Los españoles, “más europeos” a pesar de la crisis

En un momento en el que en nuestro país crece el descontento hacia una situación económica que toca fondo, mientras de forma paralela se endurecen las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno; la profunda desafección hacia las instituciones políticas; el descontento hacia la gestión de la crisis, y el pesimismo sobre nuestro futuro, contrastan con el sentir de unos ciudadanos españoles que siguen viendo la Unión Europea en gran medida como parte de la solución a sus problemas. “El hecho de pertenecer a la UE continúa siendo un pilar importante para la ciudadanía española” y, como veremos más adelante, especialmente desde el prisma económico y social. Tal es la conclusión a la que llega la “perspectiva española” del último informe del Eurobarómetro, cuyos datos fueron recogidos en el otoño de 2012, y que se acaba de hacer público.

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No es de extrañar que las prioridades que manifiesta la ciudadanía española en el contexto europeo tengan que ver especialmente con aspectos sociales y económicos. Según el informe de la Comisión Europea, casi la mitad de las familias encuestadas reconoce tener casi siempre u ocasionalmente problemas para llegar a fin de mes, un dato que nos sitúa cinco puntos por encima de la media europea.

De hecho, entre las cuestiones que los ciudadanos de nuestro país valoran más de la UE están, en primer lugar, la libre circulación de personas, bienes y servicios (45%), después de la paz (35 %), pero en menor medida que en otros países. Por el contrario, damos más importancia que el resto de europeos a posibilidades que nos ofrece la UE como los intercambios estudiantiles en el marco del programa Erasmus (25% frente al 22% de la media UE27); así como a la protección social en el contexto de la Unión  en ámbitos como la sanidad,  la educación y las pensiones (20 % frente a 18%). Por su parte, damos valor al euro entre estos “logros” en igual medida que el resto de europeos (25% de los encuestados).

Los ciudadanos españoles manifiestan interés por conocer los derechos que otorga el estatus de ciudadano de la UE, en especial, en lo que respecta a la posibilidad de vivir, estudiar, trabajar y recibir asistencia médica en otro Estado miembro. A pesar de este interés, solo el 9% de los españoles encuestados reconoce tener un alto grado de conocimiento de estos derechos y lo que implican. El 40% conoce “algo”, mientras que el dato más preocupante lo observamos en el 51% que afirma no conocer nada en absoluto sobre la ciudadanía europea y su contenido.

En estos datos tiene mucho que ver el escaso nivel de información sobre los asuntos europeos que manifiestan los españoles. El 78% se considera desinformado, diez puntos por encima de la media europea. Lo que sí resulta interesante de estos datos es que Internet se consolida como el segundo medio de comunicación más usado para la  información en temas europeos (30%), por debajo de la TV (50%), y superando a la prensa diaria (24%). A su vez, las redes sociales son ya el segundo medio Web preferido (37%). En el resto de la UE, las redes sociales tienen mucho menos peso que en España.

Esta tendencia nos hace ser optimistas ante la posibilidad de una ciudadanía española más informada y activa en el contexto europeo, sin lugar a dudas unos de los retos para el futuro de la UE.

Con todo, la forma en la que los ciudadanos españoles sienten, viven y se relacionan con Europa continúa teniendo rasgos esenciales que permanecen en el tiempo: la ciudadanía europea “española” es por lo general desinformada, ciertamente pasiva, necesitada de más experiencias directas, pero consciente de la importancia de la pertenencia de su país a la UE. España siempre se ha destacado por su sentimiento “europeísta”, y seguimos pensando en Europa, como decíamos al principio de este artículo, más como parte de la solución que como parte del problema.

Esta última oleada del Eurobarómetro confirma que nos sentimos más europeos que el resto de la UE27 (a excepción de casos como el de Luxemburgo, Malta y Alemania). Y además, aún (o precisamente) con el recrudecimiento de la crisis, se observa que este “sentimiento europeo” crece respecto a estudios anteriores. Y ello, a pesar, como se apuntaba antes, de encontramos menos “vínculos” con el resto de países de la UE en aspectos como el uso de idiomas, la movilidad hacia otros países de la UE, relaciones con otros ciudadanos europeos, etc.

