El sí de Irlanda desde el prisma latinoamericano

Fuera de la UE hace mucho frío“. Así comienza un interesante artículo de Héctor Casanueva, Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE), y publicado en el diario chileno El Mostrador. La citada frase, que pertenece a un editorialista del diario El Mundo, es interpretada por el profesor Casanueva, al hilo del “sí” irlandés en segunda convocatoria, como la respuesta “a una toma de conciencia colectiva de la importancia de la integración en un mundo incierto, altamente competitivo y con nuevos desafíos globales“.

La unión latinoamericana también es objeto de análisis en el artículo. “¿Y cómo andamos por casa?” Se pregunta el articulista: pues aunque reconoce que no se pueden comparar ambos procesos por tratarse de realidades bien distintas, sí que se reconoce la necesidad de afrontar los mismos desafíos, retos que convierten el camino de la integración en “una necesidad evidente“.

La integración latinoamericana no tiene necesariamente que seguir el modelo comunitario, pero sí su ejemplo. Un ejemplo y unos avatares y acontecimientos que, como la ratificación de Lisboa en Irlanda, “no son en absoluto lejanos y deberían ser fuente de reflexión por estos lados“.

Tendremos tiempo de debatir más ampliamente estas cuestiones con el profesor Casanueva, ya que nos ha prometido una entrevista para este blog. Mientras tanto, y a modo de aperitivo, os invito a leer su excelente artículo: El sí de Irlanda y nuestra integración

Irlanda: el precio de un “Sí”

ENCARNA HERNÁNDEZ

¿Más soberanía o más Europa?
¿Más soberanía o más Europa?

Entre el Tratado de Maastricht y la reforma de Lisboa existen una serie de parecidos razonables. El primer paralelismo lo encontramos en la demora en la fecha de entrada en vigor del texto: ambos con más de un año de retraso. El segundo, relacionado con el primero, son una serie de obstáculos que trabaron la ratificación: los “noes” en dos referendos populares en sendos países miembros. El parecido más que razonable se corona con el precio de un “Sí” que se traduce en las denominadas “cláusulas de exención” (“opt-out”). El resultado, inevitable: una Unión en la que sus Estados miembros caminan a distintas velocidades en su grado de integración y cooperación, de solidaridad interestatal, de sacrificio compartido y de solidaridad mutua.

Allá por mediados de diciembre de 1992, en el Consejo Europeo de Edimburgo, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Europa de los “Doce” tenían encima de la mesa de negociación la urgente tarea de encontrar una solución al “problema danés”. Tal problema no era otro que el “no” registrado en el referendo popular del 2 de junio de ese mismo año, cuando los ciudadanos daneses declinaron la ratificación del Tratado de Maastricht.

En Edimburgo se decide dar respuesta a una serie de disposiciones del TUE definidas como problemáticas por el propio Gobierno danés y que fueron recogidas en un documento titulado “Dinamarca en Europa”. Tales problemáticos preceptos de Maastricht eran principalmente los siguientes: la dimensión de la política de defensa; la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM); la ciudadanía de la Unión; la cooperación en los ámbitos de Justicia e Interior, y la efectiva aplicación del principio de subsidiariedad.

La concesión, el precio de un “Sí”, tuvo lugar en ese mismo Consejo de Edimburgo, concediéndose a Dinamarca la citada “cláusula de exención” en diferentes aspectos que afectan al Tratado. Para empezar, Dinamarca no participaría en la moneda única (tercera y última fase de las previstas para alcanzar la plena UEM), y conservaría sus competencias en materia de política monetaria. Además, la participación danesa en la política de defensa en el marco de la UEO también se ve matizada; mientras que se aclara que la ciudadanía de la Unión no se concibe como sustitutiva de la ciudadanía nacional, siendo cada Estado miembro el que determina la posesión de la nacionalidad en virtud de sus leyes internas.

Tras el acuerdo, y con cambio de Gobierno incluido, el 18 de mayo de 1993, en una segunda consulta, los ciudadanos daneses ratifican finalmente el Tratado de Maastricht, con casi el 57 por ciento de votos a favor. En septiembre de 2000 (tras la adopción de la moneda única por parte de once Estados miembros en enero de 1999), el “no” de Dinamarca al euro queda finiquitado mediante referendo popular.

