Superar los déficits de información: primer escalón hacia la participación de la ciudadanía europea

Encarna Hernández Rodríguez

Servicio Audiovisual de la Comisión Europea
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La construcción de la “Europa de los ciudadanos” pasa por ser un proceso de legitimación institucional a través de la apertura, el debate público, la inclusión social y la participación civil. El objetivo, en última instancia, es conseguir “implicar” a los ciudadanos europeos en un proyecto común que hasta ahora ha carecido en gran suma del interés y de la participación activa, consciente e informada de la ciudadanía comunitaria.

Las sucesivas encuestas de opinión llevadas a cabo por el Eurobarómetro durante las últimas décadas reflejan bajos niveles de auto-percibido conocimiento sobre la Unión en su conjunto, sobre los asuntos manejados a nivel europeo y sobre las propias Instituciones y órganos auxiliares que integran su sistema político. La falta de información es una barrera fundamental en lo que se refiere a la inclusión del ciudadano en el proceso de toma de decisiones.

Construir la “Europa de los ciudadanos” es una empresa que pasa por superar las barreras del “déficit de comunicación”: el debate sobre Europa debe basarse en un diálogo reforzado, a través de una comunicación centrada en el ciudadano y desde un punto de vista más descentralizado.

Tales axiomas son puestos en lid por la Comisión en 2006 a través del Libro Blanco sobre una política europea de comunicación, reivindicada como política comunitaria “por derecho propio”.

La Comisión establece en su Libro Blanco los principios fundamentales de una política de comunicación de la UE. La base de tal estrategia es el derecho de todos los ciudadanos europeos a tener acceso a una clara y completa información; tal información ha de estar ampliamente disponible, ser fácilmente accesible en todas las lenguas de la Unión y bajo una forma y contenidos comprensibles.

Del mismo modo, se afirma en el Libro Blanco, los procesos de decisión y la administración deben ser transparentes, abiertos y visibles tanto como sea posible. Los ciudadanos podrán, de este modo, ser capaces de escuchar y comparar diferentes opiniones y puntos de vista sobre los asuntos europeos. Por último, los ciudadanos y las asociaciones de la sociedad civil que les representan deberán disponer del derecho y de los medios para expresar sus puntos de vista y para que su voz sea escuchada.

Un estudio entre el público general realizado por el Eurobarómetro en 2006 (Flash EB 189a) concluye la existencia de un alto grado de consenso –que oscila entre el 96 % y el 98%- entre los ciudadanos comunitarios en torno a la necesidad de implementar cada uno de estos principios de la política europea de comunicación. El estudio mide igualmente las motivaciones que existen entre los ciudadanos de cara a ser informados sobre las políticas y asuntos de la UE. Como destacan los redactores del estudio, cualquier esfuerzo por incrementar el volumen de la información será inefectivo si de forma paralela no hay una audiencia receptiva.

El Libro Blanco de la Comisión hace hincapié no sólo en los principios que deben integrar una política europea de comunicación: tales principios suponen igualmente la base desde la que reforzar el debate y el diálogo dentro de una esfera pública europea.

El problema, como ya es sabido, es que no existe una esfera pública en la que se sustente la vida política europea más allá de las propias esferas nacionales. Los asuntos europeos son considerados por la mayor parte de la ciudadanía desde una perspectiva netamente nacional, en parte debido a la barrera lingüística, por lo que existen pocos foros de “encuentro” entre ciudadanos de diferentes Estados miembros en los que se discutan asuntos de “interés común”. Los redactores del texto insisten así en la idea de una Europa que encuentre “su lugar en las esferas públicas nacionales, regionales y locales existentes”, profundizando a su vez la discusión pública dentro de cada Estado miembro.

La necesidad de una esfera pública europea compartida constituye uno de los puntos de análisis del estudio del Eurobarómetro sobre la comunicación de la UE y los ciudadanos (Flash EB 189a, 2006). La medición se realiza a través de una lista de doce variables –“policy-relevant issues”- sobre las que los ciudadanos se muestran más o menos interesados en conocer si existen opiniones compartidas a tal efecto entre los ciudadanos de otros Estados miembros.

La conclusión a la que llega el estudio es que los ciudadanos europeos están especialmente interesados en que se desarrolle un debate a nivel europeo en torno a cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo (89 %),  por delante de otros tópicos como el suministro de energía, la creación de empleo o la tolerancia multicultural y la protección de los derechos humanos (84 %).

