El futuro de la UE: algo más que una raspa de pescado

El 14 de febrero de 1984, el eurodiputado italiano Altiero Spinelli, reconocido ahora como uno de los “padres” de la Unión Europea e impulsor en su momento del Movimiento Federalista Europeo, pronunciaba en la Eurocámara un famoso discurso que pasó a la historia por su encendida defensa de una Europa federal. Aquel día, la sesión plenaria debatía y votaba positivamente nada menos que un Proyecto de Tratado sobre la UE, un hito en el camino de la construcción europea que supondría un antecedente directo del que más tarde, en 1992, se convertiría en el Tratado de Maastricht.

Spinelli habló entonces a sus colegas de un conocido relato de Ernest Hemingway, “El viejo y el mar”, que narra la aventura de un pescador que ha capturado el pez más grande su vida e intenta llevarlo a puerto antes de que los tiburones lo devoren. Aquel Tratado de la UE era sin duda un pez muy grande para las aspiraciones de los federalistas europeos, pero ya entonces Spinelli alertó de los peligros que acecharían en el camino antes de que se convirtiera en una realidad.

“Intentemos llegar con algo más que una raspa de pescado”, alertó a sus colegas el italiano en aquella ocasión. Sus temores no eran infundados. Lo cierto es que aquel “Proyecto Spinelli”, que proponía la creación de una Ciudadanía de la UE, fue un gran pez que nunca llegó a puerto. A pesar de ser aprobado en el Parlamento Europeo, fue rechazado por los Estados miembros. Dos años después de aquella histórica votación, llégo el Acta Única Europea, sin duda poco más que una “raspa” en comparación con aquel gran pez diseñado por Spinelli.

Dos décadas más tarde, bien habríamos podido recurrir de nuevo al relato del viejo pescador con el fracaso de la Constitución Europea. El Tratado de Lisboa fue la “raspa”, esta vez con algo más de carne, que los europeístas fueron capaces de llevar a puerto. Pero lo cierto es que el Consejo Europeo de turno se encargó de eliminar toda referencia a los símbolos de la Unión del texto, para que aquello dejara de parecerse a una Constitución. Eliminado cualquier rasgo de dogmatismo, teníamos un Tratado como cualquier otro, con avances democráticos, es verdad, pero lejos de dar un gran paso para convertirnos o, mejor dicho, dejar de ser, un enano político.

Bien es cierto que aquella Constitución la tumbaron sendos “noes” en dos Estados miembros fundadores (Francia y Países Bajos), pero no lo es menos que no hubo ni valentía ni liderazgo político para sacarla adelante. Decían al respecto algunos estudios del momento que el grado de adhesión popular la UE  estaba en su punto más bajo en relación al registrado a principios de los noventa, cuando se aprobó el Tratado de Maastricht. El proceso de ratificación del Tratado Constitucional que se desarrolla en Europa allá por 2005 no viene sino a confirmar la tendencia al alza del “euroescepticismo” entre los ciudadanos europeos. Los “noes” francés y holandés no eran sino la la punta del iceberg de la brecha abierta entre Europa y sus ciudadanos, algo que deja el proyecto europeo muy tocado en lo que a legitimidad democrática se refiere.

Dicen también algunos estudios y análisis que la ratificación constitucional había supuesto el catalizador definitivo para que el “asunto europeo” se politizara definitivamente en los debates políticos nacionales. ¿Qué significa esto? Muy sencillo: el euroescepticismo, o incluso el antieuropeísmo, se convertía en la carta de presentación y en rasgo distintivo ideológico para muchos partidos políticos.

Afirmaban Fijk & Franklin en su estudio sobre el euroescepticismo de 2004 (previo al proceso de ratificación) que la oposición política a la UE era algo así como un “gigante dormido” que ofrecía una característica singular de diferenciación entre las distintas formaciones políticas. Este antieuropeísmo adquiere incluso tintes “anti-sistema” ante la imposibilidad de organizarse dentro de un sistema que no ofrece posibilidad de alternancia política ni una arena donde desarrollar un auténtico debate político. En definitiva, el déficit democrático de la UE  alimenta y da argumentos al rechazo a la UE y a su sistema político e institucioal.

El problema de la legitimidad de la Unión Europea radica esencialmente en la ausencia de una fuente de legitimidad social y constitucional más allá de la legitimidad legal que le otorga su creación a partir del Derecho (los Tratados). Los canales de representación y participación política están a su vez minados por la debilidad intrínseca del Parlamento Europeo (única institución elegida de forma directa por los ciudadanos) y por los altos niveles de abstención en los comicios europeos. En la Unión Europea, los asuntos fundamentales son manejados a nivel intergubernamental dentro del Consejo, sin posibilidad de control por parte de los Parlamentos nacionales, y la iniciativa legislativa de las políticas comunitarias pertenece en cuasi-monopolio a la Comisión Europea, un órgano de naturaleza independiente y alejado del control de los ciudadanos.

Este pequeño análisis del déficit democrático de la UE no deja de ser una visión, aunque euroescéptica, constructiva de la realidad institucional y política comunitaria. Simplemente algunos, o muchos, queremos más legitimidad democrática: un Parlamento Europeo elegido y democrático como único legislador; listas transnacionales; un presidente de la Comisión Europea elegido… Queremos “Más Europa”, todo lo contrario que el antieuropeísmo (no confundir con euroescepticismo) destructivo y oportunista.

Destructivos y oportunistas. Así son discursos como el del eurodiputado antieuropeo (sí, que contradicción) británico Nigel Farage, siempre dispuesto a darle una patada al avispero. Su retórica está embriagada de tópicos recurrentes sobre la democracia comunitaria (falta de legitimidad y tecnocracia) y va directo a los cimientos del proyecto de unificación europea: la reconciliación con Alemania.

No es la primera vez que miembros del Grupo de Farage (Europa de la Libertad y de la Democracia) atacan a Alemania como  si aún estuvieramos en plena II Guerra Mundial. Sin ir más lejos, su compañero Godfrey Bloom fue expulsado de la Eurocámara hace ahora un año por increpar al lider de los socialistas europeos, el alemán Martin Schulz, con consignas nazis. El propio Farage reprendió al presidente del Consejo, Herman Van Rompuy acusándole de tener “el carisma de un trapo mojado” y “la apariencia de un empleado de banca de rango bajo”, algo que le costó la “benigna” sanción de 10 díaz sin dietas.

Lo preocupante, es que este discurso antieuropeísta (vendido algo así como “hablar claro”) cala entre el descontento y hace mella en época de dificultades. Es por ello que la última intervención de Farage en la Eurocámara ha corrido como la espuma en las redes sociales.

Es época de tiburones. El antieuropeísmo se alimenta de un pez cada vez más débil. Ejemplos recientes los tenemos en Finlandia, con el triunfo de la ultraderecha antieuropea el pasado mes de abril, o en la denominada revuelta euroescéptica en la Cámara británica hace apenas un mes. Ambos son ejemplos de aquella tendencia adelantada ya en el proceso de ratificación de la Constitución Europea: la oposición a la UE como rasgo distintivo de ideario político.

Y lo cierto es todo esto encuentra su caldo de cultivo en una UE sin un claro liderazgo político más allá del eje París-Berlín. En realidad, sin un liderazgo genuinamente europeo. Merkel y Sarkozy se lo ponen fácil a tipos como Farage.

Ahora parece que la próxima Cumbre europea puede vislumbrar un nuevo Tratado a 17, con los miembros de la zona euro y con sanciones para aquellos países que incumplan el techo de déficit. La Europa de las dos velocidades aparece como la receta para salvar el Euro.

Dicen que al proyecto de unificación europea diseñado por hombres como Monnet o Schuman se le puede aplicar la llamada “Teoría de la bicicleta”. La cuestión es seguir avanzando, aunque sea con pequeños pasos, porque si se deja de pedalear, si la integración se para en seco, la bicicleta y el ciclista van al suelo. El problema, al llegar a meta (como le ocurre al viejo pescador con su gran pez) es todo lo que nos hayamos podido dejar en el camino y lleguemos con poco más que una raspa de pescado.

