Entrevista con los foreros de Territorio Magenta

Territorio Magenta es un foro no oficial de afiliados y simpatizantes de UPyD en el que se abordan distintos temas relacionados tanto con la situación política nacional como internacional. La UE, como no puede ser de otra forma por los difíciles momentos que está viviendo la zona Euro, viene siendo un tema recurrente dentro del foro, motivo por el cual se me ofreció responder a algunas preguntas realizadas por los participantes. Éste ha sido el resultado.

1) Si surgiese la posibilidad de que varios de los Estados que forman parte de la UE se fusionaran entre sí dando lugar a una federación* (más pequeña que la UE, pero realmente unida), ¿usted apoyaría que España formase parte de la fusión aunque pudiese suponer la salida de la UE? 

<<Si entiendo bien la pregunta, en los términos que se plantea, no lo veo una “solución” muy viable y menos al margen de la UE. Imaginad, sin ir muy lejos, una unión ibérica con España y Portugal y fuera de la UE ¿Dónde nos llevaría? Lo importante es avanzar hacia una Europa más fuerte y con más competencias, corregir los desequilibrios entre la integración económica y política y dotarnos de los mecanismos para reaccionar de forma colectiva y solidaria en momentos de crisis (sean del tipo que sean). Un primer paso es una fiscalidad común, imprescindible para hacer viable la unión monetaria, pero el horizonte, la finalidad última de la UE, solo puede ser “política” (vocación federal), de lo contrario estamos abocados al fracaso.
Añadiría que esta finalidad es no solo política, sino “socio-política” (aunque esté adelantando parte de otra respuesta), y no me refiero solo a la Europa social, que también, sino fundamentalmente a la necesidad de dotarse de legitimidad democrática y, a través o a partir de ella, construir una comunidad real de ciudadanos con capacidad, a través de sus representantes “elegidos”, de tomar decisiones.

Aunque volviendo a la pregunta (perdón por irme por las ramas), lo cierto es que me ha recordado una cuestión bastante interesante, no para descomponer la UE sino para ampliarla (a partir de la descomposición de otros Estados miembros): es lo que se ha venido a llamar “ampliación interna de la UE”. Es un viejo reclamo del nacionalismo español, especialmente del catalán: una Cataluña independiente pero que se integraría automáticamente en la UE sin necesidad de adhesión. El vacío legal sobre el tema crea controversia, pero lo cierto es que hay serias dudas de que sea posible. Escribí sobre ello hace algún tiempo en este post. ¿Qué pensáis?>>

2) ¿Apoyaría usted la eleccion directa, por el pueblo, del Presidente de la UE (que pasaria a ostentar ciertas competencias ejecutivas a nivel europeo) o preferiría un sistema parlamentario? 

