El ordenamiento jurídico comunitario: el individuo en el centro del proyecto europeo

ENCARNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Desde el principio, el individuo ocupa un lugar central en la “Comunidad de Derecho” que se funda a partir del proyecto de la integración europea. Esta visión primordial de la construcción de la Europa unida se refleja en la famosa declaración de uno de sus “padres fundadores”, Jean Monnet: “Nosotros no coaligamos Estados, unimos hombres”.

CVRIA-Jurisprudencia TJCE

Los Tratados comunitarios –de naturaleza esencialmente internacional- acaban erigidos, de la mano de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en “algo más” que un contrato que obliga a los Estados signatarios. La idea de responsabilidad y la doctrina de la aplicabilidad directa del Derecho comunitario se convierten en la lanzadera para interpretar los Tratados como una auténtica fuente de derechos susceptibles de ser reclamados por los ciudadanos particulares y, en este sentido, en una Constitución material. El lazo jurídico doble –descendente y ascendente- entre la Comunidad y los individuos es un claro signo de la concepción de una “Comunidad de Estados” que integra también una “Comunidad de pueblos”.

La Unión Europea, basada en Tratados internacionales, es una “creación del Derecho”. Pero, al mismo tiempo, es también, como la denomina W. Hallstein, una “Comunidad de Derecho”: depende (en ausencia de otra fuerza coercitiva) exclusivamente del Derecho para perseguir sus objetivos y desempeñar sus funciones: “sus armas son el Derecho que ella misma crea” (Louis, 1979/1995: 55).

La legitimidad jurídica de la Unión se asienta sobre un ordenamiento jurídico comunitario, creado mediante el instrumento del Derecho, y basado en los principios de la democracia, la protección de los derechos fundamentales, la libertad, y el Estado de Derecho (art. 6.1 TUE), y que es también una fuente creadora de Derecho.

El Derecho comunitario posee “sus propias fuentes”: en primer lugar, los Tratados constitutivos, los Tratados concluidos para su modificación y los Tratados de adhesión –Derecho primario-; en segundo lugar los actos jurídicos que emanan de las Instituciones de la Comunidad –Derecho derivado-; en tercer lugar, los acuerdos de Derecho Internacional suscritos por la CE, bien con Terceros Países, bien con otras organizaciones internacionales, y los Convenios entre los Estados miembros; y en cuarto lugar, las fuentes del derecho no escritas, donde se incluyen los Principios generales del Derecho y el Derecho consuetudinario. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE) se incluye igualmente dentro de las fuentes de Derecho comunitario.

El Derecho derivado comunitario incluye “un conjunto de modos de instrumentación jurídica con fundamento en la norma constitutiva.” (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 335). El adjetivo “derivado” proviene precisamente de su subordinación a los Tratados (art. 249, párr. 1 TCE), que son los que delimitan la atribución de competencias (primera forma de subordinación), otorgando a las Instituciones comunitarias poder jurídico normativo para alcanzar los fines y objetivos establecidos en los Tratados.

La subordinación material al Tratado (segunda forma de subordinación) se constituye en “el fundamento, el marco y los límites del poder normativo de las instituciones” (Louis, 1979/1995: 103). En este sentido, los principios generales de igualdadno discriminación-, libertad, solidaridad, unidad y efecto útil (a partir de Maastricht también el de subsidiariedad) constituyen la base del Tratado y la que utiliza el TJCE en su interpretación de la validez de los actos jurídicos de las Instituciones en el cumplimiento de estos principios (Louis, 1979/1995: 103-105).

El artículo 249 TCE enumera las diferentes categorías de los actos jurídicos de las Instituciones, presentando también de forma sistemática los “efectos jurídicos” que caracterizan y distinguen a cada una de ellas.

El Reglamento “tendrá un alcance general” y “será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.” La Directiva, por su parte, “obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.” La Decisión “será obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios.” Las Recomendaciones y los Dictámenes “no serán vinculantes”.

El Reglamento se distingue esencialmente de la Directiva en su carácter “comunitario” –como medio para la unificación del Derecho comunitario- y en su “efecto directo” –creador de derechos y obligaciones que pueden ser invocados por los particulares ante los tribunales nacionales-. La Directiva se configura como un instrumento para la aproximación de legislaciones y no es directamente aplicable, como el Reglamento, aunque se reconoce que puede contener claros objetivos políticos que pueden también producir efectos directos, y así ser reclamados por los individuos particulares en las jurisdicciones nacionales, en ausencia de legislación nacional (o donde ésta sea defectuosa) tras expirar el tiempo límite de transposición.