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¿Por qué no nos sentimos europeos?

Encarna Hernández

A cada estudio de opinión pública que ve la luz, nos volvemos a encontrar con la misma situación: la desafección, desinterés y desconocimiento de los ciudadanos para con la Unión Europea. El último barómetro del CIS, realizado además en el contexto de la presidencia española de la UE, nos deja un titular no menos demoledor por esperado: la mitad de los españoles no están interesados en la Unión Europea. Más del sesenta por ciento se considera poco o nada informado al respecto de estos asuntos. Sin embargo, ven con buenos ojos la pertenencia de nuestro país a la Unión, estimándolo como algo ventajoso.

Hablamos de datos que nos introducen en cuestiones que tienen que ver con lo que se ha venido a identificar como el desgaste del “consenso permisivo” de las opiniones públicas nacionales hacia el proceso de la integración europea. Este desgaste del consenso está intimamente relacionado con el descenso del apoyo popular hacia la UE, visible especialmente desde principios de los noventa. Hablamos, en todo caso, de un apoyo que tiene dos dimensiones: una de tipo “instrumental” y otra de cariz “identitario”.

Dicho de otra forma: los ciudadanos observan las ventajas de la pertenencia de su país a la UE, pero no existe la sensación de una necesaria solidaridad entre los Estados y los pueblos, en ausencia de un denso sentimiento de identidad colectiva. En resumidas cuentas, Europa se atisba como un “servicio”, como un “derecho”, pero sin que ello necesariamente tenga que conllevar ningún tipo de sacrificio u obligación. Pero, comencemos por el principio…

Hasta principios de los noventa, el proceso de la construcción europea está dirigido por las elites políticas pro-europeas del Continente y se lleva a cabo al margen de las opiniones públicas nacionales. Durante cuatro décadas, los gobiernos de los Estados miembros asumen una especie de “consenso tácito” de los ciudadanos europeos para con la maquinaria de integración. Se ponen en marcha iniciativas y políticas, y se toman decisiones en nombre de una ciudadanía que hasta entonces no participa en el proceso.

Aquel “consenso permisivo” (“permissive consensus”) de los ciudadanos para con la integración europea significa que el “consenso” no es explícitamente demandado, y se asume que existe por parte de unos Gobiernos nacionales que aún conservan altos niveles de legitimidad.

Jean Monnet: el "padre" del método

Los fundadores de Europa apuestan por un método de integración funcionalista (el conocido como método de los “pequeños pasos”, ideado por Monnet), tecnocrático y elitista, que permite así avanzar en el proceso de construcción europea. Esta estrategia, en las primeras décadas de la integración, se revela sin duda pragmática, aún a costa de minimizar el componente democrático del proyecto.

Sin embargo, el “pecado original” de la UE, el hecho de que no se consulte a los ciudadanos sobre su creación, se configura como una cuestión cada vez más compleja, en particular conforme la Unión amplia sus competencias sin que de forma paralela se  atienda a cuestiones relacionadas con la legitimidad democrática, especialmente en aquella que concierne a la representatividad y a la rendición de cuentas, y en el marco del laberinto burocrático que conforman las instituciones y órganos de la Comunidad Europea.

Es en los años setenta cuando aparece publicado el primer análisis serio sobre el apoyo popular a la integración europea en sus primeras décadas de vida, así como sus perspectivas de futuro. La tesis de Lindberg y Scheingold (1970) describe Europa como una empresa tecnocrática y elitista, y que se asocia desde el principio a la idea de planificación económica. Su centro de gravedad se extiende en torno al binomio económico y del bienestar, y en concreto al bienestar material. Los autores hablan de un proceso de integración económica que se asocia a una nueva forma de hacer negocios y a un nuevo estilo de vida.

Para ambos autores, que analizan datos de estudios de opinión pública publicados hasta finales de los sesenta, el apoyo que de forma cada vez más perceptible recibe el proceso de integración europea desde finales de la década de los cuarenta hasta finales de los sesenta obedece a incentivos de tipo económico: es decir, era un apoyo de tipo “utilitario”, basado en algunos intereses percibidos y relativamente concretos. Si para las elites participantes en la construcción europea ha sido relativamente fácil en el pasado movilizar apoyo para proyectos de tipo económico, las perspectivas para el futuro continúan siendo favorables si se extienden y asocian a la Comunidad los valores materialistas y de clase media.

Aunque la tesis más interesante de Lindberg y Scheingold gira en torno al desarrollo de un “consenso permisivo”, noción que simboliza un apoyo hacia la CE entre elites no participantes y público y que es asumido como una especie de factor constante. Los autores llegan a la conclusión de que la opinión pública no juega un rol fundamental en el proceso de integración. Más al contrario, la Comunidad  se considera como un sistema en el cual el crecimiento depende principalmente de la interacción entre las elites participantes.

En este sentido, el análisis del apoyo público hacia “Europa” y de la participación ciudadana en relación al concepto de “consenso permisivo” en la segunda mitad de los ochenta, lleva a la Comisión Europea a concluir que en la mayor parte de las ocasiones y en la mayoría de los Estados miembros, “el consenso sobre Europa o sobre la idea de más Europa, es más permisivo y benevolente que exigente y desafiante (Standard Eurobarometer 27, 1987, June). Estamos, pues, ante un apoyo público que se extiende, pero que se caracteriza por su inactividad-pasividad política.

Dos jóvenes parisinos celebran el "sí" a Maastricht

¿Está entonces la opinión pública europea condenada a jugar el rol pasivo que se asocia a un concepto como el de “consenso permisivo”? En realidad no, y los sucesivos procesos de ratificación de los Tratados a partir de los años noventa (Maastricht, Niza, la Constitución Europea) ponen sobre el tapete no sólo la erosión de ese “consenso” popular, sino también la importancia de las actitudes públicas para influenciar el proceso de la integración europea.

Lo cierto es que la investigación en teoría de las relaciones internacionales tarda muchos años en contemplar el factor “opinión pública”. El dominio de la elite en la perspectiva “neo-funcionalista” (dentro de la teoría de la integración política) continúa hasta la profunda revisión que tiene lugar a principios de los setenta. En una obra colectiva publicada en 1971 (Lindberg & Scheingold, 1971), Haas y Schmitter contribuyen ahora al redescubrimiento de la opinión pública. Ambos incluyen en esta ocasión las percepciones de las masas y referencias a datos de opinión pública para explicar el desarrollo de los procesos de integración. Actualmente, la idea de que la opinión pública y las actitudes de los ciudadanos codeterminan la velocidad de la integración europea y contribuyen a definir la naturaleza y forma de la unión política está más que asumida.

Como recuerda M. Gabel (1998), uno de los prominentes teóricos de la relación entre apoyo y factores económicos, la influencia de las actitudes públicas (en particular del apoyo) en el camino de la integración europea se puede apreciar de forma específica en los referendos celebrados en los Estados miembros: ¿Acaso el “no” danés de junio de 1992 no modifica y condiciona en última instancia la reforma institucional de la UE?

Sería un año antes de los ensayos revisionistas de Haas y Schmitter, cuando Lindberg y Scheingold (1970) publican el citado trabajo que realmente se concentra en el análisis del apoyo de la opinión pública hacia la integración europea, de forma paralela al estudio del crecimiento del propio sistema político comunitario. El estudio no sólo se concentra en el análisis de las orientaciones hacia el sistema político, sino que mide también los indicadores de solidaridad entre los pueblos. En concreto, lo que ellos denominan una segunda dimensión del apoyo, y que concierne al crecimiento de la comunidad social.

Los autores dividen en dos las dimensiones del apoyo: un apoyo de tipo “utilitario”, de carácter instrumental, hace así referencia a la evaluación por parte de los ciudadanos de la empresa comunitaria en términos de costes y beneficios de bienestar. Por el contrario, el concepto de apoyo de tipo “afectivo” se mide a través de sentimientos de identidad europea y de confianza entre los pueblos y hacia las instituciones comunitarias.