La correlación de los resultados obtenidos con otras variables relacionadas con las diferentes actitudes públicas hacia la Unión (apoyo, oposición e indecisión hacia la pertenencia a la UE; activa, mínima o ninguna participación política; valoración significativa o insignificante de la actividad de la UE en la vida cotidiana) muestra el importante rol jugado por estas últimas en relación a la mayor o menor intensidad del interés/necesidad por el desarrollo de una esfera comunicativa a nivel comunitario.

La cuestión de fondo de todo esto que venimos contando no es otra que un “déficit de información” que hace sin duda más visible y más profundo el archiconocido “déficit democrático” de la Unión. ¿Cómo pueden los ciudadanos determinar sus preferencias y realizar elecciones políticas a partir de la desinformación?

La medición realizada por el Eurobarómetro, a partir de datos subjetivos y objetivos, en relación al grado de conocimiento de los derechos que otorga el estatuto de la ciudadanía de la Unión, creado en Maastricht en 1992, nos ofrece una perspectiva poco optimista de una participación política “informada” en la arena comunitaria.

El balance de diez años de ciudadanía europea en la UE-15 que aporta el Eurobarómetro en 2002 (Flash EB 133) revela formidables brechas de conocimiento auto-percibido y evaluado de forma objetiva a través de porcentajes de respuestas correctas e incorrectas en relación a ítems verdaderos y falsos sobre la condición de ciudadano europeo y el haz de derechos que lleva aparejado.

En este sentido, aunque cerca del 90 % de los encuestados comprende la  noción de “ciudadanía dual”, es decir, conoce su condición de ciudadano europeo en adición a su propia nacionalidad, hay, sin embargo, cerca de un tercio de europeos que creen que es posible, si así lo desean, elegir no ser ciudadano de la UE.

El conocimiento de los derechos muestra síntomas deficitarios, especialmente en lo referente a una cierta confusión de los derechos políticos que otorga el estatus de la ciudadanía europea (en concreto, el derecho de voto/elegibilidad en las elecciones locales). En torno a un 40 % de los encuestados creen que otros ciudadanos europeos que residen en su país no pueden votar ni ser elegidos en las elecciones locales. Por su parte, alrededor de la mitad considera que la ciudadanía europea concede derechos en el ámbito electoral nacional. Por último, aunque cerca del 90 % de las respuestas aciertan en relación al derecho de los ciudadanos europeos a trabajar en cualquier Estado miembro de la UE, más de cuatro de cada diez encuestados creen que es necesario un permiso de trabajo para poder ejercer tal libertad.

En lo que se refiere a la percepción de la necesidad de información sobre tales derechos, un 76 % de los encuestados se considera poco o nada informado, mientras que el 22 % se considera suficientemente informado, aunque, dentro de ellos, el porcentaje de los que se sienten muy bien informados está próximo al cero (1%).

Tales datos muestran a las claras la realidad de una ciudadanía europea que a comienzos del siglo XXI es aún poco consciente de su condición, de sus derechos y de cómo y en qué arena ejercerlos.

¿Hemos mejorado desde entonces el conocimiento de nuestros derechos y deberes como ciudadanos europeos? Para comprobarlo, podemos echar un vistazo al último Eurobarómetro sobre la ciudadanía de la Unión (Flash EB Nº 213, 2008, February). Las conclusiones de este estudio determinan que, aunque la mayoría (cerca del 80 por ciento) de los ciudadanos comunitarios se muestra familiarizado con el concepto de “ciudadano de la UE”, tan sólo cerca de cada cuatro encuestados afirma conocer su significado, y menos de un tercio se considera bien informado acerca de sus derechos como ciudadano europeo.

En lo que se refiere a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, las brechas en el conocimiento son significativas: la mitad de los entrevistados nunca han oído hablar de ella. De poco sirve dar vigencia legal –como se ha hecho recientemente con la Carta en el Tratado de Lisboa- a nuevos instrumentos para la protección de los derechos fundamentales si éstos son absolutamente desconocidos para una gran parte de la ciudadanía.

Volvemos al principio: La construcción de la “Europa de los ciudadanos” pasa por ser un proceso de legitimación institucional a través de la apertura, el debate público, la inclusión social y la participación civil.

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