El Derecho de Petición

Por Encarna Hernández

Qué mejor ocasión para hablar de derechos que hoy, cuando celebramos, en el marco de las Naciones Unidas, el Día de los Derechos Humanos. Como recordarán, les hablaba en el anterior post de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, entre cuyas competencias se encuentra establecer relaciones con el Defensor del Pueblo de la UE. Aunque su principal cometido no es otro que encargarse de tramitar las peticiones formuladas por los ciudadanos europeos. Este Derecho de Petición ante la Eurocámara, junto con el derecho a dirigirse al Ombudsman europeo, forma parte del abanico de derechos reconocidos a los ciudadanos y residentes de la UE bajo el paraguas del estatus civitatis de la Ciudadanía de la Unión. ¿En qué consiste el Derecho de Petición? ¿Quién puede presentarla y sobre qué asuntos? ¿Cómo presentarla? ¿Qué resultado se puede esperar? Como podrán comprobar enseguida, es muy sencillo.

El fundamento jurídico del Derecho de Petición se lo debemos al articulado incluido en la reforma de Maastricht sobre la Ciudadanía de la Unión (arts. 8D y 138D del TUE). Tales preceptos se incorporaron, tras la citada reforma, al Tratado constitutivo de la CE (TCE), concretamente en sus artículos 21 y 194. El Tratado de Lisboa reproduce el contenido de tales preceptos, con la salvedad de una nueva numeración para el articulado. De esta forma, el Derecho de Petición queda recogido en el nuevo Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en los artículos 24 y 227, así como en el artículo 191 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo.

Queda reconocido, por tanto, en el Tratado, el derecho de “cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga domicilio social en un Estado miembro (…) a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.” (art. 227 TFUE).

El contenido del artículo 227 ya adelanta las respuestas a algunas de las cuestiones que se planteaban al principio. Para empezar, ¿Quién puede formular una petición? Puede hacerlo un ciudadano de la UE así como cualquier residente, individualmente o en asociación (es decir, un grupo de ciudadanos), como también lo pueden hacer las asociaciones, empresas u otro tipo de organización, siempre que tengan su sede social en un Estado miembro.

Sobre un asunto que le afecte directamente, se afirma en el Tratado, y, lo más importante, que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE. ¿Sobre qué asuntos se puede presentar la petición? Son los siguientes: derechos como ciudadano de la Unión; medio ambiente; protección del consumidor; libre circulación de personas, bienes y servicios; mercado interior; empleo y política social; reconocimiento de cualificaciones profesionales; y otros problemas relacionados con la aplicación de la legislación de la UE. Y aún más importante (a diferencia de las competencias del Defensor del Pueblo Europeo): se trata de una queja dirigida contra un Estado miembro, autoridad local u otra institución.

¿Cómo presentarla? La petición se presenta bien a través de correo postal, bien mediante vía electrónica. Para ello, el Parlamento Europeo tiene habilitado un formulario electrónico, así como una ayuda en línea para orientar al ciudadano sobre el procedimiento a seguir.

¿Qué resultado se puede esperar? En primer lugar, la Comisión de Peticiones (PETI) tiene dar por admitida a trámite la petición. ¿Qué casos son susceptibles de no admisión? Para empezar, una cuestión simple: porque esa queja concreta se refiere a un caso de mala administración por parte de cualquier institución u órgano de la UE, y ya vimos que esto compete al Defensor del Pueblo Europeo. Otra cuestión sencilla: peticiones cuyo objeto no pertenece a ningún ámbito de actividad de la Unión. Tampoco una petición puede reclamar, lógicamente, que el Parlamento Europeo actúe a modo de autoridad judicial, es decir, que dicte sentencias o revoque decisiones de los tribunales nacionales.

Si, por el contrario, la petición es admitida, entonces puede seguir diferentes vías, según el caso. La Comisión de Peticiones, puede, por ejemplo, instar a la Comisión Europea a que realice una investigación preliminar para determinar si los hechos a los que se refiere la queja infringen o no el Derecho comunitario. También puede transmitir la petición a otras comisiones de la Eurocámara para que investiguen o inicien las acciones correspondientes. La PETI está habilitada para efectuar visitas a pie de campo para recabar información, así como para entrar en contacto con las autoridades nacionales para pedir su colaboración. En casos excepcionales, se puede elaborar un informe para elevar el asunto al Pleno, para que allí sea debatido y votado.

Todas las peticiones admitidas a trámite están sometidas al principio de publicidad, y, por ello, quedan recogidas en las Actas de las Sesiones Plenarias, que, a su vez, se incorporan al Diario Oficial de la UE.

Se pueden esperar grandes resultados a partir de la tramitación de una petición en el Parlamento Europeo. Tenemos casos en nuestro país, sin ir más lejos, sobre modificaciones en las leyes urbanísticas. Y, en definitiva, se trata de una herramienta más, de una protección activa más que redunda en un objetivo central de la integración europea: la protección de los derechos fundamentales del ciudadano, un principio recogido en la legislación comunitaria desde los Tratados constitutivos y reforzado en cada reforma, y muy especialmente con la definitiva vigencia legal y fuerza vinculante otorgada a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todos ellos, son pasos que se van recorriendo hacia la Europa de los Ciudadanos que tiene que constituirse en este siglo XXI.

Por cierto, no se pierdan el vídeo…


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