Estas dos dimensiones del apoyo se identifican con la división establecida por D. Easton (1965) entre “apoyo específico” y “apoyo difuso”. El “apoyo específico” está relacionado con las acciones y transformaciones del Gobierno o de las elites políticas, y supone un objeto-específico en dos sentidos: en primer lugar, porque normalmente se aplica a las evaluaciones de las autoridades políticas, y en menor medida al régimen y a la comunidad política; en segundo lugar, porque se basa en las políticas actuales y estilo general de las autoridades políticas. Por su parte, el “apoyo difuso” se sostiene “independientemente de las ventajas específicas que el miembro juzga que le reporta pertenecer al sistema.”

Los dos conceptos de apoyo a la CE aportados por Lindberg y Scheingold coinciden igualmente con las dos dimensiones de la legitimidad que establece F. W. Scharpf (2000). El “apoyo difuso” (o legitimidad orientada hacia el “proceso” democrático) quedaría excluido en la Unión Europea a partir de la ausencia de una “densa identidad colectiva”.

La conclusión a la que llegan Lindberg y Scheingold es que, a excepción de los vínculos utilitarios que sugieren los datos relativos al mercado, hay escasa evidencia de una solidaridad real entre los pueblos. Las perspectivas para el futuro son sin duda positivas: si prevalece un clima de armonía social y se extienden los valores de clase media, el apoyo debe con toda probabilidad continuar creciendo como lo ha hecho en el pasado.

El “consenso permisivo” puede, sin embargo, verse puesto en peligro en lo relacionado con la legitimidad y relevancia de las actividades de la Comunidad. La legitimidad se acumulará despacio y de forma irregular, mientras el refuerzo de la relevancia de las tareas manejadas a nivel europeo puede conducir a la movilización política de unas elites no participantes y un público de masas que adoptan un rol activo.

¿No es exactamente esta situación la que se vive en Maastricht o con la Constitución? Ambos Tratados aceleran de forma significativa la naturaleza del proceso de integración y las responsabilidades comunitarias ¿No alteran estas circunstancias los cálculos del público sobre los costes y beneficios de la pertenencia a la Comunidad?

Hasta que la llamada “crisis de Maastricht” sobreviene, las teorías utilitaristas copan las conclusiones de los estudios sobre el apoyo hacia la integración europea. Según estas teorías, el apoyo derivado de los factores económicos no se traduce en un deseo de realizar sacrificios por otros Estados miembros en lo que se refiere a las dificultades económicas, aunque las predicciones de cara al crecimiento del apoyo hacia la CE son sin duda favorables.

Nada más lejos de la realidad. Después de superar los difíciles años setenta, con dos crisis petroleras y el impacto interno que supone la primera ampliación, con el subsiguiente declive de la tendencia al alza del apoyo popular en la década anterior, la gradual recuperación que se observa en los distintos estudios del Eurobarómetro durante los ochenta comienza a truncarse en 1989. Por aquel entonces, los asuntos relacionados con el mercado único comienzan a acelerarse y a ser examinados y discutidos entre los distintos sectores de la economía y la industria.

Precisamente, un estudio de la Comisión Europea publicado en otoño de 1995 (Standard EB 43) aborda la cuestión de la constante erosión del “consenso permisivo” desde finales de los ochenta, en relación al “apoyo utilitario” (que integra la variable del beneficio “neto” de la pertenencia a la UE y las expectativas “netas” hacia el Mercado Único) y al “apoyo constitucional” (apoyo “neto” hacia la pertenencia a la UE y hacia un gobierno europeo).

Como se ha mencionado anteriormente, en 1989 comienzan a verse los primeros síntomas de la recesión del apoyo, aunque sólo de tipo “utilitario”. El apoyo “constitucional” continúa subiendo hasta la primavera de 1991, pero, a partir de esta fecha, se inicia una caída en ambos niveles de apoyo que se acelera y amplifica en la primavera y otoño de 1992, coincidiendo con la crisis de la ratificación de Maastricht.

La curva del apoyo es, sin duda, un fiel reflejo de los acontecimientos políticos que se desarrollan en la época. El apoyo comienza a caer en el verano de 1991, justo antes de la cumbre de Maastricht, pero también después de la Guerra del Golfo y el inicio de la recesión económica en muchos Estados miembros. El comienzo oficial del Mercado Único parece cerrado y el desplome del bloque comunista trae la incertidumbre al futuro de la Europa del Este. Con los referendos danés y francés en la primavera de 1992 (el último de ellos precedido por el denominado “miércoles negro”, con la retirada de la Libra Esterlina y de la Lira del mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo) los indicadores de apoyo caen a su punto más bajo.

Tras la tendencia al retroceso en los noventa, a partir de finales de la década se produce un repunte lento pero constante, y esta es la tendencia que domina durante lo que llevamos de siglo XXI.

Aunque los ciudadanos siguen mostrando un apoyo de tipo “utilitario” a la UE y ven las ventajas de la pertenencia de su país a la Unión, no se atisba un fortalecimiento de los lazos de solidaridad, aquellos que tienen que ver con el desarrollo de un denso sentimiento de identidad colectiva: persiste un alto porcentaje (que varía en pocas décimas de un Eurobarómetro a otro, pero que suele rondar el 40 por ciento) de ciudadanos de los Estados miembros que se sienten únicamente identificados con la identidad nacional. Crece además el desinterés y domina el desconocimiento, la pasividad.

Y, sin embargo, algunos procesos de ratificación de los Tratados (Maastricht, Constitución, Lisboa) muestran una opinión pública que puede parecer en cierta medida más activa y desafiante porque tiende al rechazo. Pero, hay que insistir en que lo que prima es el desconocimiento del texto y términos de los Tratados que se votan, ya se acepten o se rechacen.

No hablamos, más que probablemente, de un “disenso activo” informado, sino más bien de campañas orquestadas desde ciertos sectores del euroescepticismo que calan puntualmente en la opinión pública nacional, en determinados países, y que se insertan en un contexto político y/o económico puntualmente complicado, y medido en clave nacional. Estamos pues, como bien lo calificó el presidente de la Convención Constitucional para el futuro de Europa, ante “un no al contexto, y no al texto”.

¿Cuál es la solución ante todas estas cuestiones? No cabe duda que la comunicación y la educación. La Europa de los ciudadanos no deja de ser una quimera, una etiqueta vacía de contenido si no se la dota de las herramientas necesarias. Y esas herramientas no pueden estar sino en el impulso de una dimensión europea de la educación cuyos contenidos estén consensuados a nivel europeo y en mayor medida introducidos en los currículos nacionales en las distintas etapas educativas. Así como en el diseño y puesta en marcha de una política de comunicación eficaz en su forma, intensidad y niveles de actuación, y, por supuesto, centrada en los problemas reales y cercanos del ciudadano.

¿Podemos acaso comparar la visibilidad de que tuvo la campaña de las elecciones europeas organizada por el Parlamento Europeo con la repercusión obtenida por la campaña del “No”, por ejemplo, en Irlanda? En invertir estas tendencias está la clave. La repetición de datos similares de opinión pública desde hace décadas lejos debe estar de “anestesiarnos”: estamos ante un problema real que las instituciones europeas deben resolver con celeridad y firmeza.

¿Cómo se articula el reparto de competencias entre la UE y sus Estados miembros? Algunas nociones y un poco de historia

Encarna Hernández

¿Un engranaje perfecto?
¿Un engranaje perfecto?

Clarificar el reparto de funciones entre la Unión y los Estados miembros fue una de las principales tareas que recogía el mandato de Laeken y que debía dirimirse en el marco de la Convención encargada de redactar un texto constitucional para Europa. El concepto de “reparto de competencias” surge ya en los albores de la cooperación europea, cuando en el encuentro de La Haya se habla de “divisibilidad” y posibilidad de “transferencia” de la soberanía o de parcelas de ésta. Tal noción fue sustituida más tarde por la de “atribución” a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Estamos, en cualquier caso, ante una atribución de tipo “funcional”, se entiende, limitada a los objetivos de la Unión, pero que goza de algunas excepciones, como enseguida comprobaremos.

¿Transferencia o atribución?

