El picante húngaro se le indigesta a Europa

Hace ahora un año, la Unión Europea recibía el 2011 con una presidencia de turno incómoda a más no poder: la húngara. Existían dudas en el terreno económico, puesto que se comenzaban a adivinar los problemas financieros del país que debía dirigir el “barco”, justo cuando Europa se preparaba para poner en marcha algunas de las reformas económicas más críticas de su historia para salvar el Euro. Pero había aún más interrogantes en el terreno político, en concreto en la deriva autoritaria de un Gobierno, el del conservador Viktor Orbán, que acababa de impulsar la conocida como “ley mordaza”, una nueva legislación para la prensa que acababa de ser refrendada por el parlamento nacional, y que situaba a los medios de comunicación bajo el control del Gobierno.

Aquella presidencia rotatoria pasó, con más pena que gloria. Europa sigue sumida en una profunda crisis de deuda. El futuro del Euro continúa en el aire. Y el picante húngaro (la paprika, ingrediente más característico de su gastronomía) se le sigue indigestando al “club” europeo. Ya es una realidad, con su entrada en vigor el primero de enero, la nueva Constitución húngara, que refuerza el control político sobre  el Banco Central y el Tribunal Constitucional, permite una auténtica purga entre los jueces con el adelanto de la edad de jubilación, incluye una nueva normativa electoral a la medida del partido del Gobierno (Fidesz) y pone en entredicho la protección de datos, la libertad de prensa y a la propia oposición política del país. Con semejante panorama, cualquier parecido con la democracia será pura coincidencia.

Se trata de un giro antidemocrático, pero también ultraconservador y de tinte nacionalista. La nueva legislación prohíbe las uniones entre personas del mismo sexo y rechaza el aborto. La referencia cristiana se sitúa por encima de derechos y libertades. Y una suerte de “orgullo” nacional es el que guía los destinos del país, muy en la periferia del abrigo comunitario. Ya durante el pasado verano saltaron chispas entre la Comisión Europea y el Gobierno de Orban con motivo de una campaña pública contra el aborto pagada con fondos europeos, en concreto en el marco del programa Progress.

Fue la propia comisaria Reding la que exigió al Gobierno húngaro la retirada de unos carteles “pro-vida” en los que aparecía el mismísimo logotipo de la Comisión Europea, tal y como exigen los manuales de identidad para los programas con financiación comunitaria. La iniciativa de los conservadores húngaros obtuvo apoyos entre los sectores más ultraconservadores y reaccionarios de los Estados miembros, sin ir más lejos, en España, en colectivos como Hazte Oir.

¿Hay base jurídica para sancionar a Hungría?

Con la entrada en vigor de la Constitución húngara, la UE vuelve a mirar con lupa sus preceptos, que dificilmente pueden encajar con la idiosincrasia del proyecto europeo, sus valores, los derechos y libertades que protege y propugna, así como con parte de la legislación comunitaria. Las cuestiones son: ¿qué pueden hacer las Instituciones europeas? ¿Cómo actuar ante un Estado cuya deriva le aleja de cumplir los requisitos que en su día se le exigieron para poder adherirse a la UE? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Puede acabar Hungría fuera de la UE, expulsada o por voluntad propia? Vamos a intentar resolver todas estas cuestiones con un repaso de los preceptos recogidos en el Tratado.

En primer lugar, debemos centrarnos en las condiciones que el Tratado de la UE dispone para cualquier ampliación, tal y como está recogido en el art. 49 del Texto, que vincula los requisitos de admisión para cualquier Estado con el respeto y promoción de los valores que se recogen en el art. 2 del mismo Tratado:

<<La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.>> (Art. 2 TUE, versión consolidada).

Es decir, que para ser miembro de la UE  hay que respetar los principios de libertad y democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho, y tener unas instituciones que los protejan y promuevan. Así mismo, según los criterios acordados en Copenhague en 1993, se exige una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión, así como la capacidad de asumir las obligaciones y suscribir los objetivos de la unión política, económica y monetaria. Éste es básicamente el consenso sobre ampliación que aún rige en el Consejo.

En cuanto al procedimiento de adhesión, también recogido en el art. 49 del TUE, se establece que el país en cuestión debe “solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría absoluta de los miembros que lo componen”.

¿Qué ocurre cuándo un país incumple los preceptos del artículo 2 del TUE? En este sentido, el art. 7 del Tratado prevé la posibilidad no sólo de dirigir recomendaciones a un Estado miembro, sino también de imponer sanciones, incluida la suspensión del derecho de voto en el Consejo, anta “la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones”. Es el Consejo el que decide en última instancia sobre las sanciones, a propuesta motivada de la Comisión, el Parlamento Europeo o de un tercio de los propios Estados miembros.

En definitiva, vemos que hay recursos para “presionar” sobre el comportamiento antidemocrático de un Estado miembro sancionando sobre derechos que ese Estado ha adquirido como firmante del Tratado. Pero en ningún caso ello supone una alteración o suspensión de las obligaciones de dicho país como miembro de la UE. Tampoco los Tratados citan la posibilidad de expulsión de un miembro, pero, tras la reforma operada en Liboa, sí que se recoge la retirada voluntaria de un Estado de la UE (art. 50 TUE), siempre de conformidad con sus normas constitucionales internas (caso de consulta popular, por ejemplo).

