¿Habemus líder?

Encarna Hernández

Primera sesión plenaria del nuevo curso legislativo en el Parlamento Europeo y plato fuerte para empezar: el estreno de una nueva fórmula de debate y control político en la Eurocámara, al más puro estilo norteamericano. En el centro del hemiciclo (primera novedad), José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, decidido a relanzar su liderazgo al frente de la Unión, se dispone a pronunciar ante aproximadamente 600 eurodiputados (record de asistencia, con amenaza de multas incluida) el primer discurso sobre el estado de la Unión. Dos horas y media después, la prensa internacional sigue dividida sobre el resultado: Barroso, ¿líder político o simple tecnócrata? ¿un presidente para los europeos o al servicio de las presiones del eje París-Berlín?

©European Parliament

¿Un nuevo Barroso?

Barroso centró su intervención en cinco cuestiones candentes, que respondió entre el marcado optimismo para unas (caso de la crisis económica y financiera, el empleo o la política exterior de la Unión) y la tibieza y falta de concreción para otras (las expulsiones de gitanos en Francia y el impuesto europeo). Sobre todo, recalcó que la clave está en el esfuerzo y el compromiso común, hablando siempre de trabajar en interés de todos, lo que él llamó actuar con “mentalidad europea”. ¿Estábamos ante un nuevo Barroso, decidido a ocupar un liderazgo europeo, con mentalidad europea, hasta ahora vacío? ¿Es el portugués ese líder reconocido y reconocible para los europeos? ¿puede serlo? ¿o nos agarramos a un clavo ardiendo?

Algunos medios europeos han incidido en que se trataba de mera “palabrería”, carente de auténtica ambición política para dar un verdadero impulso, ninguna propuesta realmente ambiciosa, ninguna gran promesa. El Barroso de siempre, se afirma: “habla mucho y dice poco”. Aunque decir dijo, y mucho.

Optimismo en lo económico

Lo que destacaron la mayoría de medios de comunicación fue el “tono optimista ” de Barroso en torno al primer punto de su intervención: la crisis económica y financiera. Así fue. El presidente de la Comisión subrayó que Europa había superado la prueba del rescate griego y de la crisis del euro y que se habían establecido las bases para la modernización de las economías europeas y para un gobierno económico común. Sostiene Barroso que “la perspectiva económica de la UE es hoy mejor que hace un año”, en gran parte porque se ha actuado con determinación.

Europa apuesta, afirma Barroso, por unas finanzas estatales saneadas, por la supervisión financiera y por la transparencia bancaria. La solución, en todo caso, debe ser europea: “Europa debe demostrar que es algo más que 27 soluciones nacionales diferentes. O nadamos juntos, o nos ahogamos por separado”.

En materia de empleo, Barroso fue claro con el papel de la UE, toda vez que las competencias en este ámbito pertenecen a los Estados. Habló de reforzar el mercado único para crear empleo, de la formación permanente, de un pasaporte europeo de cualificaciones e incluso de un futuro “sistema europeo de seguimiento de la oferta de empleo”, para facilitar el acceso a la oferta de empleo de toda la UE. Tampoco se olvidó de las pequeñas y medianas empresas (las que más empleo crean) y de la necesidad de mejorar su competitividad, a través de la innovación y de la relajación de los trámites burocráticos.

Tibia condena de las expulsiones de gitanos en Francia

Daniel Cohn Bendit

Se esperaba más de Barroso en este asunto y le han llovido, justamente, las críticas. Barroso se limitó a reivindicar el compromiso europeo para con los derechos humanos y con las minorías. Todos sabíamos de qué estaba hablando, pero eludió, incomprensiblemente, citar a Francia. En su lugar, recordó que “el racismo y la xenofobia no tienen cabida en Europa” e hizo un “llamamiento a que nadie despierte a los fantasmas del pasado de Europa”. Ese “nadie” es Francia. Pero Barroso lo omitió.

La respuesta de algunos eurodiputados fue rotunda. Verhofstadt: “Los gitanos son ciudadanos europeos. ciudadanos por completo”. Cohn-Bendit: “Esta Comisión es campeona de Europa de las declaraciones genéricas, pero no es capaz de señalar con el dedo situaciones particulares en ciertos Estados miembros”.  Martin Schulz: recrimina a Barroso por no decir claramente que lo que pasa en Francia es una “caza de brujas” y su mención a Francia hubiese demostrado al país miembro que la Comisión está dispuesta a “dar batalla” en este asunto.

En su editorial del día posterior al debate, titulado Europa ante Francia ,el diario El País señalaba la falta de firmeza de Barroso, acusándole de “vivir en la inopia”. El periódico lamentaba que esto estuviese ocurriendo precisamente justo cuando la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE había cobrado plena vigencia con su reconocimiento en el Tratado de Lisboa. La Comisión, afirma el editorial, es un “vulgar cómplice” de Francia, y le recuerda que no actúa sólo en nombre de los franceses, sino de todos los europeos, “en nuestro nombre”.

Presupuesto: la cuestión de los recursos propios

Durao Barroso reconoció que la cuestión de los recursos propios de la UE debe acometerse de forma ineludible, dadas las limitaciones del sistema actual, que considera agotado. La creación de un impuesto europeo, que iría directamente a las arcas del presupuesto de Bruselas ha sido una cuestión candente ester verano, y lo seguirá siendo, pues la Comisión debe concretar su propuesta este mes de septiembre. En todo caso, Barroso destacó que este presupuesto no es para la Comisión, es para los ciudadanos, para que la UE tenga libertad de movimiento y pueda implementar sus políticas y proyectos en beneficio de los ciudadanos.

Joseph Daul - ©European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Los dos grandes grupos, por su parte, mostraron tanto su apoyo como sus dudas ante la idea de un impuesto paneuropeo: Joseph Daul (PPE), recalcó que había que romper el “tabú” en este sentido, pues el impuesto contribuiría a una mejor financiación de las políticas comunitarias, sin incrementar al tiempo la carga impositiva. El socialista Martin Schulz, por su parte, reconoció como muy complicado el hecho de alcanzar la unanimidad entre todos los Estados en el Consejo en este asunto.

La política exterior: eterno asunto pendiente

Barroso destacó el papel decisivo que van a jugar las nuevas instituciones creadas en Lisboa para relanzar la política exterior de la Unión y su papel de liderazgo en el mundo. Al Servicio Europeo de Acción Exterior, comandado por la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se le augura el papel de exprimir el potencial de Europa en la escena política internacional. Afirma Barroso, que sus socios esperan que Europa actúe unida y que, de no ser así, lo países miembros, por separado, también sufrirán las consecuencias en cuanto a pérdida de influencia.

El presidente la Comisión destacó la cumbre del clima celebrada en Copenhague como un claro ejemplo de lo que no puede volver a ocurrir: “nos hicimos un flaco favor al no hablar con una sola voz”. “O actuamos juntos o ellos se moverán sin nosotros”, sentenció Barroso, aunque, como le recordó después Joseph Daul, el mundo ya avanza, de hecho sin la UE, en referencia a la ausencia de ésta en las negociaciones de Oriente Próximo, pese a ser el mayor donante en la zona (unos 1.000 millones de euros anuales).

Barroso ¿un líder para Europa?

Acercar a Barroso a los ciudadanos. Ese es el objetivo de la nueva estrategia de comunicación de la Comisión Europea, comandada por una de las mujeres de confianza del presidente: la comisaria Viviane Reding. Hace unos días saltaba a los periódicos la noticia de esta nueva estrategia, que pretende relanzar el protagonismo de Barroso ante la opinión pública: fotografos 24 horas, productores de televisión, todo para hacer del jefe del ejecutivo europeo una auténtica estrella mediática y, por tanto, una cara visible y reconocible para los ciudadanos europeos.

El debate sobre el estado de la Unión celebrado esta semana es un ejemplo más de esta estrategia, y se podría afirmar que ha sido todo un éxito. Para bien o para mal, con críticas más o menos duras, Barroso ha sido protagonista en todas las grandes cabeceras del Continente, también en las más pequeñas, en la prensa regional, en las principales cadenas de televisión… El mensaje de Barroso llegó a la ciudadanía. Otra cosa es que la ciudadanía sepa descifrarlo.

Se dice de Barroso que no deja de ser un tecnócrata, y que, por ende, su discurso es blando y tecnocrático” o, lo que es lo mismo, incomprensible para la ciudadanía de a pie. ¿Sabe Barroso llegar a la gente? Si algo tenemos más o menos claro a estas alturas, es que es mejor comunicador y más mediático que figuras como Buzek, Van Rompuy o Ashton. Y lo demostró en su discurso ante la Eurocámara.

Se le acusa también de obviar en su discurso la desafección de la ciudadanía hacia la UE, patente en las últimas encuestas del eurobarómetro y, en su lugar, como buen tecnócrata, hablar de lo que se va a hacer, de su programa de trabajo. Pero lo cierto es que Barroso si mandó un mensaje a la ciudadanía: “Lo que realmente importa es lo que las Instituciones aportan a los ciudadanos. Lo que importa es el cambio que Europa aporta a sus vidas diarias”, afirmó.

¿Qué más pruebas quieren? Europa no va a avanzar sólo con palabras bonitas o con políticos que, por así decirlo, “caigan bien a la ciudadanía”. Europa va a avanzar con tres cosas: con trabajo, con compromiso y con sacrificio. Añadan a las tres la palabra común después. Todo ello vino a proponer Barroso. ¿Habemus líder? Sí, Habemos líder, Habemus Más presidente.


La Unión Europea y las Naciones Unidas ¿almas gemelas?

