¿Por qué no nos sentimos europeos?

Encarna Hernández

A cada estudio de opinión pública que ve la luz, nos volvemos a encontrar con la misma situación: la desafección, desinterés y desconocimiento de los ciudadanos para con la Unión Europea. El último barómetro del CIS, realizado además en el contexto de la presidencia española de la UE, nos deja un titular no menos demoledor por esperado: la mitad de los españoles no están interesados en la Unión Europea. Más del sesenta por ciento se considera poco o nada informado al respecto de estos asuntos. Sin embargo, ven con buenos ojos la pertenencia de nuestro país a la Unión, estimándolo como algo ventajoso.

Hablamos de datos que nos introducen en cuestiones que tienen que ver con lo que se ha venido a identificar como el desgaste del “consenso permisivo” de las opiniones públicas nacionales hacia el proceso de la integración europea. Este desgaste del consenso está intimamente relacionado con el descenso del apoyo popular hacia la UE, visible especialmente desde principios de los noventa. Hablamos, en todo caso, de un apoyo que tiene dos dimensiones: una de tipo “instrumental” y otra de cariz “identitario”.

Dicho de otra forma: los ciudadanos observan las ventajas de la pertenencia de su país a la UE, pero no existe la sensación de una necesaria solidaridad entre los Estados y los pueblos, en ausencia de un denso sentimiento de identidad colectiva. En resumidas cuentas, Europa se atisba como un “servicio”, como un “derecho”, pero sin que ello necesariamente tenga que conllevar ningún tipo de sacrificio u obligación. Pero, comencemos por el principio…

Hasta principios de los noventa, el proceso de la construcción europea está dirigido por las elites políticas pro-europeas del Continente y se lleva a cabo al margen de las opiniones públicas nacionales. Durante cuatro décadas, los gobiernos de los Estados miembros asumen una especie de “consenso tácito” de los ciudadanos europeos para con la maquinaria de integración. Se ponen en marcha iniciativas y políticas, y se toman decisiones en nombre de una ciudadanía que hasta entonces no participa en el proceso.

Aquel “consenso permisivo” (“permissive consensus”) de los ciudadanos para con la integración europea significa que el “consenso” no es explícitamente demandado, y se asume que existe por parte de unos Gobiernos nacionales que aún conservan altos niveles de legitimidad.

Jean Monnet: el "padre" del método

Los fundadores de Europa apuestan por un método de integración funcionalista (el conocido como método de los “pequeños pasos”, ideado por Monnet), tecnocrático y elitista, que permite así avanzar en el proceso de construcción europea. Esta estrategia, en las primeras décadas de la integración, se revela sin duda pragmática, aún a costa de minimizar el componente democrático del proyecto.

Sin embargo, el “pecado original” de la UE, el hecho de que no se consulte a los ciudadanos sobre su creación, se configura como una cuestión cada vez más compleja, en particular conforme la Unión amplia sus competencias sin que de forma paralela se  atienda a cuestiones relacionadas con la legitimidad democrática, especialmente en aquella que concierne a la representatividad y a la rendición de cuentas, y en el marco del laberinto burocrático que conforman las instituciones y órganos de la Comunidad Europea.

Es en los años setenta cuando aparece publicado el primer análisis serio sobre el apoyo popular a la integración europea en sus primeras décadas de vida, así como sus perspectivas de futuro. La tesis de Lindberg y Scheingold (1970) describe Europa como una empresa tecnocrática y elitista, y que se asocia desde el principio a la idea de planificación económica. Su centro de gravedad se extiende en torno al binomio económico y del bienestar, y en concreto al bienestar material. Los autores hablan de un proceso de integración económica que se asocia a una nueva forma de hacer negocios y a un nuevo estilo de vida.

Para ambos autores, que analizan datos de estudios de opinión pública publicados hasta finales de los sesenta, el apoyo que de forma cada vez más perceptible recibe el proceso de integración europea desde finales de la década de los cuarenta hasta finales de los sesenta obedece a incentivos de tipo económico: es decir, era un apoyo de tipo “utilitario”, basado en algunos intereses percibidos y relativamente concretos. Si para las elites participantes en la construcción europea ha sido relativamente fácil en el pasado movilizar apoyo para proyectos de tipo económico, las perspectivas para el futuro continúan siendo favorables si se extienden y asocian a la Comunidad los valores materialistas y de clase media.