Otro apartado importante del Tratado que afecta a los aspectos que incluye la nueva legislación húngara es que entrarían también en contradicción con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, derechos cuya protección se refuerza  con el reconocimiento de dicho Texto en el art. 6 del nuevo TUE. La carta se eleva con el mismo valor jurídico que los Tratados y se convierte de este modo en un documento jurídicamente vinculante y, con ello, en un auténtico ““bill of rights” para los ciudadanos europeos, incluidos los húngaros, que se verían privados de ellos por una legislación nacional que entra con contradicción con la comunitaria.

La clave estará en la maltrecha economía húngara 

Hemos visto que las instituciones europeas tienen la base legal suficiente para tomar las medidas que sean necesarias para frenar la deriva democrática de un Estado dentro la UE. Y la Comisión ya ha avisado que tiene intención de hacerlo. Por su parte, a los eurodiputados también les preocupan las reformas llevadas a cabo en Hungría. El asunto, en concreto, será examinado por la Comisión de Libertades  (LIBE) del Parlamento Europeo. La clave, tal y como explican los propios parlamentarios en este vídeo, puede estar en las sanciones a las que se enfrenta Hungría por no cumplir el pacto de estabilidad por su excesivo déficit y en la necesidad de recibir una inyección de dinero europeo para  salir de su nefasta situación financiera. Veremos si los apuros económicos sirven al menos para meter en cintura al Gobierno de Orban. Hay mucho en juego: nada menos que los pilares fundamentales sobre los que se asienta la unidad y la cooperación europea.


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Homofobia: Europa debe tomar la iniciativa

A simple vista, podría pensarse que la UE es, en general, un espacio de tolerancia y derechos para los homosexuales. Pero estas situaciones relacionadas con la discriminación pocas veces resisten un “zoom” más escrutinador. La realidad es que siguen existiendo situaciones de intolerancia y negación de los derechos civiles en muchos países del entorno europeo, entorno en el que España se ha convertido en una especie de “bastión” para los derechos de gays y lesbianas desde la aprobación del matrimonio homosexual en 2004.

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El lunes 17 de mayo celebramos el Día Internacional contra la Homofobia, fecha en la que se conmemora la eliminación  de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Y es en fechas como ésta cuando, al practicar ese “zoom”, nos damos cuenta de lo mucho que queda por recorrer en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades para gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En realidad, sólo 8 países del mundo reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, 5 de ellos europeos: Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia y Portugal. Otros, como Alemania, Austria y Reino Unido reconocen uniones civiles que se asemejan en mayor o menor medida a los derechos recogidos en el matrimonio homosexual.

Se sigue avanzando, por ejemplo con el caso de India, que ha despenalizado la homosexualidad, o en Argentina, que recientemente aprobó el matrimonio, pero también siguen persistiendo lacras. La homosexualidad es ilegal en 76 países en todo el mundo, y existe pena de muerte para los homosexuales en países como Irán, Arabia Saudí, Mauritania, Sudán o Yemen. Normalmente, incluso en países de mentalidad y leyes más avanzadas, la aprobación de estas leyes provoca reacciones en cadena de los sectores políticos y sociales más conservadores y de instituciones religiosas, miren si no el caso de España, donde el Partido Popular llevó la Ley aprobada en 2004 a los Tribunales.

Cadena humana en defensa de los derechos de los homosexuales ©BELGA_AFP PHTO_TED ALJIBE

¿Qué puede hacer Europa? Según Raül Romeva, ponente del Parlamento Europeo para la elaboración de la Directiva Europea contra la Discriminación, mucho más. La aprobación de textos a nivel europeo en esta dirección puede conllevar una llamada de atención para las sociedades menos tolerantes en Europa, pero también un mensaje de la UE a nivel internacional de que nos tomamos en serio la protección de los derechos fundamentales. No podemos dejar de estar de acuerdo con Romeva porque en ocasiones es necesario que la legislación avance y reconozca derechos que actúen para cambiar las mentalidades y la sociedad. No se trata de imponer, sino de reconocer justamente los derechos y dignidad que corresponden al ciudadano y a la persona, de que este reconocimiento actúe como catalizador social.

Europa también debe dar un toque de atención a los políticos europeos: siguen persistiendo situaciones de discriminación en la UE, lugares en los que los homosexuales no pueden tener visibilidad, ni vivir con normalidad su sexualidad, y mucho menos acceder a derechos civiles para los que son directamente ignorados. Tenemos los instrumentos para ejercer esta protección a nivel comunitario ¿por qué no los usamos?