Se trata de dos organizaciones que comparten los mismos valores, objetivos y compromisos: la paz y la seguridad, la democracia, la sostenibilidad, la diversidad cultural, el desarrollo, el Estado de Derecho… Objetivos que en el fundamento de ambas organizaciones sólo pueden lograse a través de un principio clave de la política exterior: la cooperación multilateral. La Unión Europea y las Naciones Unidas, ambas nacidas como dos lecciones ante el desastre de la II Guerra Mundial, han crecido de forma paralela y a la vez en estrecha cooperación. Son algo así como dos “almas gemelas”, pero que siguen teniendo cuentas pendientes. Esta “historia de éxito” tiene, como siempre, sus matices, estrechamente relacionados con las propias contradicciones de la unidad europea: el lento desarrollo de su política exterior, las desavenencias entre los Estados miembros en temas clave de la gobernanza mundial, las resistencias soberanistas, y las dudas sobre una cuestión esencial para que la UE se integre como miembro de pleno derecho dentro del sistema de Naciones Unidas: ¿Cuándo lograremos una voz común?

Una sociedad estrecha

El compromiso de la Unión Europea con los objetivos de la ONU se traduce en una importante contribución humana y económica en todas sus actividades. La UE de los 27 es el principal contribuyente al presupuesto de la organización, aportando el 40 % de éste a través de las cuotas de sus Estados miembros. A su vez, la UE colabora activamente en la ingente labor de la ONU en el mundo, con sus múltiples actividades en distintos ámbitos: política de desarrollo, lucha contra la pobreza, asistencia humanitaria, medio ambiente, derechos humanos, cultura, pacificación de zonas en conflicto y un largo etcétera. Sin ir más lejos, un dato que, aunque bien conocido, no está de más recordar: la UE es el mayor proveedor mundial de asistencia al desarrollo.

La cuestión del estatus de la UE en el sistema de Naciones Unidas

Sin embargo, como decíamos al principio de la narración de esta “historia de éxito”, existen algunas cuestiones aún sin resolver en lo que se refiere al status que ostenta la UE dentro del sistema de Naciones Unidas. En concreto, dos, una más lejana, otra más factible: la más difícil, como no podía ser de otra forma, es la posibilidad de que la UE esté representada en el Consejo de Seguridad de la organización; la que podría hacerse realidad, por el contrario, es que la UE tenga derecho a voto en la Asamblea General, y deje de ser un simple observador permanente. Este papel, según se apunta, podría estar reservado para la nueva Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores: Catherine Ashton.

Hasta ahora, la UE viene estando integrada en las Naciones Unidas en distintas fórmulas: a través de la presidencia de turno del Consejo, así como de los países europeos que son permanente o eventualmente miembros del Consejo de Seguridad. En la Asamblea General, la CE tiene la categoría de “observador” desde 1974. Está representada por la Comisión, a través de delegaciones en distintos órganos especializados (casos de la FAO, la UNESCO o ACNUR). La UE ha participado, además, en multitud de convenios y acuerdos de la ONU, y se le ha reconocido el estatus de “participante de pleno derecho” en varias conferencias. Desde 1991, es miembro de pleno derecho de la FAO.

UN Photo/Paulo Filgueiras

Todo esto no ha colmado, como es lógico, las aspiraciones europeas de conseguir una voz única en dos instituciones fundamentales: la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Este último, se compone de cinco miembros permanentes (EEUU, China, Rusia, Reino Unido y Francia) y otros diez no permanentes, por un mandato de dos años. Y, desde luego, la presencia de miembros de la UE como Francia y Reino Unido, a la que se suma el habitual estado europeo no permanente, así como el hecho de que todos los países de la UE estén en la Asamblea como miembros de pleno derecho, no satisface la aspiración de lograr un posicionamiento común en temas clave para la paz y la seguridad internacional.

De hecho, con la creación de la PESC en el Tratado de la Unión Europea, se puso de relieve la necesidad de que los Estados miembros de la UE, el Consejo y la Comisión coordinasen en mayor medida sus posicionamientos dentro de las organizaciones internacionales, lo que incluye, por descontado, a las Naciones Unidas. En concreto, el Tratado exige que se defiendan posiciones comunes para que la voz de la UE tenga más peso en el escena internacional.

«Los Estados miembros que también son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se concertarán entre sí y tendrán cabalmente informados a los demás Estados miembros. Los Estados miembros que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad asegurarán, en el desempeño de sus funciones, la defensa de las posiciones e intereses de la Unión, sin perjuicio de las responsabilidades que les incumban en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas». (art. 19 TUE).

En lo que respecta a la votación conjunta en la Asamblea General, el objetivo es que se alcance el consenso a la hora de votar las resoluciones, algo que según las estadísticas la UE ocurre en cuatro de cada cinco ocasiones. Sin embargo, estos datos no eliminan del todo la sensación de que estamos aún lejos del objetivo de una “voz única”, alimentada, periódicamente, por noticias que sacan a la luz pública que ni la unanimidad ni el consenso son tales.

¿Una oportunidad tras el Tratado de Lisboa?

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE sustituye a la CE como observador en la Asamblea General y como miembro en aquellos órganos en los que tiene este estatus (caso de la FAO). Por su parte, la Delegación de la Comisión ante las Naciones Unidas pasa ahora a estar bajo la autoridad de la nueva representante de la diplomacia europea, la también vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton.

Foto: Unión Europea

Ashton o, mejor, dicho, lo que representa su nuevo cargo, puede ser una figura central en esta historia: la oportunidad de que la posición común de la UE en las relaciones exteriores tenga una cara visible, reconocible y de pleno derecho en las Naciones Unidas. Sin embargo, las “cacofonías” que ha traído también consigo el nuevo Tratado pueden reproducirse igualmente en el seno de la ONU, en concreto en su Asamblea General. Es algo que ya estamos viendo y que está dando que hablar con cada presidencia rotatoria tras la entrada en vigor de Lisboa: la dualidad entre presidencia permanente del Consejo (Herman Van Rompuy) y la presidencia de turno.

Una UE en plena transformación institucional y que quiere que su voz tenga más peso en la política mundial se enfrenta, como vemos, al reto de reforzar su papel como bloque en el seno de otra organización, las Naciones Unidas, cuya reforma (y su debate) está también en marcha. De hecho, ha sido el Parlamento Europeo, a través del conocido como Informe Lambsdoff, la institución que ha reconocido abiertamente la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para adaptarlo a las relaciones internacionales del siglo XXI.

La Eurocámara señala precisamente a Ashton como la pieza clave en todo este puzle que debe conducir hacia una postura común de los 27 en la ONU, en torno a su reforma, y finalmente, en la consecución de un asiento para la UE en el Consejo de Seguridad.

Encarna Hernández Rodríguez

Más informacion

European Union @ United Nations

Unión Europea  y Naciones Unidas: la opción del multilateralismo

Informe Lambsdorff

La hora de Van Rompuy

Por Encarna Hernández

© European Union, 2010

Desde el 1 de julio, Bélgica recoge el testigo de España dentro de las presidencias rotatorias de la Unión Europea. Y lo hace en medio de una encrucijada, una más, de su panorama político interno. Tras las elecciones de junio, con la victoria lograda por los independentistas flamencos, el futuro de la débil unidad nacional belga está más en entredicho que nunca. Y mientras Bélgica se interroga sobre su futuro como país, le llega el turno, nada más y nada menos, que de presidir la Unión Europea.

Experiencia comunitaria frente a las dudas. Pero, en realidad, la fractura interna de Bélgica no genera tantas dudas como confianza despierta su experiencia contrastada en esto de la política europea. Como Estado fundador de la UE, de marcado cariz pro-europeísta, para Bélgica será su duodécima presidencia semestral. Además, su ahora Gobierno en funciones recuerda que está preparando esta presidencia desde hace dos años y medio, trabajo que engarzó dentro del marco del “trío de presidencias” que comparte con España y con Hungría, que relevará el turno belga.

Un programa ambicioso. El fruto de más de dos años de trabajo se traduce en un programa ambicioso. La primera prioridad, como no podía ser de otra forma, es la recuperación económica. Hay que reforzar la zona euro, establecer los mecanismos para una supervisión financiera comunitaria, y sobre todo, asentar las bases para que pueda concretarse un gobierno económico europeo. La recién estrenada Estrategia 2020, y su éxito, implican centrarse en las prioridades socio-económicas, y apostar por la innovación y la investigación para salir de la crisis de una manera reforzada, con el objetivo de que los Estados miembros inviertan hasta un 3 % de su PIB en I+D+I. En el plano institucional, habrá que continuar implementando el Tratado de Lisboa, donde destaca la puesta en marcha del nuevo servicio europeo de acción exterior. Tampoco olvidemos que hay varias negociaciones de adhesión abiertas: Croacia e Islandia en primer lugar.

© European Union, 2010

La hora de Van Rompuy. Con un gobierno belga en funciones, probablemente hasta otoño, todo el protagonismo será para el presidente permanente de la UE. Es la gran oportunidad para Van Rompuy de convertirse en un líder reconocido por los ciudadanos europeos y reconocible a nivel internacional, algo que ya comenzamos a entrever con la presidencia española. El proyecto europeo necesita, ante todo, liderazgo en clave europea en el plano interno y acabar con la cacofonía en el nivel de la política exterior (el famoso teléfono para hablar con Europa).  A pesar de su perfil “bajo” en lo que se refiere a su notoriedad pública, el belga representa un trabajo serio, responsable y pausado. Además, la cesión de protagonismo como consecuencia de la situación interna en Bélgica y por el papel que le concede el nuevo Tratado en las cumbres de mayor calado ayudarán a aumentar su visibilidad de cara a la opinión pública europea. La hora de Van Rompuy es también la gran oportunidad para la Unión Europea.

