¡Buen viaje!

Por Encarna Hernández

El verano y las vacaciones están asociados irremediablemente a los viajes, y estos, a su vez, al uso de diferentes medios de transporte. Ya sea en avión, en tren, en barco o en autobús, la legislación europea avanza cada vez en mayor medida hacia la protección de nuestros derechos como pasajeros, estableciendo indemnizaciones para el ciudadano para compensar retrasos, cancelaciones o pérdidas de equipaje. Los derechos del pasajero europeo en avión y en tren son, quizá, los más extendidos dentro de la legislación comunitaria, aunque tal vez no son del todo conocidos por los europeos, por lo que la Comisión Europea ha puesto en marcha una campaña para hacerlos más accesibles a la ciudadanía, con distinto material informativo. Además, es importante comprobar antes de viajar que la compañía con la que volamos no se encuentra en la lista negra publicada por la Unión Europea.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha reforzado la protección de los pasajeros de barco, estableciendo compensaciones por retrasos o cancelación y garantizando la asistencia a los pasajeros discapacitados y con movilidad reducida. Esta normativa entrará en vigor en 2012, así que no está mal ir familiarizándonos con ella. En la misma linea, se ha intentado avanzar en los derechos de los pasajeros que viajan en autobús, aunque el acuerdo entre el PE y el Consejo aún no ha sido posible, por lo que habrá que esperar para conocer los detalles concretos de la regulación.

Dentro de las fronteras comunitarias disfrutamos de libertad de movimiento (sin necesidad de pasaporte) y de una amplia gama de derechos como viajeros y como turistas (por ejemplo, asistencia sanitaria). Aunque si decidimos pasar nuestras vacaciones fuera de las fronteras de la UE, no debemos olvidar que los ciudadanos europeos gozamos del derecho a la protección diplomática y consular, derecho asociado desde su nacimiento al estatus de la ciudadanía de la Unión (ex art. 20 TCE, art. 23 TFUE).

¿En qué consiste este derecho? Tan sencillo como gozar de esta protección en el territorio de un tercer país por parte de la embajada o consulado de cualquier Estado miembro de la UE, siempre y cuando el país del que se es nacional no tenga allí representación. Las embajadas están obligadas a proporcionar esta protección en las mismas condiciones que a sus nacionales, en aplicación del principio de igualdad de trato y de no discriminación por nacionalidad, de acuerdo con el art. 12 del TCE (art. 18 TFUE). ¿Qué tipo de asistencia se puede esperar y en qué condiciones? En general, en situaciones de dificultad: casos de accidente o enfermedad graves, casos de detención, cuando se haya sido víctima de actos de violencia, o incluso en caso de fallecimiento. En cuanto a las ayudas económicas o asistencia jurídica asociadas a este derecho, existen una serie de condicionantes, que podéis consultar aquí .

Por último, si nos quedamos dentro de la UE y nuestro destino es la playa, en nuestro equipaje no puede faltar la crema de protección solar. El etiquetado de los protectores solares ha sido objeto de regulación dentro de la normativa de la UE en los últimos años, dada la proliferación de productos que ofrecían información engañosa al consumidor. Por ello, la UE limitó el factor de protección indicado en el etiquetado de estas cremas hasta un máximo de 50, prohibiéndose la expresión “protección total”, por ser básicamente falsa. Si les interesa la cuestión, no se pierdan el vídeo. Buen viaje y a disfrutar de las vacaciones!

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Europa y el mar: hacia una política marítima integrada

"Un océano de oportunidades". Click en la imagen para ampliar

Encarna Hernández

El mar y las actividades asociadas a él suponen una importante fuente de riqueza, empleo y bienestar para Europa. Las regiones costeras de la UE generan el 40 % de su PIB y suman la mitad de su población. La economía marítima da empleo a 5 millones de personas, y sólo el sector pesquero y la industria asociada a éste generan más de 400.000 puestos de trabajo. El bienestar de Europa está, necesariamente, unido al mar y a actividades económicas fundamentales como la pesca, el transporte marítimo, los puertos (1200 en toda la UE), el turismo, el sector energía (petróleo y gas), etc. La actividades comerciales fuera y dentro de Europa dependen del mar, pues acoge el 90 % del comercio exterior y el 40 % del comercio interior.

El mar abre inmensas oportunidades para el crecimiento económico en Europa y de sus regiones costeras, pero a su vez surge la necesidad de desarrollar una gobernanza marítima integrada que tenga en cuenta distintos sectores, que este coordinada entre todos los Estamos miembros y que tenga como último fin promover un crecimiento sostenible de la economía marítima. Ésta es la razón de ser de una Política Marítima Integrada (PMI), que la Comisión Europea viene promoviendo desde que en 2006 surgiera el Libro Verde sobre política marítima [COM (2006) 275], fruto de una amplia consulta entre todos los sectores y protagonistas implicados.

El resultado fue un Plan de acción para una política marítima integrada [COM (2007) 575], donde la Comisión expone los objetivos e instrumentos que impulsan y harán posible una PMI en el marco de la UE, incluyendo su dimensión exterior. Tres son los instrumentos fundamentales de esta estrategia: la vigilancia marítima, la ordenación marítima y un sistema de datos e información.