Siguiendo con las características del ordenamiento jurídico comunitario, éste se distingue igualmente por estar “dotado de órganos y procedimientos aptos” para emitir e interpretar las normas jurídicas. Se configura así como la base del sistema institucional: determina los procedimientos para la adopción de decisiones por parte de las Instituciones y regula las relaciones entre éstas.

Al mismo tiempo, el ordenamiento jurídico comunitario garantiza el cumplimiento del Derecho mediante un órgano jurisdiccional. El Tribunal de Justicia encarna el poder judicial dentro de las Comunidades y tiene por misión fundamental garantizar “el respeto del derecho en la interpretación y la aplicación” del Tratado (art. 220 TCE). Tal misión le convierte en un elemento fundamental en el proceso de la integración europea: la cesión de competencias soberanas que este proceso implica y la subordinación a las normas comunes sólo será aceptable por parte de los Estados miembros si se respetan sus límites, se garantiza su cumplimiento y se mantiene la uniformidad de su aplicación (Louis, 1979/1995: 56-57).

El TJCE garantiza el control de la legalidad de los actos de las instituciones, a instancia del resto de instituciones, de los Estados miembros o de los particulares, por violación de la legalidad por acción o por inacción: recurso de anulación (art. 230 TCE) y recurso por omisión (art. 232 TCE). El Tribunal vela igualmente por el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las obligaciones que les imponen el Tratado y el Derecho derivado, a instancia de la Comisión o de otro Estado miembro: recurso por incumplimiento (art. 226 TCE). El órgano jurisdiccional comunitario interviene asimismo a petición de las jurisdicciones nacionales en la interpretación o validez de la norma o actos comunitarios: mecanismo de cuestiones prejudiciales (art. 234 TCE).

El Derecho comunitario se caracteriza también por poseer la facultad del poder inmediato sobre los individuos –creando derechos e imponiendo obligaciones-, y determina igualmente la relación entre la Comunidad y los Estados miembros, siendo estos últimos responsables ante los individuos particulares por los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones impuestas por los Tratados o por los actos jurídicos de las instituciones. La noción de “responsabilidad” es definida por el propio TJCE como el “corolario” del principio de eficacia directa reconocido a las normas del Derecho comunitario[1] (ECJ, 1996).

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia aporta una definición precisa de la naturaleza jurídica del ordenamiento comunitario sobre la base de los principios de autonomía, eficacia directa y primacía. La Corte delimita de esta forma tanto el alcance y relación del ordenamiento jurídico comunitario con los ordenamientos jurídicos nacionales, como el lazo jurídico doble entre la Comunidad, los Estados y los individuos particulares: el poder del Derecho comunitario para crear derechos y obligaciones entre los sujetos del Derecho –relación descendente- tiene como consecuencia la susceptibilidad de que tales derechos sean demandados por los titulares de los mismos –relación ascendente-.

En la Sentencia Van Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963, el Tribunal aprovecha la acción entablada por una empresa neerlandesa de transportes ante la jurisdicción de su país por el aumento de derechos de aduana –recurso al antiguo art. 12 TCEE, actual art. 25 TCE- y la subsiguiente cuestión prejudicial que se le plantea para pronunciarse a favor del principio de eficacia directa –o aplicabilidad directa– del Derecho comunitario. Tal principio se basa, en primer lugar, en la propia naturaleza y finalidad de la Comunidad, así como en la naturaleza del ordenamiento jurídico comunitario:

Según esta Sentencia, el Derecho comunitario “not only impones obligations on individuals but is also intended to confer upon them rights” (fund. 3). Tales derechos nacen, no sólo de una atribución explícita del Tratado, sino también en razón de las obligaciones que el Tratado impone, tanto a las instituciones comunitarias, como a los Estados y a sus ciudadanos. Tal fundamento jurídico supone una ruptura de envergadura con el sistema internacionalista.

En una “auténtica opción jurisprudencial” (Pescatore, 1981: 351), el Tribunal va así más allá del pronunciamiento a favor de la cuestión planteada sobre el efecto directo interno del art. 12 TCEE, es decir, si tal artículo crea derechos de carácter individual cuya protección los particulares pueden invocar ante las Cortes nacionales. En este punto, apartándose de la interpretación textual del precepto (sólo obliga a los Estados), la Corte concluye afirmativamente en virtud de la propia naturaleza particular del Tratado CEE.

La finalidad de la integración y la especificidad misma del ordenamiento jurídico comunitario postulan así la “aplicabilidad directa de principio” (Isaac, 1983/1991). La referencia a la participación de los “pueblos” de los Estados miembros en el proceso de la integración europea está igualmente unida a la configuración de este principio.

