Europa y la participación ciudadana

13998443005137Esta mañana, el diario El Mundo nos acercaba una noticia ciertamente sorprendente para muchos: La Junta Electoral prohíbe que la UE inste a los españoles a votar”. Con ello, impide que las Representaciones en España de las instituciones europeas realicen algún tipo de campaña animando a los ciudadanos a acudir a ejercer su derecho, utilizando imágenes como una urna o el eslogan “vota”. Una decisión que nos convierte en el único país de la UE donde no habrá campaña institucional, dejando esa labor en manos de los partidos políticos. El “derecho a la abstención” se contrapone aquí al esfuerzo iniciado en anteriores comicios por el Parlamento Europeo, realizando campañas institucionales en toda Europa para promover que los ciudadanos de la UE ejerzan un derecho fundamental de la participación política en la arena comunitaria: elegir a sus representantes en la Eurocámara.

La elección del Parlamento Europeo por sufragio universal directo fue una realidad gracias al primer “hito” registrado para promover la participación de la ciudadanía europea en un proyecto de unificación en el que en sus primeras décadas primó la confianza depositada en las élites políticas europeas por una ciudadanía que no fue consultada. El Acta Electoral de 1976 lo hizo posible, para desde 1979 contar con eurodiputados elegidos y no designados. Desde entonces, los derechos de participación asociados al estatus de la ciudadanía europea han aumentado al tiempo que crecía la preocupación por la desafección hacia los “asuntos europeos”, siendo los índices de abstención en las elecciones europeas una buena muestra.

El “empoderamiento ciudadano” han sido un hecho en la evolución de las últimas décadas de la integración europea, no tanto, es obvio, por los niveles implicación de la ciudadanía, sino más bien por el aumento constante de la oportunidades de participación. El esfuerzo de las instituciones europeas ha sido notable para “engordar” el haz de derechos de la ciudadanía europea, así como la capacidad de estas mismas instituciones para realizar una “escucha activa” de lo que reclaman los ciudadanos a la hora de legislar, mejorar la transparencia en la toma de decisiones, y, en definitiva, hacer una política más cercana y mejor.

Europa y la participación ciudadana llevan un largo camino recorrido, que comenzaba con ese Acta electoral europea de 1976 como primer “hito” y se consolidaba en los noventa con la creación de la Ciudadanía de la Unión, incorporada en el articulado del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht. El TUE sujeta el acceso a la ciudadanía europea a la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro, otorgando una serie de derechos en torno a la libertad de movimiento, el ejercicio del voto y la protección jurídica: derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de la UE; derecho a votar y ser elegido en las elecciones al Parlamento Europeo y en los comicios municipales para los nacionales comunitarios en el Estado miembro en el que residan; derecho a la protección diplomática y consular en un Tercer País por parte de las autoridades de otro Estado miembro, si su país carece de representación en tal Estado; derecho de petición ante el Parlamento Europeo, y derecho a dirigirse ante el Defensor del Pueblo.

El Tratado de Amsterdam (1997) añade ciertas modificaciones en lo que se refiere a la conceptualización y contenido de la Ciudadanía de la Unión. En primer lugar, define el vínculo de ésta con la ciudadanía nacional (“complementaria y no sustitutiva”); en segundo término, aunque no incorporado de forma explícita al articulado de la Ciudadanía de la Unión, se concede el derecho a acceder, bajo determinadas condiciones, a los documentos de las instituciones europeas.

No cabe duda que a partir de Maastricht el vínculo jurídico creado entre la Comunidad y los nacionales de los Estados miembros, a través del estatus de la ciudadanía europea, implican una especie de tránsito vital desde la “Europa de los trabajadores” (sujetos económicos), diseñada en los Tratados constitutivos, hacia la “Europa de los ciudadanos” que se proyecto en el futuro.