<<Apostaría por un sistema parlamentario, reforzando el poder legislativo de la Eurocámara (se ha hecho en Lisboa, en parte), como única cámara legislativa y que controle al ejecutivo, la Comisión. De ese Parlamento, elegido por los ciudadanos europeos, debe salir el Gobierno de la UE.
Es verdad que en el Tratado de Lisboa se incrementaron los poderes legislativos (papel de “co-legislador”, junto con el Consejo de la UE) y de control político, democrático y presupuestario del Parlamento Europeo. Por ejemplo, la codecisión se estableció como “procedimiento legislativo ordinario” y se acordó una mayor intervención de la Eurocámara en el nombramiento de los miembros de la Comisión. En este sentido, una principal novedad que introdujo Lisboa fue establecer una relación directa entre el resultado de las elecciones europeas y la elección del candidato a la presidencia de la Comisión, algo que debía contribuir a dotar de legitimidad a esta figura al ser investido por la reelegida mayoría en la Cámara. Pero las cosas no son tan bonitas como las pintan, porque, sobre el terreno, el Parlamento no “elige” al presidente de la Comisión, sino que ratifica o no al candidato que proponen los Estados.
En definitiva, hablamos de dar un vuelco a la compleja dinámica que en la toma de decisiones se ha articulado en torno al tradicional “triángulo institucional” (PE, Comisión y Consejo) que dista mucho de la clásica división de poderes que conocemos en el marco del Estado nación, y que se ha caracterizado por el monopolio de iniciativa legislativa para la Comisión (institución tecnocrática e independiente, alejada del control de los ciudadanos) y el reparto de la autoridad legislativa y presupuestaria entre el Consejo y el Parlamento (este último marcado históricamente por una debilidad intrínseca que han ido corrigiendo sucesivos Tratados hasta convertirle en colegislador).
Hablamos de una dinámica de “equilibrio institucional” o “pesos y contrapesos” muy pero que muy compleja. Un ejemplo: en la función ejecutiva intervienen la Comisión, el Consejo y los Estados miembros (estos últimos en la ejecución de una buena parte de las políticas y normativas). Es decir, que hace trizas el cuadro típico de división de poderes estatal de Montesquieu.
En cualquier caso, ese “vuelco” hacia el régimen parlamentario tiene que venir de la mano de cuestiones como la celebración de unas verdaderas elecciones europeas (con listas transnacionales) y con partidos de dimensión transnacional que presenten programas auténticamente europeos. Por ahora, y lo vemos en España, lo que tenemos son unas europeas descafeinadas, sin dimensión europea, que son poco más que un examen a corto-medio plazo para las elecciones domésticas. No se hace mucha didáctica europea en las campañas (UPyD fue una honrosa excepción en 2009), el debate europeo escasea y, así, es difícil que los ciudadanos elijan en base a cuestiones de índole transnacional, en torno a problemas comunes o sobre la idea de Europa que quieren.
Entiendo que si los partidos europeístas no nos diferenciamos claramente en la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo con un discurso claro y el clave europea ante la ciudadanía, los euroescépticos o antieuropeos lo harán por nosotros (como ya está ocurriendo, por otro lado, en otros lugares de Europa).
Perdón otra vez por la extensión en la respuesta.>>

3) ¿Dejaría usted la capacidad legislativa europea al europarlamento en exclusiva (eliminando las otras cámaras no electas que intervienen)?

<<Creo que ya he respondido esta cuestión en la pregunta anterior. La capacidad legislativa debe ser para el Parlamento Europeo, es la única forma de ganar en legitimidad democrática. Aunque el Consejo tiene una legitimidad indirecta (políticos elegidos en sus respectivos Estados), hay dudas sobre la capacidad de control que tienen los parlamentos nacionales para con lo que estos mismos políticos acuerdan “en Bruselas”.>>

4) ¿Ve usted posible que la actual UE acabe teniendo gobierno con algun poder, o es necesario que ciertos socios (Como el reino Unido probablemente) se den de baja primero? 

<<Es cierto que la Europa de las dos velocidades cobra ahora más fuerza que nunca. Es verdad que estamos ante una UE muy diversa en cuanto a la capacidad y compromiso real de cada miembro. Lo ideal es avanzar al mismo ritmo, pero las distintas velocidades no son ninguna catástrofe. Ya se han implantado, de hecho, con la culminación de la Unión Económica y Monetaria (el Euro) o con Tratados como el de Schengen. Hay que ser realistas: UK nunca aceptará formar parte de una Europa federal.>>

5) Hola. Soy de los que cree que UPyD debe entrar a formar parte de ELDR a nivel europeo. Entiendo que para ello probablemente se pida primero que no haya nacionalistas en dicho partido europeo. El único que hay es el CDC (nuestra querida convergencia de cataluña). Es una anomalía que debemos remediar. Además, el partido español más europeísta debe activamente participar en las políticas europeas, también en el parlamento europeo. ¿Estás a favor de que UPyD entre en ELDR? ¿Crees que el partido va a intentarlo ahora que somos 4ª fuerza política? 

<<Bien, ALDE es un grupo en el que perfectamente podría encajar UPyD y es cierto que la presencia de nacionalistas frustró que Sosa pudiera entrar a formar parte. Estoy de acuerdo contigo en que estar en NI es una anomalía, para empezar porque nuestra capacidad para hacer política se ve mermada, porque la propia Eurocámara sanciona de algún modo a los eurodiputados que no son capaces de incluirse en alguna formación. En este punto, siempre se me viene a la mente una palabra que es signo distintivo de UPyD y que es aplicable a este caso concreto: la transversalidad. ALDE es un partido europeísta que apuesta por una Europa federal y sí, UPyD podría encajarse perfectamente ahí.>>

6) ¿Cuál es la posición de UPyD sobre la situación de ciertos ciudadanos comunitarios que a la hora de trabajar en un país de la Unión se les niega el permiso de trabajo? 