Los dos pilares del Derecho comunitario son, como es sabido, los principios de primacía y efecto directo. Pero resulta que, a su vez, y gracias a la acción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE),  constituyen una especie de “corolario” de la noción de “reparto de competencias”. Aunque para hablar de reparto de tareas entre la Unión y sus unidades soberanas tenemos que remontarnos un tanto atrás, concretamente al  Congreso de la Haya de 1948, donde ya se recoge la noción de “transferencia de derechos soberanos”, surgiendo aquí un nuevo concepto de “soberanía” basado en la “divisibilidad”.

En la misma línea marcada en La Haya, el TJCE realiza en 1964, en su famosa sentencia “Costa contra E.N.E.L”, una interpretación de la noción de “soberanía” muy alejada de su configuración tradicional en el marco de la Teoría del Estado, y que asienta al mismo tiempo las bases de la doctrina de la “primacía” del Derecho comunitario sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Para la Corte europea, la Comunidad está dotada de “(…) real powers stemming from a limitation of sovereignty or transfer of powers from the states to the Community, (…).” (ECJ, 1964).

El concepto de “transferencia” de competencias es, sin embargo, matizado en la jurisprudencia del Tribunal a favor de una segunda noción: la de “atribución”. La explicación que aporta la doctrina para tal giro terminológico del Tribunal atiende principalmente a la idea de que los Tratados no desposeen a los Estados miembros de sus antiguas competencias, sino que crean unas competencias “comunes” entre los Estados y la Comunidad en determinados ámbitos.

Un método funcional para la atribución de competencias: atribución limitada y algunos correctivos

A pesar de que la noción de “reparto de competencias” evoca el modelo federal, los Tratados comunitarios no utilizan una técnica federal para la distribución de tales facultades. Para empezar, no atribuyen esferas completas de competencias, es decir, competencias generales o por materias y, para terminar, no ofrecen un catálogo cerrado de competencias, a través de una enumeración que delimite las facultades atribuidas a la Comunidad y a los Estados miembros.

Por el contrario, los Tratados recogen un método “funcional” de atribución: se conceden competencias “específicas” en función de “objetivos a cumplir” y de “acciones a realizar” para tales fines (Isaac, 1983/1991: 38). Es decir, que al contrario que el Estado, que tiene una “finalidad integral”, con fines y poderes generales, la Comunidad ostenta una “finalidad funcional” que limita la competencia o poder que se le otorga (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 115).

Tal principio de atribución limitada de competencias aparece fundamentado en el artículo 5, párrafo primero, del TCE, el cual establece que: “La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna”. De igual forma, el artículo 7, párrafo primero, TCE, formula el mismo principio con respecto a la acción competencial por parte de las instituciones comunitarias, que actuarán “dentro de los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado.”

La noción de “competencias de atribución” específicas tiene, sin embargo, algunos correctivos, apareciendo, de este modo, más indeterminada en la práctica. De hecho, las instituciones europeas pueden recurrir a varios mecanismos para proceder a una ampliación de competencias: el art. 308 TCE; la técnica de la armonización de legislaciones y de las competencias implícitas; e igualmente la interpretación amplia realizada por el Tribunal de Justicia sobre el alcance de las competencias comunitarias.

La naturaleza dinámica y evolutiva del proceso de la integración europea contrasta con unas instituciones comunitarias atadas en su actividad normativa por un sistema de competencias de intervención “explícita”. Los autores de los Tratados se revelan conscientes de que los poderes conferidos a través de atribución específica son insuficientes para la consecución de unos objetivos asignados de forma concreta.

Es por todo ello que el art. 308[1] TCE prevé un recurso que permite a las instituciones adoptar las disposiciones necesarias de cara a alcanzar los objetivos de la Comunidad, y en el marco del funcionamiento del “mercado común”, siempre y cuando no exista atribución expresa (ausencia de base jurídica) o cuando ésta resulte insuficiente.

Como señalan Mangas Martín y Liñán Nogueras (2006), la “misión” de este precepto es adaptar y corregir la concepción rígida de la “competencia de atribución”, y su trascendencia radica en que permite a la Comunidad expandir sus competencias no sólo para la consecución de los objetivos del Tratado, sino también de los propios de cada una de sus disposiciones específicas.

Sin embargo, las condiciones a las que se sujeta este principio de competencia subsidiaria (a saber: su constreñimiento de cara a alcanzar los objetivos del Tratado; que se determine como necesaria la actuación de la Comunidad; y en ausencia o insuficiencia de la atribución explícita), limitan su ejercicio, impidiendo, como lo denomina Borchardt (2000)  una especie de “mandato general” que faculte a las instituciones para actuar fuera del marco de los objetivos del Tratado o para ampliar sus propias competencias en detrimento de los Estados miembros.

El recurso a la competencia evolutiva se utiliza con mucha frecuencia entre 1973 y 1992. El artículo 308 TCE es invocado como fundamento jurídico en el ámbito del “mercado común”, pero también en otros ámbitos, dada la amplitud del concepto, que incluye: las “cuatro libertades” (personas, servicios, mercancías y capitales); las políticas comunes (agricultura, pesca, transporte, comercial y monetaria), y las denominadas políticas de “acompañamiento”. La Comunidad interviene así en áreas tales como la protección del consumidor, el medio ambiente, la educación, la industria, la energía, la investigación y desarrollo, la política regional, o la cooperación al desarrollo, cuando aún no dispone de competencia explícita para ello, o ésta es considerada como insuficiente. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del Acta Única Europea (AUE) y del Tratado de la Unión Europea (TUE), que establecen facultades específicas para algunos de los citados ámbitos en el TCE[2], el recurso al artículo 308 TCE entra en desuso.

Los inconvenientes que la doctrina señala en lo que respecta al recurso al art. 308 TCE para proceder a una ampliación de competencias se centran principalmente en la cuestión de la ausencia de garantías de participación y control democrático: al contrario de lo que ocurre en la ampliación de facultades realizada a través del procedimiento de reforma de los Tratados, donde los Parlamentos Nacionales participan en el proceso de ratificación, el modo de proceder  a través de la competencia evolutiva deja a las Cámaras nacionales totalmente al margen, y sin que el control ejercido por estos últimos pueda ser reemplazado por el Parlamento Europeo.

Otra excepción que se desarrolla en la práctica al principio de atribución limitada de competencias se encuentra en la técnica de armonización de las legislaciones, establecida, a partir de la entrada en vigor del TUE, en el artículo 95 TCE (ex 100A). El artículo 95 TCE limita su uso a la consecución del “mercado interior”, tal y como éste se define en el artículo 14.2 TCE[3], pero la noción amplia del concepto hace difícil imponer una delimitación restrictiva para tal recurso. Ello explica que muchos expertos vean en tal precepto (más que en el art. 308 TCE) la principal posibilidad de la Unión de intervenir en un ámbito tan horizontal y genérico como el “mercado interior”.

La teoría de las competencias implícitas completa el “triángulo” competencial en virtud del sistema de atribución, sumándose a las ya comentadas en párrafos superiores: las competencias explícitas y las competencias subsidiarias. Según tal doctrina, una organización internacional puede disponer de las competencias necesarias para ejercitar eficaz y coherentemente las atribuciones explícitamente concedidas en el Tratado.

Las facultades implícitas disfrutan de especial relevancia en el ámbito de las relaciones exteriores: la competencia externa se deriva de la existencia previa de una competencia explícita en un ámbito interno concreto, en virtud de la cual la Comunidad puede celebrar acuerdos con Terceros Países o con otras organizaciones internacionales en tal ámbito. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo aporta una amplia y abierta interpretación de esta competencia externa implícita de la Comunidad, reconociéndola expresamente como válida en el ordenamiento jurídico comunitario[4].

Cierta confusión a la hora de clasificar el reparto de tareas

Además del sistema de atribución, las competencias comunitarias admiten otra triple clasificación en virtud del reparto de facultades entre la Unión y los Estados miembros, y que atiende al mayor o menor grado de pérdida competencial por parte de los Estados. De este modo, existen tres tipos de competencias de algún modo aceptadas por la doctrina, aunque no siempre en la misma media, lo que refleja el carácter confuso del sistema.