La vigilancia marítima para asegurar la seguridad en la navegación, la protección de las fronteras marítimas de Europa, controlar la contaminación marítima, la pesca, etc. La sobrepesca y la contaminación asociada al transporte marítimo son dos aspectos esenciales que hay que evitar para asegurar un desarrollo sostenible para la economía en este medio, insertándose asimismo las regiones costeras en un lugar destacado en la lucha contra el cambio climático. El objetivo, finalmente, es establecer una red europea de vigilancia marítima, que incluya la cooperación entre los guardacostas de los EEMM y un sistema de vigilancia desde una visión integrada, es decir, que cubra varias actividades.

Por su parte, la ordenación del espacio marítimo implica planificar la toma de decisiones y una gestión integrada (tierra y mar) de las zonas costeras. Además, el objetivo es impulsar una estrategia europea de investigación marina y la creación de una red europea de observación e información del mar. En este sentido, una de las iniciativas más innovadoras ha sido la elaboración de un Atlas Europeo del Mar.

La estrategia impulsada  por la Comisión recibió el visto bueno del Consejo en noviembre de 2009, por lo que la PMI entra en una nueva y decisiva fase, en la que habrá de profundizar en varías vías, entre ellas, el desarrollo de una estrategia de empleo, crecimiento y sostenibilidad, así como de iniciativas como la ordenación marítima, la investigación científica, la vigilancia marítima integrada y la dimensión internacional de la PMI, lo que implicará afianzar el diálogo internacional sobre estas cuestiones así como la aplicación de instrumentos internacionales como la Covención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

La UE aspira a impulsar su liderazgo en asuntos marítimos a nivel internacional, con distintos frentes de cooperación (Ampliación, Política de Vecindad, organizaciones internacionales, etc.), así como a promover en el interior de la UE una mayor visibilidad del mar y de su importancia como patrimonio común, a través de actividades de educación, información y concienciación, e iniciativas como el Día Europeo del Mar, que desde 2008 se celebra cada 20 de mayo.

Ya está aquí la Iniciativa Ciudadana Europea

¿Qué hito no plantea preguntas, dudas, a la par que expectativas? La Iniciativa Legislativa Ciudadana no podía ser menos. Gracias al Tratado de Lisboa, los ciudadanos de la UE pueden, con un millón de firmas, reclamar a la Comisión Europea que legisle sobre una materia concreta. Se trata de un hito en la historia de la democracia participativa en la UE. Pero, como decimos, también plantea algunas dudas…

Las firmas deben provenir de varios Estados miembros. Es decir, hay que organizarse a nivel transnacional y, previamente, que exista en varios países de la UE un reclamo y sensibilización compartida hacia determinado asunto. ¿Hasta qué punto la existencia de esta herramienta propiciará el desarrollo de debates informados, activos y participativos a nivel transnacional sobre una cuestión concreta?

Toda vez que la existencia de ese millón de firmas no obliga a la Comisión a legislar ¿llegará a influir la iniciativa ciudadana en la forma de hacer política de la UE? Y una pregunta esencial ¿veremos una Europa más social de llegar a afianzarse este instrumento de participación?

En Bruselas existe una larga lista de grupos de presión ¿qué papel jugarán los lobbies en todo esto? Cuesta creer que no será así.

Sobre cómo se articulará en la práctica la Iniciativa, podemos encontrar ya algunas respuestas en estos links que os dejamos… las otras cuestiones, podremos comenzar a comprobarlas a partir de 2011. Y no os perdáis el estupendo artículo sobre el tema en La Oreja de Europa!

La iniciativa ciudadana, nuevo ejercicio de democracia

El poder de la iniciativa ciudadana en la UE

http://www.citizens-initiative.eu/

Consulta Pública

Símbolos de la integración europea

Encarna Hernández

Aumentar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y el diálogo entre las distintas culturas de la Unión: tal es el objetivo de una propuesta de Decisión de la Comisión Europea para establecer, a nivel comunitario, un “Sello de Patrimonio Europeo”, que busca realzar el valor festivo, simbólico, histórico, cultural, turístico y educativo de lugares que ocupan un lugar importante en la historia de la integración o que destacan por representar los valores democráticos y humanos que sirven de base a la construcción europea.

La propuesta se basa en una iniciativa intergubernamental que fue puesta en marcha en 2006 por diecisiete Estados Miembros, y que ahora, previa aprobación mediante el proceso de codecisión por parte del Consejo y del Parlamento Europeo, se extenderá a toda la UE a partir de 2011 o 2012, fortaleciendo en mayor media el rico y diverso patrimonio cultural europeo con el reconocimiento del sello en toda la UE, con recursos propios (un presupuesto inicial anual de 925.000 euros) y con criterios definidos a nivel comunitario.

En virtud de dicho acuerdo interestatal ya han recibido el sello en los últimos cuatro años un total de 64 lugares, entre los que destacan, por su valor simbólico europeo, la casa en Lorena de Robert Schuman (uno de los padres impulsores de la integración europea), la Acrópolis de Atenas (uno de los pilares de la cultura europea), la plaza del Capitolio de Roma (enclave de nuestra historia) o los Astilleros de Gdansk, en Polonia, cuna del sindicato Solidaridad, representante de una historia europea más contemporánea.  Cada uno de estos parajes deberá ser evaluado de nuevo (la Comisión prevé revisiones periódicas) para comprobar que se ajustan a los criterios establecidos por la nueva propuesta de Sello.