Aunque Dinamarca no fue la única que se desligó del compromiso de entrar en la moneda única. Además del protocolo danés, se anejó al Tratado otro protocolo relativo al Reino Unido e Irlanda del Norte: mientras que el primero somete la incorporación a la tercera fase de la UEM a un referendo popular, en el segundo queda sometida a una decisión del Parlamento.

Tanto Reino Unido como Irlanda se abstuvieron igualmente de participar en el Protocolo sobre la política social anejo al TUE. Este protocolo suponía una continuación a la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, de finales de los ochenta, y explicitaba, entre otras cosas, la mejora de las condiciones laborales a través de una protección social adecuada, fomentando el diálogo social, desarrollando un nivel de empleo adecuado y estable, así como la lucha contra las exclusiones en el terreno laboral.

El “opt-out” británico al protocolo social causó cierta confusión en una parte de la clase política del país, especialmente entre el Partido Laborista, que reclamaba más Europa social. Finalmente, el sector conservador liderado por el primer ministro J. Mayor salió reforzado en las elecciones generales de abril de 1992. Un año después, durante el verano de 1993, la Cámara de los Comunes, primero, y la de los Lores, después, ratificaron el Tratado.

La Europa social y la moneda única fueron las grandes perjudicadas de los envites soberanistas que se dieron cita en la ratificación de Maastricht. Algo más de dos décadas después hemos vuelto a comprobar el precio de un “sí”. Esta vez ha sido en Irlanda, cuyos ciudadanos ya fueron los protagonistas del sonado “no” a Niza, y que en esta ocasión han mantenido en vilo a Europa tras el rechazo a la ratificación de la reforma de Lisboa en la primavera de 2008.

Han sido muchos meses de “tira y afloja”, hasta que el pasado junio, en la reunión del Consejo, se ofrecieron a Irlanda las garantías sociales, militares y fiscales necesarias para asegurar una victoria del “sí” en una próxima consulta. Además de asegurarse el mantenimiento de un comisario, se concedieron a Irlanda garantías jurídicamente vinculantes relacionadas con su legislación en temas como el aborto, su neutralidad militar, no sujeta a ninguna alianza defensiva, los derechos sociales y su autonomía fiscal.

Bridget Laffan, of the Ireland For Europe campaign, celebrating the Yes side’s referendum victory in Dublin Castle on Saturday. Photograph: Brenda Fitzsimons
Bridget Laffan, of the Ireland For Europe campaign, celebrating the Yes side’s referendum victory in Dublin Castle on Saturday. Photograph: Brenda Fitzsimons

El “sí” llegó finalmente en el nuevo referendo celebrado el reciente 2 de octubre. ¿ Cuál es el precio de este “sí”? Tal vez, cuando dentro de unos años observemos este pasaje de la historia de la integración europea podamos ver las circunstancias que rodearon la ratificación de Lisboa desde una perspectiva más aventajada, como vemos hoy día la ratificación de Maastricht. Aunque nos tememos que el precio de un “sí” puede ser el mismo en Maastricht y en Lisboa: el objetivo, el ideal, de “más Europa”.

El principio de subsidiariedad: la evolución de una fórmula magistral

ENCARNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

La reforma de los Tratados operada en Lisboa es digna heredera del esfuerzo democratizador que recogía la malograda Constitución europea. Uno de los principales argumentos que utiliza la crítica del “déficit democrático” de la Unión es precisamente la nula capacidad de control que tienen las asambleas nacionales y regionales elegidas sobre las decisiones que se toman en Bruselas. En esta línea, Lisboa determina una contribución más activa de los Parlamentos Nacionales al buen funcionamiento de la Unión (art. 12 TUE ), previendo, además, su control al respeto de la subsidiariedad a través del denominado “sistema de alerta temprana”, recogido en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

¿El secreto del éxito?
¿El secreto del éxito?