<<Imagino que te refieres al caso de los ciudadanos rumanos. La posición de la UPyD es muy clara al respecto, y para ejemplificarla transcribo un párrafo de nuestro programa electoral de las europeas de 2009:

“Para implementar la noción de Ciudadanía de la UE, impulsaremos la prohibición de que los Estados miembros de la UE puedan suspender, o limitar en el tiempo, derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, tales como la imposición de moratorias para la libre circulación y establecimiento de trabajadores dentro de la UE, que ha dado origen a la segregación entre ciudadanos de primera y de segunda en Europa, violando la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

En este sentido, y por profundizar un poco más en este tema, me gustaría destacar que la propia configuración de la ciudadanía de la Unión creada en Maastricht (al sujetarla a la nacionalidad de un Estado miembro) ha creado ya tres categorías de individuos en la UE: los ciudadanos, los denominados “denizers” (residentes extranjeros pero con derechos similares a los nacionales) y extranjeros. Se trata de una situación que algunos autores han calificado incluso como “apartheid” europeo.

Por tanto, es inadmisible que haya ciudadanos UE (como los rumanos) a los que se les usurpan directamente sus derechos, pero es que, además, la ciudadanía de la UE, tal y como está configurada (sujeta a la nacionalidad) crea ya de por si varias categorías de ciudadanos. Y a ello le añadimos iniciativas como la Directiva de Retorno (que UPyD rechazó frontalmente), tenemos el cóctel completo para una regresión absoluta en los Derechos Fundamentales en la UE.>>

7) ¿Cree que la posibilidad de que el Reino Unido abandone la UE a corto o medio plazo es real? ¿Irá aumentando el antieuropeísmo en ese país y en otros? En España era casi inexistente y últimamente se está viendo mucho en ambientes como el del 15M…

<<Antes he comentado que el antieuropeísmo se está convirtiendo en protagonista de la escena política en muchos países. Partidos que, en concreto, se diferencian ideológicamente por este hecho. En España, los partidos tradicionales (especialmente PP y PSOE) han perdido mucho tiempo y muchas oportunidades de explicar Europa y su postura sobre la UE en las campañas. Ahora el peligro es que otros lo hagan por ellos, pero en clave euroescéptica (que es muy lícito), o lo que es peor, antieuropea.Sobre el Reino Unido, las presiones sobre Cameron de los euroescépticos son fuertes y se han incrementado en los últimos tiempos. Ahora también hay que tener en cuenta que su socio de Gobierno (Clegg) es una de las figuras más europeístas del país. No todo es antieuropeísmo en el Reino Unido, ahí tenemos, sin ir más lejos, a Andrew Duff. Mejor dicho no todo es Farage, al que considero más un “eurofriki”. No veo a un Reino Unido fuera de la UE.>>

También discrepo sobre el euroescepticismo del 15M. Por ejemplo, en las manifestaciones del 15 de octubre lo que se vio (al menos es mi parecer) fue la irrupción de un movimiento ciudadano global de carácter muy solidario, europeo, que no pedía que dejáramos caer, por ejemplo a Grecia, sino que propugnaba “todos somos Grecia”. Veo aquí (con las debidas cautelas) un movimiento ciudadano europeo lleno de espontaneidad y solidaridad, repleto de valores comunes. Siempre he pensado que el liderazgo europeo pertenece a la ciudadanía.

Las crisis también pueden ser épocas de oportunidades. Y en esta crisis, lo que podemos perder nos afecta a todos. Lo que nos jugamos es nuestro futuro común. Eso es importante para construir identidad europea.>>

8 ) ¿Cree que Turquía acabará entrando en la UE? ¿Y Rusia? ¿E Israel? 

<<Creo firmemente que sí ¿Por qué no, si se cumplen las condiciones? Para empezar, los criterios demográficos son difusos, tanto como las fronteras de Europa. Prueba de ello son sus límites orientales y occidentales, que han sufrido numerosos cambios a lo largo de la historia. Al Imperio Turco, sir ir más lejos, se le calificó en su día como “el enfermo de Europa”.Luego está el tema cultural: un país de mayoría islámica y gobernado por un partido islámico. Pero la Turquía moderna se fundó sobre la laicidad y no hay que olvidar que la mayoría de su población considera la religión un asunto que pertenece estrictamente al ámbito privado.Los recelos reales, a mi entender, han venido más bien por la cuestión de los derechos humanos y el peso poblacional turco, este último en dos vertientes: poder político que ostentaría por el sistema de voto de la “doble mayoría” y temor a los flujos migratorios.