Casa de Robert Schuman

¿Cuáles son esos criterios? La Comisión entiende que la belleza o calidad arquitectónica no será un baremo fundamental, sino más bien su importancia en la historia de la Unión Europea, su valor simbólico y educativo. Algo que distingue esencialmente este sello de otras listas de patrimonio cultural como la de la UNESCO o la del Consejo de Europa. De lo que se trata es de otorgar más visibilidad, credibilidad y prestigio al patrimonioio cultural de la Unión, bajos unos genuinos criterios que buscan ahondar en el sentimiento de identidad y de ciudadanía europea poniendo en valor lo que tenemos en común (un proyecto de integración, los valores democráticos y humanísticos) y valorizando igualmente nuestra diversidad (entendida ésta como patrimonio cultural y social).

Pueden engrosar esta lista monumentos, paisajes urbanos o naturales, lugares históricos, así como bienes tangibles e intangibles. En España, gracias al acuerdo de 2006, contamos con cuatro lugares que ya ostentan el Sello de Patrimonio Europeo; a saber: el Archivo de la Corona de Aragón; el Monasterio Real de Yuste; el Cabo de Finisterre; y la Residencia de Estudiantes de Madrid.

A partir de ahora, cada Estado podrá proponer un máximo de dos candidaturas por año, de entre las que se elegirá una de ellas. ¿Por qué monumento o lugar apostarían? Desde aquí queremos lanzar algunas propuestas: como símbolo de nuestra pertenencia a la Unión, se podría proponer el Palacio Real de Madrid, en cuya Sala de las Columnas se firmó el Tratado de Adhesión en 1985. El mar Mediterráneo podría también ostentar ese sello cultural europeo, como lugar de transito, intercambio y diálogo cultural histórico, y también como forma de vida y cultura, con sus particularidades, de los países que son bañados por él.

Salon de l'Horloge

Algunas propuestas de recorrido profundamente europeísta serían aquellos lugares que conformarían una especie de “ruta de los Tratados”: aquí encajarían ciudades como Roma, Maastricht, París, Niza, o Lisboa. Los Tratados comunitarios (y sus precedentes) tienen en común que se firmaron en auténticas joyas arquitectónicas. Ahí tenemos el Salón del Rejoj del Quai d’Orsay (París), donde se leyó una Declaración histórica por parte de Robert Schuman, acompañado de Jean Monnet, y que significó el precedente inmediato de la firma de la CECA. Los Tratados de Roma, hitos en la constitución de la Unión, en el Palacio de los Conservadores del Capitolio. O la rubrica más reciente, estampada en el marco incomparable del Monasterio de los Jerónimos de Belén. Todos ellos podrían ser perfectos candidatos al Sello del Patrimonio Europeo.

La Comisión Europea, el gigante burocrático

Encarna Hernández

La Comisión Europea, conocida como la “guardiana de los Tratados”, órgano supranacional, independiente y tecnocrático por excelencia entre las Instituciones de la Unión Europea. Desde que fuera creada por el Tratado de la CECA, a partir de su primigenio antecedente, la Alta Autoridad, se ha desarrollado en el marco institucional de las Comunidades como un auténtico gigante burocrático. Poseedora del cuasi-monopolio de la iniciativa legislativa comunitaria, y como brazo ejecutor de las políticas de la UE, la cuestión del control democrático de su actividad y de su batallón de funcionarios está en el epicentro de la polémica legitimidad democrática de la UE. El siguiente vídeo (que nos ofrece la web Hablamos de Europa) nos acerca un poco a su compleja actividad, aunque después profundizamos un poco más…

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De la Alta Autoridad de la CECA a la Comisión Europea

Con la firma del Tratado de la CECA (18 de abril de 1951) comienza la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad de la CECA, institución de carácter ejecutivo y compuesta por personalidades independientes nombradas por los gobiernos nacionales, encargada de asegurar la consecución de los objetivos previstos en el Tratado y de actuar en el interés general de la Comunidad, y dotada de poder de decisión obligatoria, tanto de carácter normativo como administrativo, decisiones que adopta a través del procedimiento mayoritario. Se configura de este modo como la máxima Institución política de la Comunidad y como su órgano técnico supremo.

Es por las características anteriormente citadas que en la Alta Autoridad se concentra esencialmente el carácter federal y supranacional de la CECA, dentro de un marco institucional que se configura ya a grandes rasgos como el que se conoce en nuestros días: el control político de la Alta Autoridad –germen de la actual Comisión- se encomienda a una Asamblea Común, con capacidad para censurar la actividad del órgano ejecutivo pero sin poder legislativo; un Consejo Especial de Ministros, órgano de naturaleza intergubernamental, compuesto por los representantes de los Estados miembros y cuya misión es garantizar una acción armoniosa de la Alta Autoridad en relación con los gobiernos nacionales; y un Tribunal de Justicia, encargado de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado y los actos derivados de éste.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de fusión de los ejecutivos, el 1 de julio de 1967, una Comisión única asume las funciones de la Alta Autoridad de la CECA y de las Comisiones de los Tratados CEE y Euratom.