Hablamos de un concepto, el de subsidiariedad, que ya está plenamente integrado en el acquis comunitario, pero que en su momento fue una de las aportaciones más trascendentes del Tratado de la Unión Europea de cara a forjar un mayor control democrático en la actividad de la UE. Aunque no es en el Tratado de Maastricht el primer texto donde encontramos un concepto que tampoco tiene su origen en el lenguaje comunitario ni en su tradición legal.

Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea en 1993, el principio de subsidiariedad se convierte en la norma general a la que se somete el ejercicio de las competencias por parte de la UE. El TUE asciende así a rango constitucional un principio que está ya en la base de los Tratados fundacionales de París y Roma, incluyéndolo ahora de forma expresa, y elevándolo definitivamente al nivel de los principios de la Comunidad.

El concepto aparece por primera vez en un texto oficial de las Comunidades Europeas en 1975, en un Informe de la Comisión sobre la Unión Europea. El citado texto alude a la subsidiarité como el principio de acuerdo con el cual la Unión adoptará responsabilidades sólo en aquellos ámbitos en los que los Estados miembros no sean capaces de actuar eficientemente de forma separada. La noción de subsidiariedad aparece ya aquí ligada a los ámbitos de competencia concurrente (o compartida) (Commission of the European Communities, 1975).

El 14 de febrero de 1984, el Parlamento Europeo aprueba una Resolución sobre el Proyecto de Tratado por el que se establece la Unión Europea (“Proyecto Spinelli”). El principio de subsidiariedad se incorpora en el artículo 12, apartado segundo, dentro de los ámbitos de acción de competencia concurrente conferidos por el Tratado a la Unión, en los que los Estados miembros actuarán mientras la Comunidad no ejerza su competencia legislativa.

El AUE introduce por primera vez en un Tratado la subsidiariedad, aunque de forma restringida a la política medioambiental (art. 130R, apartado 4). Es finalmente en Maastricht cuando se toma la decisión de incluir el principio de forma generalizada al conjunto de las competencias comunitarias compartidas, otorgándole de este modo un peso jurídicamente vinculante. En este sentido se expresa el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en junio de 1992, cuando hace referencia a la integración de este principio “as a new legally binding ground rule in the Treaty (…).” (European Council, 1992).

Más allá de que se le reconozca una repercusión legal, lo cierto es que la trascendencia principalmente política de la subsidiariedad es ampliamente reconocida. Para la Comisión, implica la aplicación del principio de “good sense” en el ejercicio de las competencias por parte de las instituciones comunitarias, además de relacionarse estrechamente con los objetivos de mayor control democrático y mayor transparencia en la actividad de la Unión. (Commission of the European Communities, 1992).

En cualquier caso, con la incorporación al TUE del principio de subsidiariedad se explicita un principio central en toda constitución de tipo federal en lo referente a la forma de regulación del ejercicio de competencias entre las distintas unidades que componen la unión. Como recuerda Habermas, la subsidiariedad se configura como el “principio fundacional que completa las necesidades de las unidades diversas y territorialmente distintas que integran una federación.” (Habermas, 2001: 22).

En realidad, la tradición legal de la que deriva el concepto de subsidiariedad es el Derecho canónico católico, y en su momento se aplica para, con dudosa eficacia, impedir la centralización del poder en la Iglesia Romana (Siedentop, 2000/2001: 34). Como recoge The HarperCollins Encyclopaedia of Catholicism, el principio de subsidiariedad se define como “la moderna enseñanza social católica”, la cual, según el Papa Pío XI, quién la articula inicialmente en Quadragesimo Anno (1931), se basa en la máxima “de que las mejores instituciones para responder a una determinada tarea social son las más próximas a ella.” (McBrien, 1995: 1227).

Este principio del deber de adoptar las decisiones en el nivel más próximo al ciudadano se recoge en el Preámbulo y en los artículos A y B del TUE (arts. 1 y 2 v.c.), cuando se hace referencia al establecimiento de “una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos.” (art. A TUE). De ello se deduce que la estructura federal debe actuar a modo de “ultimo recurso” (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 119), siempre en respeto del principio de subsidiariedad.

Así, el artículo 3B del TUE (art. 5 TCE v.c.), en su párrafo segundo, precisa que el principio de subsidiariedad regula el ejercicio de las competencias compartidas (no exclusivas), ámbitos en los que la Comunidad sólo actuará si los objetivos pueden lograrse mejor a escala comunitaria que a nivel nacional, “debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada.”