Algunos años después, en la reforma de Lisboa, la última aplicada a los Tratados comunitarios, y que entró en vigor en diciembre de 2009, el derecho al sufragio activo y pasivo, que pasó a integrar el contenido material de la Ciudadanía de la Unión tras Maastricht, adquiere ahora rango de derecho fundamental, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Fue en Lisboa cuando otro gran avance democrático se incorpora a la hora de elaborar las políticas comunitarias: la Iniciativa ciudadana europea. La ECI es una herramienta importante introducida para fomentar la participación ciudadana y fomentar al mismo tiempo el crecimiento de la sociedad civil europea. Con la recogida de un millón de firmas, de al menos ciudadanos de siete Estados de la UE, se puede reclamar a la Comisión Europea que legisle sobre una materia concreta de su competencia. Gracias a ello, se está promoviendo legislación comunitaria en distintos ámbitos, tales como la educación, el medio ambiente, los medios de comunicación, telecomunicaciones, empleo o agua/saneamiento, esta última una iniciativa ciudadana que ya ha recibido respuesta por parte la Comisión Europea.

Las distintas iniciativas ciudadanas comenzaron a moverse a partir de 2012, por lo que está por ver la verdadera incidencia que sobre las políticas comunitarias tendrá esta herramienta. Lo cierto es que promover una “sociedad civil europea” ha sido desde hace más dos décadas un objetivo importante dentro de los programas e iniciativas comunitarias. Un buen ejemplo son los programas de fomento de la participación ciudadana y de apoyo a los actores de la sociedad civil europea, incluidos los destinados al ámbito de la Juventud europea (oportunidades de aprendizaje, voluntariado, etc, ahora recogidos en el gran programa Erasmus +) o los también muy conocidos hermanamientos de ciudades (Town Twinning)

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Estas iniciativas destinadas a dar dinamismo a la sociedad civil europea buscan avanzar en la consolidación definitiva de la condición de “Ciudadano de la Unión” y en el desarrollo de una “identidad colectiva” para los europeos. El afianzamiento de una política comprometida en este ámbito, que promueva un verdadero debate público europeo en torno a las cuestiones comunes que nos afectan y que implique a los ciudadanos en mayor medida en el proceso de toma de decisiones (directamente, o través de interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil, ONG, etc.) es fundamental para acercar a los europeos a una Unión Europea que se presente cada vez más accesible, cercana, transparente, abierta y democrática.

En este sentido, las consultas públicas que realiza la Comisión Europea cada vez que se dispone a proponer una nueva legislación son un buen motor de fomento de la participación ciudadana. El objetivo de estas consultas no es otro que mejorar la gobernanza europea, legislando mejor atendiendo el mayor número posible de intereses. Ciudadanos, empresas y cualquier organización con interés en un asunto o conocimiento especializado pueden colaborar en la elaboración del proyecto de legislación que la Comisión después presenta al Parlamento Europeo y al Consejo. Se convierte así en un instrumento importante para participar en la elaboración de las políticas comunitarias. Todo ello se hace además de forma transparente, algo que es fundamental en el juego de intereses.

Una de las mayores consultas puestas en marcha por la Comisión fue precisamente la lanzada el 9 de mayo de 2012 sobre los obstáculos que se encuentran los ciudadanos para ejercer sus derechos en la UE. Dicha consulta dio lugar en 2013 a un Informe sobre la ciudadanía de la UE, que proponía, entre otras medidas:

  • Ampliar más de tres meses el derecho de las personas que buscan empleo a recibir la prestación de paro en su país de origen mientras buscan empleo en otro país de la UE;
  • Aclarar la normativa de los periodos de prácticas, para evitar la explotación de becarios con trabajo no remunerado;
  • Facilitar el reconocimiento de los documentos de identidad y residencia en distintos países de la UE;
  • Crear una tarjeta de discapacidad común para toda la UE;
  • Mejorar las normas para resolver litigios transfronterizos al hacer compras por internet;
  • Crear una plataforma online que permita comparar los precios de productos digitales a la venta en toda la UE;