Por último, somos pesimistas respecto a la Iniciativa Ciudadana Europea, uno de los instrumentos introducidos en el Tratado de Lisboa para dotar de una mayor democracia a las instituciones comunitarias, fomentar la participación ciudadana, e impulsar el crecimiento de una sociedad civil europea. El 71 % de los encuestados ve poco o nada probable que vaya a participar en esta iniciativa, aunque sí vemos interesante, en el caso de usarla, que se proponga legislación en ámbitos como el empleo, la educación, los impuestos y las pensiones.

Actualmente, existen ya varias Iniciativas abiertas, que necesitan recabar un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete países distintos de la UE. La ciudadanía europea busca promover legislación comunitaria en ámbitos como la educación, el medio ambiente, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, o el agua/saneamiento.

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¿Por qué no nos sentimos europeos?

Encarna Hernández

A cada estudio de opinión pública que ve la luz, nos volvemos a encontrar con la misma situación: la desafección, desinterés y desconocimiento de los ciudadanos para con la Unión Europea. El último barómetro del CIS, realizado además en el contexto de la presidencia española de la UE, nos deja un titular no menos demoledor por esperado: la mitad de los españoles no están interesados en la Unión Europea. Más del sesenta por ciento se considera poco o nada informado al respecto de estos asuntos. Sin embargo, ven con buenos ojos la pertenencia de nuestro país a la Unión, estimándolo como algo ventajoso.

Hablamos de datos que nos introducen en cuestiones que tienen que ver con lo que se ha venido a identificar como el desgaste del “consenso permisivo” de las opiniones públicas nacionales hacia el proceso de la integración europea. Este desgaste del consenso está intimamente relacionado con el descenso del apoyo popular hacia la UE, visible especialmente desde principios de los noventa. Hablamos, en todo caso, de un apoyo que tiene dos dimensiones: una de tipo “instrumental” y otra de cariz “identitario”.

Dicho de otra forma: los ciudadanos observan las ventajas de la pertenencia de su país a la UE, pero no existe la sensación de una necesaria solidaridad entre los Estados y los pueblos, en ausencia de un denso sentimiento de identidad colectiva. En resumidas cuentas, Europa se atisba como un “servicio”, como un “derecho”, pero sin que ello necesariamente tenga que conllevar ningún tipo de sacrificio u obligación. Pero, comencemos por el principio…

Hasta principios de los noventa, el proceso de la construcción europea está dirigido por las elites políticas pro-europeas del Continente y se lleva a cabo al margen de las opiniones públicas nacionales. Durante cuatro décadas, los gobiernos de los Estados miembros asumen una especie de “consenso tácito” de los ciudadanos europeos para con la maquinaria de integración. Se ponen en marcha iniciativas y políticas, y se toman decisiones en nombre de una ciudadanía que hasta entonces no participa en el proceso.

Aquel “consenso permisivo” (“permissive consensus”) de los ciudadanos para con la integración europea significa que el “consenso” no es explícitamente demandado, y se asume que existe por parte de unos Gobiernos nacionales que aún conservan altos niveles de legitimidad.

Jean Monnet: el "padre" del método

Los fundadores de Europa apuestan por un método de integración funcionalista (el conocido como método de los “pequeños pasos”, ideado por Monnet), tecnocrático y elitista, que permite así avanzar en el proceso de construcción europea. Esta estrategia, en las primeras décadas de la integración, se revela sin duda pragmática, aún a costa de minimizar el componente democrático del proyecto.

Sin embargo, el “pecado original” de la UE, el hecho de que no se consulte a los ciudadanos sobre su creación, se configura como una cuestión cada vez más compleja, en particular conforme la Unión amplia sus competencias sin que de forma paralela se  atienda a cuestiones relacionadas con la legitimidad democrática, especialmente en aquella que concierne a la representatividad y a la rendición de cuentas, y en el marco del laberinto burocrático que conforman las instituciones y órganos de la Comunidad Europea.

