60 Aniversario de la Declaración Schuman

Un 9 de mayo, hace ahora 60 años, los políticos franceses Jean Monnet y Robert Schuman, leían en el Salón del Reloj del edificio que alberga el Ministerio de Asuntos Exteriores galo una declaración de intenciones que cambiaría para siempre el destino del Continente europeo. La Declaración Schuman fue el pistoletazo de salida a la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter supranacional, en la que por primera vez los Estados soberanos cedían competencias a un órgano de nuevo cuño: la primigenia Comisión Europea.

El próximo domingo se celebra el 60 aniversario del aquel hecho histórico. La maquinaria de la integración no ha parado desde entonces: 27 Estados miembros que han cedido cada vez más soberanía, 500 millones de habitantes, un Parlamento con amplios poderes legislativos, elegido democráticamente en la mayor elección transnacional conocida, y unos valores que persisten en el tiempo: la paz, la prosperidad, la democracia, los derechos humanos…

El plan de Monnet y Schuman trazaba las líneas maestras de la reconciliación y de la prosperidad europea: avanzar en la cooperación a través de pequeños pasos, en áreas concretas, a través de una integración pausada, inteligente y con un horizonte común: la Europa federal. Ambos se ganaron a pulso ser considerados los “Padres de Europa” y, la conmemoración de aquella fecha, 9 de mayo, jornada de celebración para todos los europeos.

Como la ocasión bien lo merece, antes de dejaros algunos vídeos conmemorativos al final del post, reproduzco aquí un pequeño texto sobre la Declaración Schuman, en clave de análisis histórico y político, que escribí hace algún tiempo. Los hechos que precedieron a la declaración Schuman y los intríngulis de dicho texto son de sobra conocidos por muchos ciudadanos, pero nunca está demás recordarlos, pues la esencia de dicha declaración alumbra todavía el devenir y los objetivos de la construcción europea.

La Declaración Schuman: el giro definitivo hacia la “vía comunitaria”

Los primeros intentos de construir Europa según el modelo federal –en torno a la vieja idea de los “Estados Unidos de Europa”- resultan infructuosos[1]. También la espectacular Conferencia de la Haya, celebrada entre el 7 y el 10 de mayo de 1948, y conocida como el “Congreso de Europa”, está especialmente marcada por el desacuerdo entre la apuesta por una “Unión” o por una “Federación”. A pesar de que en los trabajos preparatorios del Congreso aparece por primera el concepto de “supranacionalidad” para referirse a la transferencia de derechos soberanos[2], el impulso del los movimientos federalistas[3] queda desvirtuado por la creación, el 5 de mayo de 1949, del Consejo de Europa. Tal organización, a la que si bien se le atribuye un papel importante en el marco de la acción europeísta, especialmente como “instrumento eficaz de la  promoción de un verdadero derecho común europeo”[4] (Truyol y Serra, 1999: 41), representa, sin embargo, un ejemplo de simple órgano de cooperación entre Estados, privado de poderes y perspectivas futuras reales (Isaac, 1983/1991: 15).

Como señala Truyol y Serra, el insatisfactorio resultado del Consejo de Europa y la resistencia británica –de verdadero “retroceso”- lleva a los europeístas más decididos a acotar al ámbito del proceso de integración europea: la “Europa Unida” tendrá que ser la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, construida a través de un método de integración “funcional” e integrada por instituciones “especializadas” (Truyol y Serra, 1999: 41). El Plan Schuman supone así la definitiva renovación en la forma en como se aborda hasta entonces la cuestión de la construcción europea, iniciando de forma definitiva la denominada “vía comunitaria” (Isaac, 1983/1991: 15).

Tal “giro” decisivo tiene lugar el 9 de mayo de 1950: en un verdadero ambiente de prestigio, el Salón del Reloj del edificio Quai d’Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores francés,  Robert Schuman[5] -que pone la voz a una declaración que pasará a la historia con su nombre- y Jean Monnet[6] -auténtico inspirador de aquel plan- comparecen ante más de 200 periodistas para hacer pública una declaración de intenciones que cambiará la historia del Continente europeo. Tras recordar, en primer lugar, que la paz mundial sólo podrá salvaguardarse con una Europa unida, Schuman dibuja la puesta en marcha de la maquinaria de la construcción europea, sobre la base del establecimiento de una solidaridad de hecho entre Francia y Alemania en el sector concreto del carbón y del acero:

El gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa. (…). La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra en Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible.” (Declaración Schuman, 1950).