Tal párrafo segundo contiene, para la Comisión (Commission of the European Communities, 1992), una de las dos dimensiones que integran el concepto de subsidiariedad: la “necesidad” de acción. La otra dimensión legal la componte la “intensidad”, o lo que es lo mismo, la “proporcionalidad” de la acción que se lleva a cabo.

La Unión no sólo debe intervenir con carácter subsidiario en relación a las competencias compartidas, sino que también debe ajustarse con carácter general y en el ejercicio de toda clase de competencias al principio de proporcionalidad. El párrafo tercero del artículo 3B especifica que “ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.”

Es decir: antes de adoptar una reglamentación a nivel comunitario hay que plantearse la naturaleza e intensidad de tal medida (Borchardt, 2000: 29). Se explicita así el principio de proporcionalidad, que hasta el TUE se limita a ser un concepto aportado por la jurisprudencia del TJCE, y en relación a la protección de los operadores económicos (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 121; Borchardt, 2000: 29).

Fuera del marco legal del artículo 3B, otra noción que afecta al ejercicio de las competencias comunitarias se refiere al principio de suficiencia de medios, el cual dispone que “la Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas.” (art. F.3 TUE; art. 6.4 de la v.c.).

Para V. Constantinesco, el nivel de popularidad y polémica que alcanza el principio de subsidiariedad desde su incorporación al TUE se debe a su ambigüedad: responde tanto al temor a la pérdida de soberanía nacional por la extensión de las competencias de la Unión, como a la expectativa de un incremento legítimo de los ámbitos competencia comunitarios (Constantinesco, 1991: 440).

En efecto, en la subsidiariedad, tal y como está definida en el TUE, se detecta tanto una “vertiente positiva” –como motor para extender las competencias de la UE, en pos de una intervención comunitaria cuando los fines y objetivos de la acción se puedan alcanzar mejor a nivel europeo- y una “vertiente negativa” o “lectura restrictiva” del principio –interpretando que la Unión debe abstenerse de actuar si los objetivos de la acción son alcanzados suficientemente por los Estados- (Borchardt, 2000: 29).

Para Louis, si se concibe de cara a un “ejercicio óptimo de las competencias y con un espíritu de cooperación y solidaridad entre los distintos niveles de poderes”, el resultado es un principio inherente a toda constitución federal, más que una noción “ofensiva” hacia las competencias de la Unión (Louis, 1979/1995: 106).

Para algunos académicos, el principio de subsidiaridad responde al recelo hacia un modelo de integración europea que se construya sobre la centralización del poder[1]. Según L. Siedentop, la adopción de la subsidiariedad se plantea de forma precipitada entre los líderes europeos, obligados por el temor popular a un Estado centralizado en Bruselas y el debilitamiento del control democrático (Siedentop, 2000/2001: 34). Según G. Majone, hay una clara tendencia hacia formas descentralizadas de gobierno, sobre todo desde Maastricht, donde se realiza una nueva definición de competencias que, de hecho, limita su ejercicio por parte de las instituciones de la Comunidad. Para el citado autor, la subsidiariedad supone la anulación de un concepto de CE que “ensancha sin cesar los límites de su propia competencia (…) alejándose del modelo clásico de apropiación que implicaba la transferencia de una competencia exclusiva a sus manos” (Majone, 2002: 333).

En definitiva, el principio de subsidiariedad se revela como un arreglo precario que provoca una profunda polémica entre aquellos que lo ven como un freno al Gran Estado centralizado europeo y aquellos que lo interpretan como un legítimo y democrático punto de partida para una ampliación de las competencias de la Unión. Al fin y al cabo, el compromiso alcanzado en Maastricht sobre la subsidiariedad es un claro exponente de lo que se denomina “ambivalent agreement” (Magnette, 2003: 7); es decir, un acuerdo concreto, sobre mínimos, basado en preferencias y creencias distintas que se anulan unas a otras (Elster, 1998).