En primer lugar, la Comunidad goza de competencias exclusivas[5]: ámbitos en los que tiene plena capacidad para legislar, quedando excluida la intervención estatal, salvo autorización expresa de la Comunidad. En segundo lugar, la Comunidad y los Estados miembros comparten titularidad y concurren ambos en los ámbitos de competencia compartida o concurrente[6]: la mayoría de los ámbitos referidos en el Tratado se incluyen en esta categoría, en los cuales los Estados miembros pueden seguir actuando mientras la Unión no ejerza su competencia. Estas áreas de intervención están a su vez regidas por el principio de subsidiariedad. En último término, dentro de las competencias complementarias[7], la capacidad legislativa corresponde a los Estados miembros, limitándose la actuación de la Unión a coordinar, apoyar o completar dicha actuación.

La clarificación del reparto competencial en el epicentro del debate constitucional… y lo que ha quedado en Lisboa

La Declaración 23 de Niza y la Declaración de Laeken establecen que una de las cuestiones fundamentales que tiene que dilucidar el proyecto de Tratado Constitucional es el reparto de competencias entre la Unión, sus Estados miembros y los gobiernos regionales, conforme al principio de subsidiariedad.

De este modo las competencias de la Unión se recogen en el Título III de la Parte I del Tratado (arts. I-11 a I-18). El artículo I-11 confirma los principios de atribución de competencias, de subsidiariedad y proporcionalidad, mientras que el art. I-18 retoma el fondo el artículo 308 del TCE, aunque ahora la UE podrá extender su actuación para alcanzar uno de los objetivos de la Constitución a todas las políticas contempladas en la parte III del Tratado, y no sólo al ámbito del mercado común. Como recuerdan Borrell, Garrido y López Carnero, la Cláusula de flexibilidad se introduce para evitar que la clasificación de las competencias se convierta en un “catálogo rígido”, totalmente “ajeno a la evolución de la realidad” (2003: 67).

Las novedades más relevantes que aporta el texto Constitucional a la cuestión competencial son la clasificación de las competencias (art. I-12) –que se articulan ahora en tres tipologías: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento- y, sobre todo, la introducción de un “sistema de alerta temprana” para el control por parte de los Parlamentos nacionales de la correcta aplicación del principio de subsidiariedad.

Ya decíamos, en un reciente artículo sobre el principio de subsidiariedad, que la reforma de Lisboa era una digna heredera del esfuerzo democratizador del Tratado Constitucional en lo que concierne al control de la subsidiariedad. No podía ser menos en la cuestión del reparto competencial, recogido en el Título I “Categorías y ámbitos de competencias de la Unión”[8].

Aunque se hayan dejado muchas cosas en el camino que separa la Constitución Europea del Tratado de Lisboa (principalmente el reto normativo de la Unión Europea, es decir, aquel que tiene que ver con la necesidad de aclarar los cimientos de su constitución, sus valores y su identidad), el reto de clarificar el reparto de tareas entre la UE y los Estados miembros se puede afirmar que ha sido atendido con precisión.

Referencias:

Borchardt, K. D. (2000). El ABC del Derecho Comunitario (5ª edición). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Borrell, J., Carnero, C., & López Garrido, D. (2003). Construyendo la Constitución Europea. Crónica política de la Convención. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Congress of Europe. (1948). Political Resolution. The Hague, May 1948: Resolutions. London-Paris: International Committee of the Movements for European Unity (s. d.), pp. 5-7.

Convención Europea, Grupo de Trabajo I: Subsidiariedad. (2002). Informe final. Bruselas, 23.09.2002. (CONV 286/02).

Declaración de Laeken (2001). Declaración sobre el futuro de la Unión Europea, Consejo Europeo de Laeken, 15 de diciembre de 2001.

Declaración relativa al futuro de la Unión, Tratado de Niza, 26.02.2001 (DO C 80, de 10.03.2001 pp. 85-86).

ECJ. (1956). Judgment of 29 November 1956, Case 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique v. High Authority of the ECSC, ECR (1956), p. 292.

ECJ. (1964). Judgment of 15 July 1964, Case 6/64, Flaminio Costa v. E.N.E.L., ECR (1964), p. 585.

ECJ. (1976). Judgment of 14 July 1976, Joined cases 3, 4 and 6/76, Cornelius Kramer and others, ECR (1976), p. 1279.

Isaac, G. (1991). Manual de derecho comunitario general (2ª ed. aum. y puesta al día. G. L. Ramos Ruano, Trad.). Barcelona: Ariel. (Trabajo original publicado en 1983).

Louis, J.-V. (1995). El ordenamiento jurídico comunitario (5ª ed. corr. y aum.). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones. (Trabajo original publicado en 1979).

Mangas Martín, A., & Liñán Nogueras, D. J. (2006). Instituciones y Derecho de la Unión Europea (5ª ed. reimpr.). Madrid: Tecnos.


[1] El art. 308 TCE dispone: Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes”.

[2] En concreto, el TUE establece una atribución de competencia explícita en ámbitos como la educación, la formación profesional y la juventud (arts. 126 y 127), la protección del consumidor (art. 129A), la salud pública (art. 129) y la política industrial (art. 130).

[3] “El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado.” (art. 14.2 TCE).

[4] Véase a modo de ejemplo los Asuntos Fédéchar y Krame”: ECJ (1956, 1976).

[5] La competencia exclusiva se refiere a ámbitos tales como: unión aduanera; política comercial común; política monetaria dentro de la zona euro; gestión y conservación de recursos pesqueros en alta mar; y competencia leal entre empresas en la perspectiva del impacto en el comercio de los Estados miembros.

[6] La competencia compartida incluye, entre otros ámbitos, el mercado interior, la política agrícola –cuando ésta no se refiere a las organizaciones comunes de mercado, siendo en este aspecto “exclusiva”-, la política social, la política de cohesión económica, la protección de los consumidores, la política de I+D, la política de transportes o la de visados, asilo e inmigración –en relación a la libre circulación de personas-.

[7] Son competencias complementarias: la educación y formación profesional; el deporte; la juventud; la cultura; el turismo o la industria.

[8] Véase versión consolidada del TFUE (DOUE C 115,  9.5.2008).

Francisco Sosa Wagner y el futuro de Europa. Entrevista con el eurodiputado español de UPyD

Por Encarna Hernández

Francisco Sosa Wagner
Francisco Sosa Wagner

Firme defensor de la fórmula federal que impulsaron los “padres fundadores” de la unidad europea, el eurodiputado Francisco Sosa Wagner (Grupo de los No Inscritos) considera que ha llegado la hora de superar el concepto de Nación en las relaciones internacionales. Ésta es la visión esencial que sobre el futuro de la UE tiene este jurista que desde las pasadas elecciones europeas de junio se ha convertido en el primer representante de Unión, Progreso y Democracia en la Eurocámara. Pero en sus palabras encontramos también al hombre que reconoce emocionarse con la música de Beethoven y los versos de Schiller, figuras que encarnan, al mismo tiempo, un auténtico germen cultural europeo. A nosotros, los ciudadanos europeos de a pie que creemos también en la “finalidad” política y federal de la Unión, no nos quedó otro remedio que emocionarnos igualmente con su último discurso en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el pasado 7 de octubre, a propósito del “sí” irlandés a Lisboa. Aquel día, con su intervención, Sosa Wagner, el eurodiputado, el jurista, el ciudadano europeo, nos presentó su visión sin fisuras de la Europa que se construye desde el hemiciclo que se alza como el pilar fundamental de la democracia comunitaria: el Parlamento Europeo, “el palacio de la Quimera”, “el palacio de los sueños”.

Hoy tenemos la suerte de tenerle como protagonista en este blog. Gracias, profesor Sosa Wagner, por atender tan amablemente a nuestro cuestionario. Aquí os dejo el resultado.

P. Tuvimos la ocasión de constatar su defensa del horizonte federal de la Unión Europea en un artículo publicado el El Mundo (29/09/2009), en el que, además, afirma con rotundidad que Europa no es una nación, “ni falta que le hace”. Afirma que es precisamente desde este “déficit”, desde esa diversidad fecundadora, desde donde la Unión debe tomar impulso. En este sentido, nos gustaría saber si considera errónea la tendencia en el intento de europeizar las identidades de los ciudadanos de la Unión utilizando para ello las mismas fórmulas que el Estado-nación, es decir: himno, bandera, matrículas, moneda, etc.