En cualquier caso, Turquía debe seguir avanzando para cumplir determinados criterios políticos en materia de democracia y Estado de Derecho, así como lo que afecta a los derechos humanos y protección de las minorías.

Lo de Israel y Rusia lo veo más lejano, y no conozco profundamente cuáles serían las opciones. De momento, tendrán que conformarse con Eurovisión.>>

9) Últimamente, con la crisis, se está hablando de mucho de los funcionarios. La huelga del 2009 en la UE demostró que era muy difícil asumir el costo de un funcionariado que crece y no disminuye. En España la mayoría de los funcionarios son nuestros médicos, policías, militares, profesores… pero la UE no tiene ese tipo de funcionarios. En Suecia, los funcionarios públicos no gozan del privilegio de tener el empleo asegurado de por vida, como si ocurre en España. Allí tienen unos contratos renovables y no ha modificado su estado del bienestar. ¿Es posible que desde la unión Europea se pueda hacer algo por “armonizar” la función pública en toda la UE? ¿Conoces el sistema Sueco? ¿Sería posible aplicarlo a España? ¿Y en la UE?

<<No conozco profundamente el sistema sueco. Los funcionarios europeos vienen sufriendo recortes en los últimos tiempos, a la par de los que hemos visto, sin ir más lejos, en España. Pero, en este sentido, entiendo también que la austeridad en el gasto debe ir de la mano de la eliminación de duplicidades que se siguen manteniendo y que suponen un coste inasumible, como es el caso de las sedes del Parlamento Europeo.En cuanto a armonizar la función pública en toda la UE no podría hacer una valoración ahora mismo por mi escaso conocimiento de esta cuestión en concreto.Siento no poder ser más explícita.>>

10) ¿Está a favor de la emisión de eurobonos antes o después de conseguir una fiscalidad común? ¿Qué sistemas de control implantaría para evitar que se presenten informes falsos o se maquillen las cuentas de los países miembros como ocurrió con Grecia durante años? 

<<Muchos países lo han visto como la única solución para generar confianza, pero no creo que sean la solución definitiva. En cualquier caso, pueden ser el paso para una mayor unión fiscal, que al fin y al cabo es lo más deseable. Después de la cumbre europea lo que tenemos claro es que habrá techo de déficit, supervisión de los presupuestos, sanciones para incumplimientos y un refuerzo del control que tendrá la UE sobre los países rescatados. Todo esto va en la línea de evitar más casos como el de Grecia. Son pasos hacia la integración fiscal, pero queda mucho.
Ha sido un placer, muchas gracias.>>
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La supranacionalidad: el elemento sui generis de la integración europea

Encarna Hernández

El nacimiento de las Comunidades Europeas, allá por los años cincuenta, introduce en el vocabulario jurídico y político una nueva noción, la de “supranacionalidad”: algunos ven en ella una categoría jurídica sui generis, otros el resultado de la voluntad política dentro de una fase de evolución de las relaciones internacionales y, más aún, una mera técnica de carácter administrativo, sin valor político, pero que, por encima de todo, define un conjunto de características que imprimen a las Comunidades Europeas un carácter original que las distingue definitivamente del resto de organizaciones internacionales.

La supranacionalidad: ¿categoría jurídica sui generis?

Con la firma del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), en París, el 18 de abril de 1951, comienza la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, un concepto este último que aparece por primera vez en la CECA en un Tratado internacional entrado en vigor (art. 9[1])

Por primera vez, un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad de la CECA (arts. 8 a 19 TCECA), institución de carácter ejecutivo y compuesta por personalidades independientes nombradas por los gobiernos nacionales, encargada de asegurar la consecución de los objetivos previstos en el Tratado y de actuar en el interés general de la Comunidad, y dotada de poder de decisión obligatoria, tanto de carácter normativo como administrativo, decisiones que adopta a través del procedimiento mayoritario. Se configura de este modo como la máxima Institución política de la Comunidad y como su órgano técnico supremo.