Aunque la tesis más interesante de Lindberg y Scheingold gira en torno al desarrollo de un “consenso permisivo”, noción que simboliza un apoyo hacia la CE entre elites no participantes y público y que es asumido como una especie de factor constante. Los autores llegan a la conclusión de que la opinión pública no juega un rol fundamental en el proceso de integración. Más al contrario, la Comunidad  se considera como un sistema en el cual el crecimiento depende principalmente de la interacción entre las elites participantes.

En este sentido, el análisis del apoyo público hacia “Europa” y de la participación ciudadana en relación al concepto de “consenso permisivo” en la segunda mitad de los ochenta, lleva a la Comisión Europea a concluir que en la mayor parte de las ocasiones y en la mayoría de los Estados miembros, “el consenso sobre Europa o sobre la idea de más Europa, es más permisivo y benevolente que exigente y desafiante (Standard Eurobarometer 27, 1987, June). Estamos, pues, ante un apoyo público que se extiende, pero que se caracteriza por su inactividad-pasividad política.

Dos jóvenes parisinos celebran el "sí" a Maastricht

¿Está entonces la opinión pública europea condenada a jugar el rol pasivo que se asocia a un concepto como el de “consenso permisivo”? En realidad no, y los sucesivos procesos de ratificación de los Tratados a partir de los años noventa (Maastricht, Niza, la Constitución Europea) ponen sobre el tapete no sólo la erosión de ese “consenso” popular, sino también la importancia de las actitudes públicas para influenciar el proceso de la integración europea.

Lo cierto es que la investigación en teoría de las relaciones internacionales tarda muchos años en contemplar el factor “opinión pública”. El dominio de la elite en la perspectiva “neo-funcionalista” (dentro de la teoría de la integración política) continúa hasta la profunda revisión que tiene lugar a principios de los setenta. En una obra colectiva publicada en 1971 (Lindberg & Scheingold, 1971), Haas y Schmitter contribuyen ahora al redescubrimiento de la opinión pública. Ambos incluyen en esta ocasión las percepciones de las masas y referencias a datos de opinión pública para explicar el desarrollo de los procesos de integración. Actualmente, la idea de que la opinión pública y las actitudes de los ciudadanos codeterminan la velocidad de la integración europea y contribuyen a definir la naturaleza y forma de la unión política está más que asumida.

Como recuerda M. Gabel (1998), uno de los prominentes teóricos de la relación entre apoyo y factores económicos, la influencia de las actitudes públicas (en particular del apoyo) en el camino de la integración europea se puede apreciar de forma específica en los referendos celebrados en los Estados miembros: ¿Acaso el “no” danés de junio de 1992 no modifica y condiciona en última instancia la reforma institucional de la UE?

Sería un año antes de los ensayos revisionistas de Haas y Schmitter, cuando Lindberg y Scheingold (1970) publican el citado trabajo que realmente se concentra en el análisis del apoyo de la opinión pública hacia la integración europea, de forma paralela al estudio del crecimiento del propio sistema político comunitario. El estudio no sólo se concentra en el análisis de las orientaciones hacia el sistema político, sino que mide también los indicadores de solidaridad entre los pueblos. En concreto, lo que ellos denominan una segunda dimensión del apoyo, y que concierne al crecimiento de la comunidad social.

Los autores dividen en dos las dimensiones del apoyo: un apoyo de tipo “utilitario”, de carácter instrumental, hace así referencia a la evaluación por parte de los ciudadanos de la empresa comunitaria en términos de costes y beneficios de bienestar. Por el contrario, el concepto de apoyo de tipo “afectivo” se mide a través de sentimientos de identidad europea y de confianza entre los pueblos y hacia las instituciones comunitarias.

Estas dos dimensiones del apoyo se identifican con la división establecida por D. Easton (1965) entre “apoyo específico” y “apoyo difuso”. El “apoyo específico” está relacionado con las acciones y transformaciones del Gobierno o de las elites políticas, y supone un objeto-específico en dos sentidos: en primer lugar, porque normalmente se aplica a las evaluaciones de las autoridades políticas, y en menor medida al régimen y a la comunidad política; en segundo lugar, porque se basa en las políticas actuales y estilo general de las autoridades políticas. Por su parte, el “apoyo difuso” se sostiene “independientemente de las ventajas específicas que el miembro juzga que le reporta pertenecer al sistema.”

