicadores de solidaridad entre los pueblos. En concreto, lo que ellos denominan una segunda dimensión del apoyo, y que concierne al crecimiento de la comunidad social.

Los autores dividen en dos las dimensiones del apoyo: un apoyo de tipo “utilitario”, de carácter instrumental, hace así referencia a la evaluación por parte de los ciudadanos de la empresa comunitaria en términos de costes y beneficios de bienestar. Por el contrario, el concepto de apoyo de tipo “afectivo” se mide a través de sentimientos de identidad europea y de confianza entre los pueblos y hacia las instituciones comunitarias.

Estas dos dimensiones del apoyo se identifican con la división establecida por D. Easton (1965) entre “apoyo específico” y “apoyo difuso”. El “apoyo específico” está relacionado con las acciones y transformaciones del Gobierno o de las elites políticas, y supone un objeto-específico en dos sentidos: en primer lugar, porque normalmente se aplica a las evaluaciones de las autoridades políticas, y en menor medida al régimen y a la comunidad política; en segundo lugar, porque se basa en las políticas actuales y estilo general de las autoridades políticas. Por su parte, el “apoyo difuso” se sostiene “independientemente de las ventajas específicas que el miembro juzga que le reporta pertenecer al sistema.”

Los dos conceptos de apoyo a la CE aportados por Lindberg y Scheingold coinciden igualmente con las dos dimensiones de la legitimidad que establece F. W. Scharpf (2000). El “apoyo difuso” (o legitimidad orientada hacia el “proceso” democrático) quedaría excluido en la Unión Europea a partir de la ausencia de una “densa identidad colectiva”.

La conclusión a la que llegan Lindberg y Scheingold es que, a excepción de los vínculos utilitarios que sugieren los datos relativos al mercado, hay escasa evidencia de una solidaridad real entre los pueblos. Las perspectivas para el futuro son sin duda positivas: si prevalece un clima de armonía social y se extienden los valores de clase media, el apoyo debe con toda probabilidad continuar creciendo como lo ha hecho en el pasado.

El “consenso permisivo” puede, sin embargo, verse puesto en peligro en lo relacionado con la legitimidad y relevancia de las actividades de la Comunidad. La legitimidad se acumulará despacio y de forma irregular, mientras el refuerzo de la relevancia de las tareas manejadas a nivel europeo puede conducir a la movilización política de unas elites no participantes y un público de masas que adoptan un rol activo.

¿No es exactamente esta situación la que se vive en Maastricht o con la Constitución? Ambos Tratados aceleran de forma significativa la naturaleza del proceso de integración y las responsabilidades comunitarias ¿No alteran estas circunstancias los cálculos del público sobre los costes y beneficios de la pertenencia a la Comunidad?

Hasta que la llamada “crisis de Maastricht” sobreviene, las teorías utilitaristas copan las conclusiones de los estudios sobre el apoyo hacia la integración europea. Según estas teorías, el apoyo derivado de los factores económicos no se traduce en un deseo de realizar sacrificios por otros Estados miembros en lo que se refiere a las dificultades económicas, aunque las predicciones de cara al crecimiento del apoyo hacia la CE son sin duda favorables.

Nada más lejos de la realidad. Después de superar los difíciles años setenta, con dos crisis petroleras y el impacto interno que supone la primera ampliación, con el subsiguiente declive de la tendencia al alza del apoyo popular en la década anterior, la gradual recuperación que se observa en los distintos estudios del Eurobarómetro durante los ochenta comienza a truncarse en 1989. Por aquel entonces, los asuntos relacionados con el mercado único comienzan a acelerarse y a ser examinados y discutidos entre los distintos sectores de la economía y la industria.

Precisamente, un estudio de la Comisión Europea publicado en otoño de 1995 (Standard EB 43) aborda la cuestión de la constante erosión del “consenso permisivo” desde finales de los ochenta, en relación al “apoyo utilitario” (que integra la variable del beneficio “neto” de la pertenencia a la UE y las expectativas “netas” hacia el Mercado Único) y al “apoyo constitucional” (apoyo “neto” hacia la pertenencia a la UE y hacia un gobierno europeo).