¿El principio del fin de las presidencias rotatorias? Puede ser la consecuencia inevitable de la implementación del Tratado de Lisboa. Conforme los nuevos altos cargos de Lisboa vayan asentando su trabajo y su liderazgo, las razones para continuar con las presidencias rotatorias caerán por su propio peso. La pregunta es ¿renunciarán así como así los Estados a sus seis meses de gloria de turno?

La presidencia belga en la red. Toda la información sobre la presidencia belga está disponible en su web oficial, así como, minuto a minuto, a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.

La Iberia de Saramago

Por Encarna Hernández

España y Portugal ¿Un futuro en común?

Al contrario de lo que generalmente se dice, el futuro ya está escrito, lo que ocurre es que nosotros no tenemos todavía la ciencia necesaria para leerlo“. Estas palabras salieron de la pluma del escritor José Saramago en julio del pasado año, y aluden a un futuro que él ya se atrevió a predecir un par de años antes: la creación de una Federación entre España y Portugal. La Iberia de Saramago sería el resultado de una integración territorial, administrativa y estructural, pero no cultural ni lingüística. España y Portugal, unidos en la diversidad, en un proyecto común ventajoso de convivencia y desarrollo. Suena utópico ¿O no tanto?

La idea de Saramago era que Portugal se convirtiera en una Comunidad Autónoma más dentro de España, que tendría que cambiar su nombre por el de Iberia (para no ofender los egos portugueses) y sin que ello supusiera la asimilación cultural por parte de España: los portugueses seguirían hablando portugués, teniendo sus costumbres, su lengua. A nivel de organización política, habría un parlamento único, partidos políticos tanto lusos como españoles. En el terreno económico, homogeneización fiscal.

Decíamos que parecía una idea utópica, pero no tanto. Porque el Barómetro Hispano-Luso (BOHL), desarrollado por la Universidad de Salamanca arrojaba el pasado verano unas cifras impresionantes sobre el apoyo ciudadano a la creación de Iberia. Según los datos de este estudio, el 40 % de los portugueses apoyaría una unión política con España. Y el apoyo de nuestros vecinos a esta Federación sigue en aumento, pues el Barómetro de 2010 recoge el incremento del apoyo hasta el 45 %. Los españoles, por nuestra parte, parece que somos un poco más reacios a la idea, manteniéndose el porcentaje de apoyo en torno al 30 %.

Lo que se desprende de este tipo de estudios, es que los portugueses parecen más interesados en los asuntos internos de España que los españoles en lo que atañe a nuestro país vecino. Los portugueses ven en mayor medida las ventajas de integrarse con España, mientras que nosotros preferimos mirarnos en el ejemplo francés o alemán. En definitiva, entusiasmo frente a indiferencia, algo poco comprensible para dos países que comparten la Península Ibérica.

Dejando un lado las sensibilidades, lo cierto es que los datos objetivos no arrojan lugar a dudas: la unión sería beneficiosa para ambos países. Iberia se convertiría en la quinta economía de la UE, en el país con mayor extensión territorial de la UE, y el quinto en población. El peso en la toma de decisiones dentro la UE sería mucho mayor para estos países entraron de la mano en la Unión Europea, y que ahora están también rodeados de dudas en torno a su situación económica dentro la zona euro.

"Y sin embargo se mueve". Foto: El Pais Pedro Walter

La Iberia de Saramago parece aún una utopía, pero ahí están las cifras y el más que notable apoyo popular. Iberia no es un verso, ni una novela, sino la visión de futuro de un gran pensador. Porque, antes de que nos demos cuenta, puede que Iberia sea más que un sueño lejano y se convierta en una posibilidad real (quizás en un imperativo), posiblemente en una oportunidad histórica. “Sí, Iberia. E pur si muove“.

POST COLECTIVO SOBRE JOSÉ SARAMAGO: Un grupo de bloggers nos hemos puesto de acuerdo para rendir homenaje al escritor portugués José Saramago, recientemente fallecido, y qué mejor forma de hacerlo que dedicarle un artículo en nuestros blogs. En Más Europa hemos decidido hacerlo tratando el tema de la unión ibérica, pero hay una gran variedad de temáticas, dadas las inmensas posibilidades que despierta una figura como la de Saramago: poeta, escritor y hombre comprometido donde los haya. Aquí os dejo la lista de posts, no os los perdáis.

Saramago: esa dulce mirada portuguesa, de Gloria Fernández

El que calla, muere y dice, de Lisi Prada

Saramago el humano, el escritor, de Trasindependiente

Saramago, blogger, de Blas F. Tomé

Saramago creía en Obama, de Jaime García

Saramago, de Fernando María

Saramago i la ciutadania lúcida, de Enric Senabre

– Saramago, maestro de la literatura, de Cástor Olcoz

Saramago y la Unión Ibérica, de Emilio Fuentes

A Saramago, Psiquiatra de familia

Saramago, de Arco

Saramago y el derecho a la rebelión, de Merhum

Jose Saramago como Blogger, de Ciudadano Morante

La traducción de Europa según Saramago, de Alejandro Palomino

Mi padre y Saramago, de Bernardo Ramos Vañó

Europa 2030: retos y oportunidades

Herman Van Rompuy junto a Felipe González, Presidente del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa. © Unión Europea, 2010

Encarna Hernández

El pasado mes de mayo, el grupo de reflexión encargado de analizar los retos a los se enfrenta la UE en el horizonte de 2030, así como de proponer las posibles respuestas a estos retos, presentó al Consejo Europeo el informe definitivo de una amplia consulta y reflexión. El Proyecto Europa 2030: retos y oportunidades es un documento que diagnostica de forma sincera la realidad actual de la UE, los problemas a los que se enfrenta y las respuestas que la UE debe ofrecer en común para afrontar estos desafíos.

El panorama actual, se comienza afirmando en el informe “no es tranquilizador para la Unión y sus ciudadanos”. Es evidente que estamos en un punto crítico de nuestra historia: la crisis económica; el envejecimiento de la población; el desempleo; el cambio climático; la dependencia energética europea; la amenaza del terrorismo… La solución sólo puede estar en dar un golpe de timón, comenzar a perfilar la ruta y sus alternativas, hacia un renovado proyecto común.

El camino hacia la superación de la crisis económica (también para prevenir otra de tal magnitud en el futuro) es evitar los repliegues proteccionistas y avanzar hacia una gobernanza económica común que no tenemos, con el objetivo de garantizar la convergencia económica. Dice el informe, muy claramente, que “los ciudadanos no permitirán otra operación de rescate como la que se ha hecho”. Es decir, que la UE deberá tener sus propias normas regulatorias y sus mecanismos de control y vigilancia.

Necesitamos, asimismo, un compromiso más claro con la innovación y el desarrollo para avanzar definitivamente hacia una Europa del Conocimiento que sea competitiva en la economía global. Invertir en capital humano, ser más competitivos y depender también menos del exterior. La política energética común, mejor dicho, la ausencia de ésta y nuestra dependencia exterior, ha sido un lastre que hemos arrastrado durante más de medio siglo. En materia energética, Europa, también en la línea de su compromiso para combatir el cambio climático, apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, por el uso de energías limpias. Crecer de forma sostenible, pero también asegurarnos el aprovisionamiento exterior mediante negociaciones y acuerdos comunes, sin olvidar que se hace necesario abrir un debate sobre la energía nuclear segura.

Click en la imagen para leer el informe completo

Otro de los aspectos que me ha parecido más interesante del informe es el que atañe a la necesidad de reforzar la ciudadanía política europea. Quizá este punto fue una de las grandes decepciones de Lisboa, a pesar de que introduce la iniciativa legislativa ciudadana, pero quedándose sin duda corto en este aspecto. La cuestión de la legitimidad democrática de la Unión está en el centro de este debate,  y para superarlo es necesario que tengamos unas verdaderas elecciones europeas, con listas transnacionales para el Parlamento Europeo, con partidos políticos que presenten programas electorales “auténticamente europeos”  y eligiendo al presidente de la Comisión. Esto es lo que proponen los expertos, y no puedo dejar de estar de acuerdo. Añadiría que necesitamos que de una vez exista un debate en clave europea en las campañas electorales de las europeas, y alguna de las medidas citadas ayudaría a conseguirlo.

Ayudaría que los partidos políticos nacionales se tomaran las europeas en serio, y no las vieran como un episodio más de las cuestiones domésticas. Podrán decir, también, que los ciudadanos tampoco se las toman en serio, y votan en función de la coyuntura política nacional, muy especialmente para castigar al gobierno de turno si no se está satisfecho con su gestión. Pero creo que esto no es más que la consecuencia del enfoque que los partidos dan a sus campañas. ¿Si no existe un debate en clave europea, como esperan que los ciudadanos voten pensando en Europa?

Lo que está claro, y deja también claro el informe, es que la ciudadanía está ahora más que nunca en el epicentro de la construcción europea. El futuro de Europa pasa por reforzar la participación ciudadana y su implicación en la confección de las políticas UE. Ciudadanos más informados, más participativos, más exigentes con la gestión que se realiza desde Bruselas. Ciudadanos que entiendan lo que nos jugamos. La era del consenso tácito ya pasó, así que, nos enfrentamos a dos peligros: la pasividad o el disenso (entiéndase también pasivo: “no me interesa en absoluto la UE y además estoy en contra”, y cosas por el estilo). El disenso activo no es en sí algo negativo, siempre que se trate de una discrepancia informada y constructiva. Los ciudadanos también van a exigir, no van a entregar un cheque en blanco.

Por último, me gustaría terminar este post con las palabras pronunciadas por Van Rompuy, de agradecimiento a los miembros de grupo de reflexión: “A veces es preciso situarse a un lado y mirar desde la distancia. Debemos hacer abstracción de la crisis de hoy para volver a ver con claridad.” Dice Van Rompuy que eso precisamente es lo que ha conseguido el informe,” mirar hacia el futuro, hasta 2030″. “En ese momento”, continúa el belga, “yo habré alcanzado la muy venerable edad de 83 años, sacaré a relucir su informe y podré comprobar si estuvo en lo cierto”. A buen seguro que, como Van Rompuy, más de uno realizaremos ese mismo ejercicio.