Es en los años setenta cuando aparece publicado el primer análisis serio sobre el apoyo popular a la integración europea en sus primeras décadas de vida, así como sus perspectivas de futuro. La tesis de Lindberg y Scheingold (1970) describe Europa como una empresa tecnocrática y elitista, y que se asocia desde el principio a la idea de planificación económica. Su centro de gravedad se extiende en torno al binomio económico y del bienestar, y en concreto al bienestar material. Los autores hablan de un proceso de integración económica que se asocia a una nueva forma de hacer negocios y a un nuevo estilo de vida.

Para ambos autores, que analizan datos de estudios de opinión pública publicados hasta finales de los sesenta, el apoyo que de forma cada vez más perceptible recibe el proceso de integración europea desde finales de la década de los cuarenta hasta finales de los sesenta obedece a incentivos de tipo económico: es decir, era un apoyo de tipo “utilitario”, basado en algunos intereses percibidos y relativamente concretos. Si para las elites participantes en la construcción europea ha sido relativamente fácil en el pasado movilizar apoyo para proyectos de tipo económico, las perspectivas para el futuro continúan siendo favorables si se extienden y asocian a la Comunidad los valores materialistas y de clase media.

Aunque la tesis más interesante de Lindberg y Scheingold gira en torno al desarrollo de un “consenso permisivo”, noción que simboliza un apoyo hacia la CE entre elites no participantes y público y que es asumido como una especie de factor constante. Los autores llegan a la conclusión de que la opinión pública no juega un rol fundamental en el proceso de integración. Más al contrario, la Comunidad  se considera como un sistema en el cual el crecimiento depende principalmente de la interacción entre las elites participantes.

En este sentido, el análisis del apoyo público hacia “Europa” y de la participación ciudadana en relación al concepto de “consenso permisivo” en la segunda mitad de los ochenta, lleva a la Comisión Europea a concluir que en la mayor parte de las ocasiones y en la mayoría de los Estados miembros, “el consenso sobre Europa o sobre la idea de más Europa, es más permisivo y benevolente que exigente y desafiante (Standard Eurobarometer 27, 1987, June). Estamos, pues, ante un apoyo público que se extiende, pero que se caracteriza por su inactividad-pasividad política.

Dos jóvenes parisinos celebran el "sí" a Maastricht

¿Está entonces la opinión pública europea condenada a jugar el rol pasivo que se asocia a un concepto como el de “consenso permisivo”? En realidad no, y los sucesivos procesos de ratificación de los Tratados a partir de los años noventa (Maastricht, Niza, la Constitución Europea) ponen sobre el tapete no sólo la erosión de ese “consenso” popular, sino también la importancia de las actitudes públicas para influenciar el proceso de la integración europea.

Lo cierto es que la investigación en teoría de las relaciones internacionales tarda muchos años en contemplar el factor “opinión pública”. El dominio de la elite en la perspectiva “neo-funcionalista” (dentro de la teoría de la integración política) continúa hasta la profunda revisión que tiene lugar a principios de los setenta. En una obra colectiva publicada en 1971 (Lindberg & Scheingold, 1971), Haas y Schmitter contribuyen ahora al redescubrimiento de la opinión pública. Ambos incluyen en esta ocasión las percepciones de las masas y referencias a datos de opinión pública para explicar el desarrollo de los procesos de integración. Actualmente, la idea de que la opinión pública y las actitudes de los ciudadanos codeterminan la velocidad de la integración europea y contribuyen a definir la naturaleza y forma de la unión política está más que asumida.

Como recuerda M. Gabel (1998), uno de los prominentes teóricos de la relación entre apoyo y factores económicos, la influencia de las actitudes públicas (en particular del apoyo) en el camino de la integración europea se puede apreciar de forma específica en los referendos celebrados en los Estados miembros: ¿Acaso el “no” danés de junio de 1992 no modifica y condiciona en última instancia la reforma institucional de la UE?

Sería un año antes de los ensayos revisionistas de Haas y Schmitter, cuando Lindberg y Scheingold (1970) publican el citado trabajo que realmente se concentra en el análisis del apoyo de la opinión pública hacia la integración europea, de forma paralela al estudio del crecimiento del propio sistema político comunitario. El estudio no sólo se concentra en el análisis de las orientaciones hacia el sistema político, sino que mide también los indicadores de solidaridad entre los pueblos. En concreto, lo que ellos denominan una segunda dimensión del apoyo, y que concierne al crecimiento de la comunidad social.

