Símbolos de la integración europea

Encarna Hernández

Aumentar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y el diálogo entre las distintas culturas de la Unión: tal es el objetivo de una propuesta de Decisión de la Comisión Europea para establecer, a nivel comunitario, un “Sello de Patrimonio Europeo”, que busca realzar el valor festivo, simbólico, histórico, cultural, turístico y educativo de lugares que ocupan un lugar importante en la historia de la integración o que destacan por representar los valores democráticos y humanos que sirven de base a la construcción europea.

La propuesta se basa en una iniciativa intergubernamental que fue puesta en marcha en 2006 por diecisiete Estados Miembros, y que ahora, previa aprobación mediante el proceso de codecisión por parte del Consejo y del Parlamento Europeo, se extenderá a toda la UE a partir de 2011 o 2012, fortaleciendo en mayor media el rico y diverso patrimonio cultural europeo con el reconocimiento del sello en toda la UE, con recursos propios (un presupuesto inicial anual de 925.000 euros) y con criterios definidos a nivel comunitario.

En virtud de dicho acuerdo interestatal ya han recibido el sello en los últimos cuatro años un total de 64 lugares, entre los que destacan, por su valor simbólico europeo, la casa en Lorena de Robert Schuman (uno de los padres impulsores de la integración europea), la Acrópolis de Atenas (uno de los pilares de la cultura europea), la plaza del Capitolio de Roma (enclave de nuestra historia) o los Astilleros de Gdansk, en Polonia, cuna del sindicato Solidaridad, representante de una historia europea más contemporánea.  Cada uno de estos parajes deberá ser evaluado de nuevo (la Comisión prevé revisiones periódicas) para comprobar que se ajustan a los criterios establecidos por la nueva propuesta de Sello.

Casa de Robert Schuman

¿Cuáles son esos criterios? La Comisión entiende que la belleza o calidad arquitectónica no será un baremo fundamental, sino más bien su importancia en la historia de la Unión Europea, su valor simbólico y educativo. Algo que distingue esencialmente este sello de otras listas de patrimonio cultural como la de la UNESCO o la del Consejo de Europa. De lo que se trata es de otorgar más visibilidad, credibilidad y prestigio al patrimonioio cultural de la Unión, bajos unos genuinos criterios que buscan ahondar en el sentimiento de identidad y de ciudadanía europea poniendo en valor lo que tenemos en común (un proyecto de integración, los valores democráticos y humanísticos) y valorizando igualmente nuestra diversidad (entendida ésta como patrimonio cultural y social).

Pueden engrosar esta lista monumentos, paisajes urbanos o naturales, lugares históricos, así como bienes tangibles e intangibles. En España, gracias al acuerdo de 2006, contamos con cuatro lugares que ya ostentan el Sello de Patrimonio Europeo; a saber: el Archivo de la Corona de Aragón; el Monasterio Real de Yuste; el Cabo de Finisterre; y la Residencia de Estudiantes de Madrid.

A partir de ahora, cada Estado podrá proponer un máximo de dos candidaturas por año, de entre las que se elegirá una de ellas. ¿Por qué monumento o lugar apostarían? Desde aquí queremos lanzar algunas propuestas: como símbolo de nuestra pertenencia a la Unión, se podría proponer el Palacio Real de Madrid, en cuya Sala de las Columnas se firmó el Tratado de Adhesión en 1985. El mar Mediterráneo podría también ostentar ese sello cultural europeo, como lugar de transito, intercambio y diálogo cultural histórico, y también como forma de vida y cultura, con sus particularidades, de los países que son bañados por él.

Salon de l'Horloge

Algunas propuestas de recorrido profundamente europeísta serían aquellos lugares que conformarían una especie de “ruta de los Tratados”: aquí encajarían ciudades como Roma, Maastricht, París, Niza, o Lisboa. Los Tratados comunitarios (y sus precedentes) tienen en común que se firmaron en auténticas joyas arquitectónicas. Ahí tenemos el Salón del Rejoj del Quai d’Orsay (París), donde se leyó una Declaración histórica por parte de Robert Schuman, acompañado de Jean Monnet, y que significó el precedente inmediato de la firma de la CECA. Los Tratados de Roma, hitos en la constitución de la Unión, en el Palacio de los Conservadores del Capitolio. O la rubrica más reciente, estampada en el marco incomparable del Monasterio de los Jerónimos de Belén. Todos ellos podrían ser perfectos candidatos al Sello del Patrimonio Europeo.