Precisamente por esta razón, la clarificación del reparto de competencias entre la UE y sus Estados miembros, y una interpretación más nítida de su aplicación, es decir, del principio de subsidiariedad, es una de las cuestiones principales que centra el debate sobre el “futuro de Europa” en el proceso constituyente iniciado en 2001.

Las novedades más relevantes que aporta el texto Constitucional a la cuestión competencial son la clasificación de las competencias (art. I-12) –que se articulan ahora en tres tipologías: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento– y, sobre todo, la introducción de un “sistema de alerta temprana” para el control por parte de los Parlamentos nacionales de la correcta aplicación del principio de subsidiariedad.

El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado, establece que la Comisión deberá remitir sus proyectos de actos legislativos a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, motivándolos en relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; a partir de entonces, los Parlamentos tienen un plazo de seis semanas (se amplía a ocho semanas en Lisboa) para emitir un dictamen motivado que exponga las razones por las que la propuesta de la Comisión vulnera el principio de subsidiariedad; cuando los dictámenes motivados que se remitan representen al menos un tercio del total de los votos atribuidos a los Parlamentos nacionales –cada Parlamento dispone de dos votos-, la Comisión está obligada a volver a estudiar su propuesta.

El citado Protocolo, junto con otro relativo al cometido de los Parlamentos nacionales en el proceso decisorio, responde al requerimiento de Niza y Laeken de clarificar su función en la estructura comunitaria, y redunda en el reclamo de un mayor control democrático de la toma de decisiones dentro de la Unión.

Como decía al comienzo, Lisboa es digna heredera del esfuerzo democratizador que recogía el texto constitucional. También lo es de la evolución del concepto de subsidiariedad a lo largo y ancho del acquis legal de las Comunidades y de la UE. También es un concepto fundamental desde el que abordar el debate sobre el “déficit democrático”. Cuestión amplia, compleja y profunda donde las haya. Lo dejamos, si os parece, para otra ocasión.

Referencias:

Borchardt, K. D. (2000). El ABC del Derecho Comunitario (5ª edición). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Commission of the European Communities. (1975). Report on European Union. (Bull. EC Suppl. N.º 5/75).

Commission of the European Communities. (1992). The principle of subsidiarity. Brussels, 27.10.1992. (SEC(92) 1990 final).

Elster, J. (1998). Deliberation and Constitution-Making. En J. Elster (Ed.), Deliberative Democracy (pp. 97-122). Cambridge: Cambridge University Press.

European Council. (1992). Conclusions of the Presidency, Lisbon, 26-27 June 1992 (Bull. EC 6-1992).

European Parliament. (1984). Resolution on the Draft Treaty establishing the European Union. (OJEC C 77, 19.03.1984, p. 53).

Habermas, J. (2001). ¿Por qué Europa necesita una constitución? New Left Review (edición española), No. 11, 5-25.

Louis, J.-V. (1995). El ordenamiento jurídico comunitario (5ª ed. corr. y aum.). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. (Trabajo original publicado en 1979).

Magnette, P. (2003). Does the process really matter? Some reflections on the “legitimating effect” of the European Convention. CES Working Paper Series #102. Cambridge, MA: Center for European Studies, Harvard University. Obtenido el 09.12.2006 desde http://www.ces.fas.harvard.edu/publications/docs/pdfs/Magnette2.pdf.

Majone, G. (2002). Evolución de las políticas e instituciones regulatorias en la Unión Europea. Foro Internacional, XLII(2), 331-349.

Mangas Martín, A., & Liñán Nogueras, D. J. (2006). Instituciones y Derecho de la Unión Europea (5ª ed. reimpr.). Madrid: Tecnos.

McBrien, R. P. (Ed.) (1995). The HarperCollins Encyclopaedia of Catholicism. New York: HarperCollins.

Siedentop, L. (2001). La democracia en Europa (A. Resines Rodríguez & H. Bevia Villalba, Trads.). Madrid: Siglo Veintiuno. (Trabajo original publicado en 2000).

Nota: Artículo reproducido en la Web de CELARE (Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa).