Los derechos con los que cuentan los ciudadanos europeos cuando viajan, trabajan, buscan trabajo, residen o compran en otro Estado miembro son, por tanto, mejorables, así como el propio conocimiento que tenemos de estos derechos. Fue por ello que 2013 fue declarado Año Europeo de la Ciudadanía en la UE, coincidiendo con el 20 aniversario de la creación de la Ciudadanía de la Unión. Este año estuvo centrado, con distintas campañas y actividades, en que los ciudadanos conocieran sus derechos como miembros de la UE, así como proyectar un debate sobre cómo debería ser la UE en el futuro para responder a sus expectativas. Las actividades de este Año Europeo se han extendido en los primeros meses de 2014, más centradas ya en los comicios de mayo.

Otro elemento importante para que las instituciones europeas, sus políticos y funcionarios ganen en cercanía y transparencia es poder contactar fácilmente con todos ellos. La Comisión Europea, por ejemplo, cuenta con guías de contactos por cada una de sus actividades, así como de su personal, y los ciudadanos tenemos derecho a recibir una respuesta en nuestra lengua materna. También existen instrumentos como Solvit, donde podemos presentar una reclamación si una administración pública de otro país de la UE no respete los derechos que otorga la UE a los ciudadanos y a las empresas.

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Otro instrumento de transparencia, información y participación son las redes sociales, un medio que los ciudadanos europeos usan cada vez en mayor medida para estar al tanto o contactar con las instituciones europeas. El Parlamento Europeo ha sido sin duda la institución europea pionera por excelencia en el uso de los medios sociales, especialmente desde las elecciones de 2009. Su campaña institucional para promover el voto para estos comicios de 2014 fue lanzada hace ya algunos meses, bajo el lema “Acción. Reacción. Decisión”, conceptos que intentan enfocar ideas como lo “decisivo” de estas elecciones. Una página web, disponible en todos los idiomas oficiales de la UE, centraliza una campaña que anima a la participación en todos los Estados miembros, aunque en España se le hayan puesto cortapisas a la acción institucional de la Representación española.

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Promover el voto en estas elecciones es fundamental, especialmente entre la gente más joven, que es donde se encuentran los más altos índices de abstención. Esta labor institucional, no politizada (o secuestrada por la partitocracia) es más que necesaria.

El Derecho de Petición

Por Encarna Hernández

Qué mejor ocasión para hablar de derechos que hoy, cuando celebramos, en el marco de las Naciones Unidas, el Día de los Derechos Humanos. Como recordarán, les hablaba en el anterior post de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, entre cuyas competencias se encuentra establecer relaciones con el Defensor del Pueblo de la UE. Aunque su principal cometido no es otro que encargarse de tramitar las peticiones formuladas por los ciudadanos europeos. Este Derecho de Petición ante la Eurocámara, junto con el derecho a dirigirse al Ombudsman europeo, forma parte del abanico de derechos reconocidos a los ciudadanos y residentes de la UE bajo el paraguas del estatus civitatis de la Ciudadanía de la Unión. ¿En qué consiste el Derecho de Petición? ¿Quién puede presentarla y sobre qué asuntos? ¿Cómo presentarla? ¿Qué resultado se puede esperar? Como podrán comprobar enseguida, es muy sencillo.

El fundamento jurídico del Derecho de Petición se lo debemos al articulado incluido en la reforma de Maastricht sobre la Ciudadanía de la Unión (arts. 8D y 138D del TUE). Tales preceptos se incorporaron, tras la citada reforma, al Tratado constitutivo de la CE (TCE), concretamente en sus artículos 21 y 194. El Tratado de Lisboa reproduce el contenido de tales preceptos, con la salvedad de una nueva numeración para el articulado. De esta forma, el Derecho de Petición queda recogido en el nuevo Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en los artículos 24 y 227, así como en el artículo 191 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo.