Como se ha mencionado anteriormente, en 1989 comienzan a verse los primeros síntomas de la recesión del apoyo, aunque sólo de tipo “utilitario”. El apoyo “constitucional” continúa subiendo hasta la primavera de 1991, pero, a partir de esta fecha, se inicia una caída en ambos niveles de apoyo que se acelera y amplifica en la primavera y otoño de 1992, coincidiendo con la crisis de la ratificación de Maastricht.

La curva del apoyo es, sin duda, un fiel reflejo de los acontecimientos políticos que se desarrollan en la época. El apoyo comienza a caer en el verano de 1991, justo antes de la cumbre de Maastricht, pero también después de la Guerra del Golfo y el inicio de la recesión económica en muchos Estados miembros. El comienzo oficial del Mercado Único parece cerrado y el desplome del bloque comunista trae la incertidumbre al futuro de la Europa del Este. Con los referendos danés y francés en la primavera de 1992 (el último de ellos precedido por el denominado “miércoles negro”, con la retirada de la Libra Esterlina y de la Lira del mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo) los indicadores de apoyo caen a su punto más bajo.

Tras la tendencia al retroceso en los noventa, a partir de finales de la década se produce un repunte lento pero constante, y esta es la tendencia que domina durante lo que llevamos de siglo XXI.

Aunque los ciudadanos siguen mostrando un apoyo de tipo “utilitario” a la UE y ven las ventajas de la pertenencia de su país a la Unión, no se atisba un fortalecimiento de los lazos de solidaridad, aquellos que tienen que ver con el desarrollo de un denso sentimiento de identidad colectiva: persiste un alto porcentaje (que varía en pocas décimas de un Eurobarómetro a otro, pero que suele rondar el 40 por ciento) de ciudadanos de los Estados miembros que se sienten únicamente identificados con la identidad nacional. Crece además el desinterés y domina el desconocimiento, la pasividad.

Y, sin embargo, algunos procesos de ratificación de los Tratados (Maastricht, Constitución, Lisboa) muestran una opinión pública que puede parecer en cierta medida más activa y desafiante porque tiende al rechazo. Pero, hay que insistir en que lo que prima es el desconocimiento del texto y términos de los Tratados que se votan, ya se acepten o se rechacen.

No hablamos, más que probablemente, de un “disenso activo” informado, sino más bien de campañas orquestadas desde ciertos sectores del euroescepticismo que calan puntualmente en la opinión pública nacional, en determinados países, y que se insertan en un contexto político y/o económico puntualmente complicado, y medido en clave nacional. Estamos pues, como bien lo calificó el presidente de la Convención Constitucional para el futuro de Europa, ante “un no al contexto, y no al texto”.

¿Cuál es la solución ante todas estas cuestiones? No cabe duda que la comunicación y la educación. La Europa de los ciudadanos no deja de ser una quimera, una etiqueta vacía de contenido si no se la dota de las herramientas necesarias. Y esas herramientas no pueden estar sino en el impulso de una dimensión europea de la educación cuyos contenidos estén consensuados a nivel europeo y en mayor medida introducidos en los currículos nacionales en las distintas etapas educativas. Así como en el diseño y puesta en marcha de una política de comunicación eficaz en su forma, intensidad y niveles de actuación, y, por supuesto, centrada en los problemas reales y cercanos del ciudadano.

¿Podemos acaso comparar la visibilidad de que tuvo la campaña de las elecciones europeas organizada por el Parlamento Europeo con la repercusión obtenida por la campaña del “No”, por ejemplo, en Irlanda? En invertir estas tendencias está la clave. La repetición de datos similares de opinión pública desde hace décadas lejos debe estar de “anestesiarnos”: estamos ante un problema real que las instituciones europeas deben resolver con celeridad y firmeza.

Feliz 2010… y Feliz Presidencia Española de la UE

La Puerta del Sol de Madrid, justo después de las campanadas, recibió la Presidencia española de la UE con un espectáculo de luz y sonido.

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En la página web de la presidencia española se puede ver ya el vídeo con el mensaje de bienvenida a la presidencia de la UE, a cargo del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; del presidente del Consejo europeo, Herman van Rompuy, y del presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek.