R. En efecto, defiendo una concepción federal de la Unión europea porque me parece que es la fórmula que emplearon los padres fundadores y para comprobarlo no hay más que leer las Memorias de Jean Monnet donde aparece muy claro su ideario federal. Pero no es el único y parecidas posiciones encontramos en los escritos de Robert Schuman, de Adenauer y del propio De Gasperi. Creo además que esta concepción federal es la que mejor cuadra para fortalecer Europa, toda vez que la creación de grandes conjuntos geográficos de carácter político y económico es una exigencia insoslayable del siglo XXI.

Respecto al concepto de nación, he defendido en mi libro “El Estado fragmentado” el declive jurídico político de este término, falto ya en estos momentos de la ambición conformadora con que nació a finales del siglo XVIII y se mantuvo durante buena parte del XIX. De la nación nacerá el nacionalismo que es la peor enfermedad del siglo XX. Sin embargo esto no quiere decir que todo aquello que el concepto de “nación” llevaba en su panza haya de ser tirado por la borda. La nación ha servido para integrar colectividades humanas y ésta es una dimensión que puede servir, no para crear una nación europea, sino para conformar y dar realce a una cultura europea que asuma todo lo bueno y lo malo del legado histórico del que los europeos somos depositarios. Respecto de determinados símbolos, yo confieso que me emociono al oír la música de Beethoven y los versos de Schiller.

Intervención en el Pleno del 7/10/09
Intervención en el Pleno del 7/10/09

P. Volviendo a ese horizonte de la construcción federal de la que hablábamos al principio, el propio derecho comunitario viene siendo interpretado por juristas y teóricos constitucionales como una auténtica constitución material. ¿Está de acuerdo con esta visión de autores como Weiler o Díez Picazo en el sentido de que existe un proceso de “constitucionalización” en la construcción legal de la Unión? Aún más, a propósito de la malograda Constitución europea, ¿Se puede hablar de texto de naturaleza constitucional y no hablar de federación?

R. La magia de las palabras es mucha pero no quisiera enredarme en esta idea de algunos de mis colegas relacionada con la Constitución, tanto en sentido material como formal. Creo que el Tratado de Lisboa es un buen mecanismo para seguir avanzando y en ese sentido lo defiendo, consciente como soy de que el edificio europeo hay que ir construyéndolo paletada a paletada, como por cierto nos enseñó también Monnet.

P. Los últimos acontecimientos electorales en Europa han revelado el declive del socialismo en nuestro Continente. En el caso concreto de la Eurocámara, hemos visto que el PSE ha pasado de ser el grupo mayoritario a verse en la necesidad de buscar la alianza con un sector de los demócratas. Para empezar, se ha comenzado legislatura con el voto de confianza a J. M. Durao Barroso de parte de un sector del socialismo europeo. Partiendo de este hecho, pero poniendo la vista más a largo plazo, ¿qué consecuencias considera que puede tener para el futuro de la integración europea este declive del socialismo?

R. En efecto el declive del socialismo en nuestro continente es palmario. Creo que esto viene de no haber sabido asimilar la lección que al mundo dio la caída del muro de Berlín y a la falta de cabezas creadoras e imaginativas. Diría que hay mucho burócrata en el socialismo europeo pero poca reflexión arriesgada y de altos vuelos. El hecho de que en la última elección del Presidente de la Comisión, el grupo socialista no haya sido capaz de presentar a un candidato, avala concluyentemente esta impresión. Y subrayo la importancia de la presentación del candidato porque a mi me hubiera gustado oírle exponer su visión de Europa y contrastar si es muy diferente de la que sostiene un hombre tan conservador como Barroso.

P. Se cumplen ahora diez años de la Asociación Estratégica ALC-UE. Precisamente, en 2010 se celebrará en nuestro país la VI de estas Cumbres, que además coincidirá con la presidencia española del Consejo de la UE. ¿Cree que esta presidencia puede contribuir decisivamente a reactivar el diálogo bilateral entre la UE y América Latina? ¿Considera que este diálogo se ha estancado en los últimos años?

R. Sobre este asunto de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina todavía no he tomado contacto con él, a finales de este mes de octubre haré mi primer viaje a ese continente y allí me empezaré a formar una idea propia.

P. Por último: hace unas semanas tuvimos conocimiento del proyecto de crear un grupo parlamentario bajo las señas de “Más Europa, Más ciudadanía”. ¿Nos podría contar, en líneas básicas, qué modelo institucional y qué modelo de integración defendería este nuevo grupo en el Parlamento Europeo?

R. En efecto tratamos de crear un grupo parlamentario propio en el Parlamento Europeo que asuma las líneas programáticas de Unión Progreso y Democracia pero soy consciente de las dificultades que tengo. De todas maneras esfuerzos no regatearé porque, como decían los latinos, “per aspera” se llega “ad astra”, es decir, por las dificultades se llega a las estrellas, esas que justamente conforman la bandera europea.

……….

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Además de jurista y escritor (su último libro, publicado en 2009, Juristas en la Segunda República, de la editorial Marcial Pons), es experto en política autonómica, contribuyendo en su momento al diseño del modelo autonómico español. En los comicios de junio de 2009 fue elegido eurodiputado como cabeza de lista de Unión, Progreso y Democracia. En el Parlamento Europeo, trabaja como miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, así como de las Delegaciones en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile y en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

……….

Nota de la autora: Esta entrevista ha sido incorporada a la página en Wikipedia de Francisco Sosa Wagner.

El principio de subsidiariedad: la evolución de una fórmula magistral

ENCARNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

La reforma de los Tratados operada en Lisboa es digna heredera del esfuerzo democratizador que recogía la malograda Constitución europea. Uno de los principales argumentos que utiliza la crítica del “déficit democrático” de la Unión es precisamente la nula capacidad de control que tienen las asambleas nacionales y regionales elegidas sobre las decisiones que se toman en Bruselas. En esta línea, Lisboa determina una contribución más activa de los Parlamentos Nacionales al buen funcionamiento de la Unión (art. 12 TUE ), previendo, además, su control al respeto de la subsidiariedad a través del denominado “sistema de alerta temprana”, recogido en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

¿El secreto del éxito?
¿El secreto del éxito?

Hablamos de un concepto, el de subsidiariedad, que ya está plenamente integrado en el acquis comunitario, pero que en su momento fue una de las aportaciones más trascendentes del Tratado de la Unión Europea de cara a forjar un mayor control democrático en la actividad de la UE. Aunque no es en el Tratado de Maastricht el primer texto donde encontramos un concepto que tampoco tiene su origen en el lenguaje comunitario ni en su tradición legal.

Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea en 1993, el principio de subsidiariedad se convierte en la norma general a la que se somete el ejercicio de las competencias por parte de la UE. El TUE asciende así a rango constitucional un principio que está ya en la base de los Tratados fundacionales de París y Roma, incluyéndolo ahora de forma expresa, y elevándolo definitivamente al nivel de los principios de la Comunidad.

El concepto aparece por primera vez en un texto oficial de las Comunidades Europeas en 1975, en un Informe de la Comisión sobre la Unión Europea. El citado texto alude a la subsidiarité como el principio de acuerdo con el cual la Unión adoptará responsabilidades sólo en aquellos ámbitos en los que los Estados miembros no sean capaces de actuar eficientemente de forma separada. La noción de subsidiariedad aparece ya aquí ligada a los ámbitos de competencia concurrente (o compartida) (Commission of the European Communities, 1975).

El 14 de febrero de 1984, el Parlamento Europeo aprueba una Resolución sobre el Proyecto de Tratado por el que se establece la Unión Europea (“Proyecto Spinelli”). El principio de subsidiariedad se incorpora en el artículo 12, apartado segundo, dentro de los ámbitos de acción de competencia concurrente conferidos por el Tratado a la Unión, en los que los Estados miembros actuarán mientras la Comunidad no ejerza su competencia legislativa.