Los autores dividen en dos las dimensiones del apoyo: un apoyo de tipo “utilitario”, de carácter instrumental, hace así referencia a la evaluación por parte de los ciudadanos de la empresa comunitaria en términos de costes y beneficios de bienestar. Por el contrario, el concepto de apoyo de tipo “afectivo” se mide a través de sentimientos de identidad europea y de confianza entre los pueblos y hacia las instituciones comunitarias.

Estas dos dimensiones del apoyo se identifican con la división establecida por D. Easton (1965) entre “apoyo específico” y “apoyo difuso”. El “apoyo específico” está relacionado con las acciones y transformaciones del Gobierno o de las elites políticas, y supone un objeto-específico en dos sentidos: en primer lugar, porque normalmente se aplica a las evaluaciones de las autoridades políticas, y en menor medida al régimen y a la comunidad política; en segundo lugar, porque se basa en las políticas actuales y estilo general de las autoridades políticas. Por su parte, el “apoyo difuso” se sostiene “independientemente de las ventajas específicas que el miembro juzga que le reporta pertenecer al sistema.”

Los dos conceptos de apoyo a la CE aportados por Lindberg y Scheingold coinciden igualmente con las dos dimensiones de la legitimidad que establece F. W. Scharpf (2000). El “apoyo difuso” (o legitimidad orientada hacia el “proceso” democrático) quedaría excluido en la Unión Europea a partir de la ausencia de una “densa identidad colectiva”.

La conclusión a la que llegan Lindberg y Scheingold es que, a excepción de los vínculos utilitarios que sugieren los datos relativos al mercado, hay escasa evidencia de una solidaridad real entre los pueblos. Las perspectivas para el futuro son sin duda positivas: si prevalece un clima de armonía social y se extienden los valores de clase media, el apoyo debe con toda probabilidad continuar creciendo como lo ha hecho en el pasado.

El “consenso permisivo” puede, sin embargo, verse puesto en peligro en lo relacionado con la legitimidad y relevancia de las actividades de la Comunidad. La legitimidad se acumulará despacio y de forma irregular, mientras el refuerzo de la relevancia de las tareas manejadas a nivel europeo puede conducir a la movilización política de unas elites no participantes y un público de masas que adoptan un rol activo.

¿No es exactamente esta situación la que se vive en Maastricht o con la Constitución? Ambos Tratados aceleran de forma significativa la naturaleza del proceso de integración y las responsabilidades comunitarias ¿No alteran estas circunstancias los cálculos del público sobre los costes y beneficios de la pertenencia a la Comunidad?

Hasta que la llamada “crisis de Maastricht” sobreviene, las teorías utilitaristas copan las conclusiones de los estudios sobre el apoyo hacia la integración europea. Según estas teorías, el apoyo derivado de los factores económicos no se traduce en un deseo de realizar sacrificios por otros Estados miembros en lo que se refiere a las dificultades económicas, aunque las predicciones de cara al crecimiento del apoyo hacia la CE son sin duda favorables.

Nada más lejos de la realidad. Después de superar los difíciles años setenta, con dos crisis petroleras y el impacto interno que supone la primera ampliación, con el subsiguiente declive de la tendencia al alza del apoyo popular en la década anterior, la gradual recuperación que se observa en los distintos estudios del Eurobarómetro durante los ochenta comienza a truncarse en 1989. Por aquel entonces, los asuntos relacionados con el mercado único comienzan a acelerarse y a ser examinados y discutidos entre los distintos sectores de la economía y la industria.

Precisamente, un estudio de la Comisión Europea publicado en otoño de 1995 (Standard EB 43) aborda la cuestión de la constante erosión del “consenso permisivo” desde finales de los ochenta, en relación al “apoyo utilitario” (que integra la variable del beneficio “neto” de la pertenencia a la UE y las expectativas “netas” hacia el Mercado Único) y al “apoyo constitucional” (apoyo “neto” hacia la pertenencia a la UE y hacia un gobierno europeo).