En este sentido, el TJCE considera que las disposiciones del Derecho comunitario no sólo regulan las relaciones entre los Estados miembros en dirección horizontal, sino que también, y en un plano vertical,  pueden ser invocadas por los individuos particulares en virtud de unas obligaciones contraídas por los Estados de las que se deducen derechos a su favor, susceptibles de protección por los tribunales nacionales.

Tal interpretación nace desde la concepción de las Comunidades Europeas como “algo más” que una “Comunidad de Estados”, integrando también una “Comunidad de pueblos” (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 393).

De este modo, el poder inmediato sobre los sujetos, tanto Estados como particulares, y la amplitud de formas que presenta tal facultad, es admitido ampliamente por la doctrina como el rasgo que mejor caracteriza la originalidad de las Comunidades Europeas, configurándose como un factor que prefigura ya el Estado federal parcial (Iglesias Buhigues, 1974: 98). El lazo jurídico doble (descendente y ascendente) entre la Comunidad y el individuo permite pensar en el inicio de una “ciudadanía común europea”.

Como en su momento afirma Jean Monnet, uno de los “padres de Europa”, el objetivo último de la Comunidades, a alcanzar de forma progresiva a partir de un “mercado común”, tiene un claro horizonte socio-político: “Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes” (Monnet, 1976: 452). El individuo está así en el centro del proyecto europeo.

El principio de aplicabilidad directa del Derecho comunitario –crea derechos y obligaciones para los Estados y sus ciudadanos-, y la concepción que el TJCE tiene del ordenamiento jurídico comunitario, tiene necesariamente otro “corolario”, además de la responsabilidad de los Estados miembros, y que es aplicable a una situación de contradicción entre la norma comunitaria y el Derecho nacional: el principio de primacía del Derecho comunitario, desarrollado en la jurisprudencia del TJCE en lo que se refiere a su alcance, tanto en relación con la ley nacional anterior, como con la posterior, e incluso con la norma constitucional.

El fundamento de la doctrina de la primacía es enunciado por primera vez por el Tribunal de Justicia en la Sentencia Costa c. ENEL, de 15 de julio de 1964, en la que se reemplaza la expresión “nuevo ordenamiento jurídico de derecho internacional” (Van Gend & Loos, ECJ, 1964) por la calificación de “ordenamiento jurídico propio”, precisando además que tal ordenamiento jurídico constituye una “parte integral del sistema jurídico de los Estados miembros (…) el cual sus tribunales tienen la obligación de aplicar.” (ECJ, 1964: fund. Jco. 3).

Con tal fundamento jurídico: se define la naturaleza autónoma del Derecho comunitario en relación al ordenamiento jurídico internacional; se subraya el avanzado grado de centralización en la creación y aplicación de las normas, con la intervención esencial de las instituciones comunitarias, en clara similitud con un ordenamiento interno; y se destaca el rasgo más original del ordenamiento jurídico de la Comunidad, en lo que se refiere a su alcance y a su relación con los sistemas jurídicos de los Estados miembros (Isaac, 1983/1991: 112).

En la Sentencia Costa v. ENEL, la primacía se fundamenta, siguiendo a Mangas Martín y Liñán Nogueras (2006: 425-426) sobre cuatro elementos: la naturaleza y características específicas de las CCEE y de su ordenamiento jurídico (Sentencia Van Gend & Loos); el carácter obligatorio de los actos de Derecho derivado (art. 249 TCE); el compromiso de cooperación leal en el cumplimiento del Derecho primario y derivado (art. 10 TCE); y el principio de no discriminación por razón de nacionalidad en la aplicación del Derecho comunitario (art. 12 TCE).

El Tribunal concluye así que tal Derecho, que emana de una fuente autónoma como es el Tratado, no puede verse judicialmente opuesto –“because of its special and original nature”– por un texto legal interno, cualquiera que sea éste –“however framed”-. (ECJ, 1964: fund. jco. 3). Se configura ya aquí de forma implícita el alcance de la primacía con relación a la norma Constitucional de los Estados miembros.

La doctrina de la primacía se refuerza en la Sentencia Simmenthal (ECJ, 1978), donde se especifica la inaplicabilidad automática, no sólo de cualquier norma interna preexistente y contraria al Derecho comunitario desde el momento de la entrada en vigor de la norma comunitaria, sino también de cualquiera adoptada ulteriormente.

En la Sentencia Internationale Handelsgesellschaft (ECJ, 1970), el Tribunal explicita la primacía del Derecho comunitario sin distinción por rango u origen de la norma, incluida la ley Constitucional.