Europa y Latinoamérica, y viceversa. Entrevista con Héctor Casanueva, Director de CELARE

Por Encarna Hernández

El estado de la integración latinoamericana, el espejo comunitario europeo, hitos y decepciones en dos procesos paralelos pero con sus particularidades en los ritmos de cooperación y en el modelo de integración. La próxima presidencia española del Consejo de la Unión, la Cumbre ALC-UE, los esfuerzos por acercar ambos Continentes, o el papel proyector de Chile. Son todos ellos temas vitales en la razón de ser del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE), y sobre ellos hablamos, precisamente, con su Director Ejecutivo, Héctor Casanueva, quien, desde Chile, nos radiografía ambos procesos de “ingeniería política”, el latinoamericano y el europeo, y viceversa.

1. ¿Qué lleva a un chileno a convertirse en un estudioso de la integración europea?

Tal vez haya una explicación de contexto y una personal para ello. A finales de los sesenta y la mitad de los setenta se vivió en América Latina, y especialmente en Chile, una ola integracionista impulsada fuertemente por grandes líderes como Frei Montalva en Chile, Rafael Caldera en Venezuela, Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, Pastrana de Colombia, y muchos otros.

En ese contexto, quienes entramos a la universidad nos sumergimos en los textos que hablaban de la integración latinoamericana como algo posible y desde luego deseable, y el modelo era claramente el de la Europa comunitaria. Surgieron el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con un fuerte apoyo de la CEPAL, proyectos más cargados de mística y voluntad política que de capacidad orgánica.

Para un estudiante de Derecho como yo, y con militancia política, al igual que cientos de otros jóvenes chilenos, en una época muy fundacional, con la influencia de mayo del 68 o de la primavera de Praga, no era posible sustraerse al influjo de esos procesos que nos hablaban de un mundo nuevo, de un proyecto de paz y cooperación que derribaba fronteras, y que desde la integración se levantaba además en contra del totalitarismo estalinista.

Por nuestra parte, surgían dos proyectos internacionalistas antagónicos: la revolución cubana como paradigma regional antiimperialista, y la integración latinoamericana como proyecto de inserción autónoma en el capitalismo. De ahí que estudiar la integración europea fuera un imperativo si uno quería saber cómo se podía avanzar autónomamente sin caer en ninguno de los dos extremos de la guerra fría.

En lo personal, además, después del golpe de estado en Chile salí al exterior, viví en varios países y finalmente en 1983 llegué a España donde viví once años, precisamente durante la transición, el ingreso a la OTAN y a la Comunidad Europea. Estudié un master en integración europea en la Politécnica de Madrid, probablemente uno de los primeros postgrados españoles en la materia, y viví de cerca también lo que fue el europesimismo y el relanzamiento del proyecto europeo, el Acta Única, el mercado único, Maastricht, en fin, todo eso un proceso de ingeniería política para mi fascinante, que sigo de cerca, ahora desde Santiago.

2. ¿Cómo se divisan desde el otro lado del Atlántico los avances en la unificación de Europa?

Hay mucho desconocimiento, e incluso hay sectores, especialmente de la derecha y de los neoliberales latinoamericanos, que caricaturizan el proceso europeo e incluso rechazan el modelo social construido en Europa, por considerarlo paternalista, estatista e intervencionista, es decir, los supuestos males contra los que el liberalismo debe luchar, y su paradigma es por supuesto la sociedad norteamericana. Hay ignorancia y falta de matices, porque ni Estados Unidos es tan liberal, ni Europa es tan estatista.

Creo que la Unión Europea ha hecho muy poco en Latinoamérica en términos de imagen para difundir su proyecto, pese a que, paradojalmente, es nuestro primer contribuyente mundial en cooperación al desarrollo, el primer inversionista y el segundo mercado. La gente no sabe estas cosas. Los partidos políticos más homologados con los europeos sí lo saben, y en círculos académicos crece el interés por Europa, se crean centros de estudios europeos, se han instalado las cátedras Jean Monnet, y la influencia de los académicos y políticos españoles ha sido muy relevante.

