¿Existe un pueblo europeo?

Por Encarna Hernández

El Tribunal Constitucional alemán, en su Sentencia relativa a la ratificación del Tratado de Maastricht (BVerfGE 89, 115) concluye que el proceso de la integración europea configura una Unión de Estados a través de Tratados que en ningún caso avanzan en la constitución de un único Estado europeo soberano cimentado a su vez en un “pueblo” europeo. De este modo, la legitimidad sólo puede ser proporcionada por los Parlamentos Nacionales, representantes de un demos cuya existencia es una condición para la democracia. Bajo esta circunstancia, el Parlamento Europeo –que no representa a ningún pueblo europeo- no puede erigirse en solución para el “déficit” democrático de la UE, siendo la cooperación intergubernamental el único margen legítimo para la toma de decisiones.

La tesis del “no-demos” de la Corte Federal emerge en coherencia con la tradición constitucional alemana que identifica el concepto de demos con el de ethnos: Volk, nación, Estado y ciudadanía se presentan como una unidad (Von Beyme, 2001: 61-62; Weiler, Haltern & Mayer, 1995). Como recuerda J. H. H. Weiler, uno de los exponentes académicos más críticos con la sentencia del BVerfGE, tal interpretación está basada en dos ideas fundamentales: en primer lugar, una concepción del “pueblo” definida en su componente subjetivo –sentido de cohesión social, destino común e identidad colectiva, a su vez enraizado en condiciones objetivas u orgánicas, referidas a la existencia de una historia, cultura, origen étnico, religión y lenguaje comunes; en segundo lugar, la creencia de que el “pueblo” precede histórica y políticamente al Estado moderno (Weiler, 1995; Weiler, Haltern & Mayer, 1995).

El argumento central para determinar que no existe un “pueblo europeo” y, en su ausencia, tampoco una “democracia europea”, es el chequeo empírico de una previa realidad nacional en el sentido étnico y cultural y bajo la exigencia de un alto grado de homogeneidad: es decir, que el proceso de integración europea no puede desembocar en la creación de un “macro-Estado”, porque la Unión Europea no es una “macro-nación” (Díez-Picazo, 2002: 71). En la tradición nacional alemana, el Estado es sólo la expresión política de una nacionalidad conformada como identidad casi “primordial” (Weiler, 1995; Weiler, Haltern & Mayer, 1995).

El concepto de “pueblo” abarca dos dimensiones que se identifican, por un lado, con el concepto de ciudadanía –demos– y, por el otro, con la noción de identidad étnico-cultural –ethnos-; o lo que es lo mismo: la “nación cultural” alemana y la “nación política” francesa. Las dos caras de la identidad nacional –si se prefiere, los dos conceptos de “pueblo”- integran: el “ideal típico” de la ciudadanía, donde el demos se sitúa en un nivel político como el portador de los derechos políticos, y el “lado arquetípico” de la identidad étnico-cultural, donde el ethnos representa la unidad étnica, cultural o socioeconómica. (Beriain, 1996: 30).

Como recuerda R. A. Dahl, la noción de “pueblo” en la teoría democrática recoge una doble ambigüedad que atiende, en un sentido, a la usual suposición de su existencia como un hecho, como una creación histórica y, en otro aspecto, a su sentido político: “como un grupo de personas que en rigor deberían autogobernarse en el seno de una entidad política”. La crítica de Weiler a la decisión de Maastricht se centra precisamente a la necesidad de entender el “pueblo” a través del concepto de ciudadanía, separando los componentes de ethnos y demos: la pertenencia a un régimen –la Unión Europea- se definiría de este modo en términos cívicos, aunque no totalmente aislados de axiomas referentes a un sentimiento europeo cohesión social e identidad común, presentes, aunque de forma débil (Weiler, 1995; Weiler, Haltern & Mayer, 1995).

En el lado opuesto, los defensores de la “tesis del no-demos” afirman que la construcción europea se caracteriza por la imposibilidad y la necesidad de “inventar de forma colectiva una nueva figura de pueblo” que conjugue sus dos dimensiones: ethnos y demos (Balibar, 2003: 29). La propuesta de Weiler y sus colegas  recibe, en este punto, su propia refutación: en la realidad, los Tratados están lejos de suponer un “contrato social” a la francesa entre los ciudadanos europeos; y será así mientras en el seno de la Unión no se celebre un auténtico proceso constituyente en el que la ciudadanía “europea” participe de forma activa e informada en el debate sobre cuestiones concretas que afecta a la Comunidad (Cabellos Espiérrez, 2001: 402).