El triángulo institucional y el método comunitario

Las cuatro instituciones originarias representan, como nos recuerda G. Isaac, cada una de ellas un principio determinado, a la par que poseen en cada caso una raíz política determinada y expresan una legitimidad propia.

La Comisión está compuesta por miembros designados por los gobiernos de los Estados miembros, aunque los Tratados garantizan su independencia funcional. En su papel de “guardiana de los Tratados”, la Comisión representa los intereses de la Comunidad. A su vez, monopoliza el poder de iniciativa legislativa, y se configura como el órgano ejecutivo de la UE: es responsable de aplicar las políticas, de ejecutar los programas de acción y de gestionar los fondos comunitarios.

El Consejo, compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, representa los intereses de los Estados miembros, pero actúa también como órgano comunitario colegiado. El Tratado le otorga la misión de “garantizar la consecución de los fines establecidos en el (…) Tratado”, mediante la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros y el poder de decisión legislativa, que comparte con el Parlamento Europeo en aquellos ámbitos en los que se aplica el procedimiento de codecisión. El Consejo tiene una presidencia rotatoria por cada Estado miembro por un periodo de seis meses.

El Parlamento Europeo, por su parte, está compuesto por representantes de los pueblos de los Estados miembros, elegidos por sufragio universal directo desde junio de 1979, y representa los intereses de la Comunidad y de tales pueblos. La Cámara ejerce el poder de control político a través de la moción de censura a la Comisión, interviniendo a su vez en el nombramiento de sus miembros, y comparte con el Consejo los poderes legislativo y presupuestario. Su rol en el proceso de toma de decisiones se ve aumentado a través de las modificaciones de los Tratados, especialmente a partir del AUE y el TUE, que introducen los procedimientos de cooperación y codecisión.

El TJCE, como auténtico órgano judicial de la Comunidad, ejerce el control jurisdiccional, en representación de los intereses del Derecho comunitario, sobre las acciones u omisiones de las Instituciones de la Unión, estando los Estados miembros y los particulares igualmente bajo su jurisdicción.

Se conforma de este modo un equilibrio de intereses y de poderes, dentro de un sistema de “pesos y contrapesos” (“checks and balances”), y que se integran en dos conceptos básicos del sistema político europeo: el denominado “método comunitario” y el supuesto de “equilibrio institucional”.

Dentro de la lógica del proceso funcionalista de integración, el denominado “método comunitario” es considerado por buena parte de la doctrina como la “fórmula magistral” y clave del éxito de la construcción europea. El “método” arbitra ente los distintos intereses que se integran en el contexto comunitario: el interés general de la Comunidad (representado por la Comisión) y los intereses de los Estados miembros y de los ciudadanos (representados democráticamente de forma indirecta a través del Consejo y de forma directa a través del Parlamento Europeo).

La dinámica del “triángulo” institucional se desarrolla mediante el monopolio de derecho de iniciativa de la Comisión, el reparto de la autoridad legislativa y presupuestaria entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y el recurso general al voto por mayoría cualificada en el Consejo, fundamental para asegurar la eficacia “método”. En última instancia, el Tribunal de Justicia tiene jurisdicción para garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación el Derecho comunitario.

Tal sistema de “pesos y contrapesos”, integrado por múltiples intereses, genera una compleja dinámica que exige el diálogo y la negociación entre el “triángulo” institucional decisorio. Este “triálogo” está en la base de un principio comunitario imprescindible: el “equilibrio institucional” (“institutional balance”). Tal “equilibrio” es la esencia donde reside el reparto de “funciones” (que no de poderes) entre las tres Instituciones definido por el “método comunitario” o, lo que es lo mismo, el ejercicio por parte de las Instituciones de las competencias que les atribuye el Tratado.

El sistema comunitario no reproduce la clásica división de poderes bajo el cuadro estatal heredado de Montesquieu. Al contrario, las funciones de decisión y de control se reparten entre las cinco Instituciones, representando a su vez cada una de ellas poderes diferentes. En la función ejecutiva intervienen la Comisión, el Consejo y los Estados miembros (estos últimos en la ejecución de una buena parte de las políticas y normativas). La función legislativa se divide entre las dos autoridades decisorias (Consejo y Parlamento Europeo) y la Comisión (poder de iniciativa). La función jurisdiccional se la reparten el TJCE y las cortes nacionales.

Por su parte, el poder de control se disemina en la arquitectura institucional de la siguiente manera: el Parlamento Europeo ejerce el control político sobre la Comisión y el Consejo, y este último controla a su vez a los dos primeros. El Tribunal de Justicia ejerce su jurisdicción sobre las tres Instituciones, sobre los Estados miembros y sobre los particulares, mientras que el Tribunal de Cuentas tiene poder sobre las Instituciones y los Estados miembros. La Comisión, por su parte, vela por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Tratado sobre los Estados miembros y, en determinados casos, sobre los particulares.