Debo decir también que el proceso europeo lo miramos con sana envidia. Me asombra leer a veces el escepticismo o derechamente el rechazo de algunos sectores europeos, la falta de reconocimiento a lo avanzado y la exigencia a veces desmedida sin reparar en la magnitud de la obra, de estar a las puertas de la unión política (será federal o confederal, no se sabe aún, pero será), que es una cuestión esencial si Europa quiere posicionarse bien en este Siglo XXI y no quedar marginada por las nuevas alianzas estratégicas, léase Estados Unidos-China-Rusia.

3. ¿Con qué fin y con qué medios nace un proyecto como Celare?

celare.org

CELARE nace en 1993 como una iniciativa no gubernamental, mediante un proyecto financiado por la Comisión Europea con apoyo del Parlamento Europeo, para contribuir al conocimiento en Latinoamérica del proceso europeo y viceversa, y apuntalar desde la sociedad civil las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación entre ambas regiones.

Fue creado por académicos y políticos chilenos y europeos integracionistas. Su inspiración es claramente progresista, pero no es un centro con militancia política, es plural y abierto, concentra una amplia red latinoamericana y europea de personas e instituciones de todos los signos, y coopera con universidades, organizaciones civiles y gobiernos de todo el espectro.

En este momento tenemos un contrato de cuatro años con la Comisión para difundir y monitorear los avances de las relaciones ALC-UE. Trabajamos intensamente en esta línea en Centroamérica, la Comunidad Andina, el Mercosur y por supuesto en Chile donde tenemos la sede.

4. ¿Nos podría hacer una breve radiografía del estado de la integración latinoamericana y caribeña, y de sus perspectivas de futuro?

La verdad es que se podría resumir en dos palabras: desorden e incertidumbre. Hablo de Latinoamérica más que del Caribe, ya que este tiene su proceso sui géneris: está muy vinculado a Europa con los acuerdos ACP y al mismo tiempo recibe una enorme influencia de Estados Unidos. Pero de México hasta Chile, no hemos logrado avanzar lo suficiente en integración, pese a que comenzamos el mismo camino casi a la par que Europa.

Digo desorden, porque los esquemas creados, como la Comunidad Andina y el Mercosur, se han desarticulado bastante debido a la nueva realidad internacional que ya no soporta uniones aduaneras proteccionistas ni restricciones de política comercial, o no logran avanzar debido a disputas internas como el caso de Uruguay con Argentina, o de Paraguay con Brasil.

Y de manera trasversal, se perfilan, con ciertos matices, es cierto, dos modelos de integración: uno que apuesta a la confrontación con Estados Unidos y Europa, en cuanto sistemas capitalistas, donde están Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia; y otro que apunta a una integración para la inserción competitiva en el sistema internacional, donde están Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, México, Perú, Colombia y otros países. Esa tensión, que se vive en el UNASUR, no permite avanzar en las áreas más necesarias, como la infraestructura o el financiamiento del comercio. En este escenario, lo que mejor camina es la ALADI y el SICA, sistema centroamericano de integración. Pero no logramos tener una sola voz, como Europa. Por eso el pronóstico para el corto plazo es incierto.

Pero, como diría Galileo: “y sin embargo camina”, porque hay vigentes y funcionando más de cien acuerdos comerciales que cubren el 90 por ciento de los intercambios, tenemos acuerdos de cooperación en materias sanitarias, educativas, judiciales, seguridad, sistemas previsionales, migraciones, en fin, que de todas maneras se ha ido creando una red de integración a la que le falta la cohesión y las políticas comunes, con una institucionalidad adecuada que las potencie. Nuestra integración claramente no será con el modelo europeo, pero estamos buscando el modelo propio que de cabida a la diversidad y a las asimetrías políticas y económicas.

5. ¿Espera que la presidencia española de la UE contribuya a reactivar el diálogo bilateral UE-Latinoamérica? ¿Qué expectativas tiene de cara a la próxima Cumbre ALC-UE?

Sin duda. España siempre ha sido importante para potenciar las relaciones ALC-UE. De hecho en las prioridades de la presidencia española figura el tema latinoamericano con gran importancia. Se supone que durante el semestre español se concretarán por lo menos el acuerdo de asociación con Centroamérica. Asimismo, más avances con el Mercosur y un cierto acomodo de los objetivos para un acuerdo con la Comunidad Andina que a la vez permita firmar la asociación con Perú y Colombia. También la creación de la Fundación Eurolac que de seguimiento al proceso birregional.