[1] La Comisión Europea se refiere al citado temor en su Informe sobre la Unión Europea de 1975: “No more than the the existing Communities have done so, European Union is not to give birth to a centralizing super-state. Consequently, and in accordance with the ‘principe de subsidiarité’, the Union will be given responsibility only for those matters which the Member States are no longer capable of dealing with efficiently.” (Commission of the European Communities, 1975).

Tratado de Lisboa: una nueva Unión Europea

Encarna Hernández Rodríguez

El nuevo Tratado de reforma firmado en Lisboa el pasado 13 de diciembre de 2007, y que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2009 –previa ratificación en los Estados miembros-, modifica el Tratado de la Unión Europea (TUE), así como el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), que es renombrado como Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Las principales aportaciones que introduce la reforma operada en Lisboa tienen que ver con la configuración de una UE más democrática, con un funcionamiento institucional más eficaz, con mayor presencia en el mundo, con más solidaridad entre sus Estados miembros y con una definida estabilidad institucional. Nos encontramos también con una construcción europea que se consolida a partir de más derechos y libertades para los ciudadanos europeos, en un proyecto que se asienta sobre una serie de valores y principios comunes.

A la espera del segundo referendo en Irlanda, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, el objetivo de las siguientes líneas es hacer un somero repaso del contenido concreto de este nuevo paso histórico en la integración europea.

Placa conmemorativa de la firma del Tratado de Lisboa (13.12.2007) en el Monasterio de los Jerónimos de Belém (Lisboa)
Posando junto a la placa conmemorativa de la firma del Tratado de Lisboa (13.12.2007) en el Monasterio de los Jerónimos de Belém (Lisboa)

Principales aportaciones del nuevo Tratado: más democracia, más eficacia, mayor presencia en el mundo, solidaridad interestatal y estabilidad institucional

La configuración de una Unión Europea más democrática en Lisboa se asienta en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, se incrementan los poderes legislativos (papel de “co-legislador”, junto con el Consejo de la UE) y de control político, democrático y presupuestario del Parlamento Europeo: la codecisión se erige como “procedimiento legislativo ordinario” (art. 251 TFUE versión consolidada); a su vez, se determina una mayor intervención de la Eurocámara en el nombramiento de los miembros de la Comisión, estableciéndose, como principal novedad, una relación directa entre el resultado de las elecciones europeas y la elección del candidato a la presidencia de la Comisión, lo cual refuerza igualmente la legitimidad de su figura al ser investido por la reelegida mayoría en la Cámara.

En segundo término, se reconocen los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , que tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE), aunque su texto íntegro no se haya incluido en los mismos . En tercer lugar, favorece la democratización de la UE el hecho de que se determine una contribución más activa de los Parlamentos Nacionales al buen funcionamiento de la Unión (art. 12 TUE versión consolidada), previendo, además, su control al respeto de la Subsidiariedad a través del denominado “sistema de alerta temprana”, recogido en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad ; por último, se reconoce el derecho de iniciativa legislativa popular con la denominada iniciativa ciudadana europea, que requiere la firma de un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros (art. 11.4 TUE versión consolidada).

En Lisboa se decide también dotar de una mayor eficacia al funcionamiento institucional. Ello se ha conseguido a través de la extensión de la regla de la mayoría cualificada, con la denominada “Doble mayoría” (un total del 55% de los Estados Miembros y que representen al 65% de la población de la UE) a partir de 2014. Por otro lado, se establecen nuevas bases jurídicas para una política energética común, la lucha contra el cambio climático, la política espacial, la política de asilo e inmigración, así como las acciones para combatir el crimen y el terrorismo internacional (nuevos desafíos globales). Del mismo modo, la tan ansiada eficacia institucional pasa por la reducción de los miembros de la Comisión (el número de comisarios equivaldrá a dos tercios de los Estados miembros a partir de 2014). El Parlamento Europeo también verá reajustado su número de asientos en la próxima legislatura 2009-2014, con un máximo de 751 diputados, incluido el presidente de la Cámara.

Los líderes europeos apuestan definitivamente en Lisboa por una UE que tenga una mayor presencia en el mundo. Para ello se ha creado la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (denominado Ministro de Asuntos Exteriores en la Constitución europea). La dotación de personalidad jurídica única a la UE contribuirá también a este objetivo, refundiendo la estructura de “pilares” y, sobre todo, eliminando la dualidad entre CE/UE.