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La Comisión y el déficit democrático

La actividad legislativa de la UE es el parámetro central en el que se basan las aproximaciones normativas para el estudio tanto del rango y número de competencias que se manejan a nivel comunitario, como de la valoración de las políticas europeas, y del denominado “desequilibrio institucional” en la gobernanza europea. La interacción y reparto de poderes entre las tres principales instituciones de la Unión determina la forma en que se desarrolla el proceso de toma de decisiones, en base a un “método comunitario” que, tal y como se define en los años sesenta, desprovee al Parlamento Europeo de las clásicas funciones legislativas con las que se reviste a los Parlamentos nacionales. Este “desequilibrio” de poderes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y la ruptura con el ideal de democracia parlamentaria están en la base de la teoría sobre el “déficit democrático” de la Unión Europea.

Fundado sobre una lógica funcionalista-integracionista, y aplicado a las políticas que integran el primer pilar de la UE, el “método comunitario” otorga a la Comisión el monopolio en la iniciativa política y legislativa, y el poder de ejecución de las políticas, que comparte con los Estados miembros. La Comisión decide si la Comunidad debe actuar, bajo qué forma legal, y qué contenido e implementación seguirá. Por su parte, el poderoso rol del Consejo se configura a través de la negociación estratégica, los convenios generales, y su capacidad como primera autoridad legislativa, recurriendo generalmente al voto por mayoría cualificada. El primigenio Parlamento Europeo goza de limitadas oportunidades de acción, articuladas en torno a su función de control y censura de la Comisión, y los poderes de consulta y deliberación. Por su parte el Tribunal del Justicia debe garantizar la uniforme interpretación del Derecho comunitario.

El “método comunitario” puede resumirse así en la siguiente máxima: “la Comisión propone y el Consejo dispone”. Del mismo modo, el papel otorgado a la Comisión, y el hecho de que ni el Consejo ni el Parlamento ni los Estados miembros puedan obligar al Ejecutivo europeo a legislar, supone una manifiesta quiebra para con el principio de separación de poderes y de democracia parlamentaria.

El gobierno de los expertos

Las distintas aproximaciones de la Ciencia política de cara a determinar las transformaciones de la gobernanza en la Europa occidental durante el transcurso del último medio siglo se desarrollan en torno al concepto de “nuevo institucionalismo” del análisis organizacional. La teoría de la delegación en “Instituciones no-mayoritarias”, está dominada por la aproximación del “Principal-Agent”: los políticos deciden delegar ciertas funciones en “Agentes” sólo si los beneficios esperados de la delegación exceden a los costes.

La lógica funcional de la delegación se centra en una serie de beneficios que los políticos esperan conseguir a través de transferir cierta autoridad a los agentes independientes. Thatcher y Stone Sweet identifican cuatro categorías de beneficios evaluados racionalmente: en primer lugar, los relacionados con la credibilidad de las promesas realizadas a los ciudadanos (problemas de compromiso); seguidamente, la necesidad de políticas de expertos que resuelvan las asimetrías de información en áreas técnicas de la gobernanza; de igual forma, los resultados serían más eficientes, a través de la creación de normas que resuelvan problemas específicos; por último, las políticas de los agentes (no responsables ante la ciudadanía) maximizarían objetivos políticos a través de políticas impopulares para ciertos sectores de la sociedad.

A nivel comunitario, se añade la complicación de una delegación que tiene lugar a nivel externo (transferencia de poderes de decisión a cuerpos exteriores, incluyendo los Estados miembros, y hacia órganos diferentes de la Instituciones europeas y no nombrados en los Tratados), y a nivel interno (delegación de poderes ejecutivos, de implementación de las normas, desde el Consejo hacia la Comisión).

En el nivel supranacional de la UE, un sistema integrado por bancos centrales aislados del control político directo elabora la política monetaria. Desde Bruselas, la Comisión propone la legislación y se encarga de hacer cumplir la extensa regulación europea. Mientras, en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia controla el cumplimiento de la legalidad comunitaria por parte de Instituciones, gobiernos y administraciones. Las agencias especializadas de la UE se dividen en un amplio espectro: agencias comunitarias; agencias de la PESC; agencias de la CPJP, y agencias ejecutivas.

Una parte de la crítica del “déficit democrático” de la UE se acoge precisamente al desarrollo de una “tecnocracia” en Bruselas a modo de Estado despótico, caracterizado por la rápida acumulación y centralización del poder: un “gobierno de extranjeros”, sin la presencia de elementos culturales comunes (religión, lenguaje y cultura legal), y donde el gobierno del pueblo se sustituye por “la administración de las cosas” (véase la crítica de Siedentop, 2001, La democracia en Europa, y la respuesta de Moravcsik, 2001, Despotism in Brussels? Misreading the European Union, en Foreign Affairs).

Después de Lisboa…

La posibilidad de que se impulse una iniciativa legislativa popular (un millón de firmas de ciudadanos de la UE), el mayor control que se otorga a los parlamentos nacionales y regionales para el control y seguimiento de la subsidiariedad (protocolos anejos al Tratado) y la extensión de la codecisión como “procedimiento legislativo ordinario”, se presentan como algunos “correctivos” al monopolio de iniciativa de la Comisión y al poder legislativo del Consejo. ¿Son suficientes para hablar de una gobernanza definitivamente sometida al control democrático?