La elección de un método “funcionalista” como mecanismo de integración responde a un “pragmatismo prudente” (Isaac, 1983/1991: 15-16) frente a la imposibilidad de concretar una unión política bajo la forma federal ante la resistencia de las soberanías nacionales: “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.” (Declaración Schuman, 1950).

La Declaración descarta una construcción global en pos de una integración por sectores, a la par que la integración política en pos de la integración económica, sentando primero unas bases comunes de desarrollo económico. Como recuerda Isaac, la unificación política se hará de forma implícita: “se desprendería de la solidaridad de hecho, de la fusión de intereses”. Así, el proceso de unificación económica arrastrará a las naciones dentro de un “sistema de engranaje” que camina hacia la Europa política (Isaac, 1983/1991: 16). Schuman y Monnet proponen de este modo “la creación de una comunidad económica” que “introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda”, estableciendo las “primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz.” (Declaración Schuman, 1950).

El “funcionalismo”, como técnica normativa antes que como teoría de la integración (Mattli, 1999: 23), responde así claramente a la lógica de “peace by pieces” (Schuman, 1954: 314): la cooperación funcional no comienza en el área política, sino desde lo que se denomina el área de “low-politics” en el terreno económico y social. La prosperidad alcanzada a través de la integración económica es la garantía de un sistema internacional estable y pacífico, en un proceso que conducirá en última instancia hacia la unificación política (Mattli, 1999: 22-23).

La proposición francesa es aceptada por cinco Estados[7] (Alemania, Italia y los tres del Benelux: Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), que comienzan a negociar un Tratado que se firma finalmente en París, el 18 de abril de 1951. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)[8] pone en marcha la creación de un “mercado común” para el carbón, el mineral de hierro, la chatarra y el acero, dentro de un marco de libre circulación y libre competencia.

Comienza así la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad de la CECA, germen de la actual Comisión Europea.

Documentos

Algunos vídeos sobre el aniversario…


[1] Recuérdese el famoso discurso de Aristide Briand ante la Sociedad de Naciones sobre un proyecto de Federación europea, el 5 de septiembre de 1929, y el posterior “Memorándum Briand” sobre la organización de una federación europea, de mayo de 1930.

[2] « Il s’agit d’une idée dans laquelle nous n’avons pas de confiance pour les mêmes raisons qui empêchèrent M. Churchill d’avoir confiance dans la S.d.N dès sa constitution et qui nous empêchent de considérer sérieusement des propositions pour l’unification des marchés, pour la limitation des armements, pour la création de tribunaux et d’une police internationale, lorsqu’elles ne sont pas en corrélation à des précises limitations de souverainetés nationales, par le transfert des pouvoirs correspondants à un organisme supranational ». (Mémorandum sur la préparation du Congrès de La Haye, 22 janvier 1948).

[3] Entre las Resoluciones emanadas de la Conferencia de la Haya véase especialmente el “Mensajes a los europeos”, preparado por el federalista suizo D. de Rougemont (Congress of Europe, 1948a), y la “Resolución de la Comisión Política” (Congress of Europe, 1948b), en las que se insta a los Estados europeos a transferir parte de sus derechos soberanos de cara a asegurar una acción económica y política común; igualmente se reclama la creación  de una Asamblea europea; la adopción de una Carta de Derechos Humanos, y el establecimiento de una Corte de Justicia que garantice la implementación de la Carta con las adecuadas sanciones.

[4] Sirvan como buenos ejemplos el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, sus Protocolos adicionales, o la Carta social europea, acordada en Turín el 18 de octubre de 1961.

[5] Ministro francés de Asuntos Exteriores.

[6] Encargado del Comisionado General de Planificación.

[7] Gran Bretaña, por el contrario, desestima el ofrecimiento.

[8] El Tratado de la CECA entra en vigor el 24 de julio de 1952, por un periodo de 50 años, que expira el 23 julio de 2002.