Por su parte, la “Cláusula de solidaridad” (art. 222 TFUE, versión consolidada) determina una Unión más solidaria entre sus miembros, con la obligación de solidaridad energética y en caso de ataque terrorista o catástrofe natural/humana.

El Tratado de reforma configura, a su vez, una arquitectura institucional más estable. Para empezar, se pone fin a las presidencias rotatorias del Consejo Europeo, previéndose unas presidencias estables por 2 años y medio , decidiéndose además la plena institucionalización del Consejo Europeo. Por su lado, el Alto Representante será el Jefe de la diplomacia europea, además de vice-presidente de la Comisión.

Una Unión de derechos, libertades y valores

La última reforma de los Tratados comunitarios operada en Lisboa consolida una visión de Europa constituida en derechos y valores, en la libertad de los ciudadanos europeos, la solidaridad entre los Estados miembros y en una mayor seguridad para todos.

En lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos, se amplían a través de la garantía de los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE –aprobada el 7 de diciembre de 2000-. La Carta, ya con equivalente valor legal que los Tratados (art. 6 TUE v.c.), dota a la Unión de un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Los derechos fundamentales son enunciados en los distintos capítulos de la Carta: dignidad humana; libertades; Igualdad; Solidaridad; Ciudadanía, y Justicia. Al mismo tiempo, el documento proclama otros derechos que no figuraban en el Convenio Europeo de 1950, tales como la protección de datos, la bioética y el derecho a una buena administración, además de consolidar todas aquellas medidas contra la discriminación de cualquier tipo.

Los valores fundamentales de la Unión Europea son proclamados en el artículo 2 del nuevo TUE:

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.”

El objetivo de la Unión es promover estos valores, además de la paz y el bienestar de sus pueblos (art. 3.1 TUE; ex art. 2), a los que se unen otros objetivos más específicos tales como el fomento de la justicia y la protección social, la lucha contra la exclusión social y la protección de los derechos del niño (art. 3.3 TUE, ex art. 2). La Unión apuesta también por elevar la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, en el marco de un crecimiento económico, progreso social, científico y técnico bajo los criterios de la sostenibilidad (ibid.).

A los citados valores democráticos y derechos de los ciudadanos se suma la consolidación de las cuatro libertades de los ciudadanos europeos; se establecen igualmente nuevos mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros, con la obligación de solidaridad energética y de actuación conjunta en caso de ataque terrorista o catástrofe natural o humana; se incide también en una mayor seguridad y protección de los ciudadanos frente a la delincuencia y el terrorismo, y en los campos de la protección civil, la ayuda humanitaria y la salud pública.

En lo que respecta a sus relaciones con el resto del mundo, la UE tiene por finalidad contribuir “a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional…” (art. 3.5 TUE, ex art. 2).

Tales fundamentos descritos en las líneas precedentes son los que inspiran a una Unión cuyos valores se han desarrollado a partir de la herencia cultural, religiosa y humanista europea hasta convertirse en universales. (Preámbulo TUE). Los derechos inviolables e inalienables de la persona, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho, son valores que se identifican con la herencia europea, pero que articulan también la mayoría de textos internacionales sobre derechos del Hombre, al tiempo que se convierten en vectores de legitimidad en la actuación de cualquier Gobierno de cualquier país del mundo.

Todos estos valores, principios, derechos y libertades alumbran un proyecto europeo que ha cumplido ya medio siglo en pos de una mayor prosperidad y libertad para las naciones y los ciudadanos europeos.

Lisboa debe suponer un gran paso adelante en el proyecto europeo: no es el paso decisivo que desde el punto de vista normativo –la definición explícita de esa “finalidad política” de la Unión- nos ofrecía el Tratado Constitucional, pero sí un “plan B” adecuado para que la maquinaria de la integración pueda seguir avanzando, y, por supuesto, para reformar un entramado institucional que fue diseñado para la “Pequeña Europa” de los Seis, pero que ahora debe servir eficazmente a una Unión de 27 Estados miembros y más de 500 millones de ciudadanos.