Para saber más:

Web Comisión Europea

Nueva Comisión 2010-2014

Presidente de la Comisión: Funciones y Poderes

Antiguos presidentes

¿Seguridad o derechos fundamentales?

Encarna Hernández

El terrorismo internacional es una nueva amenaza que se puede combatir con viejas y nuevas herramientas. En este sentido, la tecnología se convierte en una importante y útil piedra de toque. Pero no dejan de aparecer viejos fantasmas: control, persecución, y una cierta “presunción de culpabilidad” del que se ve sometido a cualquier clase de registro en un ámbito de su intimidad, aunque sea a costa de su propia seguridad. En los últimos días, se ha reavivado en Europa la polémica de los llamados “escáneres corporales”, que está siendo sometida a una amplia consulta por parte de la Comisión Europea. El caso es que todo esto no puede sino hacerme recordar ciertos pasajes no muy lejanos de la historia de la seguridad nacional de los Estados Unidos ¿Se acuerdan de la Ley USA Patriot?

"Escáneres del desnudo". Copyright: BELGA/AFP PHOTO/PAUL ELLIS

El frustrado intento de atentado que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en un avión que partió desde Amsterdam con destino Detroit ha vuelto a poner sobre la mesa la amenaza terrorista en los desplazamientos en avión así como la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar, como en el caso del vuelo de Detroit, que un individuo pueda subir a un avión con un artefacto adherido a su cuerpo. Y, como no podía ser de otra forma, ha retornado también el debate sobre los llamados escáneres corporales. La cuestión, que ya pasó por el Pleno del Parlamento Europeo en 2008, volvió a ser debatida el pasado 27 de enero por los eurodiputados. No sólo se comentaron los aspectos técnicos o económicos de la implantación de estos escáneres en los aeropuertos, sino, fundamentalmente, su “coste” en materia de derechos y libertades fundamentales.

El debate de los escáneres fue tratado en el seno de las comisiones parlamentarias de Transportes y Libertades Civiles. Los eurodiputados, que se reunieron con el coordinador antiterrorista europeo, Gilles de Kerchove, plantearon no pocas inconveniencias a la posibilidad de instalar controles de seguridad de este tipo en los aeropuertos. Los escáneres temporales no convencen a los eurodiputados: se duda de su efectividad real para evitar casos como el frustrado atentado del vuelo de Detroit; se opone su elevado coste (cada uno de estos escáneres cuesta unos 115.000 euros, a lo que hay que añadir las reformas que serían necesarias en los aeropuertos para su instalación); y el quid principal, ¿dónde quedan los derechos de los pasajeros que tendrían que someterse a este dispositivo, conocido como el “escáner del desnudo” que deja totalmente sin ropa la imagen del escaneado?

Los eurodiputados ven en este hecho una clara violación de la dignidad de la persona, y ya en octubre de 2008, a través de una Resolución, solicitaron a la Comisión que realizara una consulta pública para evaluar el impacto de los escáneres en relación tanto a los derechos fundamentales (privacidad y dignidad humana) como a la protección de datos (que debe consultarse, entre otros organismos, con el Supervisor Europeo de Protección de Datos), así como en lo que respecta al impacto para la salud de esta tecnología y una evaluación de los costes y beneficios en el terreno económico. La consulta debe terminar a finales de este mes. Pero, como ya se ha adelantado, en la Eurocámara esta tecnología, simplemente, no convence.

La cuestión de fondo de todo esto que se viene relatando no es otra que la postura o la respuesta que la Unión Europea debe adoptar ante una pregunta esencial que pone en tela de juicio las libertades civiles del ciudadano y los derechos más elementales de la persona: ¿debemos anteponer seguridad a libertad? Hace algunos años, justo después de los atentados del 11 de septiembre, los dirigentes norteamericanos se hicieron la misma pregunta: la respuesta fue sí, anteponer seguridad a libertades individuales.

Nosotros, los europeos, que no acabamos de ver del todo mal eso de que nosotros somos de venus y los norteamericanos de marte (la frase se la debemos al analista neoconservador Robert Kagan), es decir, que desde el final de  la segunda guerra mundial y, paralelamente con el proyecto de la integración europea, nos hemos autodefinido como el adalid del “bill of rights”, aunque sea a expensas de oponer debilidad frente al poder de la fuerza militar, nos llevamos entonces la manos a la cabeza con la rotunda respuesta que divisamos al otro lado del Atlántico. Por cierto, que las relaciones transatlánticas estaban entonces en horas bajas, pero ese es otro tema.

Seguro que recordarán, y si no, al menos, les “sonará”, un texto llamado Ley USA Patriot. Fue aprobado en octubre de 2001 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cabe decirlo, por una amplia mayoría. La conocida como Ley USA Patriot tiene en realidad un nombre mucho más largo y explicativo: Ley para Unir y Fortalecer a Norteamérica mediante la Provisión de Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo. En resumidas cuentas, un paquete de medidas encaminadas a luchar contra el terrorismo y que provocaron una extensa y profunda polémica porque restringían notablemente las libertades individuales.