El AUE introduce por primera vez en un Tratado la subsidiariedad, aunque de forma restringida a la política medioambiental (art. 130R, apartado 4). Es finalmente en Maastricht cuando se toma la decisión de incluir el principio de forma generalizada al conjunto de las competencias comunitarias compartidas, otorgándole de este modo un peso jurídicamente vinculante. En este sentido se expresa el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en junio de 1992, cuando hace referencia a la integración de este principio “as a new legally binding ground rule in the Treaty (…).” (European Council, 1992).

Más allá de que se le reconozca una repercusión legal, lo cierto es que la trascendencia principalmente política de la subsidiariedad es ampliamente reconocida. Para la Comisión, implica la aplicación del principio de “good sense” en el ejercicio de las competencias por parte de las instituciones comunitarias, además de relacionarse estrechamente con los objetivos de mayor control democrático y mayor transparencia en la actividad de la Unión. (Commission of the European Communities, 1992).

En cualquier caso, con la incorporación al TUE del principio de subsidiariedad se explicita un principio central en toda constitución de tipo federal en lo referente a la forma de regulación del ejercicio de competencias entre las distintas unidades que componen la unión. Como recuerda Habermas, la subsidiariedad se configura como el “principio fundacional que completa las necesidades de las unidades diversas y territorialmente distintas que integran una federación.” (Habermas, 2001: 22).

En realidad, la tradición legal de la que deriva el concepto de subsidiariedad es el Derecho canónico católico, y en su momento se aplica para, con dudosa eficacia, impedir la centralización del poder en la Iglesia Romana (Siedentop, 2000/2001: 34). Como recoge The HarperCollins Encyclopaedia of Catholicism, el principio de subsidiariedad se define como “la moderna enseñanza social católica”, la cual, según el Papa Pío XI, quién la articula inicialmente en Quadragesimo Anno (1931), se basa en la máxima “de que las mejores instituciones para responder a una determinada tarea social son las más próximas a ella.” (McBrien, 1995: 1227).

Este principio del deber de adoptar las decisiones en el nivel más próximo al ciudadano se recoge en el Preámbulo y en los artículos A y B del TUE (arts. 1 y 2 v.c.), cuando se hace referencia al establecimiento de “una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos.” (art. A TUE). De ello se deduce que la estructura federal debe actuar a modo de “ultimo recurso” (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 119), siempre en respeto del principio de subsidiariedad.

Así, el artículo 3B del TUE (art. 5 TCE v.c.), en su párrafo segundo, precisa que el principio de subsidiariedad regula el ejercicio de las competencias compartidas (no exclusivas), ámbitos en los que la Comunidad sólo actuará si los objetivos pueden lograrse mejor a escala comunitaria que a nivel nacional, “debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada.”

Tal párrafo segundo contiene, para la Comisión (Commission of the European Communities, 1992), una de las dos dimensiones que integran el concepto de subsidiariedad: la “necesidad” de acción. La otra dimensión legal la componte la “intensidad”, o lo que es lo mismo, la “proporcionalidad” de la acción que se lleva a cabo.

La Unión no sólo debe intervenir con carácter subsidiario en relación a las competencias compartidas, sino que también debe ajustarse con carácter general y en el ejercicio de toda clase de competencias al principio de proporcionalidad. El párrafo tercero del artículo 3B especifica que “ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.”

Es decir: antes de adoptar una reglamentación a nivel comunitario hay que plantearse la naturaleza e intensidad de tal medida (Borchardt, 2000: 29). Se explicita así el principio de proporcionalidad, que hasta el TUE se limita a ser un concepto aportado por la jurisprudencia del TJCE, y en relación a la protección de los operadores económicos (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 121; Borchardt, 2000: 29).

Fuera del marco legal del artículo 3B, otra noción que afecta al ejercicio de las competencias comunitarias se refiere al principio de suficiencia de medios, el cual dispone que “la Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas.” (art. F.3 TUE; art. 6.4 de la v.c.).

Para V. Constantinesco, el nivel de popularidad y polémica que alcanza el principio de subsidiariedad desde su incorporación al TUE se debe a su ambigüedad: responde tanto al temor a la pérdida de soberanía nacional por la extensión de las competencias de la Unión, como a la expectativa de un incremento legítimo de los ámbitos competencia comunitarios (Constantinesco, 1991: 440).

En efecto, en la subsidiariedad, tal y como está definida en el TUE, se detecta tanto una “vertiente positiva” –como motor para extender las competencias de la UE, en pos de una intervención comunitaria cuando los fines y objetivos de la acción se puedan alcanzar mejor a nivel europeo- y una “vertiente negativa” o “lectura restrictiva” del principio –interpretando que la Unión debe abstenerse de actuar si los objetivos de la acción son alcanzados suficientemente por los Estados- (Borchardt, 2000: 29).

Para Louis, si se concibe de cara a un “ejercicio óptimo de las competencias y con un espíritu de cooperación y solidaridad entre los distintos niveles de poderes”, el resultado es un principio inherente a toda constitución federal, más que una noción “ofensiva” hacia las competencias de la Unión (Louis, 1979/1995: 106).

Para algunos académicos, el principio de subsidiaridad responde al recelo hacia un modelo de integración europea que se construya sobre la centralización del poder[1]. Según L. Siedentop, la adopción de la subsidiariedad se plantea de forma precipitada entre los líderes europeos, obligados por el temor popular a un Estado centralizado en Bruselas y el debilitamiento del control democrático (Siedentop, 2000/2001: 34). Según G. Majone, hay una clara tendencia hacia formas descentralizadas de gobierno, sobre todo desde Maastricht, donde se realiza una nueva definición de competencias que, de hecho, limita su ejercicio por parte de las instituciones de la Comunidad. Para el citado autor, la subsidiariedad supone la anulación de un concepto de CE que “ensancha sin cesar los límites de su propia competencia (…) alejándose del modelo clásico de apropiación que implicaba la transferencia de una competencia exclusiva a sus manos” (Majone, 2002: 333).

En definitiva, el principio de subsidiariedad se revela como un arreglo precario que provoca una profunda polémica entre aquellos que lo ven como un freno al Gran Estado centralizado europeo y aquellos que lo interpretan como un legítimo y democrático punto de partida para una ampliación de las competencias de la Unión. Al fin y al cabo, el compromiso alcanzado en Maastricht sobre la subsidiariedad es un claro exponente de lo que se denomina “ambivalent agreement” (Magnette, 2003: 7); es decir, un acuerdo concreto, sobre mínimos, basado en preferencias y creencias distintas que se anulan unas a otras (Elster, 1998).

Precisamente por esta razón, la clarificación del reparto de competencias entre la UE y sus Estados miembros, y una interpretación más nítida de su aplicación, es decir, del principio de subsidiariedad, es una de las cuestiones principales que centra el debate sobre el “futuro de Europa” en el proceso constituyente iniciado en 2001.

Las novedades más relevantes que aporta el texto Constitucional a la cuestión competencial son la clasificación de las competencias (art. I-12) –que se articulan ahora en tres tipologías: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento– y, sobre todo, la introducción de un “sistema de alerta temprana” para el control por parte de los Parlamentos nacionales de la correcta aplicación del principio de subsidiariedad.

El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado, establece que la Comisión deberá remitir sus proyectos de actos legislativos a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, motivándolos en relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; a partir de entonces, los Parlamentos tienen un plazo de seis semanas (se amplía a ocho semanas en Lisboa) para emitir un dictamen motivado que exponga las razones por las que la propuesta de la Comisión vulnera el principio de subsidiariedad; cuando los dictámenes motivados que se remitan representen al menos un tercio del total de los votos atribuidos a los Parlamentos nacionales –cada Parlamento dispone de dos votos-, la Comisión está obligada a volver a estudiar su propuesta.

El citado Protocolo, junto con otro relativo al cometido de los Parlamentos nacionales en el proceso decisorio, responde al requerimiento de Niza y Laeken de clarificar su función en la estructura comunitaria, y redunda en el reclamo de un mayor control democrático de la toma de decisiones dentro de la Unión.