Los dos conceptos de apoyo a la CE aportados por Lindberg y Scheingold coinciden igualmente con las dos dimensiones de la legitimidad que establece F. W. Scharpf (2000). El “apoyo difuso” (o legitimidad orientada hacia el “proceso” democrático) quedaría excluido en la Unión Europea a partir de la ausencia de una “densa identidad colectiva”.

La conclusión a la que llegan Lindberg y Scheingold es que, a excepción de los vínculos utilitarios que sugieren los datos relativos al mercado, hay escasa evidencia de una solidaridad real entre los pueblos. Las perspectivas para el futuro son sin duda positivas: si prevalece un clima de armonía social y se extienden los valores de clase media, el apoyo debe con toda probabilidad continuar creciendo como lo ha hecho en el pasado.

El “consenso permisivo” puede, sin embargo, verse puesto en peligro en lo relacionado con la legitimidad y relevancia de las actividades de la Comunidad. La legitimidad se acumulará despacio y de forma irregular, mientras el refuerzo de la relevancia de las tareas manejadas a nivel europeo puede conducir a la movilización política de unas elites no participantes y un público de masas que adoptan un rol activo.

¿No es exactamente esta situación la que se vive en Maastricht o con la Constitución? Ambos Tratados aceleran de forma significativa la naturaleza del proceso de integración y las responsabilidades comunitarias ¿No alteran estas circunstancias los cálculos del público sobre los costes y beneficios de la pertenencia a la Comunidad?

Hasta que la llamada “crisis de Maastricht” sobreviene, las teorías utilitaristas copan las conclusiones de los estudios sobre el apoyo hacia la integración europea. Según estas teorías, el apoyo derivado de los factores económicos no se traduce en un deseo de realizar sacrificios por otros Estados miembros en lo que se refiere a las dificultades económicas, aunque las predicciones de cara al crecimiento del apoyo hacia la CE son sin duda favorables.

Nada más lejos de la realidad. Después de superar los difíciles años setenta, con dos crisis petroleras y el impacto interno que supone la primera ampliación, con el subsiguiente declive de la tendencia al alza del apoyo popular en la década anterior, la gradual recuperación que se observa en los distintos estudios del Eurobarómetro durante los ochenta comienza a truncarse en 1989. Por aquel entonces, los asuntos relacionados con el mercado único comienzan a acelerarse y a ser examinados y discutidos entre los distintos sectores de la economía y la industria.

Precisamente, un estudio de la Comisión Europea publicado en otoño de 1995 (Standard EB 43) aborda la cuestión de la constante erosión del “consenso permisivo” desde finales de los ochenta, en relación al “apoyo utilitario” (que integra la variable del beneficio “neto” de la pertenencia a la UE y las expectativas “netas” hacia el Mercado Único) y al “apoyo constitucional” (apoyo “neto” hacia la pertenencia a la UE y hacia un gobierno europeo).

Como se ha mencionado anteriormente, en 1989 comienzan a verse los primeros síntomas de la recesión del apoyo, aunque sólo de tipo “utilitario”. El apoyo “constitucional” continúa subiendo hasta la primavera de 1991, pero, a partir de esta fecha, se inicia una caída en ambos niveles de apoyo que se acelera y amplifica en la primavera y otoño de 1992, coincidiendo con la crisis de la ratificación de Maastricht.

La curva del apoyo es, sin duda, un fiel reflejo de los acontecimientos políticos que se desarrollan en la época. El apoyo comienza a caer en el verano de 1991, justo antes de la cumbre de Maastricht, pero también después de la Guerra del Golfo y el inicio de la recesión económica en muchos Estados miembros. El comienzo oficial del Mercado Único parece cerrado y el desplome del bloque comunista trae la incertidumbre al futuro de la Europa del Este. Con los referendos danés y francés en la primavera de 1992 (el último de ellos precedido por el denominado “miércoles negro”, con la retirada de la Libra Esterlina y de la Lira del mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo) los indicadores de apoyo caen a su punto más bajo.

Tras la tendencia al retroceso en los noventa, a partir de finales de la década se produce un repunte lento pero constante, y esta es la tendencia que domina durante lo que llevamos de siglo XXI.