Algunos, incluso, seguimos esperando la Europa de Laeken, y comprobamos que, casi diez después, estamos aún lejos de esa Europa que debía afrontar los retos de la primera década del siglo XXI. Ahora surgen nuevos retos y se renuevan las perspectivas y los desafíos. Sabemos también que hay retos pendientes. Al menos, somos sinceros con nosotros mismos.

Más información:

Noticia de la presentación del informe

Web del grupo de reflexión

Leer el informe completo

Veinticinco años construyendo Europa

Encarna Hernández

Hace ahora 25 años, el Salón de las Columnas del Palacio Real de Madrid acogió la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE. Un hecho histórico para un país que aspiraba a hacerse un hueco en el escenario europeo y mundial tras décadas de aislamiento internacional. Para los españoles, subirse al tren de Europa era subirse al tren de la prosperidad y del crecimiento económico, al tren de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad. Europa era el tren de las oportunidades

No deja de ser curioso que compartamos conmemoración con Portugal. Ambos estamos ahora en el punto de mira, 25 años después, en la más grave crisis económica que se recuerda desde que se puso en marcha la integración europea. La crisis de la zona euro ha provocado muchos interrogantes: ¿ha reaccionado tarde la UE? ¿ha habido falta de previsión? ¿existe una solidaridad europea? ¿hay desajustes entre la integración económica y la política? ¿han fallado los mecanismos de supervisión? Y así hasta un sinfín de preguntas.

Puente sobre el Río Nalon, Langreo, Asturias. Con fodos FEDER. Foto: Comisión Europea

En estos 25 años también han tenido lugar un sinfín de hitos, cosas por las que, como afirmaba ayer el ex presidente González, “Europa mereció la pena”. Se me ocurren algunas ahora, y seguro que me dejo muchas otras. Cosas como poder votar a nuestros representantes en el Parlamento Europeo; poder viajar por Europa sin pasaporte; estudiar o trabajar en otro país con una beca Erasmus o Leonardo; la prosperidad que han traído los más de 100.000 millones de euros (aún somos beneficiario neto) de los fondos estructurales y de cohesión, gracias a los que disponemos de mejores estructuras, servicios y más puestos de trabajo; la moneda única; disfrutar de protección diplomática de cualquier embajada de un país miembro fuera de las fronteras de la UE; los muchísimos avances que ha embebido nuestra legislación en materias como la protección del medio ambiente o los derechos de los consumidores desde los reglamentos o las directivas europeas; sin olvidar las otras tres libertades, de mercancías, servicios y capitales.

Quería centrarme en los derechos porque si algo nos ha ofrecido la UE a los ciudadanos de los Estados miembros, y por ende a los españoles, es precisamente un abanico de derechos asociados al estatus de ciudadano de la Unión. Precisamente, la configuración definitiva del haz de derechos que componen actualmente la Ciudadanía de la Unión Europea recibió un impulso clave con la propuesta realizada por la delegación española en las negociaciones de Maastricht, previa carta del presidente González al presidente del Consejo. Quizá éste es uno de los hitos de nuestra aportación a la integración europea, por lo que merece la pena recordarlo en este 25 aniversario, toda vez que materializa con una propuesta específica y completa para incluir en el Tratado toda una serie de intentos y avances anteriores.

Se puede ya hablar de “germen” de derechos de ciudadanía europea con el Tratado de Roma, que introduce la libre circulación de personas, aunque se trata de derechos y libertades asociados al acceso al Mercado Común, y por tanto, las personas aún son contempladas en el derecho comunitario como sujetos económicos. Después, durante los años 70, comienza a gestarse la idea de forma más sólida: se prevé la creación de un pasaporte común (al final se quedó, tras su puesta en circulación en 1985, en un diseño uniforme), se formulan algunos de los entonces denominados “derechos especiales” y se viene insistiendo en la necesidad de establecer el sufragio universal para la elección del Parlamento Europeo. De los 70 data también el famoso Informe Tindemans (1975) que esboza ya algunos derechos que integrarían el estatus de la ciudadanía de la Unión. Y sería el 1976 cuando se establece el sufragio universal directo para las elecciones al PE (Acta Electoral de 20 de septiembre).

Imagen de archivo de Spinelli en el Parlamento Europeo. Foto: PE

Los años 80 recibirían el impulso decisivo del Comité liderado por Adonnino (People’s Europe). En el informe presenteado en el Consejo Europeo de Milán, en junio de 1985, anticipa ya algunos derechos como la libre circulación generalizada a todos los ciudadanos, el derecho de voto activo y pasivo, o la protección diplomática y consular. Un año antes, el proyecto de Tratado sobre la Unión Europea (Proyecto Spinelli, 14 de ferbero 1984) propone crear una ciudadanía de la UE sujeta a la nacionalidad de un Estado miembro. El proyecto, aprobado en la Eurocámara, fue tumbado por el Consejo.

Después llegaron las directivas de los 90 sobre movilidad de personas inactivas laborales (estudiantes, jubilados, etc), y finalmente, la propuesta española en la conferencia política de Maastricht. El memorando español, titulado “Hacía una ciudadanía europea” (Ver el documento publicado en 1991 en Revista de Instituciones Europeas) propone un concepto de ciudadanía “dinámico y evolutivo”, en consonancia con un proceso de integración europea también dinámico y que avanza hacia un “objetivo final”. Ese objetivo final no puede ser otro que la Unión Política Europea.

En la propuesta española, el status civitatis de la ciudadanía de la Unión debía incluir: los derechos especiales básicos (libre circulación plena, libre elección de residencia y participación política en el lugar de residencia); en segundo lugar, aquellos derechos que se derivan del desarrollo dinámico de la Unión (es decir, de nuevas competencias transferidas a la Comunidad en materias como sanidad, la educación, la cultura, el consumo, el medio ambiente…); en tercer lugar, los derechos del ciudadano fuera de las fronteras de la UE (protección diplomática y consular), así como la denominada tutela de los ciudadanos (el derecho a acudir al defensor del pueblo europeo en casos de mala administración por parte de una institución u órgano de la UE).

Y así, básicamente, quedó configurada la ciudadanía de la UE en el Tratado de Maastricht, y así la conocemos hoy, con la salvedad de la pequeña modificación incorporada en Amsterdam en 1997, cuando se aclara que se trata de una ciudadanía “complementaria” y no “sustitutiva” de la ciudadanía nacional, y cuando además se añade el derecho a acceder a los documentos de las instituciones europeas. El Tratado de Lisboa no introdujo modificaciones a este estatus, aunque queda pendiente mejorar el acceso a los derechos políticos de los residentes extracomunitarios.

En definitiva, los españoles podemos sentirnos orgullosos de haber aportado un grano de arena importante para crear la ciudadanía de la UE, y de formar parte de un proyecto que nos ha ayudado a prosperar y a profundizar en nuestra democracia y en los derechos de las personas.

Las conmemoraciones sirven, como afirmaba antes, para repasar y hacer balance, y la balanza se inclina, sin duda, hacia el lado positivo. Todo ello a pesar de la crisis, y de que ese “a pesar” pese mucho. Felipe González afirmó ayer, ante la pregunta de un periodista, que aún en momentos de crisis, “queremos más y mejor Europa”. No podemos estar más de acuerdo. Ojalá los líderes europeos estén también de acuerdo y se pongan el mono de trabajo.

Comunícate con Europa… o cómo Europa se comunica con nosotros

Esta mañana ha tenido lugar en el Edificio de La Bolsa de Valencia la continuación del ciclo de seminarios “Europa Tuya”, unas jornadas organizadas por la Generalitat Valenciana, el centro Europe Direct de la Comunitat y la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, y cuyo objetivo no es otro que el de acercar Europa a los ciudadanos, a través de la exposición y el debate sobre distintos temas de la actualidad comunitaria que interesan especialmente a los ciudadanos.

¿Qué otra cuestión puede despertar más interés, a priori, que las herramientas de participación puestas a disposición de los ciudadanos a través de las distintas políticas europeas? La voz de los ciudadanos cuenta cada vez más en la Unión Europea, es decir, en la configuración de sus políticas, en su implementación, en su ejecución y gestión. Por ello, que los ciudadanos sepan cómo comunicarse con Europa, que conozcan las herramientas que la UE pone a su alcance, es vital para impulsar y reforzar una participación ciudadana más activa en la esfera de los asuntos comunitarios.

Pero comunicarse con Europa, hacer que la voz de los ciudadanos cuente, es un esfuerzo que supone un viaje de ida y vuelta. Se trata de un esfuerzo paralelo y compartido: comunicarse con Europa y que Europa se comunique con los ciudadanos. En estas dos caras de una misma moneda se han movido las dos primeras ponencias de la jornada de hoy. Los actores no podían ser más idóneos para presentarnos  este doble objetivo que se mueve paralelamente: comunicar Europa, de esto algo debe saber D. Jaume Duch, director de medios de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo; y comunicarnos y participar con y en Europa, de ello, precisamente, nos habló la Dra. Susana del Río, miembro del Comité de Expertos de la Comisión Europea en participación de la sociedad civil.