El punto está en que llevamos diez años desde que se estableció la llamada Asociación Estratégica ALC-UE, ha habido avances notables con Chile y México y amplios programas de cooperación con toda la región, pero no se ha podido firmar con el Mercosur, que es el cincuenta por ciento de todo, y hay diferencias muy importantes con respecto a Doha, que desdicen lo que sería una real asociación estratégica.

Es poco más lo que España puede hacer al respecto, por mucha voluntad, que efectivamente existe. No debería ser así, porque Europa necesita a AL, pero esa visión estratégica de largo plazo que tiene España no es la tónica. Si a esto agregamos el desorden nuestro, la falta de una agenda común con la que concurrir a Madrid el 2010, mi pronóstico es que los resultados en términos realmente estratégicos serán escasos.

Pero España puede también ayudar a dejar los temas centrales encaminados para la próxima reunión de Buenos Aires el 2012, y sensibilizar sobre esto a las nuevas autoridades comunitarias, el presidente del Consejo y la nueva alta autoridad de las relaciones exteriores.

6. Por último, ¿Cómo resultó la visita a su país de la Delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile?

Fue una amplia y variada delegación, presidida por la eurodiputada española María Muñiz de Urquiza y por el eurodiputado Luis de Grandes. Ambos han sido personas muy relevantes en su apoyo al desarrollo del Acuerdo existente entre la UE y Chile, que ha sido muy beneficioso y ya lleva seis años.

Se celebró con los parlamentarios chilenos la XI reunión conjunta, y la verdad es que como no hay prácticamente contenciosos entre ambas partes, la delegación sobretodo se concentró en analizar las áreas en las que es posible profundizar las relaciones, por ejemplo en impulsar el “upgrading” del acuerdo vigente para ir hacia lo que se denomina una “Asociación para el Desarrollo y la Innovación (ADI)” entre la UE y Chile, que significa que Chile va a jugar un cierto papel pivote en la cooperación de la UE con América latina, proyectando los programas bilaterales hacia otros países de nuestra región.

Yo creo que esta idea es un gran paso y puede ayudar a intensificar los lazos biregionales. Claro que tenemos que ser cuidadosos y prudentes en ello, porque Chile tampoco se puede erigir en un interlocutor único de la UE con AL, existiendo relaciones privilegiadas de la UE con Brasil y México. Más bien se trata de que Chile proyecte en conjunto con la UE ciertas experiencias de cooperación hacia países de menor desarrollo relativo, que van a entrar en una relación más estrecha con la UE en los años que vienen.

……….

Héctor Casanueva (Santiago, Chile). Master en Comunidades Europeas de la Universidad Politécnica de Madrid y en Sociología de la Universidad de Lomas de Zamora, Argentina. Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE) y Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura de Chile. Se ha especializado en relaciones internacionales, con énfasis en integración europea y latinoamericana. Ex vicerrector académico de la Universidad Miguel de Cervantes. Fue embajador de Chile ante la ALADI y el Mercosur. Es miembro del Consejo Internacional del Centro de Estudios del Mercosur de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina; del Centro de Formación en Integración Regional (CEFIR) de Uruguay; y de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior de Panamá. Autor de varios libros y artículos de su especialidad, publicados en España, Chile y Uruguay. Puedes conocer más sobre su perfil y publicaciones en su blog “Pensamiento Global”.

La presidencia española de la UE calienta motores en una arquitectura institucional sin precedentes

Por Encarna Hernández

La presidencia de la UE ¿Un puzle con demasiadas piezas?

Dudas, muchas dudas, a la par que expectativas, es lo que genera el inminente comienzo de la presidencia española de la Unión Europea. Y la incertidumbre deriva (más allá de la mayor o menor confianza que se pueda tener en la capacidad de buen hacer del actual Ejecutivo español) de una cuestión de engranaje institucional, pues la presidencia española se moverá en un marco sin precedentes en toda la historia de la UE: deberá cohabitar con los dos nuevos Altos Cargos de la Unión (Presidente y Ministra de Asuntos Exteriores), además de tener que demostrar la eficiencia e idoneidad del invento de la presidencia “trío”, junto con Bélgica y Hungría. ¿Es esta nueva UE, tras Lisboa, un “monstruo” con demasiadas cabezas?