Aunque los ciudadanos siguen mostrando un apoyo de tipo “utilitario” a la UE y ven las ventajas de la pertenencia de su país a la Unión, no se atisba un fortalecimiento de los lazos de solidaridad, aquellos que tienen que ver con el desarrollo de un denso sentimiento de identidad colectiva: persiste un alto porcentaje (que varía en pocas décimas de un Eurobarómetro a otro, pero que suele rondar el 40 por ciento) de ciudadanos de los Estados miembros que se sienten únicamente identificados con la identidad nacional. Crece además el desinterés y domina el desconocimiento, la pasividad.

Y, sin embargo, algunos procesos de ratificación de los Tratados (Maastricht, Constitución, Lisboa) muestran una opinión pública que puede parecer en cierta medida más activa y desafiante porque tiende al rechazo. Pero, hay que insistir en que lo que prima es el desconocimiento del texto y términos de los Tratados que se votan, ya se acepten o se rechacen.

No hablamos, más que probablemente, de un “disenso activo” informado, sino más bien de campañas orquestadas desde ciertos sectores del euroescepticismo que calan puntualmente en la opinión pública nacional, en determinados países, y que se insertan en un contexto político y/o económico puntualmente complicado, y medido en clave nacional. Estamos pues, como bien lo calificó el presidente de la Convención Constitucional para el futuro de Europa, ante “un no al contexto, y no al texto”.

¿Cuál es la solución ante todas estas cuestiones? No cabe duda que la comunicación y la educación. La Europa de los ciudadanos no deja de ser una quimera, una etiqueta vacía de contenido si no se la dota de las herramientas necesarias. Y esas herramientas no pueden estar sino en el impulso de una dimensión europea de la educación cuyos contenidos estén consensuados a nivel europeo y en mayor medida introducidos en los currículos nacionales en las distintas etapas educativas. Así como en el diseño y puesta en marcha de una política de comunicación eficaz en su forma, intensidad y niveles de actuación, y, por supuesto, centrada en los problemas reales y cercanos del ciudadano.

¿Podemos acaso comparar la visibilidad de que tuvo la campaña de las elecciones europeas organizada por el Parlamento Europeo con la repercusión obtenida por la campaña del “No”, por ejemplo, en Irlanda? En invertir estas tendencias está la clave. La repetición de datos similares de opinión pública desde hace décadas lejos debe estar de “anestesiarnos”: estamos ante un problema real que las instituciones europeas deben resolver con celeridad y firmeza.

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6 thoughts on “¿Por qué no nos sentimos europeos?

  1. Yo creo que -sin entrar en profundidades- la cuestión está ahí, en esa contradicción: los españoles vemos que pertenecer a la UE es positivo, pero estamos mal informados.
    Por muchas vueltas que le demos, la única solución es buscar, identificar a los “culpables”.
    Me parece que, si cada uno apuntara uno, podríamos sacar algunas conclusiones. Un saludo: emilio

  2. Como bien dices Emilio, la cuestión no está exenta de contradicciones. Queremos pertenecer a la UE, que “nos den”, pero sacrificios o solidaridad, ninguna. Con respecto a la información, creo, como comenté no hace mucho en tu blog, que los ciudadanos también tienen parte de culpa, sencillamente porque no les interesa informarse. Tal vez el “culpable” sea una estrategia de comunicación equivocada, mal enfocada, desde la UE, de ahí, que desde hace mucho se insiste en simplificar, hacer más accesible, etc. Un abrazo: Encarna

  3. Hola Encarna:
    No te digo que la estrategia de comunicación no tenga,digamos, 1/10 de la culpa.
    No digo que los ciudadanos no tengan un tanto por ciento(X) de la culpa.
    Pero aparte de esto te voy a contar algo que me acaba de pasar:
    Jorge me había mandado un comentario diciendo que han puesto un enlace de la UE en TVE.
    He ido a visitarlo y, de paso, he visto un vídeo de 23´ sobre la Presidencia de la UE “Los retos de europa” (http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100102/los-retos-europa/660035.shtml ).
    No te digo que lo veas porque dura 23´.
    Pero la verdad es que me parece digno de estudio.
    Después de verlo con atención, me preguntaba:
    Un ciudadano español, con una cultura media y que no esté especialmente interesado por los temas europeos:
    ¿qué ideas claras, conclusiones saca de este vídeo?
    Por otra parte: ¿qué están diciendo algunos de los políticos? ¿ Y el periodista? ¿Tienen unas ideas claras sobre el proyecto europeo o el vídeo se limita a lanzar algunos mensajes propagandísticos?
    Bueno, encarna, no me enrollo más, quue tendrás cosas que hacer… Un abrazo: emilio

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