Como se ha mencionado anteriormente, en 1989 comienzan a verse los primeros síntomas de la recesión del apoyo, aunque sólo de tipo “utilitario”. El apoyo “constitucional” continúa subiendo hasta la primavera de 1991, pero, a partir de esta fecha, se inicia una caída en ambos niveles de apoyo que se acelera y amplifica en la primavera y otoño de 1992, coincidiendo con la crisis de la ratificación de Maastricht.

La curva del apoyo es, sin duda, un fiel reflejo de los acontecimientos políticos que se desarrollan en la época. El apoyo comienza a caer en el verano de 1991, justo antes de la cumbre de Maastricht, pero también después de la Guerra del Golfo y el inicio de la recesión económica en muchos Estados miembros. El comienzo oficial del Mercado Único parece cerrado y el desplome del bloque comunista trae la incertidumbre al futuro de la Europa del Este. Con los referendos danés y francés en la primavera de 1992 (el último de ellos precedido por el denominado “miércoles negro”, con la retirada de la Libra Esterlina y de la Lira del mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo) los indicadores de apoyo caen a su punto más bajo.

Tras la tendencia al retroceso en los noventa, a partir de finales de la década se produce un repunte lento pero constante, y esta es la tendencia que domina durante lo que llevamos de siglo XXI.

Aunque los ciudadanos siguen mostrando un apoyo de tipo “utilitario” a la UE y ven las ventajas de la pertenencia de su país a la Unión, no se atisba un fortalecimiento de los lazos de solidaridad, aquellos que tienen que ver con el desarrollo de un denso sentimiento de identidad colectiva: persiste un alto porcentaje (que varía en pocas décimas de un Eurobarómetro a otro, pero que suele rondar el 40 por ciento) de ciudadanos de los Estados miembros que se sienten únicamente identificados con la identidad nacional. Crece además el desinterés y domina el desconocimiento, la pasividad.

Y, sin embargo, algunos procesos de ratificación de los Tratados (Maastricht, Constitución, Lisboa) muestran una opinión pública que puede parecer en cierta medida más activa y desafiante porque tiende al rechazo. Pero, hay que insistir en que lo que prima es el desconocimiento del texto y términos de los Tratados que se votan, ya se acepten o se rechacen.

No hablamos, más que probablemente, de un “disenso activo” informado, sino más bien de campañas orquestadas desde ciertos sectores del euroescepticismo que calan puntualmente en la opinión pública nacional, en determinados países, y que se insertan en un contexto político y/o económico puntualmente complicado, y medido en clave nacional. Estamos pues, como bien lo calificó el presidente de la Convención Constitucional para el futuro de Europa, ante “un no al contexto, y no al texto”.

¿Cuál es la solución ante todas estas cuestiones? No cabe duda que la comunicación y la educación. La Europa de los ciudadanos no deja de ser una quimera, una etiqueta vacía de contenido si no se la dota de las herramientas necesarias. Y esas herramientas no pueden estar sino en el impulso de una dimensión europea de la educación cuyos contenidos estén consensuados a nivel europeo y en mayor medida introducidos en los currículos nacionales en las distintas etapas educativas. Así como en el diseño y puesta en marcha de una política de comunicación eficaz en su forma, intensidad y niveles de actuación, y, por supuesto, centrada en los problemas reales y cercanos del ciudadano.

¿Podemos acaso comparar la visibilidad de que tuvo la campaña de las elecciones europeas organizada por el Parlamento Europeo con la repercusión obtenida por la campaña del “No”, por ejemplo, en Irlanda? En invertir estas tendencias está la clave. La repetición de datos similares de opinión pública desde hace décadas lejos debe estar de “anestesiarnos”: estamos ante un problema real que las instituciones europeas deben resolver con celeridad y firmeza.

Superar los déficits de información: primer escalón hacia la participación de la ciudadanía europea

Encarna Hernández Rodríguez

Servicio Audiovisual de la Comisión Europea
Logotipo del Servicio Audiovisual de la Comisión Europea

La construcción de la “Europa de los ciudadanos” pasa por ser un proceso de legitimación institucional a través de la apertura, el debate público, la inclusión social y la participación civil. El objetivo, en última instancia, es conseguir “implicar” a los ciudadanos europeos en un proyecto común que hasta ahora ha carecido en gran suma del interés y de la participación activa, consciente e informada de la ciudadanía comunitaria.