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La Comisión Europea, el gigante burocrático

Encarna Hernández

La Comisión Europea, conocida como la “guardiana de los Tratados”, órgano supranacional, independiente y tecnocrático por excelencia entre las Instituciones de la Unión Europea. Desde que fuera creada por el Tratado de la CECA, a partir de su primigenio antecedente, la Alta Autoridad, se ha desarrollado en el marco institucional de las Comunidades como un auténtico gigante burocrático. Poseedora del cuasi-monopolio de la iniciativa legislativa comunitaria, y como brazo ejecutor de las políticas de la UE, la cuestión del control democrático de su actividad y de su batallón de funcionarios está en el epicentro de la polémica legitimidad democrática de la UE. El siguiente vídeo (que nos ofrece la web Hablamos de Europa) nos acerca un poco a su compleja actividad, aunque después profundizamos un poco más…

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De la Alta Autoridad de la CECA a la Comisión Europea

Con la firma del Tratado de la CECA (18 de abril de 1951) comienza la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad de la CECA, institución de carácter ejecutivo y compuesta por personalidades independientes nombradas por los gobiernos nacionales, encargada de asegurar la consecución de los objetivos previstos en el Tratado y de actuar en el interés general de la Comunidad, y dotada de poder de decisión obligatoria, tanto de carácter normativo como administrativo, decisiones que adopta a través del procedimiento mayoritario. Se configura de este modo como la máxima Institución política de la Comunidad y como su órgano técnico supremo.

Es por las características anteriormente citadas que en la Alta Autoridad se concentra esencialmente el carácter federal y supranacional de la CECA, dentro de un marco institucional que se configura ya a grandes rasgos como el que se conoce en nuestros días: el control político de la Alta Autoridad –germen de la actual Comisión- se encomienda a una Asamblea Común, con capacidad para censurar la actividad del órgano ejecutivo pero sin poder legislativo; un Consejo Especial de Ministros, órgano de naturaleza intergubernamental, compuesto por los representantes de los Estados miembros y cuya misión es garantizar una acción armoniosa de la Alta Autoridad en relación con los gobiernos nacionales; y un Tribunal de Justicia, encargado de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado y los actos derivados de éste.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de fusión de los ejecutivos, el 1 de julio de 1967, una Comisión única asume las funciones de la Alta Autoridad de la CECA y de las Comisiones de los Tratados CEE y Euratom.

El triángulo institucional y el método comunitario

Las cuatro instituciones originarias representan, como nos recuerda G. Isaac, cada una de ellas un principio determinado, a la par que poseen en cada caso una raíz política determinada y expresan una legitimidad propia.

La Comisión está compuesta por miembros designados por los gobiernos de los Estados miembros, aunque los Tratados garantizan su independencia funcional. En su papel de “guardiana de los Tratados”, la Comisión representa los intereses de la Comunidad. A su vez, monopoliza el poder de iniciativa legislativa, y se configura como el órgano ejecutivo de la UE: es responsable de aplicar las políticas, de ejecutar los programas de acción y de gestionar los fondos comunitarios.

El Consejo, compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, representa los intereses de los Estados miembros, pero actúa también como órgano comunitario colegiado. El Tratado le otorga la misión de “garantizar la consecución de los fines establecidos en el (…) Tratado”, mediante la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros y el poder de decisión legislativa, que comparte con el Parlamento Europeo en aquellos ámbitos en los que se aplica el procedimiento de codecisión. El Consejo tiene una presidencia rotatoria por cada Estado miembro por un periodo de seis meses.

El Parlamento Europeo, por su parte, está compuesto por representantes de los pueblos de los Estados miembros, elegidos por sufragio universal directo desde junio de 1979, y representa los intereses de la Comunidad y de tales pueblos. La Cámara ejerce el poder de control político a través de la moción de censura a la Comisión, interviniendo a su vez en el nombramiento de sus miembros, y comparte con el Consejo los poderes legislativo y presupuestario. Su rol en el proceso de toma de decisiones se ve aumentado a través de las modificaciones de los Tratados, especialmente a partir del AUE y el TUE, que introducen los procedimientos de cooperación y codecisión.

El TJCE, como auténtico órgano judicial de la Comunidad, ejerce el control jurisdiccional, en representación de los intereses del Derecho comunitario, sobre las acciones u omisiones de las Instituciones de la Unión, estando los Estados miembros y los particulares igualmente bajo su jurisdicción.