Jaume Duch recordó los retos a los que se enfrenta un Parlamento Europeo renovado y reforzado tras el Tratado de Lisboa. Clichés, estereotipos, desenfoques que persisten… ¿por qué sigue siendo una institución desconocida? Invertir esta situación es el principal desafío de la política de comunicación de la Eurocámara. Pero, para ello, debe superar algunas dificultades intrínsecas de la Institución a la hora de comunicar su labor a los ciudadanos: hablamos del reto (añadido) de comunicar sobre Europa, sobre una Cámara (sin gobierno) cuyo interés informativo debe reducirse a su ingente tarea legislativa; añadamos a esto la lejanía demográfica y la distancia conceptual (sólo encontramos en ella algunos rasgos equiparables a la clásica labor parlamentaria que encontramos en el cuadro nacional); sumemos que se trata de una Institución en constante cambio con las sucesivas reformas de los Tratados y con las ampliaciones; echemos algunas gotas (23 idiomas traducidos en total) de multilingüísmo; y adornamos con el desconocimiento generalizado de los actores (la polémica-interés asociada a ciertas figuras político-mediáticas nacionales se desvanece aquí). El resultado de este cóctel de dificultades es una política de comunicación tremendamente compleja, un desafío imponente.

Pero no imposible. Como relató Duch, se está poniendo toda la carne en el asador: existen muchas herramientas para ello. Ahí están las redes sociales, una apuesta decidida de la política de comunicación de la Eurocámara en los últimos tiempos: la web de europarl, la televisión del Parlamento Europeo, la presencia en redes sociales como facebook, you tube, twitter… Persisten algunos talones de Aquiles: la televisión y los medios de comunicación regionales y locales. Lo próximo, lo cercano, triunfa, la televisión también. Todo ello realizando un esfuerzo por ofrecer una información simplificada y, por supuesto, traducida. La formación de los periodistas desplazados en bruselas es vital: seminarios, canal por satélite, acceso a imágenes, y un servicio de prensa que funciona como un reloj.

No cabe duda que el Parlamento Europeo ha decidido coger el guante al reto de comunicar Europa. ¿Podremos hablar a corto plazo de una auténtica Opinión Pública Europea? Si lo prefieren, de la suma de muchas opiniones públicas europeas…

Pero los ciudadanos informados también tienen que conocer las herramientas que la UE pone a su disposición para participar en los procesos comunitarios. El espacio público es, ante todo, un espacio de comunicación y de participación. La construcción de una esfera pública europea va de la mano del crecimiento de una sociedad civil europea, cuya primera piedra se puso en Maastricht con la creación de una Ciudadanía de la Unión.

La inclusión de la sociedad civil europea en el proceso de toma de decisiones comunitario, tal y como nos recuerda la Dra. Susana del Río, se viene haciendo cada vez más patente (responde a una necesaria democratización de la toma de decisiones) desde la CIG que precedió al acuerdo de Amsterdam. La implicación de los actores de la sociedad civil es la consecuencia inevitable del desgaste de un método, el de la Conferencia Intergubernamental (el de los acuerdos por unanimidad y a puerta cerrada), que se opone al consenso y a la participación que posibilitaron escenarios recientes como los de la Convención que redactó la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o aquella otra a la que se vino a llamar constitucional. De esta última nació la idea de una Iniciativa Legislativa Ciudadana europea (un millón de firmas): un hito para la participación de la ciudadanía europea plasmado definitivamente en el texto de Lisboa.

¿Cómo logramos una plena implicación informada y participativa de la ciudadanía? Para empezar, insiste Del Río, planteando debates, comunicando en “versión europea”. Algo que, sin embargo, no ocurre en las campañas electorales de las elecciones al PE, donde domina el discurso en clave nacional. También, prosigue, es preciso lograr una comunicación continua, no restringida a momentos puntuales como unas elecciones o un referéndum.

Existen espacios participativos especialmente relevantes: hablemos de solidaridad (2011 será el año del voluntariado europeo, y el actual concierne a la pobreza y la exclusión social); informemos sobre la capacidad de Europa (siempre en marcha y con un inmenso potencial integrador); aprovechemos el potencial que nos ofrecen las nuevas tecnologías; y nunca dejemos de insistir en ello.

Actos como el de hoy avanzan en este sentido, en esa necesaria correlación: comunícate con Europa… o cómo Europa se comunica con nosotros.

La segunda parte del debate giró en torno a la proyección de la imagen de Europa en el exterior. Un tema complejo, de estricta actualidad con el nuevo marco que nos ofrece Lisboa, y que se merece otro post aparte. Acabamos conociendo algo más sobre la relación de los valencianos con Europa. Por cierto, mañana, otra jornada del seminario: Derechos de los consumidores en las políticas europeas.

La Comisión Europea, el gigante burocrático

Encarna Hernández

La Comisión Europea, conocida como la “guardiana de los Tratados”, órgano supranacional, independiente y tecnocrático por excelencia entre las Instituciones de la Unión Europea. Desde que fuera creada por el Tratado de la CECA, a partir de su primigenio antecedente, la Alta Autoridad, se ha desarrollado en el marco institucional de las Comunidades como un auténtico gigante burocrático. Poseedora del cuasi-monopolio de la iniciativa legislativa comunitaria, y como brazo ejecutor de las políticas de la UE, la cuestión del control democrático de su actividad y de su batallón de funcionarios está en el epicentro de la polémica legitimidad democrática de la UE. El siguiente vídeo (que nos ofrece la web Hablamos de Europa) nos acerca un poco a su compleja actividad, aunque después profundizamos un poco más…

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De la Alta Autoridad de la CECA a la Comisión Europea

Con la firma del Tratado de la CECA (18 de abril de 1951) comienza la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad de la CECA, institución de carácter ejecutivo y compuesta por personalidades independientes nombradas por los gobiernos nacionales, encargada de asegurar la consecución de los objetivos previstos en el Tratado y de actuar en el interés general de la Comunidad, y dotada de poder de decisión obligatoria, tanto de carácter normativo como administrativo, decisiones que adopta a través del procedimiento mayoritario. Se configura de este modo como la máxima Institución política de la Comunidad y como su órgano técnico supremo.

Es por las características anteriormente citadas que en la Alta Autoridad se concentra esencialmente el carácter federal y supranacional de la CECA, dentro de un marco institucional que se configura ya a grandes rasgos como el que se conoce en nuestros días: el control político de la Alta Autoridad –germen de la actual Comisión- se encomienda a una Asamblea Común, con capacidad para censurar la actividad del órgano ejecutivo pero sin poder legislativo; un Consejo Especial de Ministros, órgano de naturaleza intergubernamental, compuesto por los representantes de los Estados miembros y cuya misión es garantizar una acción armoniosa de la Alta Autoridad en relación con los gobiernos nacionales; y un Tribunal de Justicia, encargado de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado y los actos derivados de éste.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de fusión de los ejecutivos, el 1 de julio de 1967, una Comisión única asume las funciones de la Alta Autoridad de la CECA y de las Comisiones de los Tratados CEE y Euratom.

El triángulo institucional y el método comunitario

Las cuatro instituciones originarias representan, como nos recuerda G. Isaac, cada una de ellas un principio determinado, a la par que poseen en cada caso una raíz política determinada y expresan una legitimidad propia.

La Comisión está compuesta por miembros designados por los gobiernos de los Estados miembros, aunque los Tratados garantizan su independencia funcional. En su papel de “guardiana de los Tratados”, la Comisión representa los intereses de la Comunidad. A su vez, monopoliza el poder de iniciativa legislativa, y se configura como el órgano ejecutivo de la UE: es responsable de aplicar las políticas, de ejecutar los programas de acción y de gestionar los fondos comunitarios.

El Consejo, compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, representa los intereses de los Estados miembros, pero actúa también como órgano comunitario colegiado. El Tratado le otorga la misión de “garantizar la consecución de los fines establecidos en el (…) Tratado”, mediante la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros y el poder de decisión legislativa, que comparte con el Parlamento Europeo en aquellos ámbitos en los que se aplica el procedimiento de codecisión. El Consejo tiene una presidencia rotatoria por cada Estado miembro por un periodo de seis meses.

El Parlamento Europeo, por su parte, está compuesto por representantes de los pueblos de los Estados miembros, elegidos por sufragio universal directo desde junio de 1979, y representa los intereses de la Comunidad y de tales pueblos. La Cámara ejerce el poder de control político a través de la moción de censura a la Comisión, interviniendo a su vez en el nombramiento de sus miembros, y comparte con el Consejo los poderes legislativo y presupuestario. Su rol en el proceso de toma de decisiones se ve aumentado a través de las modificaciones de los Tratados, especialmente a partir del AUE y el TUE, que introducen los procedimientos de cooperación y codecisión.

El TJCE, como auténtico órgano judicial de la Comunidad, ejerce el control jurisdiccional, en representación de los intereses del Derecho comunitario, sobre las acciones u omisiones de las Instituciones de la Unión, estando los Estados miembros y los particulares igualmente bajo su jurisdicción.

Se conforma de este modo un equilibrio de intereses y de poderes, dentro de un sistema de “pesos y contrapesos” (“checks and balances”), y que se integran en dos conceptos básicos del sistema político europeo: el denominado “método comunitario” y el supuesto de “equilibrio institucional”.

Dentro de la lógica del proceso funcionalista de integración, el denominado “método comunitario” es considerado por buena parte de la doctrina como la “fórmula magistral” y clave del éxito de la construcción europea. El “método” arbitra ente los distintos intereses que se integran en el contexto comunitario: el interés general de la Comunidad (representado por la Comisión) y los intereses de los Estados miembros y de los ciudadanos (representados democráticamente de forma indirecta a través del Consejo y de forma directa a través del Parlamento Europeo).

La dinámica del “triángulo” institucional se desarrolla mediante el monopolio de derecho de iniciativa de la Comisión, el reparto de la autoridad legislativa y presupuestaria entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y el recurso general al voto por mayoría cualificada en el Consejo, fundamental para asegurar la eficacia “método”. En última instancia, el Tribunal de Justicia tiene jurisdicción para garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación el Derecho comunitario.