La amplia doctrina de la primacía desarrollada en la jurisprudencia del TJCE ha sido aceptada sólo en parte por los Estados miembros, lo que supone un fiel reflejo de los problemas reales que la Comunidad ha tenido y continúa teniendo en lo que concierne a la relación entre el orden legal comunitario y el de los de los Estados miembros (Craig, 2003: 35).

La resistencia a la aplicación de tal principio se encarna principalmente en los Tribunales Constitucionales italiano y alemán. Este último, en su sentencia sobre Maastricht, de 12 de octubre de 1993, afirmó que no había “renunciado” en absoluto a su jurisdicción sobre la aplicabilidad del Derecho comunitario derivado en el territorio alemán y que ejercía tal facultad en una “relación de cooperación” con el TJCE.

En definitiva, y a pesar de las limitaciones que los tribunales nacionales vienen imponiendo al principio de primacía, éste se configura como garantía de la uniformidad en la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario: por ello supone una “condición existencial” de este último (Isaac, 1983/1991: 175) y, en definitiva, “una exigencia fundamental de todo ordenamiento de integración.” (Louis: 1979/1995: 212).

Referencias:

ECJ. (1963). Judgment of 5 February 1963, Case 26/62, NV Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, ECR (1963), p. 1.

ECJ. (1964). Judgment of 15 July 1964, Case 6/64, Flaminio Costa v. E.N.E.L., ECR (1964), p. 585.

Iglesias Buhigues, J. L. (1974). La noción de supranacionalidad en las Comunidades Europeas. Revista de Instituciones Europeas, 1(1), 73-120.

Isaac, G. (1991). Manual de derecho comunitario general (2ª ed. aum. y puesta al día. G. L. Ramos Ruano, Trad.). Barcelona: Ariel Derecho. (Trabajo original publicado en 1983).

Louis, J.-V. (1995). El ordenamiento jurídico comunitario (5ª ed. corr. y aum.). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. (Trabajo original publicado en 1979).

Mangas Martín, A., & Liñán Nogueras, D. J. (2006). Instituciones y Derecho de la Unión Europea (5ª ed. reimpr.). Madrid: Tecnos.

Monnet, J. (1976). Mémoires. Paris: Fayard.

Pescatore, P. (1981). Aspectos judiciales del “acervo comunitario”. Revista de instituciones europeas, 8(2), 331-366.


[1] En la Sentencia Brasserie du Pêcheur y Factorame , de 5 de marzo de 1996, el TJCE amplía la jurisprudencia anterior –sentencias Francovich y Bonifaci– para configurar un supuesto general de responsabilidad en relación a los perjuicios causados que abarca cualquier violación del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros.

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13 thoughts on “El ordenamiento jurídico comunitario: el individuo en el centro del proyecto europeo

  1. Lo primero fue el grupo, luego la nación y quizás el último logro de nuestra civilización fué caer en la cuenta del valor del Individuo. Porque de que nos sirven los grupos más poderosos si el individuo no puede manifestarse. Quizás los logros más grandes en la historia de nuestra civilización los debemos a los individuos, a los grupos debemos otras cosas.

  2. Por cierto, una gran noticia para este blog y su autora: el artículo sobre el principio de subsidiariedad, publicado el 19 de septiembre, ha sido reproducido en la sección de “Artículos de interés” de la web de Celare (Centro Latinoamericano para las relaciones con Europa), una estupenda web que os invito a visitar: http://www.celare.org

  3. Hermanos Europa con esfuerzo está creando normas, leyes que nos ayuden. Y Europa mira a América a África y Asia y se plentea cuestiones y piensa en las etnias, en los pueblos en las ideologias y en las religiones. Y Europa trata de crear leyes que sirvan para todos. Hermanos consigamos el sueño Europeo no podremos nunca aspirar a nada más grande.

  4. Hols Encarna: con las prisas de estos últimos días, me he quedado con una duda: ¿no te apetecía asistir a la conversación interactiva en madrid o es que no podías por otroa asuntos?

  5. Hola Emilio, creo que ya lo comenté cuando subí la noticia a la red que me venía muy mal ayer para ir. Ya he visto lo de Macarena la verdad es que esta chica va a tener que reservar una estantería para premios 🙂

  6. Me sonaba que habías comentado algo, pero no recordaba el motivo. Lo de la estantería es una buena idea: podriamos averiguar cuando es su cumple o su santo y enviarle un cheque-regalo de ikea.

  7. Me gustò mucho el articulo de Encarna.Es un buen desarrollo de lo que significa la Comunidad Europea y los adelantos en materia juridica.Que bueno se estudiara lo uqe significa hoy Mercosur para America Latina.Felicidades y abrazos.Josè Farid Polania.Bogotà.Colombia.

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