Se conforma de este modo un equilibrio de intereses y de poderes, dentro de un sistema de “pesos y contrapesos” (“checks and balances”), y que se integran en dos conceptos básicos del sistema político europeo: el denominado “método comunitario” y el supuesto de “equilibrio institucional”.

Dentro de la lógica del proceso funcionalista de integración, el denominado “método comunitario” es considerado por buena parte de la doctrina como la “fórmula magistral” y clave del éxito de la construcción europea. El “método” arbitra ente los distintos intereses que se integran en el contexto comunitario: el interés general de la Comunidad (representado por la Comisión) y los intereses de los Estados miembros y de los ciudadanos (representados democráticamente de forma indirecta a través del Consejo y de forma directa a través del Parlamento Europeo).

La dinámica del “triángulo” institucional se desarrolla mediante el monopolio de derecho de iniciativa de la Comisión, el reparto de la autoridad legislativa y presupuestaria entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y el recurso general al voto por mayoría cualificada en el Consejo, fundamental para asegurar la eficacia “método”. En última instancia, el Tribunal de Justicia tiene jurisdicción para garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación el Derecho comunitario.

Tal sistema de “pesos y contrapesos”, integrado por múltiples intereses, genera una compleja dinámica que exige el diálogo y la negociación entre el “triángulo” institucional decisorio. Este “triálogo” está en la base de un principio comunitario imprescindible: el “equilibrio institucional” (“institutional balance”). Tal “equilibrio” es la esencia donde reside el reparto de “funciones” (que no de poderes) entre las tres Instituciones definido por el “método comunitario” o, lo que es lo mismo, el ejercicio por parte de las Instituciones de las competencias que les atribuye el Tratado.

El sistema comunitario no reproduce la clásica división de poderes bajo el cuadro estatal heredado de Montesquieu. Al contrario, las funciones de decisión y de control se reparten entre las cinco Instituciones, representando a su vez cada una de ellas poderes diferentes. En la función ejecutiva intervienen la Comisión, el Consejo y los Estados miembros (estos últimos en la ejecución de una buena parte de las políticas y normativas). La función legislativa se divide entre las dos autoridades decisorias (Consejo y Parlamento Europeo) y la Comisión (poder de iniciativa). La función jurisdiccional se la reparten el TJCE y las cortes nacionales.

Por su parte, el poder de control se disemina en la arquitectura institucional de la siguiente manera: el Parlamento Europeo ejerce el control político sobre la Comisión y el Consejo, y este último controla a su vez a los dos primeros. El Tribunal de Justicia ejerce su jurisdicción sobre las tres Instituciones, sobre los Estados miembros y sobre los particulares, mientras que el Tribunal de Cuentas tiene poder sobre las Instituciones y los Estados miembros. La Comisión, por su parte, vela por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Tratado sobre los Estados miembros y, en determinados casos, sobre los particulares.

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La Comisión y el déficit democrático

La actividad legislativa de la UE es el parámetro central en el que se basan las aproximaciones normativas para el estudio tanto del rango y número de competencias que se manejan a nivel comunitario, como de la valoración de las políticas europeas, y del denominado “desequilibrio institucional” en la gobernanza europea. La interacción y reparto de poderes entre las tres principales instituciones de la Unión determina la forma en que se desarrolla el proceso de toma de decisiones, en base a un “método comunitario” que, tal y como se define en los años sesenta, desprovee al Parlamento Europeo de las clásicas funciones legislativas con las que se reviste a los Parlamentos nacionales. Este “desequilibrio” de poderes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y la ruptura con el ideal de democracia parlamentaria están en la base de la teoría sobre el “déficit democrático” de la Unión Europea.

Fundado sobre una lógica funcionalista-integracionista, y aplicado a las políticas que integran el primer pilar de la UE, el “método comunitario” otorga a la Comisión el monopolio en la iniciativa política y legislativa, y el poder de ejecución de las políticas, que comparte con los Estados miembros. La Comisión decide si la Comunidad debe actuar, bajo qué forma legal, y qué contenido e implementación seguirá. Por su parte, el poderoso rol del Consejo se configura a través de la negociación estratégica, los convenios generales, y su capacidad como primera autoridad legislativa, recurriendo generalmente al voto por mayoría cualificada. El primigenio Parlamento Europeo goza de limitadas oportunidades de acción, articuladas en torno a su función de control y censura de la Comisión, y los poderes de consulta y deliberación. Por su parte el Tribunal del Justicia debe garantizar la uniforme interpretación del Derecho comunitario.