La Ley ampliaba los poderes del FBI y otras agencias estatales de seguridad; autorizaba al presidente a confiscar los bienes de toda persona involucrada en ataques contra los EEUU, y permitía a las autoridades policiales pinchar teléfonos, controlar la correspondencia y el correo electrónico de cualquier sospechoso de estar vinculado a actividades terroristas. El FBI estaba legitimado para inspeccionar los archivos de una biblioteca pública, para entrar en una iglesia o una mezquita, o para acceder al historial médico de cualquier presunto terrorista.

Aquello fue incluso calificado como un “nuevo maccarthismo”, una persecución contra los árabes y/o musulmanes comparable a la que sufrieron los comunistas en la época de MacCarthy, susceptibles de ser espiados, incluso detenidos sin cargos concretos. Como el destino es caprichoso y paradójico, a veces inexplicable, el proyecto había sido puesto en manos nada menos que de John Poindexter, me explico: un señor que había sido condenado en 1987 por conspiración y mentira ante el Congreso por su participación en el escándalo de la venta de armas a Irán para financiar a la “contra” nicaragüense en su guerra civil contra el Gobierno comunista. Y he aquí, que con estos antecedentes, se pone en sus manos lo que fue definido como un auténtico plan orwelliano de “vigilancia total” de la población (esta frase se la debemos a Philippe Riviere en un estupendo artículo publicado en Le Monde). Vigilancia total: viajes, cuentas bancarias, lecturas, registro de viviendas sin autorización judicial. Todo con el objetivo de detectar señales precursoras de actividades terroristas. Es decir: una verdadera “guerra preventiva” en suelo norteamericano.

Con la Ley en la mano, el fiscal del Estado, John Ashcroft, ordenó la detención de cerca de 5.000 inmigrantes, en su mayor parte procedentes de Oriente Medio, y que fueron retenidos por los servicios de seguridad estadounidenses sin haber presentado cargos contra ellos y negándoseles, además, asistencia jurídica o régimen de visitas. Las familias de  estos “desaparecidos” denunciaron estas detenciones arbitrarias y la negación de los derechos civiles de los presos. Sin embargo, en 2002, el Tribunal Supremo autorizaba al Gobierno a juzgar a puerta cerrada a los extranjeros detenidos tras el 11-S. La seguridad nacional, afirmaba un portavoz gubernamental, estaba por encima de cualquier derecho o libertad.

En julio de 2004, poco después de que la Ley USA Patriot se salvara por los pelos en la Cámara de Representantes por un empate en el voto, Asa Hutchison, defendía ante un grupo de importantes empresarios los beneficios de la Ley, apostillando finalmente que los norteamericanos, aún a pesar de la USA Patriot, “no hemos olvidado nuestras libertades civiles, ni hemos dejado a un lado nuestros valores y el carácter de este país”.

¿Nos hemos hecho los europeos esta pregunta? Me temo que ésta es la cuestión que debemos plantearnos, más allá de avatares técnicos o económicos. ¿Dónde está la Europa de los Valores? ¿Dónde queda la Europa de los Ciudadanos y de los Derechos Fundamentales? Me dirán, y es cierto, que los escáneres no son comparables a la Ley USA Patriot, pero miren, sería otro paso hacia atrás, y no sería el primero, y si no, echen un vistazo a la Directiva de Retorno de los inmigrantes ilegales…

UN PEQUEÑO INCISO AL HILO DE LA ACTUALIDAD…

Por cierto, que al tiempo que se escribía este post, el 2 de febrero, Daniel Basteiro, el corresponsal de Público, nos traía esta noticia desde Bruselas: “La eurocámara vetará el control de datos por EEUU”.

No ahondé, en mi escrito, en este aspecto concreto de la Ley USA Patriot, hablo del rastreo de las transferencias internacionales, pero viendo que se ha vuelto a poner de actualidad, me gustaría explicar de qué se trata exactamente. Precisamente, uno de los apartados importantes de la Ley era el dedicado a  la lucha de la Hacienda Pública contra el lavado internacional de dinero y la financiación del terrorismo. Era, concretamente, el Título III de la Ley, cuyos puntos más destacados serían:

1. Potenciar la cooperación entre instituciones financieras, sus autoridades reguladoras y las agencias de ejecución de la ley, de cara a compartir información relativa a individuos, entidades y organizaciones sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas o de lavado de dinero;

2. Distribución anual, entre las instituciones financieras, de un análisis detallado que identifique los patrones de actividades sospechosas;

3. Enmienda de la ley penal federal para incluir delitos de corrupción extranjera como delitos de lavado de dinero;

4. Regulación de unas normas mínimas para las instituciones financieras en relación a la identificación del cliente que abre una cuenta;

5. Exigencia para los extranjeros de proveer a las instituciones financieras de información apropiada y precisa sobre las operaciones que realizan, al tiempo que las identidades de dichos ciudadanos podrán ser verificadas recurriendo a organismos gubernamentales;

6. Enmienda a la ley del secreto bancario para revisar los requisitos de inmunidad de responsabilidad civil y autorizar la revelación por las actividades financieras de actividades sospechosas;

7. Enmienda a la ley de derecho de privacidad financiera para permitir la transferencia de registros financieros a los organismos gubernamentales si tales registros son relevantes para investigaciones de inteligencia sobre terrorismo internacional;

8. Se otorga jurisdicción extraterritorial a EEUU en los delitos cometidos fuera del territorio nacional y que involucren de alguna forma a alguna entidad dentro de la jurisdicción estadounidense.

