Profundizar en la dimensión territorial de la integración europea: la hora de la verdad para el Comité de las Regiones

16 marzo 2010

Encarna Hernández

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa inaugura una nueva era para el trabajo del Comité de las Regiones en su labor de ejercer de guardián del principio de subsidiariedad en buena parte del proceso legislativo comunitario. Con poderes reforzados, esta institución de la UE, que probablemente es de las más desconocidas para los ciudadanos, tiene la ingente labor de controlar que, precisamente, las decisiones se tomen desde Bruselas de la forma más práctica y próxima al ciudadano, lo que se traduce en una UE a su vez más cercana a la ciudadanía. La reforma de la política de cohesión será una de las principales y duras piedras de toque que tendrá que abordar el Comité en su nueva legislatura: reforzar el papel de los entes locales y regionales en su implementación tiene que traducirse también en una Europa más cercana a los ciudadanos, profundizando definitivamente en la dimensión territorial de la Unión.

¿Qué es el Comité de las Regiones?

El Comité de las Regiones (CdR) es la asamblea política donde están representados los entes locales y regionales de la Unión Europea. Está integrado por 344 miembros, designados por el Consejo a propuesta de los Estados Miembros, en su mayoría representantes electos (presidentes regionales, alcaldes, etc.) de instituciones locales y regionales de la UE. Se creó en 1994, al abrigo del principio de subsidiariedad constitucionalizado definitivamente en Maastricht.

La misión fundamental del CdR es, precisamente, facilitar que en el proceso legislativo comunitario se escuche la opinión de los representantes locales y regionales, niveles de gobierno más próximos que sin duda facilitan acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones en la UE, y que estas decisiones se tomen en el nivel más práctico y cercano al ciudadano.

La hora de la verdad para el Comité de las Regiones

Después de ir aumentando sus poderes en el proceso legislativo, así como los ámbitos en los que es susceptible de ser consultado, en las sucesivas reformas de los Tratados, finalmente, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el CdR y las autoridades locales y regionales han ganado gran protagonismo en la nueva arquitectura institucional y proceso decisorio introducida por el nuevo Tratado.

Para empezar, un aspecto fundamental ha sido la propia extensión de poderes del Parlamento Europeo (muchos más ámbitos bajo el proceso de “codecisión”, entre ellos la cohesión territorial, que abordaremos enseguida), así como el refuerzo y mayor control por parte de los parlamentos nacionales y regionales de un principio que es la razón de ser del CdR: la “subsidiariedad”.

El CdR va a poder ahora controlar todo el proceso decisorio ya desde la fase prelegislativa. La consulta es obligatoria para la Comisión, pero también para el Parlamento Europeo, que debe solicitar dictamen al CdR sobre cualquier modificación introducida por la Eurocámara en el proceso legislativo. El CdR puede incluso solicitar una segunda consulta y, en casos más extremos, tiene la potestad de acudir al Tribunal de Justicia si considera que la Comisión, la Eurocámara o el Consejo no le han consultado pertinentemente.

La consulta es, por tanto, obligada en todos aquellos ámbitos que le afectan, y que abarcan un gran abanico de políticas: la cohesión económica y social, sanidad, educación y cultura, redes e infraestructuras transeuropeas, empleo, política social, medio ambiente, formación profesional, transporte, protección civil, cambio climático y energía.

Gobernanza multinivel

Contemplar la participación de los entes locales y regionales en toma de decisiones en la UE es uno de los grandes potenciales de un diseño de la gobernanza europea basada en el gobierno multinivel. Este concepto (que tiene su raíz en la aplicación de la teoría de la “nueva gobernanza” al contexto de la UE, y en el marco global de una teoría de la gobernanza centrada de forma especial en la cuestión del gobierno “más allá del Estado”) es el resultado de la multiplicidad de actores y procesos en los distintos niveles de gobierno que se dan cita en una gobernanza como la comunitaria.

Tal tipo de gobernanza descentralizada geográficamente comienza a cobrar relevancia como práctica comunitaria en los años ochenta, siendo la PAC un buen ejemplo, y las políticas de cohesión dirigidas a las regiones más atrasadas su estrategia política más característica. A su vez, el objetivo de reforzar la dimensión regional y local de la UE en torno a la idea de un gobierno articulado y coordinado en múltiples niveles se conforma como uno de los ejes centrales en el proceso de preparación del Libro Blanco de la Gobernanza Europea, aprobado por la Comisión en 2001.

El futuro de la política de cohesión

En virtud del Tratado de Lisboa, la cohesión territorial ha sido reconocida entre los objetivos de la integración europea, así como la tercera dimensión de la política regional (además de la social y la económica). La política de cohesión será a partir de ahora aprobada por codecisión entre el PE y el Consejo, a lo que hay que sumar la obligada consulta al CdR. Coordinar la postura de la Eurocámara y trabajar en estrecha colaboración con el CdR será la labor de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Euopeo (REGI), presidida, nada menos, que por la ex comisaria de política regional, la polaca Danuta Hübner.

El futuro de la política de cohesión a partir de 2013 y su inserción en el nuevo marco presupuestario será una de las principales tareas que tendrá que abordar el CdR y la Comisión parlamentaria. Sobre la mesa, las polémicas intenciones de la Comisión Europea de renacionalizar esta política y de convertirla en una política redistributiva dirigida esencialmente a regiones con un PIB pobre. Esta visión no gusta a los europarlamentarios, ni tampoco al CdR.

Hübner ya ha avisado de que la prioridad de la REGI es reforzar el papel de los entes locales y regionales en la implementación de la política de cohesión, frente al papel marginal que le reserva la Comisión Europea. Otro aviso: Hübner espera una REGI muy activa y combativa, pues el 80 por ciento de sus miembros son nuevos eurodiputados electos.

La configuración de esta política es de suma importancia para la UE: hablamos de un ámbito que se lleva más de una tercera parte del presupuesto comunitario. Estamos además, en un momento de crisis económica, donde debe ser esencial simplificar los procedimientos para asegurar que las ayudas lleguen rápido a las regiones y a sus ciudadanos. Queda por determinar cómo será la fase de transición desde el objetivo 1 (Convergencia) para muchas regiones; qué participación se otorgará a las regiones en la gestión de los fondos; la necesidad de atender a las regiones ultraperiféricas. La política de cohesión se encuentra en una encrucijada.

Mercedes Bresso, la nueva presidenta del CdR, también ha lanzado un aviso a la Comisión: la propuesta del Ejecutivo comunitario para reformar los fondos entra en contradicción con los principios introducidos en Lisboa, además de contradecir la idea de una política comunitaria basada en la solidaridad entre las regiones, y tira por tierra el gran potencial de la gobernanza multinivel.

¿Qué Europa de las Regiones tendremos en el horizonte de 2020?


Nota sobre el artículo: colaboración para Eurolocal


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