La idea de la necesidad de la definición normativa de la Unión a través de un texto constitucional encuentra en la figura de J. Habermas a uno de sus máximos defensores. El filósofo alemán propone construir la identidad europea a partir de un proyecto constitucional que afirme los cimientos para la práctica de una ciudadanía democrática, objetando al mismo tiempo una tesis del “no-demos” europeo que se asienta, según él, en la extendida confusión entre “nación de ciudadanos” y “comunidad étnica”.  Como contrapartida, apuesta por un concepto de “nación cívica” de “carácter voluntarista”; por una idea de identidad colectiva “que existe sin ser independiente ni anterior al proceso democrático del que surge” (Habermas, 2001: 15).

La connotación étnico-cultural del concepto de demos es, de hecho, abandonada por el discurso europeo en el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. El texto establece en su artículo I-1.1 que “la presente Constitución nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa [no de los “pueblos”] de construir un futuro común”. Tal declaración significa que la formación de la voluntad popular no será por la vía de una identidad colectiva a modo “pueblo” en el sentido étnico-cultural, sino que se constituirá “en una conciencia pública fomentada, compartida y construida democráticamente” como base de legitimidad. (Sánchez Meca, 2003a: 71).

La esencia del argumento del Tribunal Constitucional alemán sobre la legitimidad de la Unión radica en el hecho de que la democracia no puede funcionar sin la suficiente “base popular”. Esta idea, sin embargo, cabe interpretarse en un sentido alejado de las connotaciones etno-culturales: la condición objetiva debe ser la existencia de “una opinión pública, informada y libre.” (Díez-Picazo, 2002: 70). El debate en torno a la existencia de un “pueblo” europeo conduce, de este modo, hacia tres aspectos fundamentales del proyecto de la integración europea: la existencia de una sociedad civil y una esfera pública europeas y, a través de ellas, la construcción de una Unión más democráticamente legítima, transparente y cercana a los ciudadanos.

El crecimiento de una sociedad civil europea es identificado por académicos como W. Wallace con el proceso de “integración informal”, sin intervención institucional: libre mercado, tecnología, redes de comunicación e influencia de los movimientos sociales, religiosos y culturales (Wallace, 1990: 54). En el lado opuesto, teorías como la de S. Tarrow (1994), se basan en la idea de que los movimientos sociales sólo pueden llegar a ser transnacionales si las instituciones de tal entidad proveen identidades, objetivos y oportunidades políticas en el mismo nivel en que lo hace el Estado-nación. Para otros analistas, los obstáculos evidentes para el desarrollo de una sociedad civil a nivel europeo estriban, entre otras causas, en la propia contradicción de la política europea, que tiende a seguir la lógica de los intereses nacionales, contraviniendo así la retórica en torno al interés común (Pérez Díaz, 1994: 17; 1997).

Frente al escepticismo de una parte de la doctrina, otros académicos abogan por la existencia de una emergente sociedad civil, con la actividad de ONGs, del mercado o la libre circulación de personas e ideas (Closa, 2001: 187). En este sentido, Habermas defiende que es posible la emergencia de una sociedad civil europea a partir del poder “catalítico” de una Constitución, ya desde el debate suscitado a escala transnacional –que no supranacional- por el propio proceso de elaboración del texto. Para el autor, el centro de la política se desplazaría hacia los centros europeos, más allá de la ya influyente presencia en Bruselas de lobbys y fuerzas económicas, sobre todo a través de partidos políticos, sindicatos, asociaciones cívicas, movimientos sociales y “fuerzas de la calle”, de iniciativas ciudadanas de acción conjunta (Habermas, 2001: 16-17).

La existencia de una sociedad civil fuerte, articulada en una pluralidad de instituciones sociales, es el requisito indispensable para que exista una opinión pública (Díez-Picazo, 2002: 71). Una esfera pública europea, tal como la entiende Habermas, en el sentido de “esfera de opiniones públicas” transnacional (Habermas, 2001: 17) o como la define Somers, configurada como “contested participatory site”[1], (Somers, 1993: 589), es ya una realidad existente para muchos especialistas, al menos “in fieri”: es decir, la existencia de una creciente circulación de información y opiniones a nivel comunitario acerca de los grandes problemas europeos (Díez Picazo, 2002: 71). Para Closa, sin embargo, el problema es la ausencia de componentes básicos esenciales en ese espacio público, tales como un sistema de partidos organizado, medios de comunicación europeos, amplio discurso europeo sobre asuntos clave, etc. (Closa, 2001: 189).