Como decía al comienzo, Lisboa es digna heredera del esfuerzo democratizador que recogía el texto constitucional. También lo es de la evolución del concepto de subsidiariedad a lo largo y ancho del acquis legal de las Comunidades y de la UE. También es un concepto fundamental desde el que abordar el debate sobre el “déficit democrático”. Cuestión amplia, compleja y profunda donde las haya. Lo dejamos, si os parece, para otra ocasión.

Referencias:

Borchardt, K. D. (2000). El ABC del Derecho Comunitario (5ª edición). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Commission of the European Communities. (1975). Report on European Union. (Bull. EC Suppl. N.º 5/75).

Commission of the European Communities. (1992). The principle of subsidiarity. Brussels, 27.10.1992. (SEC(92) 1990 final).

Elster, J. (1998). Deliberation and Constitution-Making. En J. Elster (Ed.), Deliberative Democracy (pp. 97-122). Cambridge: Cambridge University Press.

European Council. (1992). Conclusions of the Presidency, Lisbon, 26-27 June 1992 (Bull. EC 6-1992).

European Parliament. (1984). Resolution on the Draft Treaty establishing the European Union. (OJEC C 77, 19.03.1984, p. 53).

Habermas, J. (2001). ¿Por qué Europa necesita una constitución? New Left Review (edición española), No. 11, 5-25.

Louis, J.-V. (1995). El ordenamiento jurídico comunitario (5ª ed. corr. y aum.). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. (Trabajo original publicado en 1979).

Magnette, P. (2003). Does the process really matter? Some reflections on the “legitimating effect” of the European Convention. CES Working Paper Series #102. Cambridge, MA: Center for European Studies, Harvard University. Obtenido el 09.12.2006 desde http://www.ces.fas.harvard.edu/publications/docs/pdfs/Magnette2.pdf.

Majone, G. (2002). Evolución de las políticas e instituciones regulatorias en la Unión Europea. Foro Internacional, XLII(2), 331-349.

Mangas Martín, A., & Liñán Nogueras, D. J. (2006). Instituciones y Derecho de la Unión Europea (5ª ed. reimpr.). Madrid: Tecnos.

McBrien, R. P. (Ed.) (1995). The HarperCollins Encyclopaedia of Catholicism. New York: HarperCollins.

Siedentop, L. (2001). La democracia en Europa (A. Resines Rodríguez & H. Bevia Villalba, Trads.). Madrid: Siglo Veintiuno. (Trabajo original publicado en 2000).

Nota: Artículo reproducido en la Web de CELARE (Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa).

[1] La Comisión Europea se refiere al citado temor en su Informe sobre la Unión Europea de 1975: “No more than the the existing Communities have done so, European Union is not to give birth to a centralizing super-state. Consequently, and in accordance with the ‘principe de subsidiarité’, the Union will be given responsibility only for those matters which the Member States are no longer capable of dealing with efficiently.” (Commission of the European Communities, 1975).

Joschka Fischer y el futuro de la UE: Hacia una federación europea

Encarna Hernández Rodríguez.

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Joschka Fischer

Con la convocatoria de una Convención para el debate sobre el “futuro de la Unión”, La Declaración de Laeken (2001) supone la definitiva “concreción audaz” (Aldecoa Luzarraga, 2002) de un debate constitucional que un año antes inicia, no menos audazmente, el Ministro del Exterior alemán, Joschka Fischer, en un discurso pronunciado en la Universidad Humboldt de Berlín.

La propuesta sobre el futuro de Europa que Fischer plantea en la primavera de 2000 destaca tanto por su oportunismo –cuando de forma paralela la UE está inmersa en dos procesos de “naturaleza constitucional” (Aldecoa Luzarraga, 2002: 4-5), tales como la CIG que acuerda el Tratado de Niza y la Convención que redacta la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE-, como por su ambición e inteligencia –rompiendo, por lado, la tendencia de un debate sobre Europa que en los últimos años se aleja del modelo federal[1]y, por otro lado, con la postura de algunos académicos como L. Siedentop (2000/2001), que niegan la existencia del tal debate sobre una base minuciosa y lúcida (Habermas, 2001: 5)-.

Para Fischer, la UE se enfrenta en la primera década del siglo XXI al enorme desafío de organizar dos procesos de forma paralela y satisfactoria: la ampliación de la Comunidad al Este, que casi doblará su número de miembros, y la necesidad de reformar unas Instituciones en su día creadas para una Unión de seis Estados, de modo que sigan siendo efectivas en una UE de 27, o incluso de 30 Estados. La solución a este desafío es simple para el ministro alemán: la creación de una Federación europea, basada en un Tratado Constitucional, se presenta como “the last brick”[2] de la integración política europea (Fischer, 2000: 2, 7).

Fischer propone una nueva arquitectura institucional para una Europa que represente tanto a los Estado-nación como a los ciudadanos: el Parlamento Europeo estaría dotado de dos cámaras, una con miembros elegidos directamente por la ciudadanía europea, y que a la vez serían miembros de sus respectivos parlamentos nacionales, y una segunda cámara conformada por los senadores directamente elegidos de los Estados miembros, bajo el modelo de Senado de los EEUU, o el del Bundesrat alemán. Por su parte, el ejecutivo o gobierno europeo se desarrollaría, bien tomando como punto de partida la actual Comisión, con un presidente elegido por sufragio universal y amplios poderes ejecutivos, o bien transformando el Consejo Europeo en una institución gubernamental (Fischer, 2000: 8).

Para el político alemán, sólo un Tratado Constitucional puede ofrecer una respuesta al problema del ‘déficit democrático’ de la UE y a la necesidad de establecer un reparto transparente de las competencias, tanto vertical como horizontalmente. La cuestión de la “división de la soberanía” –por ende, del principio de subsidiariedad– entre la UE y sus Estados miembros es así el axioma central sobre el que debe completarse la integración europea:

“This would be a lean European Federation, but one capable of action, fully sovereign yet based on self-confident nations-states, and it would also be a Union which the citizens could understand, because it would have made good its shortfall on democracy.” (Fischer, 2000: 8-9).

Discursos como el de Fischer ponen encima de la mesa una realidad ineludible para Europa: acaba un ciclo y se hace necesario un nuevo método para proseguir con el proceso de integración. Hay, pues, que repensar Europa.

Referencias:

  • Aldecoa Luzarraga, F. (2002). Primeros resultados del debate sobre el futuro de Europa: entre la profundización y la refundación (2000-2002). DT N.º 8/2002, 04.11.2002. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Disponible online desde:  http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/DT8-2002.
  • Fischer, J. (2000). From Confederacy to Federation. Thoughts on the finality of European integration. Speech at the Humboldt University, Berlin, 12.05.2000. Disponible online desde:  http://www.ena.lu?lang=2&doc=16647.
  • Habermas, J. (2001). ¿Por qué Europa necesita una constitución? New Left Review (edición española), No. 11, 5-25.
  • Siedentop, L. (2001). La democracia en Europa (A. Resines Rodríguez & H. Bevia Villalba, Trads.). Madrid: Siglo Veintiuno. (Trabajo original publicado en 2000).

[1] J. Habermas (2001) señala la obra de L. Siedentop (2000/2001) como uno de los exponentes de un debate constitucional sin implicaciones federalistas. El debate actual sobre Europa se aleja así de la idea de unos “Estados Unidos de Europa” que en su día defienden los padres de la integración europea (Habermas, 2001: 5). En efecto, en La democracia en Europa, Siedentop apuesta por un debate constitucional que no suponga un previo compromiso con el federalismo como “consecuencia más deseable”, sino que tienda hacia una nueva forma política: “… algo más que una confederación pero menos que una federación: una asociación de Estados soberanos que aportan su soberanía sólo en áreas muy restringidas o en diversos grados, una asociación que no busca disponer de poder coercitivo para actuar directamente sobre los individuos a la manera de los Estado-nación.” (Siedentop, 2000/2001: 1).

[2] El último ladrillo.

Nota: puedes acceder al speech de J. Fischer pinchando sobre la fotografía. Accederás a la base de datos ENA, al enlace directo donde está incluido.