El “método comunitario” puede resumirse así en la siguiente máxima: “la Comisión propone y el Consejo dispone”. Del mismo modo, el papel otorgado a la Comisión, y el hecho de que ni el Consejo ni el Parlamento ni los Estados miembros puedan obligar al Ejecutivo europeo a legislar, supone una manifiesta quiebra para con el principio de separación de poderes y de democracia parlamentaria.

El gobierno de los expertos

Las distintas aproximaciones de la Ciencia política de cara a determinar las transformaciones de la gobernanza en la Europa occidental durante el transcurso del último medio siglo se desarrollan en torno al concepto de “nuevo institucionalismo” del análisis organizacional. La teoría de la delegación en “Instituciones no-mayoritarias”, está dominada por la aproximación del “Principal-Agent”: los políticos deciden delegar ciertas funciones en “Agentes” sólo si los beneficios esperados de la delegación exceden a los costes.

La lógica funcional de la delegación se centra en una serie de beneficios que los políticos esperan conseguir a través de transferir cierta autoridad a los agentes independientes. Thatcher y Stone Sweet identifican cuatro categorías de beneficios evaluados racionalmente: en primer lugar, los relacionados con la credibilidad de las promesas realizadas a los ciudadanos (problemas de compromiso); seguidamente, la necesidad de políticas de expertos que resuelvan las asimetrías de información en áreas técnicas de la gobernanza; de igual forma, los resultados serían más eficientes, a través de la creación de normas que resuelvan problemas específicos; por último, las políticas de los agentes (no responsables ante la ciudadanía) maximizarían objetivos políticos a través de políticas impopulares para ciertos sectores de la sociedad.

A nivel comunitario, se añade la complicación de una delegación que tiene lugar a nivel externo (transferencia de poderes de decisión a cuerpos exteriores, incluyendo los Estados miembros, y hacia órganos diferentes de la Instituciones europeas y no nombrados en los Tratados), y a nivel interno (delegación de poderes ejecutivos, de implementación de las normas, desde el Consejo hacia la Comisión).

En el nivel supranacional de la UE, un sistema integrado por bancos centrales aislados del control político directo elabora la política monetaria. Desde Bruselas, la Comisión propone la legislación y se encarga de hacer cumplir la extensa regulación europea. Mientras, en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia controla el cumplimiento de la legalidad comunitaria por parte de Instituciones, gobiernos y administraciones. Las agencias especializadas de la UE se dividen en un amplio espectro: agencias comunitarias; agencias de la PESC; agencias de la CPJP, y agencias ejecutivas.

Una parte de la crítica del “déficit democrático” de la UE se acoge precisamente al desarrollo de una “tecnocracia” en Bruselas a modo de Estado despótico, caracterizado por la rápida acumulación y centralización del poder: un “gobierno de extranjeros”, sin la presencia de elementos culturales comunes (religión, lenguaje y cultura legal), y donde el gobierno del pueblo se sustituye por “la administración de las cosas” (véase la crítica de Siedentop, 2001, La democracia en Europa, y la respuesta de Moravcsik, 2001, Despotism in Brussels? Misreading the European Union, en Foreign Affairs).

Después de Lisboa…

La posibilidad de que se impulse una iniciativa legislativa popular (un millón de firmas de ciudadanos de la UE), el mayor control que se otorga a los parlamentos nacionales y regionales para el control y seguimiento de la subsidiariedad (protocolos anejos al Tratado) y la extensión de la codecisión como “procedimiento legislativo ordinario”, se presentan como algunos “correctivos” al monopolio de iniciativa de la Comisión y al poder legislativo del Consejo. ¿Son suficientes para hablar de una gobernanza definitivamente sometida al control democrático?

Para saber más:

Web Comisión Europea

Nueva Comisión 2010-2014

Presidente de la Comisión: Funciones y Poderes

Antiguos presidentes