Es por las características anteriormente citadas que en la Alta Autoridad se concentra esencialmente el carácter federal y supranacional de la CECA, dentro de un marco institucional que se configura ya a grandes rasgos como el que se conoce en nuestros días: el control político de la Alta Autoridad –germen de la actual Comisión- se encomienda a una Asamblea Común (arts. 20-25 TCECA), con capacidad para censurar la actividad del órgano ejecutivo pero sin poder legislativo; un Consejo Especial de Ministros (arts. 26-30 TCECA), órgano de naturaleza intergubernamental, compuesto por los representantes de los Estados miembros y cuya misión es garantizar una acción armoniosa de la Alta Autoridad en relación con los gobiernos nacionales; y un Tribunal de Justicia (arts. 31-45 TCECA), encargado de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado y los actos derivados de éste.

Desde el nacimiento de la primera de las Comunidades Europeas, la delimitación de su naturaleza jurídica y política en torno al concepto de “supranacionalidad[2]” ocupa buena parte de los esfuerzos de juristas, científicos políticos e incluso personalidades políticas, en especial los propios “padres fundadores” de la idea comunitaria.

Desde el punto de vista jurídico, P. Reuter examina en un pionero ensayo los tres caracteres fundamentales que definen a la CECA como “órgano supranacional”: en primer lugar, su independencia de los gobiernos nacionales de los Estados miembros; en segundo lugar, la transferencia de competencias al nuevo órgano común; por último, la Comunidad se define por la existencia de relaciones directas entre las instituciones comunitarias y los particulares (Reuter, 1953).

En la misma línea, G. Héraud cita cuatro condiciones acumulativas que son la esencia de la “supranacionalidad”: la existencia de un mecanismo autónomo para la toma de decisiones; facultad de decisión libre de injerencias estatales; poder para desarrollar una dinámica jurídica, un continuo orden jurídico; y, en última instancia, una limitación efectiva de las competencias estatales (Héraud, 1963-1964).

Desde el punto de vista político, E. B. Haas aborda el estudio de la “supranacionalidad” a partir de examinar las instituciones, poderes, limitaciones, capacidad de toma de decisiones y características ejecutivas de la CECA, en el campo analítico definido por los arquetipos de “federación” y “organización internacional”, para concluir que la “supranacionalidad”, en términos estructurales, se define como: “(…) the existence of governmental authorities closer to the archetype of federation than any past international organisation, but not yet identical with it.” (Haas, 1958: 59).

Sin lugar a dudas, la cuestión del carácter federal de la CECA atrae la atención de la doctrina desde su nacimiento. Buena parte de los juristas que participan en la elaboración del Tratado de la CECA coinciden en que el nuevo órgano supranacional disfruta de una cesión de poderes por parte de los Estados miembros mucho mayor que en cualquier otra organización internacional, pero, en todo caso, menor que el cedido a un gobierno federal (Haas, 1958). En este sentido, R. Schuman coloca la “supranacionalidad” a “igual distancia” entre una organización internacional y una federación (Schuman, 1953).

La organización “internacional” clásica, la institución “supranacional” y la “federación” se sitúan en esferas muy diferentes en lo que se refiere al grado de integración-subordinación de las soberanías y a la propia naturaleza política soberana del poder material que las cubre o coordina. G. Héraud distingue así entre: lo “inter-estatal”, como orden de “soberanías coordinadas” a las que no se superpone ningún poder material; lo “supranacional”, que define un orden de soberanías “normativamente subordinadas” a un órgano sin potencia; y lo “federal”, potencia pública de “soberanías integradas” sobre las que se reconstruye, en una esfera dominante, una soberanía política intacta.

Como señala F. Rosenstiel, la denominada “supranacionalidad” de la CECA no pasa de ser una “afirmación de intención”; una supranacionalidad “prospectiva”, dado su carácter esencialmente administrativo, a diferencia de la “afirmación de poder” que supone la supranacionalidad “efectiva” de la federación: sólo esta última, y en cualquier caso el Estado, ya sea unitario o federal, puede contener en sí “la unidad de voluntad política característica de lo soberano.”

