La presidencia española de la UE calienta motores en una arquitectura institucional sin precedentes

Por Encarna Hernández

La presidencia de la UE ¿Un puzle con demasiadas piezas?

Dudas, muchas dudas, a la par que expectativas, es lo que genera el inminente comienzo de la presidencia española de la Unión Europea. Y la incertidumbre deriva (más allá de la mayor o menor confianza que se pueda tener en la capacidad de buen hacer del actual Ejecutivo español) de una cuestión de engranaje institucional, pues la presidencia española se moverá en un marco sin precedentes en toda la historia de la UE: deberá cohabitar con los dos nuevos Altos Cargos de la Unión (Presidente y Ministra de Asuntos Exteriores), además de tener que demostrar la eficiencia e idoneidad del invento de la presidencia “trío”, junto con Bélgica y Hungría. ¿Es esta nueva UE, tras Lisboa, un “monstruo” con demasiadas cabezas?

España asumirá, por cuarta vez, la presidencia del Consejo de la UE el próximo 1 de enero, tomando el revelo a la actual presidencia sueca. Hasta aquí, nada fuera de lo común, ya que se continúa con el tradicional baile de presidencias rotatorias, cada una de ellas con una duración de seis meses. Pero ya desde la presentación del logo de la presidencia hispana, allá por finales del mes de octubre, pudimos advertir que ésta no iba a ser una presidencia como las demás.

Para empezar, se presentó un logotipo común que reflejaba la presidencia “a trío” entre España, Bélgica y Hungría, una innovación que viene a consecuencia de la entonces inminente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y que se supone debe fortalecer y dar más agilidad, coordinación y, por tanto, eficacia, a las distintas y sucesivas presidencias del Consejo. Sin embargo, no podemos abstenernos de comenzar a vislumbrar aquí, en la presidencia ” a trío”, a una UE con demasiadas cabezas, o un corral con demasiados gallos, por continuar con las analogías.

La cosa no acaba aquí, porque, como por todos es conocido, habrá, además de la presidencia “trío”, un presidente de facto del Consejo de la Unión, el recién nombrado Van Rompuy, que tendrá que cohabitar con Zapatero. Y no, las dualidades que se suman a las presidencia “trío” tampoco se terminan aquí, pues ahí tenemos al responsable de Exteriores de nuestra presidencia, el ministro Moratinos, cuya labor tendrá que acoplarse con la de la nueva Alta Representante de la Política Exterior de la Unión, Catherine Ashton. Aunque tal vez los Estados ya se han asegurado, avalando los nuevos nombramientos de “perfil bajo”, de que sólo haya un gallo en el corral, entiéndase, el Estado de turno.

Vayamos ahora a las prioridades de la presidencia española de la UE, presentadas por el presidente Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados a mediados de este mes de diciembre. Destacan aquí cuatro grandes temas, a saber: impulsar la recuperación económica; desarrollar una Europa social y de los ciudadanos; fortalecer la posición de la UE como actor global; y dar plena aplicación al nuevo Tratado de Lisboa.

Para salir de la crisis económica se apuesta por la coordinación interna, la contribución a la gobernanza financiera y su supervisión, un mercado único de servicios financieros, la creación de empleo de calidad, la educación y el medio ambiente, todo ello en el marco de la nueva Estrategia Europea de crecimiento sostenible para el horizonte de 2020.

Otra prioridad fundamental es apostar por la Europa social y de los ciudadanos, a través de una nueva agenda social europea, el impulso de la igualdad de género, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y la puesta en marcha del recientemente aprobado Programa de Estocolmo. El objetivo, a su vez, es situar a los ciudadanos europeos en el centro de las políticas de la UE, una loable declaración de intenciones que no es precisamente nueva , pero que aún se reviste de cierta carga utópica, cuando se supone que ya deberíamos haber alcanzado, en este siglo XXI, la archi-nombrada y anhelada “Europa de los ciudadanos”.

Reforzar la posición de la UE como actor en la escena internacional es otro de esos objetivos inalcanzados y que se arrastran en la lista de buenos deseos desde la famosa Declaración de Laeken, o cabría decir desde siempre. Episodios como la guerra de Iraq pusieron al descubierto, una vez más, de desunión e inoperancia europea en materia de política exterior, un talón de aquiles que aún no se ha superado. La diplomacia europea queda en evidencia a la menor oportunidad: la guerra de los Balcanes, en los noventa; el conflicto del Cáucaso, en el verano de 2008; la crisis del gas, en el invierno de 2009; o el reciente contencioso con Marruecos por la situación de la activista saharaui Aminetu Haidar.

No es de extrañar que muchos de estos temas sigan encima de la mesa, o repasados con fluorescente en la libreta de cada presidencia rotatoria. España, como no podía ser de otra forma, se propone dotar de mayor visibilidad a la acción exterior de la UE, y lo debe hacer afrontando cuestiones como las relaciones transatlánticas, el diálogo con Rusia, America Latina y Caribe, la política de vecindad con el Magreb, o el proceso de paz en Oriente Medio. Mucha tela que cortar ¿verdad? Especialmente para cuestiones espinosas y enquistadas, y algunas de las citadas lo son.

No esperemos grandes logros, pues tampoco las esperanzas son demasiado grandes en materia de política exterior, a excepción de la ineludible reactivación de las relaciones con Latinoamérica, toda vez que España ha sido tradicionalmente una bisagra esencial entre ambos continentes, y teniendo en cuenta, además, que España organizará en 2010 una nueva edición de la Cumbre ALC-UE.

Queda la plena entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el desarrollo legislativo y aplicación de algunos de sus preceptos. Muy especialmente la cuestión de poner en marcha la red diplomática del nuevo servicio europeo de acción exterior, facilitar que se desarrolle y se concrete el nuevo mecanismo de participación ciudadana a través de la iniciativa legislativa popular (un millón de firmas), y, del mismo modo, la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y garantizar los consensos necesarios para asegurar la denominada Cláusula de solidaridad europea.

Muchos retos por delante. Muchas expectativas. A la par que muchas incertidumbres. Demos un margen de confianza, sin por ello dejar de ser estrictos, cuando llegue el momento, a la hora de hacer balance del trabajo realizado, allá por el mes de junio.

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