Tal sistema de “pesos y contrapesos”, integrado por múltiples intereses, genera una compleja dinámica que exige el diálogo y la negociación entre el “triángulo” institucional decisorio. Este “triálogo” está en la base de un principio comunitario imprescindible: el “equilibrio institucional” (“institutional balance”). Tal “equilibrio” es la esencia donde reside el reparto de “funciones” (que no de poderes) entre las tres Instituciones definido por el “método comunitario” o, lo que es lo mismo, el ejercicio por parte de las Instituciones de las competencias que les atribuye el Tratado.

El sistema comunitario no reproduce la clásica división de poderes bajo el cuadro estatal heredado de Montesquieu. Al contrario, las funciones de decisión y de control se reparten entre las cinco Instituciones, representando a su vez cada una de ellas poderes diferentes. En la función ejecutiva intervienen la Comisión, el Consejo y los Estados miembros (estos últimos en la ejecución de una buena parte de las políticas y normativas). La función legislativa se divide entre las dos autoridades decisorias (Consejo y Parlamento Europeo) y la Comisión (poder de iniciativa). La función jurisdiccional se la reparten el TJCE y las cortes nacionales.

Por su parte, el poder de control se disemina en la arquitectura institucional de la siguiente manera: el Parlamento Europeo ejerce el control político sobre la Comisión y el Consejo, y este último controla a su vez a los dos primeros. El Tribunal de Justicia ejerce su jurisdicción sobre las tres Instituciones, sobre los Estados miembros y sobre los particulares, mientras que el Tribunal de Cuentas tiene poder sobre las Instituciones y los Estados miembros. La Comisión, por su parte, vela por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Tratado sobre los Estados miembros y, en determinados casos, sobre los particulares.

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La Comisión y el déficit democrático

La actividad legislativa de la UE es el parámetro central en el que se basan las aproximaciones normativas para el estudio tanto del rango y número de competencias que se manejan a nivel comunitario, como de la valoración de las políticas europeas, y del denominado “desequilibrio institucional” en la gobernanza europea. La interacción y reparto de poderes entre las tres principales instituciones de la Unión determina la forma en que se desarrolla el proceso de toma de decisiones, en base a un “método comunitario” que, tal y como se define en los años sesenta, desprovee al Parlamento Europeo de las clásicas funciones legislativas con las que se reviste a los Parlamentos nacionales. Este “desequilibrio” de poderes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y la ruptura con el ideal de democracia parlamentaria están en la base de la teoría sobre el “déficit democrático” de la Unión Europea.

Fundado sobre una lógica funcionalista-integracionista, y aplicado a las políticas que integran el primer pilar de la UE, el “método comunitario” otorga a la Comisión el monopolio en la iniciativa política y legislativa, y el poder de ejecución de las políticas, que comparte con los Estados miembros. La Comisión decide si la Comunidad debe actuar, bajo qué forma legal, y qué contenido e implementación seguirá. Por su parte, el poderoso rol del Consejo se configura a través de la negociación estratégica, los convenios generales, y su capacidad como primera autoridad legislativa, recurriendo generalmente al voto por mayoría cualificada. El primigenio Parlamento Europeo goza de limitadas oportunidades de acción, articuladas en torno a su función de control y censura de la Comisión, y los poderes de consulta y deliberación. Por su parte el Tribunal del Justicia debe garantizar la uniforme interpretación del Derecho comunitario.

El “método comunitario” puede resumirse así en la siguiente máxima: “la Comisión propone y el Consejo dispone”. Del mismo modo, el papel otorgado a la Comisión, y el hecho de que ni el Consejo ni el Parlamento ni los Estados miembros puedan obligar al Ejecutivo europeo a legislar, supone una manifiesta quiebra para con el principio de separación de poderes y de democracia parlamentaria.

El gobierno de los expertos

Las distintas aproximaciones de la Ciencia política de cara a determinar las transformaciones de la gobernanza en la Europa occidental durante el transcurso del último medio siglo se desarrollan en torno al concepto de “nuevo institucionalismo” del análisis organizacional. La teoría de la delegación en “Instituciones no-mayoritarias”, está dominada por la aproximación del “Principal-Agent”: los políticos deciden delegar ciertas funciones en “Agentes” sólo si los beneficios esperados de la delegación exceden a los costes.

La lógica funcional de la delegación se centra en una serie de beneficios que los políticos esperan conseguir a través de transferir cierta autoridad a los agentes independientes. Thatcher y Stone Sweet identifican cuatro categorías de beneficios evaluados racionalmente: en primer lugar, los relacionados con la credibilidad de las promesas realizadas a los ciudadanos (problemas de compromiso); seguidamente, la necesidad de políticas de expertos que resuelvan las asimetrías de información en áreas técnicas de la gobernanza; de igual forma, los resultados serían más eficientes, a través de la creación de normas que resuelvan problemas específicos; por último, las políticas de los agentes (no responsables ante la ciudadanía) maximizarían objetivos políticos a través de políticas impopulares para ciertos sectores de la sociedad.

A nivel comunitario, se añade la complicación de una delegación que tiene lugar a nivel externo (transferencia de poderes de decisión a cuerpos exteriores, incluyendo los Estados miembros, y hacia órganos diferentes de la Instituciones europeas y no nombrados en los Tratados), y a nivel interno (delegación de poderes ejecutivos, de implementación de las normas, desde el Consejo hacia la Comisión).

En el nivel supranacional de la UE, un sistema integrado por bancos centrales aislados del control político directo elabora la política monetaria. Desde Bruselas, la Comisión propone la legislación y se encarga de hacer cumplir la extensa regulación europea. Mientras, en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia controla el cumplimiento de la legalidad comunitaria por parte de Instituciones, gobiernos y administraciones. Las agencias especializadas de la UE se dividen en un amplio espectro: agencias comunitarias; agencias de la PESC; agencias de la CPJP, y agencias ejecutivas.

Una parte de la crítica del “déficit democrático” de la UE se acoge precisamente al desarrollo de una “tecnocracia” en Bruselas a modo de Estado despótico, caracterizado por la rápida acumulación y centralización del poder: un “gobierno de extranjeros”, sin la presencia de elementos culturales comunes (religión, lenguaje y cultura legal), y donde el gobierno del pueblo se sustituye por “la administración de las cosas” (véase la crítica de Siedentop, 2001, La democracia en Europa, y la respuesta de Moravcsik, 2001, Despotism in Brussels? Misreading the European Union, en Foreign Affairs).

Después de Lisboa…

La posibilidad de que se impulse una iniciativa legislativa popular (un millón de firmas de ciudadanos de la UE), el mayor control que se otorga a los parlamentos nacionales y regionales para el control y seguimiento de la subsidiariedad (protocolos anejos al Tratado) y la extensión de la codecisión como “procedimiento legislativo ordinario”, se presentan como algunos “correctivos” al monopolio de iniciativa de la Comisión y al poder legislativo del Consejo. ¿Son suficientes para hablar de una gobernanza definitivamente sometida al control democrático?

Para saber más:

Web Comisión Europea

Nueva Comisión 2010-2014

Presidente de la Comisión: Funciones y Poderes

Antiguos presidentes

La agenda del Parlamento Europeo, desde la óptica de los eurodiputados españoles

Encarna Hernández

De sobra son conocidas las prioridades que se ha marcado la presidencia española de la Unión Europea para los próximos meses: impulsar la recuperación económica; desarrollar una Europa social y de los ciudadanos (con la igualdad como eje central); fortalecer la posición de la UE como actor global; lucha contra el cambio climático; dar plena aplicación al Tratado de Lisboa… Pero, ¿cómo se interpretan y, lo más importante, cómo se abordarán, estos objetivos por parte del Parlamento Europeo, y en concreto, desde la óptica de los eurodiputados españoles? En una Eurocámara reforzada de poderes legislativos, presupuestarios, y de control político y democrático tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la agenda política en el marco de la presidencia española se abordará en primer lugar desde las comisiones parlamentarias. En todas ellas hay representación española, por lo que resulta más que interesante conocer la perspectiva de los eurodiputados españoles sobre cuáles son los temas prioritarios y cómo abordarlos. A este objetivo responde una publicación elaborada por el servicio de prensa del Parlamento Europeo, en la que nuestros eurorepresentantes han contestado a la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las prioridades de la comisión parlamentaria de la que es miembro para la presidencia española?”

En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la búsqueda de una salida a la crisis financiera está en el centro de todas las preocupaciones. La presidencia española ya anunció que para salir de la crisis económica se apuesta por la coordinación interna, la contribución a la gobernanza financiera y su supervisión, un mercado único de servicios financieros, la creación de empleo de calidad, la educación y el medio ambiente, todo ello en el marco de la nueva Estrategia Europea de crecimiento sostenible para el horizonte de 2020. En esta línea se enmarca la visión del eurodiputado español Antolín Sánchez (S&D). Para Ramón Tremosa (ALDE) el asunto principal a tratar debe ser la legislación sobre supervisión financiera, con el objetivo de evitar futuras crisis.  Para Tremosa, España debería promover la reforma del mercado laboral para actuar contra el paro, así como cambiar el ancho de vía de los trenes españoles para lograr una mayor integración en el mercado único.

Empleo y derechos de la mujer son otras dos importantes piedras de toque, dado el acuciante problema del desempleo, especialmente en España, y toda vez que la igualdad de género es una prioridad fundamental de la presidencia española. En materia de empleo, Alejandro Cercas (S&D) entiende que su comisión debe centrar sus esfuerzos en el desarrollo/revisión de varias directivas: promoción de la seguridad y la salud en el trabajo de las mujeres embarazadas; igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ejercicio de una actividad autónoma; permiso parental; discapacidad; tiempo de trabajo en sectores como el transporte por carretera. Así como la revisión de la estrategia de Lisboa en el objetivo de la innovación. Por su parte, Teresa Jiménez-Becerril (PPE) e Iratxe García (S&D), miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer, coinciden en algunos puntos: conciliación de la vida familiar y laboral para las mujeres (legislación europea sobre permisos de maternidad, ayudas sociales, asistencia médica, etc.); protección para las víctimas de violencia de género (número de teléfono de emergencia europeo, orden europea de alejamineto, etc.). La socialista Iratxe García precisa algunas propuestas más de su grupo y de la presidencia española: la elaboración de una carta de derechos de las mujeres y la creación de un observatorio europeo de la violencia de género, respectivamente.