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Educación para la ciudadanía y derechos humanos: un binomio inseparable

Por Encarna Hernández

Hablar de educación para la ciudadanía es hablar de educación para los derechos humanos. De hecho, la alusión a los derechos humanos es común en cualquier definición de educación para la ciudadanía. Está presente en la teoría y en la práctica. No puede ser de otra forma, cuando los derechos humanos se constituyen en el pilar de nuestra convivencia en sociedad.

Educación para la ciudadanía y derechos humanos son un binomio inseparable. Para comprobarlo, no tenemos más que echar un vistazo a los conceptos de educación cívica y democrática que aportan los principales organismos transnacionales. Para el Consejo de Europa, entre los objetivos prioritarios de la educación para la ciudadanía está la “promoción de una cultura democrática respetuosa con los derechos humanos”. Para la Comisión Europea, los contenidos de la educación para la ciudadanía incluyen el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto de los valores democráticos y de los derechos humanos.

Por su parte, los derechos humanos son uno de los objetivos y propósitos que figura en la Declaración Universal emanada de las Naciones Unidas, así como en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos de la Organización. Esto a nivel internacional, mientras que en el ámbito europeo contamos con la protección ejercida por el Convenio Europeo y por la recientemente elaborada Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

¿Cómo definimos los derechos humanos? Para el Consejo de Europa, “los derechos humanos se refieren tanto a las condiciones que permiten a las personas desarrollar todo su potencial y relacionarse con los demás, como al establecimiento de las responsabilidades de los Estados nación hacia las personas.”

Se dividen, además, en varias categorías: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, categorías a menudo asociadas a su desarrollo o conquista en determinados periodos de tiempo. La tendencia académica se inclina, además, por identificar la universalidad o “cultura global” de los derechos humanos, frente a identificaciones con la cultura o civilización occidental.

Aunque la cuestión más importante que nos hacemos en torno a la educación no es otra que cómo enseñar los derechos humanos. En este sentido, un aspecto crucial es incidir tanto en la información sobre los derechos humanos como en la formación a través de distintas estrategias participativas. Ello significa que los derechos humanos no sólo deben transmitirse como un “concepto”, como una “idea abstracta”, sino igualmente como una “práctica” que conlleva adquirir otros conocimientos y habilidades. Como afirman autores como Philippe Augier “los derechos humanos sólo existen si se utilizan.”

El refuerzo de la “solidaridad” es otro de los objetivos principales de la educación para la ciudadanía, y así lo reconocen los distintos organismos transnacionales y la tradición teórica sobre el concepto. Para el Consejo de Europa esta enseñanza implica “un factor de cohesión social, de comprensión mutua, de diálogo intercultural e interreligioso, y de solidaridad.” Por su parte, la Comisión Europea destaca igualmente la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y activos.

Como recuerda Karen O’Shea, del Consejo de Europa, la solidaridad se asocia de muchas formas “con la capacidad de las personas para salir de sí mismos y reconocer y actuar en aras de la promoción de los derechos de los demás”; es, por ello, uno de los fines esenciales de la formación cívica y democrática, facilitando a las personas el acceso a conocimientos y la adquisición de aptitudes y valores que les permitan vivir de una forma plena la “dimensión comunitaria de la vida.”

El valor fundamental de la solidaridad está, así, plenamente vinculado con la idea de tolerancia y de convivencia en sociedades multiculturales. Pero no vale para ello cualquier tipo de solidaridad, sino una de carácter “inclusivo” o, como la denomina Adela Cortina, una “solidaridad universal”.

La solidaridad se vincula a una actitud de tolerancia que nos enseña a convivir, aprender y respetar lo diferente; una tolerancia sincera, basada en la aceptación y la búsqueda de enriquecimiento cultural por ambas partes; es decir, lo que Amin Maalouf denomina “principio de reciprocidad”. Esta “tolerancia activa” se opone a la “tolerancia pasiva” (que se limita al ejercicio de la distancia, de la indiferencia y el repliegue), y consiste en saber admitir la igual dignidad de todos y la legitimidad de todas las opiniones, así como en adquirir nociones generales sobre el resto de culturas, religiones y pueblos para así aprender a respetarlos, porque el conocimiento del otro es el primer paso para avanzar en el comportamiento democrático.

Baste recordar, en este orden de cosas, la definición de “tolerancia” de las Naciones Unidas: ésta, “consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos”; y significa, también y ante todo, “una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás.”