España asumirá, por cuarta vez, la presidencia del Consejo de la UE el próximo 1 de enero, tomando el revelo a la actual presidencia sueca. Hasta aquí, nada fuera de lo común, ya que se continúa con el tradicional baile de presidencias rotatorias, cada una de ellas con una duración de seis meses. Pero ya desde la presentación del logo de la presidencia hispana, allá por finales del mes de octubre, pudimos advertir que ésta no iba a ser una presidencia como las demás.

Para empezar, se presentó un logotipo común que reflejaba la presidencia “a trío” entre España, Bélgica y Hungría, una innovación que viene a consecuencia de la entonces inminente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y que se supone debe fortalecer y dar más agilidad, coordinación y, por tanto, eficacia, a las distintas y sucesivas presidencias del Consejo. Sin embargo, no podemos abstenernos de comenzar a vislumbrar aquí, en la presidencia ” a trío”, a una UE con demasiadas cabezas, o un corral con demasiados gallos, por continuar con las analogías.

La cosa no acaba aquí, porque, como por todos es conocido, habrá, además de la presidencia “trío”, un presidente de facto del Consejo de la Unión, el recién nombrado Van Rompuy, que tendrá que cohabitar con Zapatero. Y no, las dualidades que se suman a las presidencia “trío” tampoco se terminan aquí, pues ahí tenemos al responsable de Exteriores de nuestra presidencia, el ministro Moratinos, cuya labor tendrá que acoplarse con la de la nueva Alta Representante de la Política Exterior de la Unión, Catherine Ashton. Aunque tal vez los Estados ya se han asegurado, avalando los nuevos nombramientos de “perfil bajo”, de que sólo haya un gallo en el corral, entiéndase, el Estado de turno.

Vayamos ahora a las prioridades de la presidencia española de la UE, presentadas por el presidente Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados a mediados de este mes de diciembre. Destacan aquí cuatro grandes temas, a saber: impulsar la recuperación económica; desarrollar una Europa social y de los ciudadanos; fortalecer la posición de la UE como actor global; y dar plena aplicación al nuevo Tratado de Lisboa.

Para salir de la crisis económica se apuesta por la coordinación interna, la contribución a la gobernanza financiera y su supervisión, un mercado único de servicios financieros, la creación de empleo de calidad, la educación y el medio ambiente, todo ello en el marco de la nueva Estrategia Europea de crecimiento sostenible para el horizonte de 2020.

Otra prioridad fundamental es apostar por la Europa social y de los ciudadanos, a través de una nueva agenda social europea, el impulso de la igualdad de género, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y la puesta en marcha del recientemente aprobado Programa de Estocolmo. El objetivo, a su vez, es situar a los ciudadanos europeos en el centro de las políticas de la UE, una loable declaración de intenciones que no es precisamente nueva , pero que aún se reviste de cierta carga utópica, cuando se supone que ya deberíamos haber alcanzado, en este siglo XXI, la archi-nombrada y anhelada “Europa de los ciudadanos”.

Reforzar la posición de la UE como actor en la escena internacional es otro de esos objetivos inalcanzados y que se arrastran en la lista de buenos deseos desde la famosa Declaración de Laeken, o cabría decir desde siempre. Episodios como la guerra de Iraq pusieron al descubierto, una vez más, de desunión e inoperancia europea en materia de política exterior, un talón de aquiles que aún no se ha superado. La diplomacia europea queda en evidencia a la menor oportunidad: la guerra de los Balcanes, en los noventa; el conflicto del Cáucaso, en el verano de 2008; la crisis del gas, en el invierno de 2009; o el reciente contencioso con Marruecos por la situación de la activista saharaui Aminetu Haidar.

No es de extrañar que muchos de estos temas sigan encima de la mesa, o repasados con fluorescente en la libreta de cada presidencia rotatoria. España, como no podía ser de otra forma, se propone dotar de mayor visibilidad a la acción exterior de la UE, y lo debe hacer afrontando cuestiones como las relaciones transatlánticas, el diálogo con Rusia, America Latina y Caribe, la política de vecindad con el Magreb, o el proceso de paz en Oriente Medio. Mucha tela que cortar ¿verdad? Especialmente para cuestiones espinosas y enquistadas, y algunas de las citadas lo son.