Para Habermas, la clave de la construcción de esa “esfera de opiniones públicas europea” es que no surja de la proyección del diseño ya establecido a nivel nacional, sino que emerja, al contrario, “de la apertura mutua de los universos nacionales existentes, que dará paso a una interpenetración en las comunicaciones nacionales, recíprocamente traducidas.” La agenda pública europea se incluirá, así, en cada una de las opiniones públicas de los Estados miembros, a través de una interrelación adecuada. (Habermas, 2001: 17).

Este espacio público se configura, sin lugar a dudas, como un lugar para el desarrollo de la ciudadanía europea. De hecho, la ciudadanía de la Unión debe ser la “piedra fundadora” en el proceso de construcción de una sociedad civil y una esfera pública europeas (Closa, 2001: 199). En este sentido, no hay que olvidar que una de las objeciones que los teóricos sostienen para negar la existencia de un pueblo, una sociedad civil y una esfera pública europeos es, precisamente, la inadecuada progresión de la construcción europea hacia la ciudadanía y la propia configuración legal de ésta. Como recuerda P. Biglino, la cuestión de las limitaciones legales de la ciudadanía europea –restringida a derechos políticos referidos a una institución intrínsecamente débil como el Parlamento europeo- se conecta con otra cuestión más amplia: el déficit democrático de la Unión Europea (Biglino, 1995: 8).

En este sentido, si democratización de las instituciones europeas contribuirá la consolidación de un “pueblo transnacional”, es preciso, sin embargo, avanzar un paso más allá de la configuración del mero estatus legal de la ciudadanía europea: no basta con el reconocimiento legal de derechos políticos y deberes cívicos para construir un sentimiento de identidad y cohesión en torno a condiciones objetivas-valores europeos, sino que se exige también un espacio donde puedan ser ejercidos: “una práctica de participación en instituciones políticas que sean percibidas como determinantes en la vida de los ciudadanos” (Díez-Picazo, 2002: 63).

Creo que ya hemos utilizado en este blog esta expresión alguna vez, pero no está de más recordarla… <<La construcción de la “Europa de los ciudadanos” pasa por ser un proceso de legitimación institucional a través de la apertura, el debate público, la inclusión social y la participación civil.>> Terminamos con una pregunta… ¿conseguirá la nueva Iniciativa Ciudadana Europea contribuir a la construcción de esa esfera pública genuinamente transnacional… y legitimadora?


[1] “(…) contested participatory site in which actors with overlapping identities as legal subjects, citizens, economic actors, and family and community members… form a public body and engage in negotiations and contestation over political and social life.” (Somers, 1993: 589).

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5 thoughts on “¿Existe un pueblo europeo?

  1. La visión del tribunal Constitucional Aleman me parece demasiado etnocéntrica, ¿Por qué la legitimidad democrática se tiene que basar en la existencia de un grupo étnico? La sociedad civil europea tiene la misma diversidad civil que ya tienen cualquiera de los Estados miembros, porque en un mundo cada vez más globalizado una visión étnica de la legitimidad democrática es cada vez menos consecuente. Además el lema de la Unión Europea es: “Unidos en la diversidad”.

    Saludos,

    Jorge Juan

  2. De ahí la importancia de que se desarrollen instrumentos de participación ciudadana transnacinales, como la iniciativa ciudadana europea.

  3. Si al Alto Tribunal alemán le hubieran preguntado, no digo yo en 1348, sino en 1869 por la existencia de un pueblo alemán, también hubiera dicho que no existe un “demos” y por tanto…
    En cuanto a la Iniciativa Cciudadana Eeeuropea ya he dicho en alguna ocasión que no soy optimista: a corto o medio plazo los cambios que necesita la UE no vendrán por ella…

  4. Sí, pero resulta que superamos el medio siglo de integración europea y aún nos vemos en estas. Yo soy más optimista con la ECI, creo que va a dar juego…

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