En materia de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Juan Fernando López Aguilar (S&D) recuerda que corresponderá a la presidencia española elaborar el plan de acción del Programa de Estocolmo, en la línea de mantener como prioridades principales el refuerzo de los derechos de los ciudadanos, la cooperación judicial, la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Teresa Jiménez-Berrecil, del PPE, cita algunas propuestas interesantes: es el momento de armonizar las legislaciones de los Estados miembros para que los delitos terroristas no prescriban, considerándolos como crímenes contra la humanidad. Asimismo, propone aproximar las legislaciones sobre los derechos de las víctimas del terrorismo o, cuanto menos, adoptar una Carta europea que reconozca estos derechos.

La Agricultura y la Pesca también tendrán que afrontar revisones fundamentales en los próximos meses. Tanto populares como socialistas entienden que el futuro de la PAC y la reforma de la Política Pesquera Común serán temas fundamentales.

Energía y medio ambiente son temas de vital trascendencia para el futuro de la Unión. Los miembros españoles de la Comisión de Industria, Investigación y Energía tienen claro que es necesario aprovechar el impulso de Lisboa (que aporta nuevas bases jurídicas) para avanzar hacia una política energética común, una ausencia histórica que en los tiempos que corren no sólo tiene que acometerse con celeridad, sino avanzar, inevitablemente, de forma paralela a los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático. El popular Alejo Vidal-Quadras insiste en que no sólo es necesario coordinar (añadamos diversificar) el mercado interior de la energía, sino también garantizar la seguridad del suministro exterior (dada la excesiva dependencia europea, y para evitar situaciones como las ocurridas en pasado invierno con la crisis del gas entre Rusia y Ucrania). La socialista Teresa Riera habla de integrar investigación, innovación y energía: es lógico, el modelo energético en el que se debe (y puede) basar Europa tiene que estar sustentado en estos vectores para ser competitiva y sostenible. Francisco Sosa Wagner (NI) reconoce que Europa es pionera en protección del medio ambiente (sus objetivos en materia de reducción de emisiones son los más ambiciosos), pero ello tiene que complementarse con el impulso de una política energética común. Sosa Wagner habla de un “sueño”: impulsar una política de creación de redes de distribución que conecte las redes existentes para conformar una amplia red europea. ¿Un sueño? “Sí, pero sin sueños no existiría hoy la UE”. Y tiene mucha razón. El eurodiputado español reivindica también promover en mayor medida un tipo de investigación no conectada directamente a las empresas; un tipo de saber, de innovación, que puede parecer “inútil” y que no encuentra apoyos ni financiación en los programas marco de la UE.

En materia de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, el socialista Andrés Perelló nos recuerda que su comisión trabajará en los próximos meses para delimitar el objetivo a partir de 2011 en relación a la biodiversidad, y que se debe presentar en la Asamblea General de la ONU después del verano. La Comisión de Medio Ambiente debe coordinar sus esfuerzos con la de Industria para implantar las medidas y cumplir los objetivos recogidos en el paquete “Energía-Clima.

La política de Desarrollo Regional se encuentra también en un momento crucial de su historia. Populares y socialistas en el PE coinciden en que su diseño de cara al futuro será clave: habrá que ahondar en la dimensión territorial de la Unión, así como en una participación más activa de la regiones (incluida la gestión de los fondos); se prestará especial atención a las regiones ultraperiféricas, para fortalecer la cohesión. Rosa Estarás (PPE) afirma que será prioritaria la reforma del Fondo de Solidaridad (recogido en la reforma de Lisboa), de cara a garantizar que la ayuda comunitaria llegue rápida y eficazmente ante cualquier catástrofe natural. Ricardo Cortés (S&D) reafirma que en el actual momento de crisis económica, será esencial simplificar los procedimientos para asegurar que los fondos europeos lleguen a las regiones y a los ciudadanos lo más pronto posible. Habla también de garantizar periodos de transición adecuados. Hay que tener en cuenta que muchas regiones españolas se encuentran en la denominada “fase de salida” del Objetivo 1 de los fondos estructurales de aquí a 2013, por lo que debe ser una piedra de toque importante para la presidencia española.

A la presidencia española le corresponderá, en el contexto de dar plena aplicación al Tratado de Lisboa, poner en marcha las disposiciones financieras y presupuestarias. Hay que recordar que ahora el PE tiene mayor peso para aprobar y controlar el presupuesto comunitario, con la desaparición de la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. Como nos recuerda el eurodiputado de la Comisión de Presupuestos Salvador Garriga (PPE), habrá que enfrentarse a una revisión de la financiación de la PAC (con la posible cofinanciación de las ayudas directas), así como del Reglamento Financiero, sin olvidar que hay que acometer presupuestariamente los gastos que derivarán de la puesta en marcha del nuevo servicio de acción exterior de la UE. Por su parte, Eider Gardiazábal (S&D), remarca que el PE está reclamando la revisión de las cifras del actual Marco Financiero, ya que la UE se enfrenta a la escasez de créditos para hacer frente a las nuevas políticas que debe financiar, pero el Consejo se muestra reacio a aumentar los créditos del presupuesto comunitario.

Presupuesto 2009 - Click para ampliar
Presupuesto de 2009
Presupuesto 2010 - Click para ampliar

La política exterior de la UE es otro tema vital, prioritario para la presidencia española, en realidad, marcado con fluoerescente en la agenda desde hace una década. Reforzar la posición de la UE como actor internacional era uno de los objetivos de la reforma de Lisboa (lo era desde Laeken y seguidamente con la reforma constitucional). Para ello, precisamente, se crearon nuevos altos cargos como el presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante (una especie de ministro de Asuntos Exteriores). ¿Será posible hablar con una sola voz? Ya hay quien (me incluyo) habla de una UE con múltiples cabezas que dificultan una coherente y unificada posición de cara al exterior. Pero también es cierto que, ahora mismo, la maquinaria no acaba sino de arrancar, y habrá que esperar a que las piezas se acoplen en el complejo puzzle de la política Exterior.

¿Cuáles son las prioridades para la Comisión de Asuntos Exteriores? Está claro que hay que avanzar en la política de vecindad, especialmente con el Sur del Mediterráneo, así como relanzar las relaciones bilaterales con América Latina y, cómo no, afianzar la relación estratégica con Estados Unidos. El eurodiputado de la Izquierda (GUE) Willy Meyer aporta dos puntualizaciones que resultan interesantes: los tres pilares que deben sostener los acuerdos de asociación con regiones más desfavorecidas deben ser el diálogo político, la cooperación al desarrollo y el comercio justo. Es decir, nada que se parezca a los acuerdos de libre comercio que lleva a cabo EEUU en zonas del Sur y Centro del continente americano. Otra apreciación importante: el estatuto de Marruecos como socio avanzado de la UE. Para Meyer, esto no puede ser posible mientras el Reino marroquí siga violando sistemáticamente los derechos humanos. Tenemos un ejemplo reciente: el caso de la activista saharaui Aminetou Haidar.

En la Comisión de Desarrollo encontramos al español Enrique Guerrero (S&D), y aquí la UE tiene un par de citas importantes: la revisión del acuerdo de asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonou), así como de los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, prevista para el próximo  otoño.

Quedan por citar algunas prioridades en materia de Seguridad y Defensa, cuyo desarrollo político e institucional está recogido en el Tratado de Lisboa. Aquí entran en juego figuras como la de la Alta Representante, los ministros de Defensa de la UE, cuyas reuniones habrá que fortalecer. La Agencia Europea de Defensa deberá también recibir un impulso, como habrá que dárselo a la asociación con la OTAN. Una política europea de Defensa, otro viejo anhelo…

La subcomisón de Derechos Humanos tendrá igualmente trascendentales retos por delante: combatir el aumento de la trata de seres humanos; luchar contra la violencia ejercida contra la mujer en todas partes del mundo; reconocer esta violencia como un delito contra la integridad física y moral de la mujer, etc. Importante será erradicar los esteriotipos y conductas sociales que discriminan a la mujer, usando la herramienta más eficaz que puede haber: la educación (ver noticia).

La igualdad de género está siendo motiv0 ya de debate en el Parlamento Europeo, el informe presentado por la Comisión de Derechos de la mujer se debatió ayer en el Pleno de la Eurocámara y será votado mañana. Entre otras cuestiones, se decidirá sobre el permiso de paternidad a escala europea o un acceso más fácil al aborto y a los anticonceptivos para las mujeres, y, en general, que éstas tengan un mayor control sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Seguridad o derechos fundamentales?

Encarna Hernández

El terrorismo internacional es una nueva amenaza que se puede combatir con viejas y nuevas herramientas. En este sentido, la tecnología se convierte en una importante y útil piedra de toque. Pero no dejan de aparecer viejos fantasmas: control, persecución, y una cierta “presunción de culpabilidad” del que se ve sometido a cualquier clase de registro en un ámbito de su intimidad, aunque sea a costa de su propia seguridad. En los últimos días, se ha reavivado en Europa la polémica de los llamados “escáneres corporales”, que está siendo sometida a una amplia consulta por parte de la Comisión Europea. El caso es que todo esto no puede sino hacerme recordar ciertos pasajes no muy lejanos de la historia de la seguridad nacional de los Estados Unidos ¿Se acuerdan de la Ley USA Patriot?