El Derecho de Petición

Por Encarna Hernández

Qué mejor ocasión para hablar de derechos que hoy, cuando celebramos, en el marco de las Naciones Unidas, el Día de los Derechos Humanos. Como recordarán, les hablaba en el anterior post de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, entre cuyas competencias se encuentra establecer relaciones con el Defensor del Pueblo de la UE. Aunque su principal cometido no es otro que encargarse de tramitar las peticiones formuladas por los ciudadanos europeos. Este Derecho de Petición ante la Eurocámara, junto con el derecho a dirigirse al Ombudsman europeo, forma parte del abanico de derechos reconocidos a los ciudadanos y residentes de la UE bajo el paraguas del estatus civitatis de la Ciudadanía de la Unión. ¿En qué consiste el Derecho de Petición? ¿Quién puede presentarla y sobre qué asuntos? ¿Cómo presentarla? ¿Qué resultado se puede esperar? Como podrán comprobar enseguida, es muy sencillo.

El fundamento jurídico del Derecho de Petición se lo debemos al articulado incluido en la reforma de Maastricht sobre la Ciudadanía de la Unión (arts. 8D y 138D del TUE). Tales preceptos se incorporaron, tras la citada reforma, al Tratado constitutivo de la CE (TCE), concretamente en sus artículos 21 y 194. El Tratado de Lisboa reproduce el contenido de tales preceptos, con la salvedad de una nueva numeración para el articulado. De esta forma, el Derecho de Petición queda recogido en el nuevo Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en los artículos 24 y 227, así como en el artículo 191 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo.

Queda reconocido, por tanto, en el Tratado, el derecho de “cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga domicilio social en un Estado miembro (…) a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.” (art. 227 TFUE).

El contenido del artículo 227 ya adelanta las respuestas a algunas de las cuestiones que se planteaban al principio. Para empezar, ¿Quién puede formular una petición? Puede hacerlo un ciudadano de la UE así como cualquier residente, individualmente o en asociación (es decir, un grupo de ciudadanos), como también lo pueden hacer las asociaciones, empresas u otro tipo de organización, siempre que tengan su sede social en un Estado miembro.

Sobre un asunto que le afecte directamente, se afirma en el Tratado, y, lo más importante, que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE. ¿Sobre qué asuntos se puede presentar la petición? Son los siguientes: derechos como ciudadano de la Unión; medio ambiente; protección del consumidor; libre circulación de personas, bienes y servicios; mercado interior; empleo y política social; reconocimiento de cualificaciones profesionales; y otros problemas relacionados con la aplicación de la legislación de la UE. Y aún más importante (a diferencia de las competencias del Defensor del Pueblo Europeo): se trata de una queja dirigida contra un Estado miembro, autoridad local u otra institución.

¿Cómo presentarla? La petición se presenta bien a través de correo postal, bien mediante vía electrónica. Para ello, el Parlamento Europeo tiene habilitado un formulario electrónico, así como una ayuda en línea para orientar al ciudadano sobre el procedimiento a seguir.

¿Qué resultado se puede esperar? En primer lugar, la Comisión de Peticiones (PETI) tiene dar por admitida a trámite la petición. ¿Qué casos son susceptibles de no admisión? Para empezar, una cuestión simple: porque esa queja concreta se refiere a un caso de mala administración por parte de cualquier institución u órgano de la UE, y ya vimos que esto compete al Defensor del Pueblo Europeo. Otra cuestión sencilla: peticiones cuyo objeto no pertenece a ningún ámbito de actividad de la Unión. Tampoco una petición puede reclamar, lógicamente, que el Parlamento Europeo actúe a modo de autoridad judicial, es decir, que dicte sentencias o revoque decisiones de los tribunales nacionales.

Si, por el contrario, la petición es admitida, entonces puede seguir diferentes vías, según el caso. La Comisión de Peticiones, puede, por ejemplo, instar a la Comisión Europea a que realice una investigación preliminar para determinar si los hechos a los que se refiere la queja infringen o no el Derecho comunitario. También puede transmitir la petición a otras comisiones de la Eurocámara para que investiguen o inicien las acciones correspondientes. La PETI está habilitada para efectuar visitas a pie de campo para recabar información, así como para entrar en contacto con las autoridades nacionales para pedir su colaboración. En casos excepcionales, se puede elaborar un informe para elevar el asunto al Pleno, para que allí sea debatido y votado.

Todas las peticiones admitidas a trámite están sometidas al principio de publicidad, y, por ello, quedan recogidas en las Actas de las Sesiones Plenarias, que, a su vez, se incorporan al Diario Oficial de la UE.

Se pueden esperar grandes resultados a partir de la tramitación de una petición en el Parlamento Europeo. Tenemos casos en nuestro país, sin ir más lejos, sobre modificaciones en las leyes urbanísticas. Y, en definitiva, se trata de una herramienta más, de una protección activa más que redunda en un objetivo central de la integración europea: la protección de los derechos fundamentales del ciudadano, un principio recogido en la legislación comunitaria desde los Tratados constitutivos y reforzado en cada reforma, y muy especialmente con la definitiva vigencia legal y fuerza vinculante otorgada a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todos ellos, son pasos que se van recorriendo hacia la Europa de los Ciudadanos que tiene que constituirse en este siglo XXI.

Por cierto, no se pierdan el vídeo…


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