Las sucesivas encuestas de opinión llevadas a cabo por el Eurobarómetro durante las últimas décadas reflejan bajos niveles de auto-percibido conocimiento sobre la Unión en su conjunto, sobre los asuntos manejados a nivel europeo y sobre las propias Instituciones y órganos auxiliares que integran su sistema político. La falta de información es una barrera fundamental en lo que se refiere a la inclusión del ciudadano en el proceso de toma de decisiones.

Construir la “Europa de los ciudadanos” es una empresa que pasa por superar las barreras del “déficit de comunicación”: el debate sobre Europa debe basarse en un diálogo reforzado, a través de una comunicación centrada en el ciudadano y desde un punto de vista más descentralizado.

Tales axiomas son puestos en lid por la Comisión en 2006 a través del Libro Blanco sobre una política europea de comunicación, reivindicada como política comunitaria “por derecho propio”.

La Comisión establece en su Libro Blanco los principios fundamentales de una política de comunicación de la UE. La base de tal estrategia es el derecho de todos los ciudadanos europeos a tener acceso a una clara y completa información; tal información ha de estar ampliamente disponible, ser fácilmente accesible en todas las lenguas de la Unión y bajo una forma y contenidos comprensibles.

Del mismo modo, se afirma en el Libro Blanco, los procesos de decisión y la administración deben ser transparentes, abiertos y visibles tanto como sea posible. Los ciudadanos podrán, de este modo, ser capaces de escuchar y comparar diferentes opiniones y puntos de vista sobre los asuntos europeos. Por último, los ciudadanos y las asociaciones de la sociedad civil que les representan deberán disponer del derecho y de los medios para expresar sus puntos de vista y para que su voz sea escuchada.

Un estudio entre el público general realizado por el Eurobarómetro en 2006 (Flash EB 189a) concluye la existencia de un alto grado de consenso –que oscila entre el 96 % y el 98%- entre los ciudadanos comunitarios en torno a la necesidad de implementar cada uno de estos principios de la política europea de comunicación. El estudio mide igualmente las motivaciones que existen entre los ciudadanos de cara a ser informados sobre las políticas y asuntos de la UE. Como destacan los redactores del estudio, cualquier esfuerzo por incrementar el volumen de la información será inefectivo si de forma paralela no hay una audiencia receptiva.

El Libro Blanco de la Comisión hace hincapié no sólo en los principios que deben integrar una política europea de comunicación: tales principios suponen igualmente la base desde la que reforzar el debate y el diálogo dentro de una esfera pública europea.

El problema, como ya es sabido, es que no existe una esfera pública en la que se sustente la vida política europea más allá de las propias esferas nacionales. Los asuntos europeos son considerados por la mayor parte de la ciudadanía desde una perspectiva netamente nacional, en parte debido a la barrera lingüística, por lo que existen pocos foros de “encuentro” entre ciudadanos de diferentes Estados miembros en los que se discutan asuntos de “interés común”. Los redactores del texto insisten así en la idea de una Europa que encuentre “su lugar en las esferas públicas nacionales, regionales y locales existentes”, profundizando a su vez la discusión pública dentro de cada Estado miembro.

La necesidad de una esfera pública europea compartida constituye uno de los puntos de análisis del estudio del Eurobarómetro sobre la comunicación de la UE y los ciudadanos (Flash EB 189a, 2006). La medición se realiza a través de una lista de doce variables –“policy-relevant issues”- sobre las que los ciudadanos se muestran más o menos interesados en conocer si existen opiniones compartidas a tal efecto entre los ciudadanos de otros Estados miembros.

La conclusión a la que llega el estudio es que los ciudadanos europeos están especialmente interesados en que se desarrolle un debate a nivel europeo en torno a cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo (89 %),  por delante de otros tópicos como el suministro de energía, la creación de empleo o la tolerancia multicultural y la protección de los derechos humanos (84 %).