No esperemos grandes logros, pues tampoco las esperanzas son demasiado grandes en materia de política exterior, a excepción de la ineludible reactivación de las relaciones con Latinoamérica, toda vez que España ha sido tradicionalmente una bisagra esencial entre ambos continentes, y teniendo en cuenta, además, que España organizará en 2010 una nueva edición de la Cumbre ALC-UE.

Queda la plena entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el desarrollo legislativo y aplicación de algunos de sus preceptos. Muy especialmente la cuestión de poner en marcha la red diplomática del nuevo servicio europeo de acción exterior, facilitar que se desarrolle y se concrete el nuevo mecanismo de participación ciudadana a través de la iniciativa legislativa popular (un millón de firmas), y, del mismo modo, la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y garantizar los consensos necesarios para asegurar la denominada Cláusula de solidaridad europea.

Muchos retos por delante. Muchas expectativas. A la par que muchas incertidumbres. Demos un margen de confianza, sin por ello dejar de ser estrictos, cuando llegue el momento, a la hora de hacer balance del trabajo realizado, allá por el mes de junio.

El Parlamento Europeo evita posicionarse sobre la situación de Aminetu Haidar

Encarna Hernández

Para los que hemos seguido de cerca el caso de la activista saharaui Aminetu Haidar, recibir la noticia de que su situación iba a ser debatida en el Parlamento Europeo nos hacía albergar esperanzas de que la Eurocámara diera el primer paso para que la UE decidiera adoptar una postura menos permisiva con Marruecos. Para los que, además de ser profundamente europeístas, como es mi caso, tenemos la convicción de que la UE debe posicionarme de una vez como un influyente actor internacional, la postura ambigua, débil, y la desunión dentro del seno de la UE respecto de la causa saharaui no puede sino decepcionarnos profundamente.

El hecho de que esta tarde, en la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo, se haya decidido por mayoría, a propuesta de los Socialistas europeos, desechar el debate sobre esta cuestión en el que se supone es el principal foro de la democracia europea, no es sino otra decepción más que sumar a una larga lista.  Y lo que se ha rechazado debatir y votar es más que una resolución común sobre el Sáhara Occidental, y en concreto sobre la situación de Aminetu Haidar. Lo que ha hecho la Eurocámara esta tarde no es sólo lavarse las manos. Por el contrario, es una cuestión mucho más profunda, y que atañe a la capacidad de la cámara europea de representantes de ser precisamente eso, representante de los ciudadanos, garante de los derechos humanos, en Europa y en todo el mundo, y dejar de plegarse a los intereses de los Estados.

El caso de Aminetu Haidar constituye una violación flagrante de los derechos humanos; de esos derechos que reconoce la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, recordemos, documento vinculante, pues está incluido en el Tratado de Lisboa, ya en vigor; de esos derechos que en esta misma Carta, hito de la protección y garantía en la UE, se reconoce se deben proteger activamente bajo el principio de “universalidad”, es decir, no sólo para los ciudadanos de la Unión, sino para cualquier residente, cualquier persona que esté en territorio UE.

¿Se evita de esta forma presionar a Marruecos? ¿Se temen las represalias, emanadas del Gobierno marroquí? ¿Se opta por no entrometerse en asuntos bilaterales? ¿Se intenta no poner en un aprieto a la Comisión Europea, al Consejo, a la Alta Representante para la PESC?

Según Martin Schulz, líder de los socialistas europeos, la razón no es otra que la siguiente: no obstaculizar el progreso de los esfuerzos diplomáticos. Afirma que Representantes de la UE están trabajando para obtener una resolución positiva e inminente del caso. Aunque la pregunta es: ¿qué ha hecho y qué está haciendo el Parlamento Europeo?

Por cierto, aquí les dejo el enlace al texto de la “urgente” propuesta de resolución común que se acordó retirar del orden del día en Estrasburgo, y en la que se pedía a Marruecos que permitiera  el regreso inmediato de Haidar al Sáhara Occidental, junto a su familia,  siéndole devuelta su documentación y exigiendo la protección de su integridad física.