Queda reconocido, por tanto, en el Tratado, el derecho de “cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga domicilio social en un Estado miembro (…) a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.” (art. 227 TFUE).

El contenido del artículo 227 ya adelanta las respuestas a algunas de las cuestiones que se planteaban al principio. Para empezar, ¿Quién puede formular una petición? Puede hacerlo un ciudadano de la UE así como cualquier residente, individualmente o en asociación (es decir, un grupo de ciudadanos), como también lo pueden hacer las asociaciones, empresas u otro tipo de organización, siempre que tengan su sede social en un Estado miembro.

Sobre un asunto que le afecte directamente, se afirma en el Tratado, y, lo más importante, que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE. ¿Sobre qué asuntos se puede presentar la petición? Son los siguientes: derechos como ciudadano de la Unión; medio ambiente; protección del consumidor; libre circulación de personas, bienes y servicios; mercado interior; empleo y política social; reconocimiento de cualificaciones profesionales; y otros problemas relacionados con la aplicación de la legislación de la UE. Y aún más importante (a diferencia de las competencias del Defensor del Pueblo Europeo): se trata de una queja dirigida contra un Estado miembro, autoridad local u otra institución.

¿Cómo presentarla? La petición se presenta bien a través de correo postal, bien mediante vía electrónica. Para ello, el Parlamento Europeo tiene habilitado un formulario electrónico, así como una ayuda en línea para orientar al ciudadano sobre el procedimiento a seguir.

¿Qué resultado se puede esperar? En primer lugar, la Comisión de Peticiones (PETI) tiene dar por admitida a trámite la petición. ¿Qué casos son susceptibles de no admisión? Para empezar, una cuestión simple: porque esa queja concreta se refiere a un caso de mala administración por parte de cualquier institución u órgano de la UE, y ya vimos que esto compete al Defensor del Pueblo Europeo. Otra cuestión sencilla: peticiones cuyo objeto no pertenece a ningún ámbito de actividad de la Unión. Tampoco una petición puede reclamar, lógicamente, que el Parlamento Europeo actúe a modo de autoridad judicial, es decir, que dicte sentencias o revoque decisiones de los tribunales nacionales.

Si, por el contrario, la petición es admitida, entonces puede seguir diferentes vías, según el caso. La Comisión de Peticiones, puede, por ejemplo, instar a la Comisión Europea a que realice una investigación preliminar para determinar si los hechos a los que se refiere la queja infringen o no el Derecho comunitario. También puede transmitir la petición a otras comisiones de la Eurocámara para que investiguen o inicien las acciones correspondientes. La PETI está habilitada para efectuar visitas a pie de campo para recabar información, así como para entrar en contacto con las autoridades nacionales para pedir su colaboración. En casos excepcionales, se puede elaborar un informe para elevar el asunto al Pleno, para que allí sea debatido y votado.

Todas las peticiones admitidas a trámite están sometidas al principio de publicidad, y, por ello, quedan recogidas en las Actas de las Sesiones Plenarias, que, a su vez, se incorporan al Diario Oficial de la UE.

Se pueden esperar grandes resultados a partir de la tramitación de una petición en el Parlamento Europeo. Tenemos casos en nuestro país, sin ir más lejos, sobre modificaciones en las leyes urbanísticas. Y, en definitiva, se trata de una herramienta más, de una protección activa más que redunda en un objetivo central de la integración europea: la protección de los derechos fundamentales del ciudadano, un principio recogido en la legislación comunitaria desde los Tratados constitutivos y reforzado en cada reforma, y muy especialmente con la definitiva vigencia legal y fuerza vinculante otorgada a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todos ellos, son pasos que se van recorriendo hacia la Europa de los Ciudadanos que tiene que constituirse en este siglo XXI.

Por cierto, no se pierdan el vídeo…


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