La correlación de los resultados obtenidos con otras variables relacionadas con las diferentes actitudes públicas hacia la Unión (apoyo, oposición e indecisión hacia la pertenencia a la UE; activa, mínima o ninguna participación política; valoración significativa o insignificante de la actividad de la UE en la vida cotidiana) muestra el importante rol jugado por estas últimas en relación a la mayor o menor intensidad del interés/necesidad por el desarrollo de una esfera comunicativa a nivel comunitario.

La cuestión de fondo de todo esto que venimos contando no es otra que un “déficit de información” que hace sin duda más visible y más profundo el archiconocido “déficit democrático” de la Unión. ¿Cómo pueden los ciudadanos determinar sus preferencias y realizar elecciones políticas a partir de la desinformación?

La medición realizada por el Eurobarómetro, a partir de datos subjetivos y objetivos, en relación al grado de conocimiento de los derechos que otorga el estatuto de la ciudadanía de la Unión, creado en Maastricht en 1992, nos ofrece una perspectiva poco optimista de una participación política “informada” en la arena comunitaria.

El balance de diez años de ciudadanía europea en la UE-15 que aporta el Eurobarómetro en 2002 (Flash EB 133) revela formidables brechas de conocimiento auto-percibido y evaluado de forma objetiva a través de porcentajes de respuestas correctas e incorrectas en relación a ítems verdaderos y falsos sobre la condición de ciudadano europeo y el haz de derechos que lleva aparejado.

En este sentido, aunque cerca del 90 % de los encuestados comprende la  noción de “ciudadanía dual”, es decir, conoce su condición de ciudadano europeo en adición a su propia nacionalidad, hay, sin embargo, cerca de un tercio de europeos que creen que es posible, si así lo desean, elegir no ser ciudadano de la UE.

El conocimiento de los derechos muestra síntomas deficitarios, especialmente en lo referente a una cierta confusión de los derechos políticos que otorga el estatus de la ciudadanía europea (en concreto, el derecho de voto/elegibilidad en las elecciones locales). En torno a un 40 % de los encuestados creen que otros ciudadanos europeos que residen en su país no pueden votar ni ser elegidos en las elecciones locales. Por su parte, alrededor de la mitad considera que la ciudadanía europea concede derechos en el ámbito electoral nacional. Por último, aunque cerca del 90 % de las respuestas aciertan en relación al derecho de los ciudadanos europeos a trabajar en cualquier Estado miembro de la UE, más de cuatro de cada diez encuestados creen que es necesario un permiso de trabajo para poder ejercer tal libertad.

En lo que se refiere a la percepción de la necesidad de información sobre tales derechos, un 76 % de los encuestados se considera poco o nada informado, mientras que el 22 % se considera suficientemente informado, aunque, dentro de ellos, el porcentaje de los que se sienten muy bien informados está próximo al cero (1%).

Tales datos muestran a las claras la realidad de una ciudadanía europea que a comienzos del siglo XXI es aún poco consciente de su condición, de sus derechos y de cómo y en qué arena ejercerlos.

¿Hemos mejorado desde entonces el conocimiento de nuestros derechos y deberes como ciudadanos europeos? Para comprobarlo, podemos echar un vistazo al último Eurobarómetro sobre la ciudadanía de la Unión (Flash EB Nº 213, 2008, February). Las conclusiones de este estudio determinan que, aunque la mayoría (cerca del 80 por ciento) de los ciudadanos comunitarios se muestra familiarizado con el concepto de “ciudadano de la UE”, tan sólo cerca de cada cuatro encuestados afirma conocer su significado, y menos de un tercio se considera bien informado acerca de sus derechos como ciudadano europeo.

En lo que se refiere a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, las brechas en el conocimiento son significativas: la mitad de los entrevistados nunca han oído hablar de ella. De poco sirve dar vigencia legal –como se ha hecho recientemente con la Carta en el Tratado de Lisboa- a nuevos instrumentos para la protección de los derechos fundamentales si éstos son absolutamente desconocidos para una gran parte de la ciudadanía.

Volvemos al principio: La construcción de la “Europa de los ciudadanos” pasa por ser un proceso de legitimación institucional a través de la apertura, el debate público, la inclusión social y la participación civil.