"Escáneres del desnudo". Copyright: BELGA/AFP PHOTO/PAUL ELLIS

El frustrado intento de atentado que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en un avión que partió desde Amsterdam con destino Detroit ha vuelto a poner sobre la mesa la amenaza terrorista en los desplazamientos en avión así como la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar, como en el caso del vuelo de Detroit, que un individuo pueda subir a un avión con un artefacto adherido a su cuerpo. Y, como no podía ser de otra forma, ha retornado también el debate sobre los llamados escáneres corporales. La cuestión, que ya pasó por el Pleno del Parlamento Europeo en 2008, volvió a ser debatida el pasado 27 de enero por los eurodiputados. No sólo se comentaron los aspectos técnicos o económicos de la implantación de estos escáneres en los aeropuertos, sino, fundamentalmente, su “coste” en materia de derechos y libertades fundamentales.

El debate de los escáneres fue tratado en el seno de las comisiones parlamentarias de Transportes y Libertades Civiles. Los eurodiputados, que se reunieron con el coordinador antiterrorista europeo, Gilles de Kerchove, plantearon no pocas inconveniencias a la posibilidad de instalar controles de seguridad de este tipo en los aeropuertos. Los escáneres temporales no convencen a los eurodiputados: se duda de su efectividad real para evitar casos como el frustrado atentado del vuelo de Detroit; se opone su elevado coste (cada uno de estos escáneres cuesta unos 115.000 euros, a lo que hay que añadir las reformas que serían necesarias en los aeropuertos para su instalación); y el quid principal, ¿dónde quedan los derechos de los pasajeros que tendrían que someterse a este dispositivo, conocido como el “escáner del desnudo” que deja totalmente sin ropa la imagen del escaneado?

Los eurodiputados ven en este hecho una clara violación de la dignidad de la persona, y ya en octubre de 2008, a través de una Resolución, solicitaron a la Comisión que realizara una consulta pública para evaluar el impacto de los escáneres en relación tanto a los derechos fundamentales (privacidad y dignidad humana) como a la protección de datos (que debe consultarse, entre otros organismos, con el Supervisor Europeo de Protección de Datos), así como en lo que respecta al impacto para la salud de esta tecnología y una evaluación de los costes y beneficios en el terreno económico. La consulta debe terminar a finales de este mes. Pero, como ya se ha adelantado, en la Eurocámara esta tecnología, simplemente, no convence.

La cuestión de fondo de todo esto que se viene relatando no es otra que la postura o la respuesta que la Unión Europea debe adoptar ante una pregunta esencial que pone en tela de juicio las libertades civiles del ciudadano y los derechos más elementales de la persona: ¿debemos anteponer seguridad a libertad? Hace algunos años, justo después de los atentados del 11 de septiembre, los dirigentes norteamericanos se hicieron la misma pregunta: la respuesta fue sí, anteponer seguridad a libertades individuales.

Nosotros, los europeos, que no acabamos de ver del todo mal eso de que nosotros somos de venus y los norteamericanos de marte (la frase se la debemos al analista neoconservador Robert Kagan), es decir, que desde el final de  la segunda guerra mundial y, paralelamente con el proyecto de la integración europea, nos hemos autodefinido como el adalid del “bill of rights”, aunque sea a expensas de oponer debilidad frente al poder de la fuerza militar, nos llevamos entonces la manos a la cabeza con la rotunda respuesta que divisamos al otro lado del Atlántico. Por cierto, que las relaciones transatlánticas estaban entonces en horas bajas, pero ese es otro tema.

Seguro que recordarán, y si no, al menos, les “sonará”, un texto llamado Ley USA Patriot. Fue aprobado en octubre de 2001 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cabe decirlo, por una amplia mayoría. La conocida como Ley USA Patriot tiene en realidad un nombre mucho más largo y explicativo: Ley para Unir y Fortalecer a Norteamérica mediante la Provisión de Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo. En resumidas cuentas, un paquete de medidas encaminadas a luchar contra el terrorismo y que provocaron una extensa y profunda polémica porque restringían notablemente las libertades individuales.

La Ley ampliaba los poderes del FBI y otras agencias estatales de seguridad; autorizaba al presidente a confiscar los bienes de toda persona involucrada en ataques contra los EEUU, y permitía a las autoridades policiales pinchar teléfonos, controlar la correspondencia y el correo electrónico de cualquier sospechoso de estar vinculado a actividades terroristas. El FBI estaba legitimado para inspeccionar los archivos de una biblioteca pública, para entrar en una iglesia o una mezquita, o para acceder al historial médico de cualquier presunto terrorista.

Aquello fue incluso calificado como un “nuevo maccarthismo”, una persecución contra los árabes y/o musulmanes comparable a la que sufrieron los comunistas en la época de MacCarthy, susceptibles de ser espiados, incluso detenidos sin cargos concretos. Como el destino es caprichoso y paradójico, a veces inexplicable, el proyecto había sido puesto en manos nada menos que de John Poindexter, me explico: un señor que había sido condenado en 1987 por conspiración y mentira ante el Congreso por su participación en el escándalo de la venta de armas a Irán para financiar a la “contra” nicaragüense en su guerra civil contra el Gobierno comunista. Y he aquí, que con estos antecedentes, se pone en sus manos lo que fue definido como un auténtico plan orwelliano de “vigilancia total” de la población (esta frase se la debemos a Philippe Riviere en un estupendo artículo publicado en Le Monde). Vigilancia total: viajes, cuentas bancarias, lecturas, registro de viviendas sin autorización judicial. Todo con el objetivo de detectar señales precursoras de actividades terroristas. Es decir: una verdadera “guerra preventiva” en suelo norteamericano.

Con la Ley en la mano, el fiscal del Estado, John Ashcroft, ordenó la detención de cerca de 5.000 inmigrantes, en su mayor parte procedentes de Oriente Medio, y que fueron retenidos por los servicios de seguridad estadounidenses sin haber presentado cargos contra ellos y negándoseles, además, asistencia jurídica o régimen de visitas. Las familias de  estos “desaparecidos” denunciaron estas detenciones arbitrarias y la negación de los derechos civiles de los presos. Sin embargo, en 2002, el Tribunal Supremo autorizaba al Gobierno a juzgar a puerta cerrada a los extranjeros detenidos tras el 11-S. La seguridad nacional, afirmaba un portavoz gubernamental, estaba por encima de cualquier derecho o libertad.

En julio de 2004, poco después de que la Ley USA Patriot se salvara por los pelos en la Cámara de Representantes por un empate en el voto, Asa Hutchison, defendía ante un grupo de importantes empresarios los beneficios de la Ley, apostillando finalmente que los norteamericanos, aún a pesar de la USA Patriot, “no hemos olvidado nuestras libertades civiles, ni hemos dejado a un lado nuestros valores y el carácter de este país”.

¿Nos hemos hecho los europeos esta pregunta? Me temo que ésta es la cuestión que debemos plantearnos, más allá de avatares técnicos o económicos. ¿Dónde está la Europa de los Valores? ¿Dónde queda la Europa de los Ciudadanos y de los Derechos Fundamentales? Me dirán, y es cierto, que los escáneres no son comparables a la Ley USA Patriot, pero miren, sería otro paso hacia atrás, y no sería el primero, y si no, echen un vistazo a la Directiva de Retorno de los inmigrantes ilegales…

UN PEQUEÑO INCISO AL HILO DE LA ACTUALIDAD…

Por cierto, que al tiempo que se escribía este post, el 2 de febrero, Daniel Basteiro, el corresponsal de Público, nos traía esta noticia desde Bruselas: “La eurocámara vetará el control de datos por EEUU”.

No ahondé, en mi escrito, en este aspecto concreto de la Ley USA Patriot, hablo del rastreo de las transferencias internacionales, pero viendo que se ha vuelto a poner de actualidad, me gustaría explicar de qué se trata exactamente. Precisamente, uno de los apartados importantes de la Ley era el dedicado a  la lucha de la Hacienda Pública contra el lavado internacional de dinero y la financiación del terrorismo. Era, concretamente, el Título III de la Ley, cuyos puntos más destacados serían:

1. Potenciar la cooperación entre instituciones financieras, sus autoridades reguladoras y las agencias de ejecución de la ley, de cara a compartir información relativa a individuos, entidades y organizaciones sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas o de lavado de dinero;

2. Distribución anual, entre las instituciones financieras, de un análisis detallado que identifique los patrones de actividades sospechosas;

3. Enmienda de la ley penal federal para incluir delitos de corrupción extranjera como delitos de lavado de dinero;

4. Regulación de unas normas mínimas para las instituciones financieras en relación a la identificación del cliente que abre una cuenta;

5. Exigencia para los extranjeros de proveer a las instituciones financieras de información apropiada y precisa sobre las operaciones que realizan, al tiempo que las identidades de dichos ciudadanos podrán ser verificadas recurriendo a organismos gubernamentales;

6. Enmienda a la ley del secreto bancario para revisar los requisitos de inmunidad de responsabilidad civil y autorizar la revelación por las actividades financieras de actividades sospechosas;

7. Enmienda a la ley de derecho de privacidad financiera para permitir la transferencia de registros financieros a los organismos gubernamentales si tales registros son relevantes para investigaciones de inteligencia sobre terrorismo internacional;

8. Se otorga jurisdicción extraterritorial a EEUU en los delitos cometidos fuera del territorio nacional y que involucren de alguna forma a alguna entidad dentro de la jurisdicción estadounidense.

Pues bien, esta vigilancia escrupulosa del rastro que sigue el dinero en Europa, y que, como bien afirma Basteiro, es uno de los pilares de la cooperación entre EEUU y la UE en la lucha contra el terrorismo, puede tener los días contados. La decisión estará en las manos de los Eurodiputados.