Pues bien, esta vigilancia escrupulosa del rastro que sigue el dinero en Europa, y que, como bien afirma Basteiro, es uno de los pilares de la cooperación entre EEUU y la UE en la lucha contra el terrorismo, puede tener los días contados. La decisión estará en las manos de los Eurodiputados.

Educación para la ciudadanía y derechos humanos: un binomio inseparable

Por Encarna Hernández

Hablar de educación para la ciudadanía es hablar de educación para los derechos humanos. De hecho, la alusión a los derechos humanos es común en cualquier definición de educación para la ciudadanía. Está presente en la teoría y en la práctica. No puede ser de otra forma, cuando los derechos humanos se constituyen en el pilar de nuestra convivencia en sociedad.

Educación para la ciudadanía y derechos humanos son un binomio inseparable. Para comprobarlo, no tenemos más que echar un vistazo a los conceptos de educación cívica y democrática que aportan los principales organismos transnacionales. Para el Consejo de Europa, entre los objetivos prioritarios de la educación para la ciudadanía está la “promoción de una cultura democrática respetuosa con los derechos humanos”. Para la Comisión Europea, los contenidos de la educación para la ciudadanía incluyen el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto de los valores democráticos y de los derechos humanos.

Por su parte, los derechos humanos son uno de los objetivos y propósitos que figura en la Declaración Universal emanada de las Naciones Unidas, así como en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos de la Organización. Esto a nivel internacional, mientras que en el ámbito europeo contamos con la protección ejercida por el Convenio Europeo y por la recientemente elaborada Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

¿Cómo definimos los derechos humanos? Para el Consejo de Europa, “los derechos humanos se refieren tanto a las condiciones que permiten a las personas desarrollar todo su potencial y relacionarse con los demás, como al establecimiento de las responsabilidades de los Estados nación hacia las personas.”

Se dividen, además, en varias categorías: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, categorías a menudo asociadas a su desarrollo o conquista en determinados periodos de tiempo. La tendencia académica se inclina, además, por identificar la universalidad o “cultura global” de los derechos humanos, frente a identificaciones con la cultura o civilización occidental.

Aunque la cuestión más importante que nos hacemos en torno a la educación no es otra que cómo enseñar los derechos humanos. En este sentido, un aspecto crucial es incidir tanto en la información sobre los derechos humanos como en la formación a través de distintas estrategias participativas. Ello significa que los derechos humanos no sólo deben transmitirse como un “concepto”, como una “idea abstracta”, sino igualmente como una “práctica” que conlleva adquirir otros conocimientos y habilidades. Como afirman autores como Philippe Augier “los derechos humanos sólo existen si se utilizan.”

El refuerzo de la “solidaridad” es otro de los objetivos principales de la educación para la ciudadanía, y así lo reconocen los distintos organismos transnacionales y la tradición teórica sobre el concepto. Para el Consejo de Europa esta enseñanza implica “un factor de cohesión social, de comprensión mutua, de diálogo intercultural e interreligioso, y de solidaridad.” Por su parte, la Comisión Europea destaca igualmente la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y activos.

Como recuerda Karen O’Shea, del Consejo de Europa, la solidaridad se asocia de muchas formas “con la capacidad de las personas para salir de sí mismos y reconocer y actuar en aras de la promoción de los derechos de los demás”; es, por ello, uno de los fines esenciales de la formación cívica y democrática, facilitando a las personas el acceso a conocimientos y la adquisición de aptitudes y valores que les permitan vivir de una forma plena la “dimensión comunitaria de la vida.”

El valor fundamental de la solidaridad está, así, plenamente vinculado con la idea de tolerancia y de convivencia en sociedades multiculturales. Pero no vale para ello cualquier tipo de solidaridad, sino una de carácter “inclusivo” o, como la denomina Adela Cortina, una “solidaridad universal”.

La solidaridad se vincula a una actitud de tolerancia que nos enseña a convivir, aprender y respetar lo diferente; una tolerancia sincera, basada en la aceptación y la búsqueda de enriquecimiento cultural por ambas partes; es decir, lo que Amin Maalouf denomina “principio de reciprocidad”. Esta “tolerancia activa” se opone a la “tolerancia pasiva” (que se limita al ejercicio de la distancia, de la indiferencia y el repliegue), y consiste en saber admitir la igual dignidad de todos y la legitimidad de todas las opiniones, así como en adquirir nociones generales sobre el resto de culturas, religiones y pueblos para así aprender a respetarlos, porque el conocimiento del otro es el primer paso para avanzar en el comportamiento democrático.

Baste recordar, en este orden de cosas, la definición de “tolerancia” de las Naciones Unidas: ésta, “consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos”; y significa, también y ante todo, “una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás.”