¿Cuál es, entonces, la verdadera naturaleza política de la CECA? Para Rosenstiel, no cabe duda que se aproxima más al esquema “inter-estatal” de la confederación, donde la autoridad central se subordina a los gobiernos de los Estados miembros. Por su parte, Haas la define como una organización de naturaleza “híbrida”, como una federación “corta” o “limitada”: para empezar, porque está obligada a actuar dentro del marco establecido por una conferencia internacional; porque, además, la división de poderes de tipo “federal” entre el órgano ejecutivo, legislativo y judicial no aparece clara[3]; y, en último término, porque la división de funciones o competencias pesa a favor de los Estados miembros, de igual forma que permanecen límites sobre la capacidad para implementar decisiones y para expandir el alcance del sistema de forma independiente.

En lo que respecta a este último aspecto, no cabe duda que la definición de las Comunidades Europeas supranacionales con el calificativo de “federaciones funcionales” responde a un equívoco que deriva de la correlación entre lo “funcional” y lo “parcial”: la CECA, y las otras dos Comunidades Europeas, gozan de atribuciones de poderes delimitadas y precisas, no ilimitadas o generales (Rosenstiel, 1962/1967).

Los distintos estudiosos de la “supranacionalidad” coinciden en líneas generales en la enumeración de una serie de condiciones que integran el concepto, aunque poniendo el acento sobre unas u otras características. En un magnífico ensayo de síntesis, Iglesias Buhigues recapitula las coincidencias dentro de la doctrina, recogiendo una serie de condiciones que, reunidas en un órgano, facultan el calificativo de “supranacional”: la atribución de competencias exclusivas a la Comunidad; la existencia de órganos principales independientes, que no representen a ningún Estado miembro; la toma de decisiones por mayoría; decisiones jurídicamente obligatorias para sus destinatarios, y  directa e inmediatamente ejecutorias.

La definición de la “supranacionalidad” como “mecanismo autónomo de decisión” jurídicamente vinculante para los Estados miembros se completa, además de con las citadas condiciones de “autonomía por el estatuto” (órganos estatutariamente independientes de los Estados miembros) y de “autonomía por el procedimiento” (toma de decisiones por mayoría), con la denominada “autonomía por la formación del órgano” (ya sea a través de elección directa por el pueblo comunitario, por designación de los Parlamentos nacionales o por nombramiento de los gobiernos de los Estados miembros).

Sin embargo, para el profesor Iglesias Buhigues, es la elección directa por parte de los ciudadanos comunitarios lo que otorga un máximo de autonomía de decisión. Es por ello que la elección por sufragio universal directo de la Asamblea parlamentaria (Parlamento Europeo desde 1962) reviste tanta importancia, pues supone igualmente la relación individuo-comunidad de más trascendencia en el proceso supranacional y federativo.

Referencias:

Haas, E. B. (1958). The uniting of Europe: Political, social and economical forces, 1950-1957. London: Stevens & Sons Limited.

Héraud, G. (1961). L’inter-étatique, le supranational et le fédéral. Archives de philosophie du droit, Nº 6, 179-191.

Iglesias Buhigues, J. L. (1974). La noción de supranacionalidad en las Comunidades Europeas. Revista de Instituciones Europeas, 1(1), 73-120.

Reuter, P. (1953). La Communauté Européenne du Charbon et de L’Acier. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

Rosenstiel, F. (1967). El principio de “supranacionalidad”: Ensayo sobre las relaciones de la política y el derecho. Madrid: Instituto de Estudios Políticos. (Trabajo original publicado en 1962).

Schuman, R. (1953). Preface. En P. Reuter, La Communauté Européenne du Charbon et de L’Acier. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.


[1] Se afirma expresamente: “Cada Estado miembro se compromete a respetar este carácter supranacional y a no intentar influir en los miembros de la Alta Autoridad en el desempeño de sus funciones.” (art. 9 TCECA).

[2] Aunque se las suele denominar Comunidades “supranacionales”, lo cierto es que autores como Truyol y Serra (1999) o Rosenstiel (1962/1967) prefieren especificar la naturaleza de las Comunidades Europeas con el calificativo de “supraestatal”. Para Rosenstiel, tanto el Estado federal como la Comunidad funcional se miden en el plano “superestatal”, no “supranacional”: “La supranacionalidad implica una coerción de los poderes sobre lo soberano, el superestatismo afirma la coerción de lo soberano sobre los poderes estatales.” (1962/1967: 62).

[3] En la CECA, la Alta Autoridad legisla y administra; el Consejo legisla y controla a la Alta Autoridad; y la Asamblea controla a la Alta Autoridad pero no puede legislar. Sólo la Corte es claramente y únicamente un cuerpo judicial.